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El Salvador alcanza mejores niveles de seguridad pública con el Plan Control Territorial y el régimen de excepción
Foto: Secretaria de Prensa de la Presidencia
El Plan Control Territorial cumplió tres años en vigor, fue lanzado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele el 20 de junio de 2019, como una estrategia para el combate a la criminalidad. Los resultados han sido exitosos: Tres años atrás se registraban de 20 a 30 homicidios cada día, ahora uno o dos.
El referido plan está compuesto de siete fases, cuatro están en desarrollo y las otras serán develadas.
En la estrategia de seguridad también se incorpora la modificación de leyes penales para volverlas más rigurosas contra los criminales y la implementación del régimen de excepción que, entre el 27 de marzo pasado a la fecha, contabiliza 41,346 pandilleros capturados.
En los tres primeros años de administración de este Gobierno, los salvadoreños pueden contar con 138 días sin homicidios; en 20 años de gobiernos pasados solo hubo dos días sin asesinatos.
“Ni un homicidio se registró ayer en el territorio nacional. El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa desarticulando a los criminales con el objetivo de hacer prevalecer la integridad de la población. La Guerra en contra de las pandillas no se detiene”, recalcó el director de Centros Penales, Osiris Luna.
El funcionario afirmó que las operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) que libran contra esos grupos criminales están dejando a las colonias y barrios limpios de pandillas. Sus grafitis también son borrados.
El Gobierno hace un llamado a la población a continuar denunciando a los pandilleros que intentan ocultarse de las autoridades llamando de forma anónima al 123 para poder capturarlos y librarse del peligro de los antisociales.
Las instituciones públicas son reequipadas con mejores equipos y más personal para fortalecer el combate contra los criminales que estaban enquistados en la sociedad y que tanto daño han causado. Las capturas no van a parar hasta llevar a la cárcel a todos los pandilleros y a sus cómplices.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
