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Denuncian a alcaldesa de Apopa, Jennifer Esmeralda Juárez, por delitos de malversación de fondos municipales y actos arbitrarios
Durante los últimos meses se han reportado una serie de cuestionamientos provenientes de las propias comunidades del municipio de Apopa que reclamaban a la Alcadesa Jennifer Esmeralda Juárez García y a su Concejo Municipal, la falta de gestión para mantener limpia la ciudad y garantizar a los barrios, colonias y calles principales de la ciudad el regular y adecuado servicio de recolección de la basura generada, que al no cumplirse traía como consecuencia el aumento de promontorios de basura que afectan la salud y el medio ambiente de los habitantes de Apopa.
Ahora el asunto de las deficiencias municipales en la recolección y disposición final de la basura ha trascendido al grado que este medio recibió comunicación por parte del departamento legal de la empresa MIDES, propietaria del Relleno Sanitario de Nejapa, informando que el lunes 17 de abril del presente año se interpuso por parte de la compañía una denuncia penal en contra de la Alcaldesa Municipal de Apopa, Sra. Jennifer Esmeralda Juárez, así como en contra del Tesorero Municipal de esa misma ciudad, Sr. Bryan Daniel Cabrera Aguilar por la comisión de los delitos de Malversación de fondos municipales, Incumplimientos de Deberes y Actos Arbitrarios.
De acuerdo al Lic. Carlos Miranda, apoderado legal de MIDES, la municipalidad de Apopa recibe de forma mensual recursos suficientes para pagar por los servicios de transporte y disposición final de la basura a través de los fondos recibidos de los contribuyentes en concepto de tasas municipales que están reguladas en la ordenanza municipal para el fin exclusivo de pagar los mencionados servicios; sin embargo la Alcaldesa y el Tesorero utilizaron los ingresos de las tasas municipales para otros fines distintos y no cumplieron con el pago de servicios de disposición final de la basura, elevando la deuda con MIDES hasta una suma superior a $1 millón de Dolares, lo que claramente constituye el delito de Malversación de fondos.
El citado abogado continúa además señalando que el objetivo de MIDES al denunciar, no se limita a exigir lo que legalmente ha devengado prestando el servicio para el cual fue contratado; sino que además espera que estas acciones sirvan para transparentar las finanzas municipales y evitar cualquier acto de corrupción en que hayan incurrido los funcionarios denunciados.
“La Alcaldía de Apopa ha recaudado más de $ 1 millón de dólares en concepto de tasa municipal para pagar los servicios de transporte y disposición final de la basura, pero ni la Alcaldesa ni el Tesorero Municipal cumplieron su deber de garantizar que los fondos fueran utilizados para los fines legalmente previstos, sino que además de darle un destino distinto al que les correspondía ahora adicionalmente han sido condenados en Arbitraje al pago de la suma de $1 millón de dólares que son la deuda original y a más de $300 mil dólares en concepto de intereses moratorios, esta condena pudo ser evitada si se hubieran usado los recursos municipales adecuadamente.”
Además, Carlos Miranda, también manifestó que la denuncia por Actos Arbitrarios surge porque al quedar firme el Laudo Arbitral, se inició por parte de MIDES un proceso judicial de Ejecución Forzosa, en el cual el juzgado de lo civil de Apopa le impuso a la Alcaldesa Jennifer Esmeralda Juárez y al Tesorero Municipal Bryan Cabrera el deber de hacer las reservas correspondientes en los presupuestos 2021, 2022 y 2023 sin que en ninguno de estos se dejaran previstos y se pagaran amortizaciones a la deuda que para entonces alcanzaba $1 millón 300 mil dólares aproximadamente. En su lugar, las autoridades denunciadas han estado haciendo evasivas a los requerimientos judiciales e informando falsamente al juez que están cumpliendo con el pago de la deuda a que fueron condenados, lo que no es cierto y MIDES se lo ha comprobado a Fiscalía.
Por último dijo que el delito de Incumplimiento de Deberes surge, porque con las acciones ilegales cometidas por los denunciados no solamente perjudican a la empresa, que se ve limitada en su funcionamiento por lo elevado de la deuda que la Alcaldía de Apopa no le paga; sino que ademá esas mismas conductas atenta principalmente con el derecho a la salud y al medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible que se merecen los ciudadanos de la ciudad de Apopa.
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La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Williams Oswaldo Cárcamo Santamaría, miembro de estructura criminal, fuera declarado culpable por un doble crimen, por el que ahora deberá cumplir pena de prisión de 40 años en total.
Las indagaciones desarrolladas por Fiscalía, con apoyo de investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC), establecieron que la madrugada del 27 de septiembre del año 2017, Cárcamo Santamaría le causó la muerte a un hombre y a una mujer, cuando estos se encontraban en el parqueo de microbuses de la ruta 33-B, en la colonia Escalante, cantón San Roque, en Mejicanos.
Hasta ese lugar llegaron 5 delincuentes, incluyendo Cárcamo Santamaría, y bajo amenazas se llevaron a la pareja hasta un lugar desolado -siempre en el área del parqueo-, luego, les dispararon hasta quitarles la vida. Los pandilleros sacaron los cadáveres de las víctimas a bordo de un microbús de la 33-B.
Los cuerpos envueltos en sábanas fueron localizados posteriormente sobre la calle principal que conduce al cantón, mientras que el microbús fue encontrado por las autoridades cerca de la escena de los asesinatos.
El proceso fue del conocimiento del Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en Santa Ana, el cual declaró culpable a Santamaría e impuso la pena ya descrita.
En cuanto a los demás criminales que participaron en este hecho, ya están cumpliendo condenas carcelarias al haber sido procesados con anterioridad.
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La magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dora Esmeralda Martínez, informó ayer que todas las unidades técnicas del organismo adecuarán el Plan General de Elecciones 2024 a fin de armonizarlo con la reciente disminución de cantidad de diputados que conformarán la próxima Asamblea Legislativa.
«Como presidenta del Tribunal Supremo Electoral he girado instrucciones a los responsables de cada programa del Plagel 2024 para que realicen las modificaciones pertinentes a fin de aplicar los cambios que surgen de las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa», detalló.
El magistrado electoral Noel Orellana también agregó que como jueces electorales están para cumplir y acatar cualquier nueva disposición que se tome en esa materia, y coincidió con Martínez en que debe evaluarse el Plagel para determinar si requiere alguna modificación en las fechas ya programadas.
La Asamblea Legislativa aún debe aprobar el proyecto de ley que contempla el reordenamiento territorial de los 44 nuevos municipios que se crearían, según la propuesta que remitió el presidente Nayib Bukele.
El organismo colegiado esperará que esta sea ley de la república para incluirla en la nueva planeación electoral y determinar si se cambia la cantidad de centros de votación.
Sin embargo, el pleno considera que las fechas previstas para las elecciones seguirían su curso normal.
En el pasado, el TSE ha sabido salir adelante ante cambios con mucho menor rango de tiempo para ejecutar su calendario; por ejemplo, en noviembre de 2014, cuando se aprobó la votación por rostros y la votación cruzada, teniendo programados los comicios de concejos municipales y diputaciones para el 1.º de marzo de 2015, restaban alrededor de cuatro meses para prepararse.
Con todo, las elecciones se desarrollaron adecuadamente.
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Una boa constrictor fue encontrada en una vivienda y entregada a agentes de la División de Medio Ambiente de la Policía Nacional Civil (PNC), según confirmó en horas de la tarde de este jueves la institución policial.
La boa, conocida también como Mazacuata, fue encontrada al interior de una vivienda y recuperada sin ningún altercado o sin riesgo de daños a los residentes de la vivienda o al espécimen.
Tras recibir la boa constrictor, los agentes policiales lo entregarán al equipo de veterinarios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para su respectivo análisis veterinario y su posterior liberación en el Área Natural Protegida La Magdalena.
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