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Familias de la lotificación San Juan, en Santa Ana, reciben escrituras de propiedad gracias al apoyo jurídico del Gobierno de la República
En defensa de sus derechos e intereses, garantizándoles la legítima propiedad y tenencia de sus lotes, autoridades de la Defensoría del Consumidor, entregó el pasado domingo, 71 escrituras de propiedad a igual número de familias que residen en la lotificación San Juan, en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana.
La entrega fue realizada conforme a los derechos de los consumidores que adquirieron sus viviendas, y en cumpliendo al mandato del presidente de la República Nayib Bukele, de garantizar la seguridad jurídica a la propiedad.
Este nuevo caso de reclamación colectiva, resuelto por la Defensoría, contó la participación de la comunidad a través de la ADESCO y el apoyo del Centro Nacional de Registros (CNR) que facilitó la agilización de los trámites catastrales (revisión y aprobación de los planos) y registrales (revisión y registro de las escrituras de propiedad), así como la voluntad del proveedor Hábitat para la Humanidad El Salvador (HPH), para cumplir el acuerdo de conciliación y entregar las escrituras de propiedad a las familias, tras ser denunciado por incumplimiento de contrato.
Así, la Defensoría del Consumidor a través del Centro de Solución de Controversias, regional Occidente, recuperó $253,053.43, equivalentes al valor total de los lotes pagados por las 71 familias, conforme al contrato de arrendamiento con promesa de venta, pactado con HPH.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, advirtió sobre la ilegalidad de vender lotes y/o inmuebles y no entregar las escrituras de propiedad, una vez cancelado el precio total convenido en el contrato; así como, vender lotes que no hayan iniciado el debido proceso de regularización y legalización ante las autoridades competentes.
Las familias expresaron su agradecimiento a la Defensoría del Consumidor, por la oportuna intervención en defensa de sus derechos e intereses, garantizándoles el derecho a la propiedad y la legítima tenencia de sus lotes habitacionales. Este, es el segundo caso colectivo resuelto en los primeros 100 días de gobierno del presidente Nayib Bukele, a favor de consumidores lote-habientes; en el primero de los casos, los beneficiados fueron 79 familias residentes en la lotificación “Las Marías”, en el municipio de Guazapa, San Salvador, con una recuperación equivalente a los $ 284,400.00. Entre ambas causas colectivas se ha recuperado la suma de $ 537,453.43, a favor de 150 familias.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
El Juzgado de Instrucción de Soyapango resolvió que Flor Marina Romero Orellana, acusada del delito de hurto en perjuicio de una empresa financiera, enfrente vista pública.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, la mujer, quien fungía en la empresa como jefa de la agencia del distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, se aprovechó de su cargo para sustraer una alta cantidad de dinero.
«Aprovechándose de su cargo, el 10 de octubre de 2025 la mujer sustrajo al menos $29,030 de la caja fuerte de la sociedad. Además, la imputada contrató un servicio de transporte, por medio de aplicación móvil, para mandarle una parte del dinero a otra persona, quién se presume es cómplice; el resto del monto total lo depositó en una cuenta de criptomonedas», mencionó el ministerio público.
La imputada fue detenida en flagrancia, luego de la denuncia de las autoridades de la empresa financiera. Posteriormente, este caso fue judicializado por el ministerio público en 2025.
