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Expresidente de la CSJ, Agustín García Calderón, deberá pagar $230,863.77 por enriquecimiento ilícito
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La Sala de lo Civil condena al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Agustín García Calderón, por enriquecimiento ilícito y debe regresar al Estado $230,863.77, según lo ha confirmado la Fiscalía General de la República.
El 25 de mayo del año pasado los magistrados suplentes de la Cámara Primera de lo Civil lo habían exonerado argumentando que el ministerio público no probó que el expresidente del Órgano Judicial tuvo un incremento patrimonial no justificado entre el 2000 y 2009, años en los cuales García Calderón fungió como presidente de la CSJ.
Los magistrados de la cámara habían dicho que García Calderón tenía capacidad económica para ahorrar y comprar vehículos, agregaron que los fiscales de la Unidad Anticorrupción solo demostraron que fue funcionario público, pero no habían acreditado que tuvo un incremento patrimonial en exceso.
La Fiscalía acudió ante la Sala de lo Civil con una apelación mostrando su inconformidad por la exoneración dictada por la Cámara Primera de lo Civil ya que las pruebas incorporadas en la demanda eran contundentes.
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía promovió el juicio civil por irregularidades consistentes en depósitos bancarios, adquisición de vehículos, cobros de seguros de vida pagados con fondos de la Corte Suprema de Justicia y una bonificación de retiro voluntario de la carrera judicial.
Sobre la última irregularidad planteada los fiscales expusieron en la audiencia probatoria que García Calderón pidió el retiro voluntario de la carrera judicial y beneficiarse con un bono de $28,283.64, pese a que no tenía derecho ya que hubo una preclusión del término para el período por el cual fue elegido como magistrado.
El ministerio público señaló que el exmagistrado debió seguir su jubilación apegándose a los requisitos que establece la Ley de la Carrera Judicial. Al recibir el bono hizo fraude de ley ya que los fondos salieron de la Tesorería Institucional de la Corte Suprema de Justicia.
Según la Unidad Anticorrupción el expresidente de la CSJ, alteró el ordenamiento jurídico pues tuvo una conducta delictiva actuó y deshonró el principio de probidad que un funcionario público debe mostrar.
Habitantes de las colonias Los Conacastes, Montes de San Bartolo, El Pepeto y La Guadalupe, en Soyapango, denunciaron la presencia de jóvenes que, según afirman, estarían intentando generar inseguridad en esos sectores. Entre los sujetos identificados por la comunidad se encontraba uno al que le llaman “Diego”.
Tras la difusión de un video en redes sociales en el que se observaba a un joven realizando señas alusivas a la pandilla 18 Sureños, la Policía Nacional Civil capturó a Diego Gerardo Morales Menjívar, de 20 años, en la urbanización Los Conacastes, distrito de Soyapango.
El detenido será remitido por el delito de pertenencia a organizaciones terroristas. La PNC reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de hechos a través de los canales oficiales.
Nacionales
Ministerio de Educación confirma que desfiles estudiantiles se realizarán como en años anteriores
El Ministerio de Educación confirmó que los Desfiles Cívicos Estudiantiles 2026 se realizarán de la manera tradicional, como en años anteriores.
Mediante el Memorándum N.° 10-2026, firmado por la ministra Karla Trigueros, se anularon todas las disposiciones emitidas previamente sobre música, vestimenta, puntos artísticos y otras limitaciones. La medida aplica a todos los centros educativos públicos y privados del país.
Los directores y docentes podrán organizar los actos cívicos de septiembre bajo el formato acostumbrado.
Agentes del CAM sancionaron con $900 a un hombre por cobrar de forma ilegal espacios de parqueo en los alrededores de SívarLand, en San Salvador.
El sujeto fue detectado a través de las cámaras de videovigilancia de Sivar Seguro y, pese a las advertencias, continuó realizando el cobro. La medida fue confirmada por el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán.
El CAM reiteró que existe una prohibición estricta contra esta práctica y advirtió que, según las circunstancias, podría considerarse un delito de extorsión.
