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Familias de la lotificación San Juan, en Santa Ana, reciben escrituras de propiedad gracias al apoyo jurídico del Gobierno de la República
En defensa de sus derechos e intereses, garantizándoles la legítima propiedad y tenencia de sus lotes, autoridades de la Defensoría del Consumidor, entregó el pasado domingo, 71 escrituras de propiedad a igual número de familias que residen en la lotificación San Juan, en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana.
La entrega fue realizada conforme a los derechos de los consumidores que adquirieron sus viviendas, y en cumpliendo al mandato del presidente de la República Nayib Bukele, de garantizar la seguridad jurídica a la propiedad.
Este nuevo caso de reclamación colectiva, resuelto por la Defensoría, contó la participación de la comunidad a través de la ADESCO y el apoyo del Centro Nacional de Registros (CNR) que facilitó la agilización de los trámites catastrales (revisión y aprobación de los planos) y registrales (revisión y registro de las escrituras de propiedad), así como la voluntad del proveedor Hábitat para la Humanidad El Salvador (HPH), para cumplir el acuerdo de conciliación y entregar las escrituras de propiedad a las familias, tras ser denunciado por incumplimiento de contrato.
Así, la Defensoría del Consumidor a través del Centro de Solución de Controversias, regional Occidente, recuperó $253,053.43, equivalentes al valor total de los lotes pagados por las 71 familias, conforme al contrato de arrendamiento con promesa de venta, pactado con HPH.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, advirtió sobre la ilegalidad de vender lotes y/o inmuebles y no entregar las escrituras de propiedad, una vez cancelado el precio total convenido en el contrato; así como, vender lotes que no hayan iniciado el debido proceso de regularización y legalización ante las autoridades competentes.
Las familias expresaron su agradecimiento a la Defensoría del Consumidor, por la oportuna intervención en defensa de sus derechos e intereses, garantizándoles el derecho a la propiedad y la legítima tenencia de sus lotes habitacionales. Este, es el segundo caso colectivo resuelto en los primeros 100 días de gobierno del presidente Nayib Bukele, a favor de consumidores lote-habientes; en el primero de los casos, los beneficiados fueron 79 familias residentes en la lotificación “Las Marías”, en el municipio de Guazapa, San Salvador, con una recuperación equivalente a los $ 284,400.00. Entre ambas causas colectivas se ha recuperado la suma de $ 537,453.43, a favor de 150 familias.
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Identifican a los 3 socorristas de Cruz Roja fallecidos tras brutal choque en la carretera Litoral
La familia de Cruz Roja Salvadoreña se encuentra de luto tras el fallecimiento de tres de sus miembros en un fatal percance de tránsito.
Los miembros de Cruz Roja perdieron la vida después que volcara el microbús en el que viajaban.
El terrible accidente sucedió en el kilómetro 74 de la carretera Litoral, Santa Cruz Porrillo, departamento de San Vicente.
Los fallecidos fueron identificados como Sandra Nohemy Benítez, presidenta de la seccional de Cruz Roja La Unión; Josué Álvarez Rodríguez, socorrista; y Wilfredo Bonilla, coordinador de socorrismo.
Los fallecidos regresaban de participar en la prueba “El Paso del Hombre” cuando el conductor del microbús perdió el control del vehículo y volcó dejando el fatal saldo.
Esta tarde, la Fiscalía General de la República dio a conocer que el exalcalde y exdiputado Roberto d’Aubuisson fue condenado por enriquecimiento ilícito y deberá restituir $450,729.39 al Estado.
Según el fallo, no logró justificar su incremento patrimonial durante sus gestiones como diputado (2012-2015) y alcalde de Santa Tecla (2015-2021), registrando 82 irregularidades en sus declaraciones.
Además, la resolución también declara culpable a su grupo familiar, quienes deberán devolver: su esposa Jackeline de d’Aubuisson $511,247.72, su hija Johanna d’Aubuisson $12,939.87 y su hijo Roberto d’Aubuisson $15,480.00.
Por último, el exfuncionario queda inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años, según la Cámara Ambiental de Santa Tecla
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Óscar David Deleon Portillo, de 26 años, acusado del delito de acoso a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, contemplado en la Ley Especial Contra Delitos Informáticos y Conexos, en perjuicio de una víctima.
Los hechos presentados en la audiencia inicial, el pasado 11 de marzo de 2026 un miembro de la Policía Nacional Civil destacado en la delegación Sur de San Salvador se encontraba en las duchas comunes de los dormitorios cuando notó la presencia de un teléfono celular que estaba grabando por encima de la división entre los baños.
Al percatarse de la situación, el agente reaccionó de inmediato y logró identificar a la persona que realizaba la grabación, reconociendo al ahora procesado, quien se desempeñaba como personal de mantenimiento en la delegación policial.
Según el informe presentado en sede judicial, la víctima solicitó el teléfono celular al sospechoso y al revisarlo constató la presencia de los videos en la galería del dispositivo.
La acusación también sostiene que en el teléfono habría otros videos presuntamente relacionados con policías, los cuales formarían parte de los elementos bajo análisis dentro del proceso.
Durante la audiencia inicial, la jueza consideró que existen indicios suficientes sobre la posible existencia del delito y la probable participación del imputado, por lo que ordenó que el caso continúe a la etapa de instrucción con la medida de detención provisional mientras avanzan las investigaciones.
