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Familias de la lotificación San Juan, en Santa Ana, reciben escrituras de propiedad gracias al apoyo jurídico del Gobierno de la República
En defensa de sus derechos e intereses, garantizándoles la legítima propiedad y tenencia de sus lotes, autoridades de la Defensoría del Consumidor, entregó el pasado domingo, 71 escrituras de propiedad a igual número de familias que residen en la lotificación San Juan, en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana.
La entrega fue realizada conforme a los derechos de los consumidores que adquirieron sus viviendas, y en cumpliendo al mandato del presidente de la República Nayib Bukele, de garantizar la seguridad jurídica a la propiedad.
Este nuevo caso de reclamación colectiva, resuelto por la Defensoría, contó la participación de la comunidad a través de la ADESCO y el apoyo del Centro Nacional de Registros (CNR) que facilitó la agilización de los trámites catastrales (revisión y aprobación de los planos) y registrales (revisión y registro de las escrituras de propiedad), así como la voluntad del proveedor Hábitat para la Humanidad El Salvador (HPH), para cumplir el acuerdo de conciliación y entregar las escrituras de propiedad a las familias, tras ser denunciado por incumplimiento de contrato.
Así, la Defensoría del Consumidor a través del Centro de Solución de Controversias, regional Occidente, recuperó $253,053.43, equivalentes al valor total de los lotes pagados por las 71 familias, conforme al contrato de arrendamiento con promesa de venta, pactado con HPH.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, advirtió sobre la ilegalidad de vender lotes y/o inmuebles y no entregar las escrituras de propiedad, una vez cancelado el precio total convenido en el contrato; así como, vender lotes que no hayan iniciado el debido proceso de regularización y legalización ante las autoridades competentes.
Las familias expresaron su agradecimiento a la Defensoría del Consumidor, por la oportuna intervención en defensa de sus derechos e intereses, garantizándoles el derecho a la propiedad y la legítima tenencia de sus lotes habitacionales. Este, es el segundo caso colectivo resuelto en los primeros 100 días de gobierno del presidente Nayib Bukele, a favor de consumidores lote-habientes; en el primero de los casos, los beneficiados fueron 79 familias residentes en la lotificación “Las Marías”, en el municipio de Guazapa, San Salvador, con una recuperación equivalente a los $ 284,400.00. Entre ambas causas colectivas se ha recuperado la suma de $ 537,453.43, a favor de 150 familias.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
