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Fotos: Orden, control y disciplina en los centros penitenciarios
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El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa ejerciendo el control, orden y disciplina dentro de las cárceles, como parte del Plan Control Territorial, garantizando así, luego, una verdadera rehabilitación y reinserción para los privados de libertad que buscan un cambio en su vida.
El director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza, detalló que, tras establecer la estrategia de seguridad en los centros del sistema penitenciario, se busca una transformación en los reos para que pasen a fase de confianza.
“Para aquellas personas que no pertenecen a ningún grupo de esos, que han demostrado, día con día, buena conducta, apego a las disciplinas, a las reglas que existen dentro del sistema; para romper el círculo de violencia, tenemos que generar rehabilitación y reinserción”, aseguró Luna Meza.
Es de esta manera, que se tiene el programa Plan Cero Ocio, para los privados de libertad en fase de confianza, que colaboran en programas de construcción de edificios públicos o haciendo bienes para la sociedad, incluso cultivando en las granjas penitenciarias.
“Hay reos en fase de confianza, que están trabajando día con día en el sistema penitenciario; en el exterior, reparando escuelas, infraestructura de la Policía Nacional Civil (PNC), haciendo pupitres”, destacó el titular de Centros Penales.
De acuerdo con el funcionario, estas acciones buscan cumplir el mandato que da la Constitución de la República, que en su artículo 27 establece que los centros penitenciarios deben ser lugares de nueva formación de hábitos de trabajo y donde se propicie la rehabilitación en los internos.
“Nosotros estamos haciendo eso, queremos romper los círculos de violencia, para que una persona que pase determinado tiempo, el que debe de tener dentro de prisión y haciéndole fiel cumplimiento a la pena, puede pasar por las diferentes etapas del sistema progresivo y la reinserción; estas personas deben estar formadas con hábitos diferentes”, puntualizó el funcionario.
Con estas acciones, el Gobierno del Presidente Bukele busca que los privados de libertad no vuelvan a la vida delictiva, tengan buenos hábitos, diferentes oficios y su reincorporación a la sociedad salvadoreña sea de forma exitosa y que esta beneficie a sus familias y comunidades.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
