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Concejales de ARENA ponen un nuevo aviso en contra del alcalde Ernesto Muyshondt por mal uso de los fondos públicos
El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, suma una nueva demanda en su contra. Concejales de ARENA en su calidad de ciudadanas llegaron esta mañana a la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer un aviso por actos arbitrarios y por el mal uso de fondos públicos.
Esta semana la Corte de Cuentas de la República (CCR) condenó administrativamente al edil por incumplir el pago de la deuda que tiene con la empresa MIDES por el servicio de disposición final de desechos sólidos en el relleno sanitario de Nejapa, pese a contar con los fondos para cancelar. Asimismo, el alcalde fue condenado por el impago de las retenciones laborales a empelados de la comuna.
“La resolución de la corte lo condena por el mal uso de los fondos públicos y exactamente en el tema de las tasas de recolección de servicio de basura en el municipio de San Salvador. A la empresa MIDES en la auditoría se le tiene adeudado más de 32 facturas las cuales ascendían a $750 mil y por esa cantidad dentro de la auditoría se refleja que sí había una recolección de $16 millones y no se ocuparon para pagar las facturas de MIDES que es el deber ser de la tasa”, señaló la concejal, Arlyn Rivas.
Muyshondt ha insistido en que los señalamientos por parte de la empresa MIDES y los trabajadores que llevan un año exigiendo el pago de las retenciones laborales, no son más que ataques en su contra fabricados por la oposición. Sin embargo, la sentencia de la CCR descarta tales afirmaciones.
La sentencia de la CCR surge luego que la Fiscalía General de la República emitió una resolución en la que confirma que hubo un uso irregular en los ingresos y gastos de la alcaldía de parte del alcalde, tal como lo establece una auditoría de la Corte de Cuentas hecha a los ingresos municipales en el período del 1 de mayo de 2018 al 31 de mayo de 2019.
A partir de hoy un carril en el bulevar Tutunichapa, en San Salvador Centro, estará cerrado por trabajos de aerocable, según informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
En el lugar se mantendrá circulación controlada en la zona por dichos trabajos, sin embargo, habrá presencia de gestores de tránsito en el lugar para orientar a los conductores y agilizar el tránsito vehicular.
El MOP recomienda que los automovilistas tomen rutas alternas y planificar sus recorridos con anticipación para evitar retrasos.
Los trabajos del aerocable en San Salvador son un proyecto de infraestructura de transporte masivo que iniciaron el 16 de febrero para mejorar la movilidad entre el sector de Zacamil, Mejicanos, y el centro histórico de San Salvador.
Tendrá una extensión de 3.55 km, iniciando en Zacamil, pasando por la Universidad de El Salvador (UES), Centro de Gobierno y finalizando en el parque Cuscatlán.
La Fiscalía General de la República (FGR) continúa este día con el desarrollo de la audiencia única contra 486 cabecillas de la MS-13, acusados de ordenar múltiples crímenes a nivel nacional entre 2012 y 2022.
Durante la jornada, se prevé concluir la reproducción de audios que evidencian el accionar criminal en la zona oriental del país, donde se detallan diversas órdenes ejecutadas por la estructura.
Entre los hechos documentados se incluyen asesinatos de víctimas específicas, como un miembro administrativo de la Fuerza Armada destacado en la Tercera Brigada de Infantería, así como un custodio de Centros Penales asignado al penal de Ciudad Barrios, además de otros homicidios coordinados por la organización.
Posteriormente, la FGR iniciará la presentación de audios relacionados con otros mecanismos de financiamiento ilícito, entre ellos el cobro de extorsiones y la distribución de drogas.
Las autoridades esperan concluir con la reproducción de un total de 125 audios seleccionados, los cuales forman parte de las pruebas que sustentan la acusación contra la cúpula de esta organización.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, lanzó el programa de «Cumplimiento en seguridad de productos para la protección de los consumidores», el cual está dirigido a proveedores que comercializan a escala nacional.
«Está dirigido a aquellos proveedores que comercializan a escala nacional y se busca el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor en lo relativo a los productos seguros», explicó Salazar.
El funcionario señaló que el programa busca fomentar la buena práctica, impulsar una cultura de respeto, transparencia y responsabilidad. Además, las empresas que formen parte de este fortalecerán sus conocimientos legales.
«El conocimiento de esta materia de seguridad de productos, a través de la capacitación de la Defensoría, lo van a elevar y lo van a tener. Igualmente, nosotros vamos a reconocer a aquellos (proveedores) que están dentro del programa», indicó.
La institución ha trabajado desde el año 2019, en la implementación de estrategias vinculadas al desarrollo de programas que fomenten la buena práctica y el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor en los diferentes proveedores de bienes y servicios.
«El interés de nuestra institución y del Gobierno del presidente Nayib Bukele es generar este tipo de iniciativas para que podamos asegurar un mercado en el cual la seguridad de productos esté presente», destacó.
