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Expresidente de la CSJ, Agustín García Calderón, deberá pagar $230,863.77 por enriquecimiento ilícito
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La Sala de lo Civil condena al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Agustín García Calderón, por enriquecimiento ilícito y debe regresar al Estado $230,863.77, según lo ha confirmado la Fiscalía General de la República.
El 25 de mayo del año pasado los magistrados suplentes de la Cámara Primera de lo Civil lo habían exonerado argumentando que el ministerio público no probó que el expresidente del Órgano Judicial tuvo un incremento patrimonial no justificado entre el 2000 y 2009, años en los cuales García Calderón fungió como presidente de la CSJ.
Los magistrados de la cámara habían dicho que García Calderón tenía capacidad económica para ahorrar y comprar vehículos, agregaron que los fiscales de la Unidad Anticorrupción solo demostraron que fue funcionario público, pero no habían acreditado que tuvo un incremento patrimonial en exceso.
La Fiscalía acudió ante la Sala de lo Civil con una apelación mostrando su inconformidad por la exoneración dictada por la Cámara Primera de lo Civil ya que las pruebas incorporadas en la demanda eran contundentes.
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía promovió el juicio civil por irregularidades consistentes en depósitos bancarios, adquisición de vehículos, cobros de seguros de vida pagados con fondos de la Corte Suprema de Justicia y una bonificación de retiro voluntario de la carrera judicial.
Sobre la última irregularidad planteada los fiscales expusieron en la audiencia probatoria que García Calderón pidió el retiro voluntario de la carrera judicial y beneficiarse con un bono de $28,283.64, pese a que no tenía derecho ya que hubo una preclusión del término para el período por el cual fue elegido como magistrado.
El ministerio público señaló que el exmagistrado debió seguir su jubilación apegándose a los requisitos que establece la Ley de la Carrera Judicial. Al recibir el bono hizo fraude de ley ya que los fondos salieron de la Tesorería Institucional de la Corte Suprema de Justicia.
Según la Unidad Anticorrupción el expresidente de la CSJ, alteró el ordenamiento jurídico pues tuvo una conducta delictiva actuó y deshonró el principio de probidad que un funcionario público debe mostrar.
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Discusión tras partido de fútbol termina con dos lesionados y dos detenidos en Chalatenango
Luis Antonio Mancía Hernández, de 36 años de edad, y Jaime Ismael Guzmán Galdámez, de 21 años, fueron capturados luego de ser señalados como responsables de lesionar a otros dos hombres durante una pelea ocurrida al finalizar un partido de fútbol.
El hecho se registró en el distrito de Nueva Concepción, Chalatenango Centro, mientras los involucrados se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.
Las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial, donde se informó que su condición de salud es estable.
Tras el incidente, junto con la Fuerza Armada se inició la búsqueda de los sospechosos, quienes fueron capturados en el mismo distrito.
Mancía Hernández y Guzmán Galdámez serán remitidos por el delito de lesiones.
Un hombre resultó lesionado tras verse involucrado en un fuerte siniestro vial registrado la tarde del lunes en el distrito de Ciudad Arce, del municipio de La Libertad Centro, departamento de La Libertad.
Voluntarios de Comandos de Salvamento (CS) de la seccional de Ciudad Arce fueron alertados sobre la emergencia y acudieron al lugar para brindar asistencia.
El percance ocurrió sobre la carretera Panamericana, a la altura de Termos del Río, en el sentido que conduce de San Salvador hacia Santa Ana, donde estuvieron involucrados un pick up y una motocicleta.
“Se vieron involucrados una motocicleta y un vehículo tipo pick up, resultando lesionado el motociclista. Nuestro personal le brindó asistencia en el lugar”, detalló Comandos de Salvamento.
El Viceministerio de Transporte (VMT) realizó un dispositivo de verificación para detectar dispositivos sonoros que no son de fábrica instalados en unidades del transporte colectivo.
Las autoridades informaron que los procedimientos se desarrollan de acuerdo con lo establecido en el artículo 240 del Reglamento General de Tránsito.
“Todo dispositivo que no es de fábrica está siendo desinstalado en el momento de la notificación de la falta”, detalló el VMT.
Además, durante los procedimientos, las autoridades han impuesto sanciones por exceso de ruido, a partir de verificaciones realizadas en campo y denuncias ciudadanas.
