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Concejales de ARENA ponen un nuevo aviso en contra del alcalde Ernesto Muyshondt por mal uso de los fondos públicos
El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, suma una nueva demanda en su contra. Concejales de ARENA en su calidad de ciudadanas llegaron esta mañana a la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer un aviso por actos arbitrarios y por el mal uso de fondos públicos.
Esta semana la Corte de Cuentas de la República (CCR) condenó administrativamente al edil por incumplir el pago de la deuda que tiene con la empresa MIDES por el servicio de disposición final de desechos sólidos en el relleno sanitario de Nejapa, pese a contar con los fondos para cancelar. Asimismo, el alcalde fue condenado por el impago de las retenciones laborales a empelados de la comuna.
“La resolución de la corte lo condena por el mal uso de los fondos públicos y exactamente en el tema de las tasas de recolección de servicio de basura en el municipio de San Salvador. A la empresa MIDES en la auditoría se le tiene adeudado más de 32 facturas las cuales ascendían a $750 mil y por esa cantidad dentro de la auditoría se refleja que sí había una recolección de $16 millones y no se ocuparon para pagar las facturas de MIDES que es el deber ser de la tasa”, señaló la concejal, Arlyn Rivas.
Muyshondt ha insistido en que los señalamientos por parte de la empresa MIDES y los trabajadores que llevan un año exigiendo el pago de las retenciones laborales, no son más que ataques en su contra fabricados por la oposición. Sin embargo, la sentencia de la CCR descarta tales afirmaciones.
La sentencia de la CCR surge luego que la Fiscalía General de la República emitió una resolución en la que confirma que hubo un uso irregular en los ingresos y gastos de la alcaldía de parte del alcalde, tal como lo establece una auditoría de la Corte de Cuentas hecha a los ingresos municipales en el período del 1 de mayo de 2018 al 31 de mayo de 2019.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador envío a juicio a Rubén Darío Acebo Cedeño, de 38 años; Hipólito Perlaza Moreno, de 58; ambos de nacionalidad ecuatoriana, y Norberto Valencia Arroyo, de 29 años, de nacionalidad colombiana, acusados por traficar más de 1,300 kg de cocaína valorados en más de $33 millones.
«Los extranjeros fueron intervenidos por la Marina Nacional el 9 julio del 2025, a 600 millas náuticas al sur de la Bocana El Cordoncillo, distrito de San Luis La Herradura, La Paz», informó el fiscal del caso.
Según las investigaciones, los tres imputados se transportaban a bordo de una embarcación de bajo perfil o semi sumergible con 1,326 kg de droga que tras analisis resulto ser cocaína, con un valor de $33,335,640.
«El Salvador no es, ni será, un refugio para el crimen organizado, cada operativo, cada captura, cada tonelada de droga confiscada, es un paso hacia la construcción de un país más seguro», indicó el fiscal general, Rodolfo Delgado, durante la presentación de los imputados.
A los extranjeros se les incautó una embarcación LPV, una antena de servicio de internet satelital, dos teléfonos satelitales, dos GPS y un rastreador satelital.
«Gracias a la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la Fiscalía, durante la audiencia preliminar, se logró establecer la participación de los tres extranjeros en el delito de tráfico ilícito», expresó el fiscal.
En otro caso, el 12 de mayo, los ecuatorianos Jofre Leónidas Pilozo Wila, Francisco Daniel Moreira Alcívar y Sergio Vicente Cuero Fernández fueron condenados a 15 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Los extranjeros fueron ubicados por elementos de la Marina Nacional el 7 de febrero 2025 en altamar y se les intervino a 515 millas náuticas al sur de la bocana El Cordoncillo, distrito de San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Al verificar la embarcación, las autoridades encontraron a los tres procesados dentro de la lancha, transportando 90 bultos que contenían un polvo blanco. Tras realizar la pericia respectiva, la sustancia dio resultado positivo a cocaína, en total transportaban 1,795 kg de cocaína, valorada en $45,126,300. En la audiencia, la FGR aportó abundante prueba para lograr la sentencia.
Las autoridades del Ministerio de Trabajo anunciaron que un nuevo grupo de salvadoreños partirá del país en los próximos días para desempeñarse en distintas posiciones como parte de Programa de Migración Laboral.
El asesor del Despacho Ministerial, Adonay de Paz, informó que quienes viajarán en los próximos días se instalarán en estados como Ontario, Quebec, o Columbia Británica.
«Van a un país donde hay un amplio espíritu y cultura de cumplimiento de ley, de altos estándares laborales y eso es algo que está en el corazón del programa asegurarnos de brindar oportunidades laborales que sean seguras y estables», mencionó el funcionario.
Indicó además que el grupo se desempeñará en posiciones como: limpieza, cocina, atención al cliente, y puestos gerenciales en restaurantes de la nación norteamericana.
También señaló que desde su creación en 2019, el Programa de Migración Laboral ha favorecido a cientos de salvadoreños quienes han mejorado sus condiciones de vida.
Uno de los beneficiados, Marlon Hernández, manifestó su agradecimiento por esta oportunidad, y aseguró que su objetivo es crecer como trabajador y apoyar económicamente a su familia.
También agradeció al Ministerio de Trabajo, y al presidente Nayib Bukele por la implementación de este tipo de iniciativas que permiten el desarrollo de los beneficiados y sus familias.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolla juicio contra 92 pandilleros de la 18, a quienes se les procesa por 27 homicidios agravados, 12 desapariciones de personas, nueve casos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas, cometidos en el distrito de San Martín, San Salvador Este.
«Los crímenes que se pretenden resolver con este juicio ocurrieron entre 2017 y 2022 en diferentes zonas de San Martín», dijo el fiscal del caso.
Entre los casos que se busca resolver está la desaparición y posterior homicidio agravado de un motorista de la Ruta 140, cometido en 2022.
De acuerdo con el reporte judicial, la víctima desapareció la noche del 24 de enero del 2022 luego que terminara su jornada laboral. En las investigaciones se señala que el motorista le comentó a un conocido que los sujetos lo habían contactado y dicho que querían hablar con él en San Martín.
La víctima también le mencionó que iría después de guardar el microbús porque «no temía, ya que no debía nada».
Sin embargo, cuando se reunió los pandilleros le quitaron la vida a machetazos, lo desmembraron y enterraron su cuerpo en una zona rural del cantón San José Primero, de San Martín. La denuncia de su desaparición ocurrió un día después.
«Hicieron un agujero y lo enterraron, ya desmembrado, en el mismo lugar. Tras la búsqueda de las autoridades, el 9 de marzo del mismo año el cuerpo fue encontrado», detalló el informe judicial.
