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El Salvador alcanza mejores niveles de seguridad pública con el Plan Control Territorial y el régimen de excepción
Foto: Secretaria de Prensa de la Presidencia
El Plan Control Territorial cumplió tres años en vigor, fue lanzado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele el 20 de junio de 2019, como una estrategia para el combate a la criminalidad. Los resultados han sido exitosos: Tres años atrás se registraban de 20 a 30 homicidios cada día, ahora uno o dos.
El referido plan está compuesto de siete fases, cuatro están en desarrollo y las otras serán develadas.
En la estrategia de seguridad también se incorpora la modificación de leyes penales para volverlas más rigurosas contra los criminales y la implementación del régimen de excepción que, entre el 27 de marzo pasado a la fecha, contabiliza 41,346 pandilleros capturados.
En los tres primeros años de administración de este Gobierno, los salvadoreños pueden contar con 138 días sin homicidios; en 20 años de gobiernos pasados solo hubo dos días sin asesinatos.
“Ni un homicidio se registró ayer en el territorio nacional. El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa desarticulando a los criminales con el objetivo de hacer prevalecer la integridad de la población. La Guerra en contra de las pandillas no se detiene”, recalcó el director de Centros Penales, Osiris Luna.
El funcionario afirmó que las operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) que libran contra esos grupos criminales están dejando a las colonias y barrios limpios de pandillas. Sus grafitis también son borrados.
El Gobierno hace un llamado a la población a continuar denunciando a los pandilleros que intentan ocultarse de las autoridades llamando de forma anónima al 123 para poder capturarlos y librarse del peligro de los antisociales.
Las instituciones públicas son reequipadas con mejores equipos y más personal para fortalecer el combate contra los criminales que estaban enquistados en la sociedad y que tanto daño han causado. Las capturas no van a parar hasta llevar a la cárcel a todos los pandilleros y a sus cómplices.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
