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El Salvador pierde miles de empleos formales por la pandemia
Sin que El Salvador hubiese llegado al pico máximo de contagios por el covid-19, Roberto fue cesado de la empresa en la que trabajó durante los últimos 25 años.
Roberto es parte de la fuerza laboral salvadoreña que se ha visto impactada por el paro económico decretado por el gobierno de Nayib Bukele para contener los contagios del covid-19. Hasta abril pasado se perdieron 36.886 empleos por esa causa.
“Si hay trabajo nuevamente lo llamamos”, citó Roberto, recordando lo último que su jefe le dijo luego de entregarle 200 dólares por “indemnización temporal”.
De no ser por los 1.200 dólares que le envió su madre desde Estados Unidos, la supervivencia de Roberto y su hija hubiese sido imposible. “Con 200 no hago nada. Ni pagar la casa estos meses hubiera conseguido”, agrega.
A partir de julio podría empeorar el desempleo
Los despidos o contratos de trabajo suspendidos en el país centroamericano se reflejan en las estadísticas de asegurados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el cual registró en enero de este año 701.555 asegurados. Cuatro meses después la cifra bajó a 664.669. Esto representa una reducción del 5%.
Tanto el Seguro Social como las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son indicadores de la empleabilidad formal en el país. Ambas reportan una disminución en torno a las cotizaciones y seguros de trabajadores.
«Es posible que haya gente que sigue en el Seguro Social y cuyos empleos se van a perder, pues la afectación se ha dado en marzo, abril y mayo, y la gente por la misma esperanza que tenía de que no durara tanto (el paro económico) no había reportado las bajas», dijo el empresario Jorge Andrés Hasbún, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal).
Las empresas tienen dos meses para presentar la planilla de empleados activos al Seguro Social. Por ello Hasbún cree que el número real de desempleados en El Salvador se verá a partir de julio.
Foto Karla Arévalo.
A la poca actividad económica se suma la dificultad que tienen los trabajadores para trasladarse a las empresas, luego de que el gobierno salvadoreño suspendiera la circulación del transporte público el 8 de mayo.
La más reciente encuesta hecha por la gremial empresarial salvadoreña, Camarasal, revela que el 90 % de 1.096 empresa ha perdido la mitad de sus ingresos. Esto los ha obligado a operar con la mitad de sus empleados.
“Si la empresa funcionaba con 20 empleados, hoy funciona con 10. Es decir, hay 10 empleos en riesgo inminente de despido. A menos que la economía vuelva a la normalidad, dudo que esas plazas se mantengan”, explica Hasbún quien agrega un panorama aún más crítico en torno al desempleo en El Salvador: “Si hay 700.000 empleos en el sector formal y la pérdida de los ingresos es del 50 % o más, hay riesgo de perder 350.000 empleos formales”.
La fase I de reactivación económica en El Salvador inició el 16 de junio, pero el avance se estancó luego de que el ministro de Salud, Francisco Alabí, explicara que el país centroamericano no tiene las condiciones sanitarias para avanzar a la fase II de reactivación económica.
El impacto social que prevé la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) es aún más abrupto que el ocurrido en 2009 cuando el país centroamericano perdió 40.000 cotizantes en 15 meses.
“Hay una actividad muy importante que no funciona y es el transporte público. Esto le pone un freno de mano casi a cualquier actividad porque no todas las empresas pueden contratar transporte privado”, agregó Pedro Argumedo, economista senior del Departamento de Estudios Económicos.
Nota de: La Voz de América
La alcaldía de San Salvador Centro informó que continúa desarrollando acciones para resguardar a personas en situación de calle ante las condiciones climáticas asociadas al paso de la Depresión Tropical Cristina. Como parte de estas medidas, los beneficiarios son trasladados al albergue Katya Miranda, donde reciben alojamiento temporal y atención integral.
De acuerdo con la comuna, las personas albergadas cuentan diariamente con atención médica, medicamentos, espacios para el aseo personal y alimentación gratuita, con el objetivo de garantizar condiciones dignas y seguras durante la emergencia.
La municipalidad también reportó el traslado de una familia de la comunidad Nuevo Renacer, en la zona 1 del distrito capital, hacia un albergue, luego de que se registrara un deslave en el muro de contención ubicado junto a su vivienda.
Asimismo, la alcaldía detalló que ha preparado y equipado más de 20 albergues municipales para atender a familias que puedan resultar afectadas por las condiciones meteorológicas. Como parte de los preparativos, personal de Protección Civil Municipal realizó jornadas de fumigación en áreas internas y externas de los refugios para prevenir la proliferación de vectores transmisores de enfermedades como el dengue.
Entre los espacios habilitados se encuentra un albergue en San José de la Montaña, zona 2, con capacidad para más de 12 familias de comunidades cercanas. También se ha equipado un refugio en la comunidad Vista Bella 1 y 2, en la zona 5, con capacidad para albergar a más de 40 familias, además de un espacio temporal ubicado en la comunidad 5 de Noviembre, todos en el distrito capital.
La alcaldía indicó que, de manera paralela, mantiene labores de barrido, limpieza de tragantes, aceras y calles, así como inspecciones y evaluaciones de taludes para verificar la estabilidad del terreno y prevenir desprendimientos de tierra.
A través de su Unidad de Desechos Sólidos, la alcaldía central informó que ha visitado 36,537 viviendas mediante la modalidad de recolección de basura casa por casa en zonas donde el acceso para camiones recolectores es limitado.
El director de la unidad, Germán Muñoz, explicó que la comuna cuenta con 124 rutas de recolección, de las cuales 12 corresponden a este servicio especializado para comunidades de difícil acceso.
Según el funcionario, este sistema se brinda desde hace varios años y ha sido fortalecido mediante la incorporación de equipos, herramientas y camiones compactadores. Asimismo, indicó que más de 85 operarios recorren pasajes, condominios y comunidades de difícil acceso en los cinco distritos del municipio.
Muñoz señaló que las labores se desarrollan de lunes a sábado, en horario de 5:00 de la mañana a 11:30 de la mañana, con el objetivo de brindar una atención oportuna a la población.
Como parte de estas acciones, la alcaldía realizó una jornada de recolección en la comunidad La Chacra, zona 6, donde fueron evacuadas 14,000 toneladas de basura.
Por su parte, Jesús Morales, beneficiario del servicio, destacó que la modalidad casa por casa contribuye a evitar que los desechos sean depositados en ríos, calles o aceras, además de promover el cumplimiento de los horarios establecidos para la disposición de basura.
La comuna informó que este servicio puede solicitarse a través del número telefónico 2535-5636 o mediante WhatsApp al 7129-4301.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, con el respaldo de 58 diputados, un decreto para dar inicio al proceso de selección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) para el período 2026-2029.
La iniciativa fue presentada por diputados de la fracción de Nuevas Ideas mediante una modificación de agenda durante la sesión plenaria, en la que se solicitó la elección del presidente, el primer magistrado y el segundo magistrado de la institución.
Durante la lectura de la correspondencia, la diputada Elisa Rosales informó que el período de los actuales magistrados concluirá el 27 de agosto de 2026. Asimismo, señaló que el Reglamento Interno de la Asamblea establece que la recepción de propuestas de candidatos debe finalizar 60 días antes de que concluya el período en funciones, por lo que el 26 de junio ha sido fijado como fecha límite para la presentación de solicitudes.
Entre los requisitos para optar al cargo se encuentran ser salvadoreño por nacimiento, tener más de 30 años de edad, poseer honradez y competencia notorias, estar en el ejercicio de los derechos de ciudadanía y haberlo estado durante los tres años previos a la elección.
Los profesionales interesados deberán presentar sus atestados, así como las constancias y solvencias requeridas por la ley, con el fin de acreditar la idoneidad necesaria para ejercer el cargo.
