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Director de periódico digital envía carta abierta a Director de El Diario de Hoy, Fabricio Altamirano, por «falsas» publicaciones en reportaje de «Caso Corruptela»
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Señor Director de El Diario de Hoy, Fabricio Altamirano:
En la edición de este día, 24 de septiembre de 2019, el diario que usted dirige, publica una nota responsabilizada por el señor Jorge Beltrán Luna y titulada “Jueza se declara incompetente en caso corruptela”. Si bien es cierto que la imagen que ilustra la nota se trata de mi persona, también lo es que la misma no tiene nada, absolutamente nada que ver, con la noticia a la que hace alusión; por lo que se trata de una evidente intención de confundir a la opinión pública.
En la misma, se me hace parecer como uno de los fiscales responsables de haber mentido sobre hechos que no les constaba y que dieron lugar a que el ex fiscal Douglas Meléndez, en su campaña de reelección, campaña que aparentemente era del agrado del medio que usted dirige, armó y bautizó como “caso corruptela” cuando no es así. Lo contrario yo soy y he sido una víctima de esos fiscales a los que el actual fiscal general, Raúl Melara, llama “manzanas podridas” y por cuyas falsas declaraciones como testigos criteriados, mis libertades están siendo restringidas.
Como el reportaje del señor Beltrán Luna ocupa espacio en su medio informativo para atacarme con veneno y con vulgaridad, espero que usted me permita declarar que las afirmaciones contenidas en dicho reportaje son tan falsas como deliberadamente ofensivas.
En efecto yo soy una de las personas investigadas en ese caso. Mi única relación con dicho caso, es la de haber prestado mis servicios profesionales, como consultor y asesor de imagen al ex fiscal Luis Martínez durante parte de su gestión al frente del ministerio público.
Al igual que cualquier ciudadano, soy una persona que, siempre que se sigan las reglas del debido proceso, puede y debe ser sujeto de investigación cuando existe una razón para ello, no así el caso corruptela, al que solo un necio malintencionado puede seguir dándole crédito.
Yo, mejor que nadie, conozco los riesgos del ejercicio periodístico; por eso no me avergüenza que publiquen mi fotografía con semejante mala intención. Se trata simplemente, de quererme callar como periodista con más de sesenta años de ejercicio, cosa que no van a lograr de ninguna manera.
Me preocupa, eso sí, que el medio que dirige calle cualquier información que haga referencia a los fiscales deshonestos que se prestaron para “armar” el caso corruptela y como ese otros tantos, a sabiendas que en el mismo habemos personas inocentes que somos víctimas de un proceso fraudulento y deshonesto. Usted lo sabe mejor que nadie.
También sabe que soy un periodista desde hace más de sesenta años, sabe que en muchas ocasiones El Diario de Hoy publicó mi nombre en artículos de opinión y sabe también que la nota periodística a la que hago mención está cargada de un odio personal hacia mi persona “Sabe Dios porqué causa”.
En parte lo entiendo; ya que es difícil tratar de adivinar cuál va a ser su actitud, cuando la verdad prevalezca y tenga que reconocer que el caso “corruptela” fue creado para destruir a un empresario salvadoreño y a un ex fiscal general, que si bien es cierto pudo equivocarse en muchas cosas, aún le quedan restos de dignidad que otros no tienen.
Lástima que usted no me tenga la confianza y el afecto que me dispensaron su abuelo Don Napoleón Viera Altamirano y su abuela Doña Mercedes, personas a las que el calificativo de Don o Doña no les vino por cuestión de herencia.
Señor Director Ejecutivo de El Diario de Hoy: usted es una persona decente y sabrá comprender el porqué de mi disgusto.
Le brindo una oportunidad para la rectificación: deme el espacio necesario para una columna diaria donde deshuesemos, hasta la médula, el caso corruptela; estoy seguro quedará asombrado de lo que va a ver y leer. Bastaría con que su reportero le explique la relación fotografía- texto de la nota a la que me he referido, para corregir lo que ya no debe existir en un medio responsable.
Si lo hace, bienvenido, si no lo hace poco se habrá perdido. De todas maneras la verdad se acerca. En el plano de la realidad eso no debe preocuparnos.
No estoy seguro pero presumo que usted no publicará esta carta abierta en El Diario de Hoy, el valor es algo con lo que se nace. A lo sumo, creo que cuando tenga esta carta en sus manos, hará lo mismo que el irlandés Oscar Wilde cuando fue increpado por un juez sobre la naturaleza de una de sus cartas. La tomó, la dobló en mil quiebres, con arte japonés, ignorando su contenido con el pretexto o la justificación de que estaba mal escrita.
Atentamente
Eduardo Vázquez Bécker. Director-Propietario de DiarioLatino.net
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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