Nacionales
Defensoría reporta más de 146 mil verificaciones de precios para hacer cumplir las medidas anticrisis
La Defensoría del Consumidor continúa la campaña de verificación de las 11 medidas ante la inflación mundial, lanzadas el 11 de marzo pasado, para proteger el bolsillo de los salvadoreños de incrementos injustificados, sobre todo en el rubro de los alimentos.
En tal sentido, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, confirmó que los equipos de la institución llevaron a cabo 146,185 inspecciones de precios en diferentes eslabones de la cadena de comercialización, la mayoría en productos de la canasta básica alimentaria.
De esa cantidad, el funcionario detalló que el 95.62 % de las verificaciones corresponde al sector de alimentos en toda la cadena de suministro, desde importadores, productores, empacadores, distribuidores y comercializadores hasta puntos de venta final a los consumidores y que el 4.38 % corresponde a inspecciones en agroservicios.
Las inspecciones en productos alimenticios fueron 139,794, mientras que en fertilizantes y otros insumos agropecuarios la cantidad de verificaciones ascendió a 6,391, enfatizó.
Asimismo, explicó que se investigaron 360 casos por indicios de incremento injustificado de precios, de los cuales 104 fueron denunciados ante el Tribunal Sancionador de la Defensoría, que aplicó multas en 36 de ellos, por la suma de $128,749.30.
El presidente de la Defensoría del Consumidor agregó que 68 casos se encuentran en proceso de que se les aplique la multa correspondiente por parte del Tribunal Sancionador.
Salazar también confirmó que, gracias a la implementación de estas medidas anticrisis, entre las que también está la estabilización del costo de la energía eléctrica, El Salvador ha mantenido todo este año la tasa de inflación más baja de la región centroamericana en la canasta básica alimentaria, en beneficio del bolsillo de los consumidores.
Asimismo, destacó que la fijación de precios máximos de los combustibles también permitió mantener baja la inflación, ya que evitó que se incrementara el costo de los fletes que se utilizan para el transporte de los productos. El Índice de Precios al Consumidor se estabilizó en 7.3 % a finales de noviembre.
Adalberto Antonio Miranda enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de estafa agravada en perjuicio de una víctima.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa haber cometido ilegalidades en su calidad de representante de la cooperativa de transporte público Acostes de El Salvador, S.A. de C.V. y de la Asociación Cooperativa de Transporte de R.L. en 2019.
El imputado, quien es hijo del busero fallecido Catalino Miranda, realizó un préstamo por un monto de $1,800.000; el cual dejó de pagar al falsificar la cancelación de la hipoteca de dos inmuebles a través de documentación falsa y de forma fraudulenta logró la liberación de los registros del Centro Nacional de Registros (CNR) y el Viceministerio de Transporte (VMT) de las 78 unidades de transporte que en su momento ofrecieron en calidad de garantía.
Miranda estafó a la víctima con $1,300.000, que fue la cantidad restante de la deuda tramitada como cancelada de forma fraudulenta. La Fiscalía detalló que con abundantes elementos probatorios solicitó una condena de carácter condenatorio en contra el procesado.
El ministerio público informó que se prevé que el fallo se dé el 27 de marzo.
En febrero de este año, René Ventura Alvarado fue condenado a cinco años de prisión y a pagar $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil a favor de una víctima de estafa.
La investigación fiscal estableció que a finales de 2018 y a inicio de 2019, el imputado se reunió con la víctima y le dijo que necesitaba surtir con llantas su negocio de talleres y venta de accesorios para autos. La víctima le ofreció seis contenedores con llantas con valor de $375,360.04.
El afectado entregó en cuatro pedidos lo solicitado y al vencer el plazo establecido para cancelar la deuda, Ventura Alvarado no realizó ni un abono, ni pagó y ponía excusas, por lo que la víctima decidió denunciarlo ante la FGR.
La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura de Silvia Beatriz Araniva y Jenifer Loseth Manzano, por el delito de tráfico ilícito.
El reporte oficial detalla que en un trabajo coordinado con la Policía llevaron a cabo un allanamiento al interior de un mesón de San Salvador Centro, en el cual se encontraron drogas ocultas bajo materiales de construcción.
Las autoridades decomisaron 20 porciones medianas de cocaína listas para su venta, metanfetaminas y anfetaminas, además de $780 en efectivo, jeringas y bolsas plásticas que utilizaban para comercializar la droga.
«Las imputadas serán puestas ante la justicia en las próximas horas», indicó el ministerio público.
En otro caso registrado esta semana, el personal de la Fuerza Armada junto con la Policía detuvo a Gerardo Eliseo Calderón Acevedo, de 18 años, a quien le incautaron tres porciones de marihuana.
El hombre fue ubicado en el distrito de Verapaz, en San Vicente Sur. Será remitido por el delito de posesión y tenencia de drogas.
Mientras que en el distrito de Mejicanos arrestaron a Aldair Omar Cerón López, de 21 años, a quien le encontraron en el interior de un vehículo: una bolsa con marihuana; una báscula digital; una laptop y un celular
Calderón Acevedo es procesado por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.
El proyecto de pavimentación de la calle que conduce al cantón Los Toles, en Ahuachapán, registra un avance del 40 %, informó el director del Fovial, Alex Beltrán, en una entrevista que brindó a canal 10 este jueves.
De acuerdo con el funcionario, antes de iniciar la obra se llevaron a cabo estudios técnicos que incluyeron análisis de suelos, drenaje e hidrología, además del diseño de ingeniería necesario para ejecutar el proyecto.
Beltrán detalló que, hasta la fecha, ya se han pavimentado 2.5 kilómetros de los 12 que contempla la intervención total de la vía.
Además, destacó la importancia estratégica de esta carretera, al señalar que el cantón Los Toles se ubica a solo dos kilómetros de la frontera con Guatemala, lo que abre oportunidades para el desarrollo comercial y turístico en la zona.
Asimismo, subrayó que la ejecución del proyecto ha generado empleos para los habitantes del sector.
«Estamos muy satisfechos, porque más allá de la pavimentación, aportamos a la economía de la zona, comercio, accesos a centros escolares, y por supuesto, la plusvalía de los terrenos», afirmó Beltrán.
Estos trabajos continuaran con el objetivo de mejorar la conectividad y dinamizar la actividad económica en esta zona fronteriza.
