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Nacionales

Concejales de ARENA ponen un nuevo aviso en contra del alcalde Ernesto Muyshondt por mal uso de los fondos públicos

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El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, suma una nueva demanda en su contra. Concejales de ARENA en su calidad de ciudadanas llegaron esta mañana a la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer un aviso por actos arbitrarios y por el mal uso de fondos públicos.

Esta semana la Corte de Cuentas de la República (CCR) condenó administrativamente al edil por incumplir el pago de la deuda que tiene con la empresa MIDES por el servicio de disposición final de desechos sólidos en el relleno sanitario de Nejapa, pese a contar con los fondos para cancelar. Asimismo, el alcalde fue condenado por el impago de las retenciones laborales a empelados de la comuna.

“La resolución de la corte lo condena por el mal uso de los fondos públicos y exactamente en el tema de las tasas de recolección de servicio de basura en el municipio de San Salvador. A la empresa MIDES en la auditoría se le tiene adeudado más de 32 facturas las cuales ascendían a $750 mil y por esa cantidad dentro de la auditoría se refleja que sí había una recolección de $16 millones y no se ocuparon para pagar las facturas de MIDES que es el deber ser de la tasa”, señaló la concejal, Arlyn Rivas.

Muyshondt ha insistido en que los señalamientos por parte de la empresa MIDES y los trabajadores que llevan un año exigiendo el pago de las retenciones laborales, no son más que ataques en su contra fabricados por la oposición. Sin embargo, la sentencia de la CCR descarta tales afirmaciones.

La sentencia de la CCR surge luego que la Fiscalía General de la República emitió una resolución en la que confirma que hubo un uso irregular en los ingresos y gastos de la alcaldía de parte del alcalde, tal como lo establece una auditoría de la Corte de Cuentas hecha a los ingresos municipales en el período del 1 de mayo de 2018 al 31 de mayo de 2019.

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Hijo de Catalino Miranda es condenado a siete años de prisión

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El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a siete años de prisión a Adalberto Antonio Miranda Zepeda, hijo del fallecido Catalino Miranda, tras encontrarlo responsable del delito de estafa agravada en perjuicio de una víctima.

De acuerdo con los hechos acreditados en juicio, el 16 de mayo de 2019, Miranda Zepeda solicitó al Centro Nacional de Registros (CNR) el retiro de un documento de cancelación de mutuo hipotecario que no había sido inscrito, con el propósito de subsanar prevenciones señaladas por dicha institución; posteriormente, el documento fue presentado nuevamente por otra persona.

Sin embargo, la víctima no firmó dicha cancelación y la Sección del Notariado de la Corte Suprema de Justicia informó que el documento era inexistente; además, se estableció que el notario no se encontraba en el país en la fecha en que supuestamente fue suscrito.

Asimismo, el dolo se evidenció cuando el procesado, en su calidad de administrador único de ACOSTES de R. L., suscribió con la víctima una novación del contrato de mutuo con garantía prendaria sobre 78 unidades de buses. No obstante, posterior a la firma de la novación, esas mismas unidades fueron dadas como garantía ante otras instituciones financieras.

Los hechos se originaron en 2019, cuando la víctima otorgó un contrato de mutuo con garantía hipotecaria y prendaria por $1,800,000 a favor de su padre Catalino Ezequiel Miranda Arteaga (ya fallecido) y de su tío José Braulio Miranda Arteaga, quienes en ese entonces eran los representantes de ACOSTES de R. L. y ACOSTES de El Salvador S. A. de C. V. Con el tiempo, los obligados dejaron de cumplir con los pagos.

Además, el tribunal condenó en abstracto la responsabilidad civil, a fin de que la víctima pueda ejercer su derecho en la vía correspondiente. Esto debido a que no se demostró el monto exacto del perjuicio, ya que la víctima concilió con uno de los imputados, José Braulio Miranda Arteaga.

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«La Romina» recobrará su libertad luego de confesar los delitos contra bienes policiales

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Hamlet Rafael de Paz Escobar, conocido como “La Romina” recobrará su libertad luego de confesar los delitos de daños a una patrulla policial y hurto de una gorra de un agente, en enero de 2025. Hasta hoy, Romina está detenida en el penal de Jucuapa.

La audiencia se desarrolló de forma virtual, debido a que el imputado permanece en prisión mientras avanza el proceso judicial en su contra, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por las autoridades.

De acuerdo con información judicial, el caso continúa en etapa de análisis, por lo que serán las instancias correspondientes las que determinen las responsabilidades del acusado conforme avance el procedimiento.

El aval a este tipo de proceso podría permitir una resolución más ágil del caso, siempre que se cumplan las condiciones legales requeridas, incluyendo la aceptación de los hechos por parte del imputado.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el avance específico del caso, aunque reiteraron que el proceso sigue activo.

Según el expediente fiscal, una patrulla de la PNC auxiliaba a una persona y habían dejado el vehículo estacionado; como a 15 metros aproximadamente estaba Romina, quien aprovechó que los agentes se alejaron para hurtar la gorra.

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Romina el 23 de enero de 2025, cuando fue interceptada sobre el bulevar El Hipódromo, en el distrito de San Salvador.

Previo a su captura, la tiktoker subió un video en sus redes sociales donde aparentemente se encontraba a bordo de una patrulla policial, mostró una gorra de la PNC y activó la bocina del vehículo.

En agosto de 2024, la tiktoker fue acusada de robo y amenazas en contra de un conductor de aplicaciones.

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Proyecto de agua potable en Sacacoyo lleva 97 % de avance

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La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que la segunda fase del proyecto de agua potable que se ejecuta en el distrito de Sacacoyo, en el municipio de La Libertad Oeste, lleva un 97 % de avance.

Para finalizar la obra en su totalidad, la DOM ejecuta los últimos detalles que consisten en la implementación de válvulas, cajas para filtrado de lodo y aire, pintura y acabados de la infraestructura.

De acuerdo con la institución, la segunda fase del proyecto comprende la construcción de una cisterna en la zona del pozo, instalación de una bomba sumergible, dos bombas más para rebombeo a una segunda cisterna y una subestación de suministro eléctrico.

Asimismo, incluye la instalación de tres bombas más de rebombeo en la cisterna intermedia para empujar el agua a través de la red de impelencia de más de 3.5 kilómetros, hasta el tanque principal de más 400 metros cúbicos -4 veces más en capacidad al sistema anterior- con su respectiva subestación eléctrica.

 

La DOM detalló que este proyecto está acompañado de una obra civil que consta de casetas para el control eléctrico y rebombeo, así como para vigilancia, sumado al muro perimetral con block y alambre navaja en la parte superior.

 

Este nuevo sistema de agua potable abastecerá a más de 1,800 habitantes del sector.

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