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Expresidente de la CSJ, Agustín García Calderón, deberá pagar $230,863.77 por enriquecimiento ilícito
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La Sala de lo Civil condena al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Agustín García Calderón, por enriquecimiento ilícito y debe regresar al Estado $230,863.77, según lo ha confirmado la Fiscalía General de la República.
El 25 de mayo del año pasado los magistrados suplentes de la Cámara Primera de lo Civil lo habían exonerado argumentando que el ministerio público no probó que el expresidente del Órgano Judicial tuvo un incremento patrimonial no justificado entre el 2000 y 2009, años en los cuales García Calderón fungió como presidente de la CSJ.
Los magistrados de la cámara habían dicho que García Calderón tenía capacidad económica para ahorrar y comprar vehículos, agregaron que los fiscales de la Unidad Anticorrupción solo demostraron que fue funcionario público, pero no habían acreditado que tuvo un incremento patrimonial en exceso.
La Fiscalía acudió ante la Sala de lo Civil con una apelación mostrando su inconformidad por la exoneración dictada por la Cámara Primera de lo Civil ya que las pruebas incorporadas en la demanda eran contundentes.
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía promovió el juicio civil por irregularidades consistentes en depósitos bancarios, adquisición de vehículos, cobros de seguros de vida pagados con fondos de la Corte Suprema de Justicia y una bonificación de retiro voluntario de la carrera judicial.
Sobre la última irregularidad planteada los fiscales expusieron en la audiencia probatoria que García Calderón pidió el retiro voluntario de la carrera judicial y beneficiarse con un bono de $28,283.64, pese a que no tenía derecho ya que hubo una preclusión del término para el período por el cual fue elegido como magistrado.
El ministerio público señaló que el exmagistrado debió seguir su jubilación apegándose a los requisitos que establece la Ley de la Carrera Judicial. Al recibir el bono hizo fraude de ley ya que los fondos salieron de la Tesorería Institucional de la Corte Suprema de Justicia.
Según la Unidad Anticorrupción el expresidente de la CSJ, alteró el ordenamiento jurídico pues tuvo una conducta delictiva actuó y deshonró el principio de probidad que un funcionario público debe mostrar.
Elementos de Cruz Verde Salvadoreña fueron alertados sobre un accidente de tránsito ocurrido en la colonia San José, Soyapango.
En el lugar, un motociclista resultó lesionado tras accidentarse. Los paramédicos brindaron asistencia al hombre, quien presentaba varias lesiones en su cuerpo.
Luego de ser estabilizado, los equipos de primera respuesta trasladaron al motociclista a un centro médico cercano.y
Dos rastras colisionaron en la carretera que conduce de Santa Ana hacia Metapán, en el occidente del territorio nacional.
Tras el fuerte impacto, una de las rastras se estrelló contra una vivienda ubicada a la orilla de la carretera.
La segunda rastra quedó a un costado de la carretera que conduce hacia Metapán y la frontera Anguiatú.
Hasta el cierre de esta nota, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se encontraban orientando la circulación en la zona, debido a que uno de los carriles permanecía bloqueado.
La Policía informó que el miércoles 19 de agosto finalizó con cero homicidios a escala nacional, convirtiéndose en la jornada número 15 del mes sin muertes a causa de la violencia.
En lo que va de 2026, las autoridades han reportado 197 jornadas sin asesinatos. De este total, 15 corresponden a agosto, 27 a julio, 28 a junio, 26 a mayo, 27 a abril, 23 a marzo, 24 a febrero y 27 a enero.
Las estadísticas del Ministerio de Seguridad indican que durante los 86 meses de gestión del presidente Nayib Bukele se contabilizan 1,299 días sin asesinatos. De estos, 1,185 fueron registrados entre el 27 de marzo de 2022 y el 19 de agosto de 2026, durante la implementación del régimen de excepción.
Bajo esta medida de seguridad, las autoridades reportan la captura de 92,838 integrantes de estructuras criminales y colaboradores.
De acuerdo con los datos oficiales de Seguridad, durante ese período también se han incautado 5,513 armas de fuego, 12,192 vehículos y 25,296 teléfonos celulares, los cuales eran utilizados para la comisión de delitos y que podrán servir como prueba ante los tribunales.
Asimismo, las instituciones reportan el decomiso de drogas con un valor económico estimado de $1,735,897,891, como resultado de los procedimientos ejecutados en el marco de la estrategia de seguridad.
