Judicial
CRIMINALES: Pandilleros asestan 11 balazos a presidente de directiva de un edificio en Ciudad Delgado porque podaba los árboles
La víctima fue asesinada cuando iba a ingresar a su casa, los pandilleros le dispararon y ocultaron el cuerpo en su vivienda, lugar en el que lo acribillaron a balazos y robaron sus pertenencias.
Cinco pandilleros participaron en el asesinato del que fue el presidente de la directiva del Condominio Continental en Ciudad Delgado porque podaba los árboles y dejaba a la vista de todas las persona lo que ocurría en las afueras del lugar. El hombre ya había sido amenazado por los criminales antes de que se cometiera el asesinato.
Fue el 21 de febrero de 2018 cuando Carlos Alberto Flores Hernández perdió la vida a manos de los pandilleros de la 18 revolucionarios que lo estaban esperando para asesinarlo y tratar de quemar la evidencia para que no dieran con ellos.
Según lo ventilado en la vista pública, los hechos ocurrieron cuando la víctima llegó en aparente estado de ebriedad a su hogar alrededor de las 5:00 de la tarde. En ese momento él no ingresó a su vivienda sino que se quedó afuera ingiriendo más bebidas alcohólicas.

Los pandilleros esperaron a que el sol se ocultara para cometer el crimen. El reloj marcaba las 9:00 de la noche y Flores Hernández se disponía a abrir la puerta de su apartamento cuando, según un testigo denominado Blanco, fue Carlos Eduardo Calixto que le disparó directo al rostro de la víctima.
Inmediatamente junto a su compinche, Ricardo Mayorga Sigarán, entraron el cuerpo a la casa del hombre rematarlo y acribillarlo a balazos. Según las pruebas desfiladas por la Fiscalía el cuerpo de Flores Hernández tenía 22 orificios provocados por un arma de fuego.
Tras haber cometido el crimen, los pandilleros se refugiaron en la casa de las hermanas Reina y Gabriela Alvarenga Medrano, quienes eran vecinas del hombre al que acababan de asesinar. Horas más tarde, apareció una nueva cómplice: Karla Patricia Medina, quien llevó una sábana a la casa en la que se refugiaban los pandilleros.
El testigo con clave Blanco declaró que ya en la madrugada los pandilleros salieron de su escondite e ingresaron a la casa de la víctima para sacar el cadáver, mientras tanto las mujeres se quedaron pendientes de que la Policía Nacional Civil (PNC) no llegara al lugar.
De acuerdo al fiscal del caso, al salir los pandilleros, las hermanas Alvarenga Medrano quemaron parte de las pertenencias de Flores Hernández y saquearon su casa para vender los electrodomésticos que él tenía.
Al siguiente día, las autoridades de la PNC fueron alertadas que el cadáver de un hombre de aproximadamente 45 años de edad había sido encontrado envuelto en una sábana verde y con varios impactos de bala bajo el puente del kilómetro 12 y medio de la carretera Panamericana.
Los agentes que llegaron a acordonar la zona describieron que el lugar era una especie de basurero y que, como parte de los procedimientos, esperaron a que llegaran representantes de Medicina Legal para que ellos evaluaran el cadáver.
La coartada que no le funcionó a Calixto
En el juicio, un testigo llegó a la defensa del imputado Calixto, quien aseguró que pocos días antes de haberse cometido el asesinato él estaba herido de su pie. “Ni siquiera podía caminar yo solo”, dijo el procesado.
Según lo expuesto en el juicio, Calixto fue junto a su madre a una unidad de salud para que le atendieran una herida que describieron como “profunda, pero simple”, él debía asistir durante cinco días a curaciones y tener un estricto aseo.
Cuando llegó al centro asistencial, el personal que lo atendió aseguró que iba apoyado de su madre porque no podía apoyar bien su pie izquierdo debido a su lesión.
El juez del caso permitió que Calixto se dirigiera al testigo con clave Blanco, a quien le preguntó si había notado si la persona que disparó el arma cojeaba, algo que la persona que los delató aseguró no pudo notarlo.
De acuerdo a lo declarado por el testigo, él se encontraba a unos diez metros de donde ocurrieron los hechos, pero la defensa argumentó que la poca luz en la zona podría haber obstaculizado la visión de Blanco, lo cual lo llevaría a no identificar claramente a la persona que halo del gatillo.
Pese a lo declarado, el juez del Tribunal 4° de Sentencia determinó la culpabilidad de Calixto y lo condenó a junto a Sigarán a 20 de años de prisión por el homicidio agravado; mientras que las tres mujeres cumplirán una pena de 13 años con cuatro meses en un centro de reclusión.
Nota tomada de El Salvador Times
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.

Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
Judicial
Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.




