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En lo que va del año hasta agosto se han incautado más de $5 millones en cocaína
Agentes de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC) han registrado un incremento en la incautación de cocaína en lo que va de 2020 en comparación con el mismo período de 2019.
De acuerdo con las estadísticas de la DAN entre el 1 de enero y el 4 de agosto de este año, incautaron 224.8 kilogramos de cocaína, una cifra superior a los 96.03 kilogramos decomisados en 2019.
Es decir, las cifras policiales detallan que este año el aumento en la incautación de cocaína es de 137.84% con relación con el año pasado.
La cocaína decomisada entre enero y los primeros días de agosto tiene un valor en el mercado negro de alrededor de los $5,650,847.5. Mientras que lo incautado en 2019 suman $2,414,239.2.
También los agentes de la DAN registran un aumento en el decomiso de crack. Este año ya suman 4.4 kilogramos de esa droga incautada; mientras el año pasado sumaban 3.56 kilogramos decomisados. En dólares, lo incautado tiene un valor en el mercado negro de $109,650.5. El año pasado era una cifra de $89,513.6.
La Policía también reporta un aumento en el decomiso de otras drogas como metanfetamina y éxtasis como resultado de la implementación del Plan Control Territorial, por parte del Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
El éxito del Plan Control Territorial se da gracias al esfuerzo de los agentes policiales que han enfrentado además en primera línea la emergencia causada por la pandemia de COVID-19.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
