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Nacionales

FOTOS: Rastra volcó al hacer maniobras  en Prolongación Juan Pablo II

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Foto Red Informativa SV

Esta tarde una rastra que realizaba maniobras para ingresar a una fábrica del complejo industrial San Jorge, perdió el control y volcó sobre la alameda Juán Pablo II.

No se reportan personas lesionadas por el incidente vial.

La zona presenta fuerte carga vehicular, por lo que se  sugiere tomar vías alternas.

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Judicial

FGR ordenó la captura de ocho personas por diferentes delitos en La Paz

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La oficina Fiscal de Zacatecoluca ordenó la detención administrativa de ocho personas que están acusadas de los delitos de Homicidio Agravado Tentado, Agresión Sexual en Menor e Incapaz Agravada, Maltrato Infantil, Violación Agravada en Menor e Incapaz, informó el jefe de la sede Fiscal Daniel Domínguez.

En el municipio de San Pedro Nonualco fueron capturados José Teodoro Salvador Hernández, Lucio Sánchez Molina, Óscar Emilio Salvador Hernández, por el delito de Violación Agravada en Menor e Incapaz, en perjuicio de una adolescente de 13 años.

Mientras que en Barrio El Calvario del municipio de Zacatecoluca fueron capturados Manuel Aguilero y Concepción Fernández de Aguilero, por atribuirle los delitos de Agresión Sexual en Menor e Incapaz Agravada y Maltrato Infantil, en perjuicio de una menor de 12 años.

También por los por delitos de Agresión Sexual en Menor e Incapaz Agravada y Maltrato Infantil, fue detenido José Osmín Osorio Rojas, sobre la principal al cantón Panchimilama, del barrio El Rosario, de la jurisdicción de San Francisco Chinameca.

En otro cao de delitos contra la libertad sexual fue detenido en San Pedro Masahuat Fredeys Isaías Turcio, por atribuirle el delito de Agresión Sexual en Menor e Incapaz Agravada. Y por Homicidio Simple en Grado de Tentativa, fue capturado en San Juan Nonualco, Daniel Armando Martínez, pandillero de la 18 revolucionario.

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Nacionales

Asamblea acuerda nueva ley para la pandemia: No se puede aplicar cuarentenas generales

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Los diputados de la Asamblea Legislativa acordaron una nueva ley con la que buscan contener la pandemia del coronavirus y en ella se contemplan cuestiones como que el Ministerio de Salud debe coordinar acciones con las alcaldías, que los cercos sanitarios solo podrán medir un kilómetro, no se puede ordenar una cuarentena general, y se estipula cárcel para quien limite la libre circulación, entre otras disposiciones.

Esta es la tercera vez que los diputados emiten legislación directa para la pandemia, las ocasiones anteriores han sido vetados por el presidente Nayib Bukele alegando inconstitucionalidad por no consultar con el Ministerio de Salud.

En la normativa, que tiene por nombre Ley especial transitoria para contener la pandemia por la enfermedad Covid-19, se manda al Ministerio a coordinar su trabajo con otras instituciones como alcaldías, iglesias, ONG y a coordinar acciones para “la efectiva atención integral”.

Cercos sanitarios

En el artículo 7 de la normativa se contempla la posibilidad de decretar zonas sujetas a control sanitario, lo que se conoce como cerco sanitario, pero estos no podrán limitar la libre circulación ni otros derechos fundamentales.

“No puede conducir a la suspensión de derechos fundamentales para la totalidad o parte del territorio, en especial el derecho a la libertad de circulación, sino que su único propósito es el monitoreo necesario a cargo de personal de salud”, reza.

Para establecer un cerco sanitario la zona sujeta debe ser menor a un kilómetro cuadrado a la redonda, el periodo no puede ser mayor a 72 horas y se debe implementar vigilancia centinela para la investigación de la diseminación comunitaria.

No se puede aplicar cuarentenas generales

Otra de las medidas que contiene lo emitido por los diputados es que no se puede aplicar cuarentena de manera general para el territorio, solo para los infectados de coronavirus y los sospechosos de haber estado expuestos.

A los infectados no se les pueden limitar la libertad ya que “las medidas deben apegarse estrictamente al campo de salud y no pueden en ningún caso suspender ningún derecho fundamental, especialmente la libertad de circulación”, reza el decreto.

“Estos productos han sido pagados de sus impuestos”

Otro de los aspectos regulados es que el Órgano Ejecutivo debe poner en los paquetes alimentarios que se entreguen a la población la siguiente frase: “Estos productos han sido pagados de sus impuestos”.

Lo anterior, de acuerdo con los legisladores, es porque los ministros y otros funcionarios están haciendo campaña proselitista de cara a las elecciones legislativas y municipales de 2021.

La entrega de los paquetes debe hacerse en conjunto con las alcaldías y no puede participar la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), como lo ha venido haciendo hasta la fecha.

Distanciamiento físico en el trabajo

Se contempla una serie de modificaciones a la ley de prevención de riesgos en los lugares de trabajo para que se contemplen y aseguren medidas como el distanciamiento físico entre los empleados.

También se debe escalonar los horarios de entrada y salida de personal, barreras de protección en los lugares en donde no se pueda mantener más de 2 metros entre trabajadores, reducir actividades presenciales, entre otros.

Transporte público

También se legisla para que los conductores del transporte colectivo usen mascarilla, dispongan de alcohol gel para los pasajeros, desinfección constante en las unidades y no sobrepasar la capacidad de personas de acuerdo con el número de asientos; es decir, no permitir parados en las unidades.

En el caso del transporte selectivo de pasajeros, entiéndanse como taxis o Uber, no podrán llevar a más de tres personas, incluido el conductor, obligatorio el uso del cubrebocas para todos y desinfectar los vehículos.

Sanciones

El artículo 12 de las normas se establece cárcel de cuatro a seis años para quien limite la libertad de circulación u otros derechos fundamentales.

“El funcionario, agente de autoridad, empleado público que ordene una limitación o suspensión del derecho a la libertad de circulación o de cualquier otro derecho constitucional de manera ilegal, mediante un decreto Ejecutivo, acuerdo, resolución o cualquier otro aspecto no legislativo será sancionado con prisión de cuatro a seis años e inhabilitación de su cargo por el mismo tiempo”, establece.

El Ministerio de Trabajo o cualquier otra dependencia del Ejecutivo no puede ordenar el cierre de centros de trabajo por causas que esta ley regule.

La ley entra en vigor al publicarse en el diario oficial y tiene una vigencia de ocho meses a partir de ese momento.

Para que pueda publicarse en el diario oficial debe haber completado el proceso de formación de ley, que indica que la misma debe haber sido sancionada por el presidente de la República.

CON INFORMACIÓN: EL SALVADOR TIMES

NOTA ACÁ

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Nacionales

Encuentran una granada al interior de una camioneta en las cercanías de la Oficina de la Asamblea Legislativa en Zacatecoluca

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La Policía Nacional Civil (PNC), informó que en una camioneta abandona fue colocada una granada M-67 de uso exclusivo del Ejército Militar, cerca de la oficina departamental de la Asamblea Legislativa en Zacatecoluca, La Paz.

Según la información preliminar, la granada fue colocada en una camioneta Nissan, color vino, propiedad de una empleada de la Alcaldía de Zacatecoluca.

“Atendimos el llamado de la población donde nuestros equipos especialistas de la División de Armas y Explosivos (DAE) se encuentran realizando la inspección de una granada M67 en el departamento de La Paz, por lo que se está coordinando con la FGR para proceder a su destrucción”, informó la institución. 

De acuerdo a los lugareños, la propietaria se puso en marcha y cuando había avanzado dos cuadras fue alertada de que algo iba colgando en la parte trasera del vehículo. Ella se bajó a verificar y encontró la granada amarrada al escape con unos hilos. La camioneta quedó estacionada específicamente en la residencial El Recreo, en el municipio de Zacatecoluca.

Las autoridades confirmaron que se trataba de una granada M67, que por fortuna no explotó. Sin embargo, hasta las 3:30 de la tarde, la División de Armas y Explosivos (DAE) de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) se encontraban en el lugar para realizar la respectiva inspección.

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