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FGR demandará al Ejecutivo por el decreto de Emergencia Nacional de 30 días más, a raíz del COVID-19
La Fiscalía General de la República (FGR), presentará una demanda de inconstitucionalidad al decreto ejecutivo emitido ayer y que entró en vigencia esta madrugada, que declara un nuevo Estado de Emergencia nacional por 30 días a raíz de la pandemia del covid-19.
Mediante un comunicado, la FGR advirtió que no se cumplen las condiciones para que el gobierno decrete un nuevo período de emergencia.
“Aunque en el artículo 24 de La ley de Protección Civil otorga facultad al presidente de la República de decretar un Estado de Emergencia, en este caso no se cumplen las condiciones para decretar dicho estado por parte del Órgano Ejecutivo”, expuso la Fiscalía.
“El artículo 10 del decreto 593, donde se establece el Estado de Emergencia, señala que los informes por parte de la Comisión Nacional de Protección Civil deben ser presentados a la Asamblea Legislativa, cada 15 días”, planteó el comunicado de la institución.
Explicó que la Asamblea tiene que reunirse para analizar legal y constitucionalmente la continuidad de la emergencia y todas sus implicaciones.
“Una suspensión de derechos únicamente se puede realizar mediante ley formal por la Asamblea Legislativa, por lo que el decreto Ejecutivo anunciado podría exceder sus competencias”, argumentó.
La FGR enfatizó que “En base al artículo 24, inciso 2 de la Ley de Protección Civil, un Estado de Emergencia decretado por el presidente de la República debe ser sometido a control de la Asamblea Legislativa, por lo que emitir dicho Estado de Emergencia por un período de 30 días resulta un acto de usurpación de facultades”.
En ese sentido, la Fiscalía anuncio que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra el decreto Ejecutivo que establece un nuevo Estado de Emergencia.
Gobierno acuerda continuidad de la emergencia
La noche del sábado funcionarios del gobierno, encabezado por el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, anunció 30 días más de emergencia nacional amparándose en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil.
El funcionario dijo que en vista que no hubo reunión de la Asamblea Legislativa, la normativa faculta al presidente de la República para decretar Estado de Emergencia.
“Si la Asamblea no estuviera reunida, el Presidente de la República puede decretar el Estado de Emergencia y posteriormente informar al Órgano Legislativo, por ello mantenemos el decreto de Emergencia, no se ha tocado ni una solo coma (se mantiene igual que el 593)”, dijo Castro.
Aseguró que los alcances del nuevo decreto son los mismos que contiene el anterior 593, es decir, que las clases en todos los niveles continuarán suspendidas, al igual que los pagos de agua, luz, cable y teléfono.
Tampoco se permitirán las reuniones de ningún como religiosas, deportivas –entre otras– para evitar aglomeraciones que generen contagios de coronavirus.
Presidente Bukele reacciona:
El presidente Nayib Buekele reaccionó al comunicado de la Fiscalía y le cuestionó si había leído la declaratoria de emergencia.
“Pero el Consejo de Ministros no se ha reunido, ni mucho menos ha dado una conferencia de prensa. ¿No querrán decir Comisión Nacional de Protección Civil? ¿Ya leyeron la declaratoria de emergencia? Parece que sus jefes los despertaron a redactar este comunicado, a la carrera”, expresó el mandatario desde su cuenta de Twitter.
Con información de: El Salvador Times
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
