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Diputados y representantes del Ejecutivo aún no dan a conocer ley de emergencia, cuarentena y reapertura económica
Los diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa y representantes del Ejecutivo han continuado por quinto día para buscar un acuerdo que lleve a crear una nueva ley de emergencia, cuarentena y reapertura económica por la pandemia del coronavirus.
La discusión se ha centrado sobre el diseño de una nueva ley sanitaria integral que regule la cuarentena y la apertura económica gradual durante la emergencia, retomando la exigencia de los legisladores de que el Ejecutivo debe someterse a la regulación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración pública (LACAP) para hacer las compras de bienes y servicios para enfrentar la pandemia.
Luego de más de dos horas de acaloradas discusiones los diputados han decidido permitirle al Ejecutivo que pueda hacer compras directas sin pasar por la (LACAP) únicamente para adquirir bienes e insumos médicos que servirán para atender a los pacientes, para dotar a los hospitales de equipos, para comprar canastas alimentarias y para adecuar los centros de contención.
Tras conocer las dificultades en la compra de insumos médicos por parte de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), algunos diputados comenzaron a ceder en sus posturas.
Antes de llegar a este acuerdo, diputados del partido ARENA lanzaron críticas al Gobierno por el manejo de más de $500 millones del fondo general de la Nación durante la emergencia sin pasar por el aval de la Asamblea.
El jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, señaló que el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, les envió el 30 de abril, documentación para el traspaso de $488 millones.
Por su parte, la diputada Yanci Urbina, del FMLN, señaló que el 80% de ese dinero, el Ejecutivo lo destinó para el Ministerio de Obras Públicas y Agricultura y que solo el 11% para el Ministerio de Salud.
En horas de la tarde, la discusión se ha centrado en si autorizar o no que las empresas de snack (boquitas) y bebidas carbonatadas se les permita operar, porque segun algunos legisladores solo las transanacionales estan «ganado».
El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce en un primer momento programó la sesión plenaria para las 2:00 p.m., sin embargo, debido a que no hay acuerdos concretos la reprogramó para las 5:00 de la tarde.
Los diputados y funcionarios del Ejecutivo esperan ponerse de acuerdo antes que el decreto legislativo 593 puesto en vigencia de manera contingencial por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), concluya su plazo a las 12:00 de la madrugada del sábado.
Ocho años de prisión fueron impuestos a Manuel de Jesús Vásquez Huezo, luego de comprobarse su culpa por el delito de corrupción de niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de tecnologías de la información y comunicación.
De acuerdo a la Fiscalía General de la República, este hombre contactó a un menor a través de las redes sociales «para enviarle material explícito e invitarlo a reunirse».
Al enterarse de lo sucedido, los familiares de la víctima alertaron a las autoridades quienes realizaron su captura en un parque del distrito de Apopa, al norte de San Salvador.
La condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador.
El Tribunal Tercero de Sentencia condenó ayer a Kevin Monterrosa y Brayan Rivas a tres años de cárcel con medidas sustitutivas y a pagar $7 mil a una víctima a quien dieron una golpiza y ésta perdió su ojo izquierdo.
Según el relato de los hechos, el 22 de agosto de 2025, en el distrito de Mejicanos, Monterrosa y Rivas consumían bebidas alcohólicas. En ese momento llegó Jorge Regalado, quien iba a parquear su vehículo en la cochera de su casa.
Según el expediente judicial, Rivas se abalanzó sobre Regalado y le propinó un puñetazo, que rompió el vidrio de los lentes de la víctima y algunos fragmentos se le incrustaron en el ojo izquierdo. En ese momento, intervino Monterrosa, quien también intentó agredir a la víctima.
De acuerdo al relato de los hechos, Regalado tomó un machete que andaba en su vehículo y logró alejar a los agresores y luego pidió auxilio médico.
Mediante un juicio abreviado -los agresores aceptaron los cargos-, el Tribunal resolvió que se consumó el delito de lesiones graves y aplicó una pena de tres años de prisión que serán sustituidos por medidas como abstenerse de consumir drogas y bebidas embriagantes y no acercarse a la víctima.
El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 45 años de prisión a Jonathan Steven Flores González, alias Slaper, quien ostentaba el rango de palabrero en la pandilla 18 y quien fue acusado por la Fiscalía General de la República por el delito de agrupaciones ilícitas.
En la misma audiencia única abierta, fueron condenados a 30 años de prisión, 54 pandilleros de los cuales 22 tenían el rango de homeboy y 32 en calidad de civiles activos.
El Tribunal también condenó a 25 años de cárcel a 20 personas que fungían como colaboradores de la misma pandilla 18 Revolucionarios de la estructura Isletas Locos, que tenían como centro de operaciones el distrito de Zacatecoluca, municipio de La Paz Centro.
Con la reforma al artículo 18 de la Ley contra Actos de Terrorismo, la Fiscalía está habilitada para promover audiencias únicas abiertas en las que se procesan masivamente a integrantes de estructuras criminales.
Bajo esta misma modalidad en el Tribunal Sexto contra el Crimen Otrganizado están siendo procesados 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha, a quienes se les atribuyen más de 47,000 delitos cometidos entre los años 2012 y 2022. Entre los sujetos a procesar hay 22 cabecillas de la ranfla históricos, 212 ranfleros, 152 corredor de programa, entre otros.
Todos ellos están siendo procesados de manera sumaria, por delitos como, homicidio agravado, desaparición de personas, extorsión, agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de armas de fuego, feminicidio, homicidio tentado y privación de libertad. Con el régimen de excepción han sido capturados más de 91 mil pandilleros.
