Judicial
Enrique Rais desacredita rotundamente al testigo Criteriado que presentó la Fiscalía para perjudicarlo
Fiscal Douglas Melendez, por favor sea mas creativo ! ponga por lo menos fechas que sean mas o menos creíbles : Prueba de otro Fraude Procesal de sus fiscales :
Ladeclaración del testigo criteriado dice “ No recuerdo la fecha pero fue en Septiembre 2014, que me ofrecieron $ 1’500 dolares para acelerar el peritaje “
CLAUDIA HERRERA FUE CAPTURADA EL 22 DE OCTUBRE, UN MES DESPUES, NI SIQUIERA EXISTÍA REQUERIMIENTO !
La acusación dice que me pidió 5 miligramos , en una llamada que no existe !
Al demostrar esa falsedad, la fiscal Mayra Raquel Guerra presenta al juez octavo de instrucción un escrito diciendo : “ DISCULPE SEÑOR JUEZ FUE UN ERROR DE LA TECNICO ENA MARICELA GRANADO PONCE, EFECTIVAMENTE EL NUMERO NO ERA DE ENRIQUE RAIS , ERA DE OTRA PERSONA, PERO CON ESA FALSEDAD O ERROR COMO LO LLAMA LA FISCAL, EL MAGISTRADO LIC. CARLOS SANCHEZ ESCOBAR CANDIDATO A LA CSJ , ORDENA MI CAPTURA .
EL ANALISIS DE BITACORA DICE QUE TUVE 78 LLAMADAS CON MI ABOGADO ERNESTO GUTIERREZ CON ESE SUPUESTO NUMERO TELEFONICO , RESULTA QUE EFECTIVAMENTE REALIZÓ 78 LLAMADAS , PERO FUE ENTRE EL PAPA ERNESTO GUTIERREZ Y SU HIJO RODRIGO, A QUIEN POR ERROR LA TECNICO PENSÓ QUE ESE NUMERO ERA EL MÍO. NO ES ESO ABERRANTE ? QUE ESA ES LA PRUEBA PARA ORDENAR MI CAPTURA ?
LUEGO LA FECHA TAMPOCO CORRESPONDE , NUEVO ESCRITO DE LIC. GUERRA, DISCULPE SEÑOR JUEZ : “ LO QUE PASA ES QUE LA TECNICO ESCRIBIÓ LA FECHA EN FORMATO NORTEAMERICANO DICE 02-10-2015 ( 2 DE OCTUBRE 2015 ) EN REALIDAD ELLA QUISO DECIR ( FEBRERO 10 DEL 2015 ) 10-02-2015, SI UTILIZAMOS EL FORMATO AMERICANO , TODAS LAS DEMAS FECHAS NADA CONCUERDA. ES LÓGICO TANTOS ERRORES PORQUE TODO ES FABRICADO Y NUNCA PENSARON QUE HARIAMOS UNA AUDITORÍA MINUCIOSA DE CADA SEGUNDO DE CADA LLAMADA DE CADA NUMERO. SON 22 PERSONAS INVESTIGADOAS EN EL EXP. 8-DIT-2014 Y 28 NUMEROS TELEFONICOS Y EN ESE EXPEDIENTE, NI UNA SOLO VEZ ME MENCIONAN, SON 5 INFORMES QUE EL DIRECTOR DEL CENTRO LIC. CAMPOS CRESPO Y EN NINGUNO ME MENCIONA COMO PERSONA INVESTIGADA , NI SOLICITADA NI SIQUIERA POR REFERENCIA. LA TECNICO GRANADO PONCE, NO ES PERITO, COMO ORDENA LA LEY, NI FUE JURAMENTADA POR NINGUN JUEZ. ELLA UNICAMENTE INGRESÓ AL CENTRO DE ESCUCHAS EL DIA 17 DE AGOSTO 2016 Y PRESENTÓ SU INFORME EL 18, EN 12 HORAS ESTUDIÓ, ANALIZÓ, INTERPRETÓ Y TRANSCRIBIÓ MAS DE 7 MIL LLAMADAS TELEFONICAS Y MAS DE UN MILLAR DE MENSAJES DE TEXTO EN 12 HORAS , ESO EQUIVALDRIA A 1900 LLAMADA INTERPRETADAS Y ESCUCHADAS POR HORA ! HUMANAMENTE , MATERIALMENTE Y FISICAMENTE IMPOSIBLE !!! OTRO FRAUDE PROCESAL, MAGISTRADOS COMO PUEDEN EXPLICAR Y JUSTIFICAR ESTO ?
EL TESTIGO CRITERIADO DICE “ LA LLAMADA FUE EL 9 DE MARZO 2015 “
CONFUNDIÓ AL FABRICAR NUEVA LLAMADA CON MI FECHA DE CUMPLEAÑOS,
SOY EFECTIVAMENTE DEL 9 DE MARZO.
LA FISCALIA ME ACUSA DE ESA LLAMADA INEXISTENTE PERO DE FECHA 5 DE MARZO 2015, NO LA ENCONTRAMOS EN NINGUNA PARTE DE LAS BITACORAS.
CLAUDIA HERRERA FUE CAPTURADA EL 22 DE OCTUBRE 2014,
POR AMENAZAS CON ARMA DE FUEGO CON SUS GUARDESPALDAS, Y EL PERITAJE FUE ORDENADO POR UNA AUXILIAR FISCAL DE CLAVE FRANCIA, EN SU TESTIMONIO LA FISCAL DICE “ YO ORDENÉ EL PERITAJE , YO MANDÉ EL OFICIO A MEDICINA LEGAL, YO LO MANDÉ A RETIRAR OFICIALMENTE, YO LO TRANSPORTÉ DE FORMA OFICIAL EL PERITAJE , YO PERSONALMENTE PRESENTÉ ESE PERITAJE AL JUZGADO.
ENTONCES SI JAMAS PASÓ POR MIS MANOS ¿ COMO PUEDO COMETER FRAUDE PROCESAL O FALSEDAD ?
SI NUNCA HABLE CON EL JUEZ, NUNCA CONOCIÓ EL JUEZ 9 DE PAZ DE ESE CASO DE CLAUDIA HERRERA, ¿ COMO ME PUEDEN ACUSARME DE COHECHO ?
LA DESESPERACION ES GRANDE DE FISCALIA CUANDO RECONOCEN QUE EL CASO LO HEMOS DESEMASCARADO Y DESBARATADO. PODRÁN PRESIONAR PARA QUE ESTE CASO SIGA CON VIDA ARTIFICIAL POR POCO TIEMPO MAS , PERO HAGO CONSIENCIA A LOS FISCALES AUXILIARES, EL FISCAL GENERAL TERMINA EN 98 DIAS SU MANDATO, PERO USTEDES ? ESTAN DISPUESTOS A SEGUIR FABRICANDO FRAUDES ?
REFLEXIONEN ! GENTE INOCENTE ESTA PADECIENDO INJUSTAMENTE .
ENRIQUE RAIS.
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Judicial
Cadena perpetua para dos líderes de la MS-13 en San Salvador: Tribunal condena a 97 pandilleros de 10 clicas
Judicial
Condenan a cadena perpetua a pandilleros de la MS-13 capturados durante el régimen de excepción en El Salvador
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas de cadena perpetua a integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), capturados durante el régimen de excepción y procesados por delitos relacionados con homicidios, desapariciones, extorsiones y actividades de organizaciones terroristas. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó las sentencias el viernes 9 de octubre de 2026, como parte de los procesos judiciales contra estructuras pandilleriles que operaban en la capital y sus alrededores.
Entre los condenados se encuentran Josué Germain González Mejía, identificado por las autoridades como corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, señalado como homeboy dentro de la organización criminal. Según las investigaciones fiscales, ambos formaban parte de estructuras que mantenían presencia en diferentes sectores de San Salvador, donde se les atribuyeron hechos violentos y actividades delictivas contra la población.
#CombateAPandillas | Cadena perpetua para pandilleros de la MS-13.
La @FGR_SV logró que demostrar que estos criminales mantenían el control en diferentes zonas de la capital y sus alrededores, en donde cometieron diversos casos de homicidios, desapariciones, extorsiones, organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, entre otros.
Todos fueron capturados gracias al Régimen de Excepción.
Entre los condenados a cadena perpetua están Josué Germain González Mejía, quien tenía el rango de corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, identificado como homeboy.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 9, 2026
La Fiscalía aseguró que durante el proceso judicial presentó elementos probatorios relacionados con homicidios, desapariciones de personas, extorsiones, agrupaciones ilícitas y delitos vinculados con organizaciones terroristas. Sin embargo, la institución no precisó el número total de personas condenadas en este caso, las fechas de los hechos investigados ni las circunstancias particulares de cada delito. Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Estas condenas se producen después de las reformas constitucionales y penales aprobadas en marzo de 2026, mediante las cuales El Salvador incorporó la prisión perpetua para delitos de extrema gravedad, como homicidio, violación y terrorismo. La modificación del artículo 27 de la Constitución permitió establecer esta sanción, cuya aplicación contempla mecanismos de revisión judicial después de determinados períodos de cumplimiento. En septiembre se conocieron las primeras sentencias bajo el nuevo marco legal, por lo que las resoluciones contra integrantes de la MS-13 representan nuevos casos de aplicación de esta pena.
Los condenados habían sido detenidos durante el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado periódicamente por la Asamblea Legislativa. El Gobierno sostiene que esta medida ha contribuido a reducir los homicidios y desarticular estructuras criminales, mientras organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por las garantías procesales en determinados casos. Las nuevas sentencias reflejan la aplicación del endurecimiento de las penas contra delitos graves en El Salvador, en medio de la continuidad de los procesos judiciales relacionados con las pandillas.
