Nacionales
Denunciarán a exfiscal general Raúl Melara por omitir mas involucrados en caso Taiwan
El exfiscal Raúl Melara cometió omisión en la investigación del Caso China-Taiwán, según Arnáu Baulenas, abogado de Juan Tennant Wright, condenado a reintegrar $2 millones en concepto de responsabilidad civil con el Estado salvadoreño.
Cabe mencionar que, el pasado miércoles el Juzgado Segundo de Instrucción determinó que tanto Wright como Gerardo Antonio Balzaretti deberán pagar $2 millones cada uno, mientras que el expresidente Elías Antonio Saca deberá pagar $6 millones, y así retribuir un total de $10 millones que fueron desviados en 2001 de una donación del gobierno de China-Taiwán para los afectados por los terremotos, pero que terminaron en cuentas bancarias del partido ARENA.
Ante este hecho, Baulenas dijo que debido a ello pondrán una denuncia contra Melara bajo el argumento que para el caso se hizo una «investigación selectiva de imputados, pues habían muchas otras personas que eran responsables pero que la Fiscalía omitió por negligencia».
“Haremos la denuncia cuando la sentencia quede en firme ,pero que por el momento apelaremos”, puntualizó.
En el caso Taiwán hubo “justicia selectiva” para favorecer a ARENA
La condena de responsabilidad civil que obliga a tres exdirigentes de ARENA a devolver los $10 millones que Taiwán donó a El Salvador entre octubre de 2003 y abril de 2004, fue producto de una persecución selectiva dijo la jueza del caso, Violeta Flores.
La juzgadora reprochó a la Fiscalía por no haber investigado a todos los miembros de la junta directiva de ese partido que fungieron en el período en el cual la nación asiática hizo los desembolsos y cuyo destino fue la cuenta bancaria de ARENA.
Flores, cuestionó que se haya hecho una investigación tardía por parte de la Fiscalía y lo cual llevó a que el delito de lavado de dinero prescribiera. Durante el proceso quedó evidenciado que al momento de darse por iniciada la acción civil, el exfiscal general Raúl Melara, destituido por la Asamblea Legislativa por sus vínculos con ARENA, no incluyó a los demás exdirectivos de ese instituto político para que respondieran civilmente, pese a que sabían del desvío de los fondos.
En el expediente se ha establecido que al momento de depositar dos cheques por un monto de $5 millones a la cuenta del partido ARENA, junto al entonces presidente del partido, tenían firma autorizada, Gerardo Antonio Balzaretti Kriete, Guillermo Ávila Qüehl y Eduardo Zablah, de los cuatro exdirigentes solo fue procesado por la Fiscalía, Balzaretti Kriete.
Las riendas del partido ARENA las tomó Elías Antonio Saca en noviembre de 2004 y es ahí donde recayó su mayor responsabilidad por lo cual deberá devolver $6 millones.
En el proceso se menciona que desde la cuenta la asociación Centro de Estudios Políticos Doctor José Antonio Rodríguez Porth en Costa Rica, se transfirió parte de los $10 millones a la cuenta del partido y algunos de los que estaban al frente eran Mario Acosta Oertel, Eduardo Zablah, Eduardo Ernesto Berdugo Muñoz y Roberto Murray Meza.
Todos tenían firma autorizada entre el 1 de octubre y 27 de noviembre de 2003 y según el expediente, Taiwán desembolsó en octubre de ese año $4 millones para el proyecto Mitigación de Áreas de Alto Riesgo y para Infraestructura Básica y Combate a la Pobreza, desembolsó $1,000,000.
Estos exdirectivos de ARENA no fueron tocados penal ni civilmente, de ahí que la jueza sin mencionar nombre cuestionó a la Fiscalía porque debió iniciar proceso a los miembros de la junta directiva que tuvieron conocimiento del origen ilícito del dinero.
La juzgadora recalcó la investigación tardía que llevó a que el caso prescribiera y que debió haber hecho una acusación integral que llevara a los tribunales a los exdirigentes de ARENA.
La donación de Taiwán a El Salvador finalizó en abril de 2004, desde ese año hasta mayo de 2021, pasaron 17 años y el ministerio público tuvo seis fiscales, pero ninguno armó una acusación integral por la vía penal y civil.
Desfile de fiscales y nula acusación
Entre el año 2003 al 2006 el fiscal general era Belisario Artiga, los siguientes tres años fueron para Félix Garrid Safie, después llegó Romeo Barahona, al finalizar ese período la Fiscalía General de la República fue dirigida por Luis Martínez, quien solo acusó a Francisco Flores, después llegó Douglas Meléndez, pero como fiscal general no hizo nada en el caso, luego asumió Raúl Melara, quien al iniciar la acción civil, también excluyó a todos los exdirigentes de ARENA que participaron en el robo de los $10 millones.
Para desviar ese dinero al partido ARENA, el papel del expresidente fallecido Francisco Flores, fue clave ya que endosó los cuatro cheques y depositó en la cuenta del Centro de Estudios Políticos Doctor José Antonio Rodríguez Porth.
En septiembre de 2020, cuando Norman Quijano, dijo que Taiwán entregó dinero a El Salvador a cambio de voto en la Organización de las Naciones Unidas y que los $10 millones fueron entregados como una dádiva, pero Melara tampoco abrió investigación por soborno.
Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y se esperan lluvias breves cerca del mediodía en sectores ubicados al sur de las cordilleras El Bálsamo y Apaneca-Ilamatepec.
Por la tarde, el cielo estará mayormente nublado en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y El Bálsamo, incluyendo sectores del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), así como en el norte de Santa Ana, Chalatenango, Morazán y La Unión. Hacia el final de la tarde, se prevén lluvias y tormentas en sectores de la zona oriental del país.
Durante la noche, el cielo se mantendrá nublado, con lluvias y tormentas en la zona oriental y en sectores de la zona central.
En cuanto al viento, estará del noreste, con velocidades de entre 10 y 20 kilómetros por hora. Por la tarde, ingresará la brisa marina en el sector costero.
Las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por vaguadas de escala local, con apoyo en las capas medias y altas de la troposfera.
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
