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Concejales de ARENA ponen un nuevo aviso en contra del alcalde Ernesto Muyshondt por mal uso de los fondos públicos
El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, suma una nueva demanda en su contra. Concejales de ARENA en su calidad de ciudadanas llegaron esta mañana a la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer un aviso por actos arbitrarios y por el mal uso de fondos públicos.
Esta semana la Corte de Cuentas de la República (CCR) condenó administrativamente al edil por incumplir el pago de la deuda que tiene con la empresa MIDES por el servicio de disposición final de desechos sólidos en el relleno sanitario de Nejapa, pese a contar con los fondos para cancelar. Asimismo, el alcalde fue condenado por el impago de las retenciones laborales a empelados de la comuna.
“La resolución de la corte lo condena por el mal uso de los fondos públicos y exactamente en el tema de las tasas de recolección de servicio de basura en el municipio de San Salvador. A la empresa MIDES en la auditoría se le tiene adeudado más de 32 facturas las cuales ascendían a $750 mil y por esa cantidad dentro de la auditoría se refleja que sí había una recolección de $16 millones y no se ocuparon para pagar las facturas de MIDES que es el deber ser de la tasa”, señaló la concejal, Arlyn Rivas.
Muyshondt ha insistido en que los señalamientos por parte de la empresa MIDES y los trabajadores que llevan un año exigiendo el pago de las retenciones laborales, no son más que ataques en su contra fabricados por la oposición. Sin embargo, la sentencia de la CCR descarta tales afirmaciones.
La sentencia de la CCR surge luego que la Fiscalía General de la República emitió una resolución en la que confirma que hubo un uso irregular en los ingresos y gastos de la alcaldía de parte del alcalde, tal como lo establece una auditoría de la Corte de Cuentas hecha a los ingresos municipales en el período del 1 de mayo de 2018 al 31 de mayo de 2019.
En el marco del proyecto presidencial Dos Escuelas por Día, la Dirección de Obras Municipales (DOM) inició la remodelación del Centro Escolar Cantón La Morita, en el distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste
Este proyecto tiene el propósito de crear condiciones apropiadas para que niñas y niños abran su primera puerta hacia la educación y la superación, a través del desarrollo de sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales.
Las obras se ejecutan en un área de 1,267.24 metros cuadrados, donde se intervienen seis módulos, 9 aulas desde parvularia hasta noveno grado, servicios sanitarios, oficinas administrativas, escenario, salón de usos múltiples y laboratorio de informática.
«El aula de parvularia tendrá a su interior sanitario infantil, ducha y lavamanos, también bodega para materiales educativos y externamente, área de juegos lúdicos», dió a conocer la DOM.
También, el proyecto incluye la construcción de un módulo que será exclusivo para cocina y comedor. Además como obras complementarias se construirá una cisterna con su cuarto de bombeo, 3 pozos de absorción, una fosa séptica, área de caminamiento, cambio de piso, puertas y ventanas, techo termoacústico, reparación de paredes, pintura y nuevos acabados, iluminación LED e Internet gratis.
Este proyecto no solo mejorará la infraestructura escolar de más de 200 estudiantes, sino que también generará empleo local, contribuyendo a la reactivación de la economía familiar.
Esta se convierte en la octava escuela en ser intervenida por la Dirección de Obras Municipales en el departamento de San Miguel, en el marco del proyecto presidencial.
Sandra Yamileth Amaya Morales fue condenada a seis años de cárcel y a pagar $ 4,000 en concepto de responsabilidad civil por cometer el delito de apropiación indebida de vehículo automotor, en San Miguel.
En la investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el el 20 de julio de 2022 la víctima le compró el vehículo a Amaya Morales por un monto de $8,000.
Luego de la compra, Amaya Morales se aprovechó de la amistad que tenía con la víctima y el 20 de octubre del mismo año le pidió prestado el vehículo para realizar unas diligencias personales.
«El vehículo se lo entregó (a la procesada) y cuando la víctima quiso registrar el vehículo a su nombre, le informaron que la imputada había vendido el vehículo a otra persona», dice el reporte fiscal.
Los hechos ocurrieron en el cantón Valle Alegre del distrito de San Miguel y la condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel.
Un empleado de la alcaldía de Morazán Sur falleció la tarde del pasado viernes en un supuesto accidente laboral ocurrido en la planta de desechos sólidos ubicada en San Francisco Gotera.
El hombre fue identificado como José David Membreño, quien se desempeñaba en el área de recolección de desechos de la oficina distrital de Osicala. La Policía Nacional Civil (PNC) acudió a la planta de Desechos Sólidos para realizar las respectivas indagaciones del caso.
Por su parte, la alcaldía lamentó la pérdida de Membreño, a quien reconocían por su esfuerzo y dedicación; sin embargo, la alcaldía no brindó información sobre los hechos de su fallecimiento.
«Recordaremos siempre su esfuerzo, humildad y dedicación en las labores de aseo y ordenanza pública, trabajo que realizaba con compromiso al servicio de nuestra gente», dice la nota de duelo de la comuna
