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FGR demandará al Ejecutivo por el decreto de Emergencia Nacional de 30 días más, a raíz del COVID-19
La Fiscalía General de la República (FGR), presentará una demanda de inconstitucionalidad al decreto ejecutivo emitido ayer y que entró en vigencia esta madrugada, que declara un nuevo Estado de Emergencia nacional por 30 días a raíz de la pandemia del covid-19.
Mediante un comunicado, la FGR advirtió que no se cumplen las condiciones para que el gobierno decrete un nuevo período de emergencia.
“Aunque en el artículo 24 de La ley de Protección Civil otorga facultad al presidente de la República de decretar un Estado de Emergencia, en este caso no se cumplen las condiciones para decretar dicho estado por parte del Órgano Ejecutivo”, expuso la Fiscalía.
“El artículo 10 del decreto 593, donde se establece el Estado de Emergencia, señala que los informes por parte de la Comisión Nacional de Protección Civil deben ser presentados a la Asamblea Legislativa, cada 15 días”, planteó el comunicado de la institución.
Explicó que la Asamblea tiene que reunirse para analizar legal y constitucionalmente la continuidad de la emergencia y todas sus implicaciones.
“Una suspensión de derechos únicamente se puede realizar mediante ley formal por la Asamblea Legislativa, por lo que el decreto Ejecutivo anunciado podría exceder sus competencias”, argumentó.
La FGR enfatizó que “En base al artículo 24, inciso 2 de la Ley de Protección Civil, un Estado de Emergencia decretado por el presidente de la República debe ser sometido a control de la Asamblea Legislativa, por lo que emitir dicho Estado de Emergencia por un período de 30 días resulta un acto de usurpación de facultades”.
En ese sentido, la Fiscalía anuncio que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra el decreto Ejecutivo que establece un nuevo Estado de Emergencia.
Gobierno acuerda continuidad de la emergencia
La noche del sábado funcionarios del gobierno, encabezado por el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, anunció 30 días más de emergencia nacional amparándose en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil.
El funcionario dijo que en vista que no hubo reunión de la Asamblea Legislativa, la normativa faculta al presidente de la República para decretar Estado de Emergencia.
“Si la Asamblea no estuviera reunida, el Presidente de la República puede decretar el Estado de Emergencia y posteriormente informar al Órgano Legislativo, por ello mantenemos el decreto de Emergencia, no se ha tocado ni una solo coma (se mantiene igual que el 593)”, dijo Castro.
Aseguró que los alcances del nuevo decreto son los mismos que contiene el anterior 593, es decir, que las clases en todos los niveles continuarán suspendidas, al igual que los pagos de agua, luz, cable y teléfono.
Tampoco se permitirán las reuniones de ningún como religiosas, deportivas –entre otras– para evitar aglomeraciones que generen contagios de coronavirus.
Presidente Bukele reacciona:
El presidente Nayib Buekele reaccionó al comunicado de la Fiscalía y le cuestionó si había leído la declaratoria de emergencia.
“Pero el Consejo de Ministros no se ha reunido, ni mucho menos ha dado una conferencia de prensa. ¿No querrán decir Comisión Nacional de Protección Civil? ¿Ya leyeron la declaratoria de emergencia? Parece que sus jefes los despertaron a redactar este comunicado, a la carrera”, expresó el mandatario desde su cuenta de Twitter.
Con información de: El Salvador Times
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
Esta mañana un joven trabajador murió al caer sobre su cuerpo un promontorio de laminas que habían llegado a dejar a una ferretería en el Cantón Coyolito, jurisdicción de Tejutla, Chalatenango.
Socorristas de Comandos de Salvamento de El Salvador, seccional de Aguilares fueron alertados y al llegar al lugar del percance, realizaron maniobras para poder recuperar al joven quien fue identificado como Juan Joel Vargas Rosa, de 20 años.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los cuerpos de socorro y del SEM, la persona perdió la vida, debido a los traumas sufridos al caer sobre su cuerpo el peso de las láminas desde una altura de dos metros.
Dos trabajadores más que estaban en el lugar lograron salir a tiempo y evitar de esta manera una tragedia mayor.
