Nacionales
Exalcalde de San Sebastián Salitrillo y actual concejo municipal renuncian a ARENA
El partido Arena desapareció en San Sebastián Salitrillo, luego que toda la directiva municipal, actuales regidores del concejo plural de la alcaldía y el exalcalde, Hugo Calidonio, anunciaran su renuncia hoy al partido tricolor, teniendo como causa el abandono que aseguran haber tenido por parte de la dirigencia tricolor.
Calidonio, que gobernó el municipio de 2018 al 2021 y quien le ganó la alcaldía al FMLN, señaló que una vez perdidas las elecciones pasadas, la dirigencia arenera también «desapareció» y la estructura municipal ya no recibió ninguna clase de apoyo por parte del partido, que señala se desconectó de las necesidades del pueblo.
«Esta decisión obedece a la falta de apoyo de Arena, que se olvidó que existe un pueblo, un pueblo que todo el tiempo estuvo trabajando para sacar adelante nuestro municipio y dejar en alto la bandera, pero hasta este día no hemos sabido ya nada, ninguna directriz, nos dejaron prácticamente abandonados», se quejó el exjefe edilicio.
Junto a Calidonio también renunciaron cuatro regidores, dos propietarios y dos suplentes, del actual concejo, que ganaron su espacio en las pasadas elecciones.
Pero además, también renunció toda a directiva municipal y otros miembros del partido, incluyendo algunos fundadores del instituto político en el municipio.
El exalcalde aclaró que no ha recibido ningún tipo de presión externa para tomar esta decisión, la cual ha sido, dice, voluntaria y que al consultarla con el resto de miembros del partido, también decidieron acompañarlo y dejar las filas areneras.
«Nuestra decisión no tienen ninguna presión, es una decisión voluntaria, ARENA en San Sebastián Salitrillo prácticamente ya no existe, creemos que ya es trabajar en vano apara un partido si no hay quien nos dirija», agregó.
Los regidores y miembros de la estructura señalan que continuarán trabajando por el desarrollo del municipio, haciendo gestiones de manera independiente.
Calidonio aclaró que por el momento no se proyecta incorporarse, al igual que el resto de personas, a ningún instituto político o a formar un nuevo partido.
Los renunciantes señalaron que incluso la dirigencia arenera no les canceló el dinero invertido en la logística y alimentación durante las pasadas elecciones para alcaldes y diputados.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
