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El Salvador alcanza mejores niveles de seguridad pública con el Plan Control Territorial y el régimen de excepción
Foto: Secretaria de Prensa de la Presidencia
El Plan Control Territorial cumplió tres años en vigor, fue lanzado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele el 20 de junio de 2019, como una estrategia para el combate a la criminalidad. Los resultados han sido exitosos: Tres años atrás se registraban de 20 a 30 homicidios cada día, ahora uno o dos.
El referido plan está compuesto de siete fases, cuatro están en desarrollo y las otras serán develadas.
En la estrategia de seguridad también se incorpora la modificación de leyes penales para volverlas más rigurosas contra los criminales y la implementación del régimen de excepción que, entre el 27 de marzo pasado a la fecha, contabiliza 41,346 pandilleros capturados.
En los tres primeros años de administración de este Gobierno, los salvadoreños pueden contar con 138 días sin homicidios; en 20 años de gobiernos pasados solo hubo dos días sin asesinatos.
“Ni un homicidio se registró ayer en el territorio nacional. El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa desarticulando a los criminales con el objetivo de hacer prevalecer la integridad de la población. La Guerra en contra de las pandillas no se detiene”, recalcó el director de Centros Penales, Osiris Luna.
El funcionario afirmó que las operaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) que libran contra esos grupos criminales están dejando a las colonias y barrios limpios de pandillas. Sus grafitis también son borrados.
El Gobierno hace un llamado a la población a continuar denunciando a los pandilleros que intentan ocultarse de las autoridades llamando de forma anónima al 123 para poder capturarlos y librarse del peligro de los antisociales.
Las instituciones públicas son reequipadas con mejores equipos y más personal para fortalecer el combate contra los criminales que estaban enquistados en la sociedad y que tanto daño han causado. Las capturas no van a parar hasta llevar a la cárcel a todos los pandilleros y a sus cómplices.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
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Claudia Ortiz desconfía de las intenciones de la implementación de la cadena perpetua
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.


