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En el AMSS el Gobierno inicia una jornada de mitigación de riesgos para proteger a la población ante las lluvias
Foto: Secretaria de Prensa de la Presidencia
En el marco del Plan Invernal 2022, el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, por medio del Sistema Nacional de Protección Civil, ejecuta una jornada de mitigación en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) con el objetivo de identificar y reducir riesgos para la población cuando caen intensas lluvias.
En la jornada de mitigación participan personal del Equipo Táctico Operativo de Protección Civil, Bomberos de El Salvador, la Dirección General de Centros Penales, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Medio Ambiente, con el objetivo de trabajar de manera interinstitucional y minimizar riesgos cuando se presentan fuertes tormentas.
Las labores también son coordinadas con la alcaldía municipal de San Salvador, la cual ha designado varios equipos para participar en la jornada de mitigación.
Debido a lo nutrido del invierno en esta región, el Gobierno emitió la alerta amarilla para todos los municipios de los departamentos de Chalatenango, La Libertad, Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate y San Salvador. En el municipio de San Salvador, fue emitida la alerta naranja. Para el resto del país, la alerta se mantiene verde.
“Debido a la cantidad de árboles caídos que tuvimos en las últimas horas estamos trabajando de manera anticipada para evitar incidentes en esta época y es el objetivo de la jornada de mitigación”, afirmó el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya.
En la tormenta del martes, Protección Civil reportó la caída de 88 árboles y en las últimas horas han sido registrados 8 árboles colapsados más.
Los Bomberos indicaron que la población puede reportar un árbol que represente peligro de caer por la humedad acumulada.
Detalló que hay riesgo de que colapse un árbol si ha sido golpeado por un vehículo, si está inclinado, si sus raíces rompen aceras, si tiene ramas muertas y si su tronco está podrido.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
