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Expresidente de la CSJ, Agustín García Calderón, deberá pagar $230,863.77 por enriquecimiento ilícito
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La Sala de lo Civil condena al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Agustín García Calderón, por enriquecimiento ilícito y debe regresar al Estado $230,863.77, según lo ha confirmado la Fiscalía General de la República.
El 25 de mayo del año pasado los magistrados suplentes de la Cámara Primera de lo Civil lo habían exonerado argumentando que el ministerio público no probó que el expresidente del Órgano Judicial tuvo un incremento patrimonial no justificado entre el 2000 y 2009, años en los cuales García Calderón fungió como presidente de la CSJ.
Los magistrados de la cámara habían dicho que García Calderón tenía capacidad económica para ahorrar y comprar vehículos, agregaron que los fiscales de la Unidad Anticorrupción solo demostraron que fue funcionario público, pero no habían acreditado que tuvo un incremento patrimonial en exceso.
La Fiscalía acudió ante la Sala de lo Civil con una apelación mostrando su inconformidad por la exoneración dictada por la Cámara Primera de lo Civil ya que las pruebas incorporadas en la demanda eran contundentes.
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía promovió el juicio civil por irregularidades consistentes en depósitos bancarios, adquisición de vehículos, cobros de seguros de vida pagados con fondos de la Corte Suprema de Justicia y una bonificación de retiro voluntario de la carrera judicial.
Sobre la última irregularidad planteada los fiscales expusieron en la audiencia probatoria que García Calderón pidió el retiro voluntario de la carrera judicial y beneficiarse con un bono de $28,283.64, pese a que no tenía derecho ya que hubo una preclusión del término para el período por el cual fue elegido como magistrado.
El ministerio público señaló que el exmagistrado debió seguir su jubilación apegándose a los requisitos que establece la Ley de la Carrera Judicial. Al recibir el bono hizo fraude de ley ya que los fondos salieron de la Tesorería Institucional de la Corte Suprema de Justicia.
Según la Unidad Anticorrupción el expresidente de la CSJ, alteró el ordenamiento jurídico pues tuvo una conducta delictiva actuó y deshonró el principio de probidad que un funcionario público debe mostrar.
El nuevo Laboratorio de Calidad del Agua que construye la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), en San Miguel; supera el 90 % de avance. Los equipos continúan trabajando en acabados, instalaciones eléctricas y obras complementarias que darán paso a un espacio moderno para el control y análisis del agua.
«Cada avance nos acerca a procesos más ágiles para reforzar la calidad del agua en la zona oriental», señaló la autónoma.
Este proyecto forma parte del Programa de Fortalecimiento del Sector de Agua Potable y Saneamiento de El Salvador, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que busca fortalecer el control y aseguramiento de la calidad del agua en la zona oriental.
Este laboratorio con certificaciones internacionales tiene una inversión de $1.3 millones garantizará la mejor calidad de agua para más de 452,000 salvadoreños de San Miguel, Morazán, Usulután y La Unión.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla sentenció a seis años de cárcel a Diego Alberto Montano González por el delito de tráfico ilícito de drogas en el distrito de San Pablo Tacachico, en el municipio de La Libertad Norte.
Según la investigación, el imputado fue sorprendido mientras transportaba droga oculta en una motocicleta.
De acuerdo al expediente judicial, el 11 de junio de 2025, miembros de la Fuerza Armada que realizaban un patrullaje preventivo, le hicieron alto a Montano, quien se conducía en una motocicleta color rojo.
Durante un procedimiento de registro, los militares encontraron 113.2 gramos de marihuana, con un valor estimado de $399, en la cajuela del vehículo
Durante el juicio, con pruebas periciales y documentales, la Fiscalía comprobó que el procesado no solo transportaba droga para el consumo personal, sino que también lo hacía con fines de comercialización.
La Fiscalía General de la República informó que el salvadoreño José Leonel Castellón fue extraditado al estado de Florida, en Estados Unidos, en donde es requerido para que enfrente la justicia por el delito de homicidio en contra de su pareja.
De acuerdo a la versión de la Fiscalía, Castellón mantenía frecuentes discusiones y actos de violencia en contra de la víctima. Según el expediente judicial, el 21 de octubre de 2023, ambos salieron de la vivienda y nadie volvió a saber de ellos. Días después la mujer fue encontrada fallecida y en estado de descomposición dentro de una camioneta, en las cercanías de una línea férrea próxima al aeropuerto de Miami, en Florida.
Mientras tanto, Castellón huyó a El Salvador en donde fue capturado a finales de abril de 2024. De acuerdo a la legislación salvadoreña, el imputado ha cometido el delito de feminicidio agravado.
Frente al requerimiento de extradición de las autoridades judiciales de Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia, a través del juzgado Sexto de Paz de San Salvador, autorizó la extradición, no sin antes realizar un proceso para evitar impunidad y garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de protección contra la violencia hacia las mujeres.
Previo a realizar el proceso, la Fiscalía informó que verificó que el imputado no tuviera expedientes pendientes con la justicia salvadoreña.
