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Familias de la lotificación San Juan, en Santa Ana, reciben escrituras de propiedad gracias al apoyo jurídico del Gobierno de la República
En defensa de sus derechos e intereses, garantizándoles la legítima propiedad y tenencia de sus lotes, autoridades de la Defensoría del Consumidor, entregó el pasado domingo, 71 escrituras de propiedad a igual número de familias que residen en la lotificación San Juan, en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana.
La entrega fue realizada conforme a los derechos de los consumidores que adquirieron sus viviendas, y en cumpliendo al mandato del presidente de la República Nayib Bukele, de garantizar la seguridad jurídica a la propiedad.
Este nuevo caso de reclamación colectiva, resuelto por la Defensoría, contó la participación de la comunidad a través de la ADESCO y el apoyo del Centro Nacional de Registros (CNR) que facilitó la agilización de los trámites catastrales (revisión y aprobación de los planos) y registrales (revisión y registro de las escrituras de propiedad), así como la voluntad del proveedor Hábitat para la Humanidad El Salvador (HPH), para cumplir el acuerdo de conciliación y entregar las escrituras de propiedad a las familias, tras ser denunciado por incumplimiento de contrato.
Así, la Defensoría del Consumidor a través del Centro de Solución de Controversias, regional Occidente, recuperó $253,053.43, equivalentes al valor total de los lotes pagados por las 71 familias, conforme al contrato de arrendamiento con promesa de venta, pactado con HPH.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, advirtió sobre la ilegalidad de vender lotes y/o inmuebles y no entregar las escrituras de propiedad, una vez cancelado el precio total convenido en el contrato; así como, vender lotes que no hayan iniciado el debido proceso de regularización y legalización ante las autoridades competentes.
Las familias expresaron su agradecimiento a la Defensoría del Consumidor, por la oportuna intervención en defensa de sus derechos e intereses, garantizándoles el derecho a la propiedad y la legítima tenencia de sus lotes habitacionales. Este, es el segundo caso colectivo resuelto en los primeros 100 días de gobierno del presidente Nayib Bukele, a favor de consumidores lote-habientes; en el primero de los casos, los beneficiados fueron 79 familias residentes en la lotificación “Las Marías”, en el municipio de Guazapa, San Salvador, con una recuperación equivalente a los $ 284,400.00. Entre ambas causas colectivas se ha recuperado la suma de $ 537,453.43, a favor de 150 familias.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
