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Expresidente de la CSJ, Agustín García Calderón, deberá pagar $230,863.77 por enriquecimiento ilícito
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La Sala de lo Civil condena al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Agustín García Calderón, por enriquecimiento ilícito y debe regresar al Estado $230,863.77, según lo ha confirmado la Fiscalía General de la República.
El 25 de mayo del año pasado los magistrados suplentes de la Cámara Primera de lo Civil lo habían exonerado argumentando que el ministerio público no probó que el expresidente del Órgano Judicial tuvo un incremento patrimonial no justificado entre el 2000 y 2009, años en los cuales García Calderón fungió como presidente de la CSJ.
Los magistrados de la cámara habían dicho que García Calderón tenía capacidad económica para ahorrar y comprar vehículos, agregaron que los fiscales de la Unidad Anticorrupción solo demostraron que fue funcionario público, pero no habían acreditado que tuvo un incremento patrimonial en exceso.
La Fiscalía acudió ante la Sala de lo Civil con una apelación mostrando su inconformidad por la exoneración dictada por la Cámara Primera de lo Civil ya que las pruebas incorporadas en la demanda eran contundentes.
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía promovió el juicio civil por irregularidades consistentes en depósitos bancarios, adquisición de vehículos, cobros de seguros de vida pagados con fondos de la Corte Suprema de Justicia y una bonificación de retiro voluntario de la carrera judicial.
Sobre la última irregularidad planteada los fiscales expusieron en la audiencia probatoria que García Calderón pidió el retiro voluntario de la carrera judicial y beneficiarse con un bono de $28,283.64, pese a que no tenía derecho ya que hubo una preclusión del término para el período por el cual fue elegido como magistrado.
El ministerio público señaló que el exmagistrado debió seguir su jubilación apegándose a los requisitos que establece la Ley de la Carrera Judicial. Al recibir el bono hizo fraude de ley ya que los fondos salieron de la Tesorería Institucional de la Corte Suprema de Justicia.
Según la Unidad Anticorrupción el expresidente de la CSJ, alteró el ordenamiento jurídico pues tuvo una conducta delictiva actuó y deshonró el principio de probidad que un funcionario público debe mostrar.
Personal de distintas instituciones que conforman el sistema de Protección Civil se encuentran realizando labores de rescate de una persona que cayó en una quebrada profunda en el distrito de El Tránsito, departamento de San Miguel.
La víctima cayó en la quebrada que pasa por debajo del puente Soto, en el distrito de El Tránsito, San Miguel.
En las labores de rescate participan técnicos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), entre otros elementos.
Hasta el cierre de esta nota, las tareas de rescate de la víctima continuaban en la zona.
A través de redes sociales circula un video que muestra el momento en que una motociclista sufre un fuerte accidente de tránsito en la ciudad de San Miguel.
De acuerdo con las imágenes, el choque se registró cuando el conductor de un vehículo no tomó las precauciones necesarias para respetar una señalización de alto.
Testigos indicaron que el conductor del vehículo involucrado huyó del lugar sin auxiliar a la mujer y sin hacerse responsable de los daños ocasionados.
La motociclista lesionada fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario, donde permanece recibiendo atención especializada.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que durante la jornada del jueves 20 de agosto no se reportaron muertes a causa de la violencia en El Salvador.
«Finalizamos el jueves 20 de agosto, con 0 homicidios en el país», destacó la institución en su cuenta oficial de X durante la madrugada de este viernes 21 de agosto.
Con este nuevo día sin homicidios, el país acumula 16 jornadas con cero homicidios en lo que va de agosto.
Las autoridades, que diariamente publican las estadísticas sobre las muertes violentas, han señalado que la disminución de este tipo de delitos se debe a la implementación de estrategias de seguridad.
Entre las medidas vigentes se encuentran el Plan Control Territorial y el régimen de excepción, con los que, según las autoridades, se ha combatido a las pandillas, logrando la captura de miles de sus integrantes y su posterior traslado ante la justicia.
