Nacionales
Denunciarán a exfiscal general Raúl Melara por omitir mas involucrados en caso Taiwan
El exfiscal Raúl Melara cometió omisión en la investigación del Caso China-Taiwán, según Arnáu Baulenas, abogado de Juan Tennant Wright, condenado a reintegrar $2 millones en concepto de responsabilidad civil con el Estado salvadoreño.
Cabe mencionar que, el pasado miércoles el Juzgado Segundo de Instrucción determinó que tanto Wright como Gerardo Antonio Balzaretti deberán pagar $2 millones cada uno, mientras que el expresidente Elías Antonio Saca deberá pagar $6 millones, y así retribuir un total de $10 millones que fueron desviados en 2001 de una donación del gobierno de China-Taiwán para los afectados por los terremotos, pero que terminaron en cuentas bancarias del partido ARENA.
Ante este hecho, Baulenas dijo que debido a ello pondrán una denuncia contra Melara bajo el argumento que para el caso se hizo una «investigación selectiva de imputados, pues habían muchas otras personas que eran responsables pero que la Fiscalía omitió por negligencia».
“Haremos la denuncia cuando la sentencia quede en firme ,pero que por el momento apelaremos”, puntualizó.
En el caso Taiwán hubo “justicia selectiva” para favorecer a ARENA
La condena de responsabilidad civil que obliga a tres exdirigentes de ARENA a devolver los $10 millones que Taiwán donó a El Salvador entre octubre de 2003 y abril de 2004, fue producto de una persecución selectiva dijo la jueza del caso, Violeta Flores.
La juzgadora reprochó a la Fiscalía por no haber investigado a todos los miembros de la junta directiva de ese partido que fungieron en el período en el cual la nación asiática hizo los desembolsos y cuyo destino fue la cuenta bancaria de ARENA.
Flores, cuestionó que se haya hecho una investigación tardía por parte de la Fiscalía y lo cual llevó a que el delito de lavado de dinero prescribiera. Durante el proceso quedó evidenciado que al momento de darse por iniciada la acción civil, el exfiscal general Raúl Melara, destituido por la Asamblea Legislativa por sus vínculos con ARENA, no incluyó a los demás exdirectivos de ese instituto político para que respondieran civilmente, pese a que sabían del desvío de los fondos.
En el expediente se ha establecido que al momento de depositar dos cheques por un monto de $5 millones a la cuenta del partido ARENA, junto al entonces presidente del partido, tenían firma autorizada, Gerardo Antonio Balzaretti Kriete, Guillermo Ávila Qüehl y Eduardo Zablah, de los cuatro exdirigentes solo fue procesado por la Fiscalía, Balzaretti Kriete.
Las riendas del partido ARENA las tomó Elías Antonio Saca en noviembre de 2004 y es ahí donde recayó su mayor responsabilidad por lo cual deberá devolver $6 millones.
En el proceso se menciona que desde la cuenta la asociación Centro de Estudios Políticos Doctor José Antonio Rodríguez Porth en Costa Rica, se transfirió parte de los $10 millones a la cuenta del partido y algunos de los que estaban al frente eran Mario Acosta Oertel, Eduardo Zablah, Eduardo Ernesto Berdugo Muñoz y Roberto Murray Meza.
Todos tenían firma autorizada entre el 1 de octubre y 27 de noviembre de 2003 y según el expediente, Taiwán desembolsó en octubre de ese año $4 millones para el proyecto Mitigación de Áreas de Alto Riesgo y para Infraestructura Básica y Combate a la Pobreza, desembolsó $1,000,000.
Estos exdirectivos de ARENA no fueron tocados penal ni civilmente, de ahí que la jueza sin mencionar nombre cuestionó a la Fiscalía porque debió iniciar proceso a los miembros de la junta directiva que tuvieron conocimiento del origen ilícito del dinero.
La juzgadora recalcó la investigación tardía que llevó a que el caso prescribiera y que debió haber hecho una acusación integral que llevara a los tribunales a los exdirigentes de ARENA.
La donación de Taiwán a El Salvador finalizó en abril de 2004, desde ese año hasta mayo de 2021, pasaron 17 años y el ministerio público tuvo seis fiscales, pero ninguno armó una acusación integral por la vía penal y civil.
Desfile de fiscales y nula acusación
Entre el año 2003 al 2006 el fiscal general era Belisario Artiga, los siguientes tres años fueron para Félix Garrid Safie, después llegó Romeo Barahona, al finalizar ese período la Fiscalía General de la República fue dirigida por Luis Martínez, quien solo acusó a Francisco Flores, después llegó Douglas Meléndez, pero como fiscal general no hizo nada en el caso, luego asumió Raúl Melara, quien al iniciar la acción civil, también excluyó a todos los exdirigentes de ARENA que participaron en el robo de los $10 millones.
Para desviar ese dinero al partido ARENA, el papel del expresidente fallecido Francisco Flores, fue clave ya que endosó los cuatro cheques y depositó en la cuenta del Centro de Estudios Políticos Doctor José Antonio Rodríguez Porth.
En septiembre de 2020, cuando Norman Quijano, dijo que Taiwán entregó dinero a El Salvador a cambio de voto en la Organización de las Naciones Unidas y que los $10 millones fueron entregados como una dádiva, pero Melara tampoco abrió investigación por soborno.
Nacionales
Experto migratorio mantiene esperanza: “Puede haber renovación del TPS si Bukele logra un acuerdo con Trump”
A menos de un mes del vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, programado para el 9 de septiembre de 2026, el experto migratorio y director de SOS Inmigración, Reynaldo Alvergue, expresó que todavía existe posibilidad de una renovación. En declaraciones recientes, el especialista subrayó que todo depende de gestiones diplomáticas de alto nivel y que, mientras no exista un anuncio oficial del gobierno estadounidense, no se puede dar por terminado el beneficio.
Tres citas clave de Reynaldo Alvergue
- Sobre la posibilidad de renovación “La verdad que sí yo tengo esperanzas que sí pueda suceder una renovación. Como es una orden ejecutiva, dependerá mucho en estos 30 días que faltan, casi 60, que el presidente de El Salvador (Nayib Bukele) lograra un acuerdo o convenciera o cambiara de opinión al presidente Trump”.
- Sobre la necesidad de esperar el anuncio oficial “Yo sí tengo fe, tengo fe que algo podría pasar en estos días, pero hay que esperar hasta que esté el anuncio oficial, mientras no haya anuncio oficial, pues, no podemos dictaminar qué hacer con los salvadoreños”.
- Sobre el fallo judicial de inicios de agosto “Porque como todavía no hay un anuncio oficial, solo nada más que el juez dijo que autorizaba que el gobierno continuara con la cancelación. Canceló la oportunidad que los permisos siguieran vigentes”.
Alvergue también recomendó a los beneficiarios buscar asesoría legal especializada para explorar otras vías de ajuste de estatus mientras se aclara el panorama.
Contexto y situación actual del TPS
El TPS para El Salvador fue designado el 9 de marzo de 2001, tras los terremotos de enero y febrero de ese año. La última prórroga, aprobada en enero de 2025, extendió la vigencia hasta el 9 de septiembre de 2026. Se estima que unas 170.000 personas se encuentran amparadas bajo este estatus, muchas de ellas con más de 25 años residiendo y trabajando en Estados Unidos.
Según datos de organizaciones como FWD.us y la National TPS Alliance, estos trabajadores aportan aproximadamente 5.400 millones de dólares anuales a la economía estadounidense y pagan alrededor de 1.500 millones en impuestos federales, estatales y locales. Sectores como construcción, transporte, manufactura y servicios de alimentación concentran una parte importante de esta fuerza laboral.
En las últimas semanas se han producido dos hechos relevantes:
- El 5 de agosto de 2026, un juez federal de Massachusetts resolvió que el gobierno podía aplicar el límite de un año a los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) de beneficiarios de TPS de El Salvador, Ucrania y Sudán. Esto eliminó la protección temporal que mantenía vigentes ciertos permisos de trabajo.
- El 12 de agosto de 2026, USCIS informó que los beneficiarios elegibles de TPS de El Salvador que tienen una solicitud de renovación de EAD pendiente (códigos A-12 o C-19) recibirán una extensión automática de su autorización de empleo hasta el 9 de septiembre de 2026, fecha en que finaliza la designación actual. Las notificaciones se envían por correo y electrónicamente a quienes tienen cuenta myUSCIS. Esta medida no prorroga el TPS propiamente dicho, sino que garantiza continuidad laboral hasta el vencimiento programado.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido el anuncio oficial de extensión o terminación. La ley exige una decisión al menos 60 días antes del vencimiento; ese plazo ya se superó, lo que genera incertidumbre jurídica.
¿Qué sigue?
La decisión final sigue en manos del Ejecutivo estadounidense. Mientras tanto, Alvergue y otros especialistas coinciden en que los beneficiarios deben mantenerse informados a través de canales oficiales (USCIS) y consultar con abogados de inmigración sobre posibles opciones de ajuste de estatus, peticiones familiares u otras vías legales.
La comunidad salvadoreña en Estados Unidos y las autoridades del país continúan atentas a cualquier gestación diplomática que pueda influir en el desenlace de uno de los programas migratorios más antiguos y significativos para la diáspora.
Nacionales
Autoridades capturan a hombre acusado de asesinar a su pareja con arma blanca en San Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó esta mañana la captura de Jairo Humberto Alfaro Gutiérrez, de 37 años, acusado de asesinar a su pareja en el municipio de San Salvador Centro.
Según el informe policial, el hombre habría asesinado a la mujer después de una discusión, mientras ambos consumían bebidas alcohólicas. El crimen fue cometido con un arma blanca.
Tras cometer el asesinato, Alfaro Gutiérrez huyó del lugar, pero posteriormente fue capturado en Sonsonate.
De acuerdo con la Policía, el detenido será remitido a los tribunales para que responda por el delito de homicidio agravado, por el cual podría enfrentar cadena perpetua.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Oswaldo Alcides Reyes, de 28 años de edad, quien tenía dos órdenes de captura vigentes por los delitos de homicidio agravado e intento de homicidio.
De acuerdo con la institución, Reyes fue ubicado en el barrio El Calvario, de Santa Rosa de Lima, La Unión Norte, gracias a una alerta generada por el sistema ONI.
La PNC señaló que este sistema permite detectar a personas requeridas por la justicia y evitar que evadan los procesos correspondientes.
El detenido será puesto a la orden de las instancias requeridas, según informó la institución policial.
