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Comerciante de frutas y verduras defrauda al fisco $11.6 millones
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó esta mañana ante la División de Defensa de los Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República (FGR), tres avisos de prejudicialidad contra una persona natural, una empresa y una organización no gubernamental, por un monto superior de 11.7 millones de dólares.
El caso más grande es el de un comerciante que se dedica a la venta de frutas y verduras importadas, a quien se le atribuye la evasión de $11.6 millones. Esta persona llevaba a cabo todos sus trámites aduaneros, pero a la hora de presentar su declaración de impuestos sobre la renta, presentaba valores cero o no lo hacía.
«En conjunto con la Dirección General de Aduanas, todo el equipo de la Dirección General de Impuestos Internos hizo las revisiones necesarias y las compulsas, y hemos determinado una prejudicialidad o un aviso por $11.6 millones evadidos al fisco salvadoreño», explicó el ministro.
Respecto al aviso contra la ONG, el ministro afirmó que esa entidad está señalada de retenciones a sus empleados no enteradas al fisco por alrededor de 85 mil dólares.
«Son los casos que más nos avergüenza encontrar en las empresas o en las ONG; no es posible que una organización que se supone ha sido creada para ayudar y contribuir al desarrollo del país, como una ONG, sea usada para retenerle dinero a sus empleados y no enterarlo al Ministerio de Hacienda», cuestionó el ministro.
Zelaya aprovechó para hacer un llamado a las ONG para que cumplan con sus obligaciones tributarias porque si bien están exentas del pago de la renta, tiene otras obligaciones que cumplir y algunas o lo están haciendo.
El tercer aviso presentado está relacionado con una sociedad dedicada al servicio de las telecomunicaciones, por la presunta evasión de aproximadamente 75 mil dólares en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
«Hay que sentar un precedente. Hay que recordar que el IVA es un impuesto indirecto y no lo pagan los empresarios, sino que los consumidores. Entonces se configura también el delito de apropiación indebida», añadió el titular de Hacienda.
Zelaya dijo que con los avisos presentados este día se superan los $50 millones en prejudicialidades en manos de la FGR, producto del plan Anti-Evasión implementado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
«Esperamos una pronta acción, un acompañamiento de la Fiscalía General de la República para recuperar estos fondos que son de los salvadoreños», insistió el titular de Hacienda.
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que este jueves se ha habilitado un carril en el sector de la Zona Rosa, donde actualmente se desarrollan trabajos de mitigación enfocados en disminuir afectaciones provocadas por lluvias intensas.
La intervención se realiza sobre el bulevar Sergio Vieira de Mello, en la Zona Rosa, en San Salvador Centro, un punto que ha registrado problemas de acumulación de agua e inundaciones en temporada invernal.
«Este proyecto ya registra el 98 % de avance y prácticamente está terminado», detalló el funcionario, quien agregó que se espera que la obra culminé la próxima semana.
De acuerdo con el funcionario, la obra funcionará como un sistema de almacenamiento que permitirá regular el flujo de agua en la zona y disminuir el impacto de las lluvias.
«La obra consiste en una caja de detención con capacidad para 1,000 metros cúbicos de agua lluvia y una intervención de 182 metros de longitud», expresó Rodríguez.
«Estamos ejecutando una obra de drenaje con una inversión de $3 millones, para reducir inundaciones en un sector vulnerable», añadió.
El titular del MOP detalló que los trabajos forman parte del Plan Nacional de Mitigación que impulsa el Gobierno en distintos puntos del país considerados vulnerables ante emergencias climáticas.
«Esta es una de las muchas obras que desarrollamos como parte del Plan Nacional de Mitigación 2026. Además, hemos intervenido cárcavas en sectores de Soyapango e Ilopango para reducir riesgos y proteger a las familias», dijo.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) avanza con la construcción del metrocable, un proyecto moderno de transporte urbano que beneficiará a cerca de 200,000 salvadoreños para trasladarse en la capital.
Esta alternativa moderna y eficiente de movilidad, utilizada en diferentes ciudades alrededor del mundo, busca modernizar el sistema de transporte público y reducir los tiempos de traslado de la población desde sus casas hasta sus lugares de estudio, trabajo y distintas actividades.
El metrocable iniciará su recorrido desde la colonia Zacamil, en Mejicanos, y conectará con el Centro Histórico de San Salvador, en un trayecto que tardará aproximadamente unos 15 minutos.
Este 7 de mayo, el MOP avanza en las obras de armazón de pilotajes y trabajos de terracería en una de las estaciones con las que contará el metrocable. En el lugar, gestores de tránsito del Viceministerio de Transporte (VMT) se encuentran desplegados para dirigir el tráfico y reducir la congestión vehicular.
El metrocable contará con cuatro estaciones estratégicas, modernas y de primer nivel, que estarán ubicadas en la colonia Zacamil, el sector de la Universidad de El Salvador, el Centro de Gobierno y la calle Rubén Darío, fortaleciendo la conectividad en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
De acuerdo con la información, el metrocable estará disponible para la población a partir de las 3:00 de la madrugada y operará durante 18 horas al día.
En una audiencia especial de revisión de medidas, se conoció de forma extraoficial, que el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador, giró orden de captura para los guatemaltecos Juan Ignacio Berger Giménez y Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes, así como la salvadoreña María Isabel Umaña Velásquez, procesados en un expediente por el delito de administración fraudulenta.
A los tres imputados que no se presentaron a la audiencia les modificaron las medidas, ya que en la audiencia inicial no les habían decretado detención provisional.
Otros acusados son: Jorge Leonel Gaitán Paredes, un empresario guatemalteco extraditado hacia El Salvador, el 30 de septiembre de 2025 y quien falleció por problemas de salud en el Hospital Nacional San Juan de Dios, Santa Ana, el 19 de enero de 2026.
Su hijo, Jorge Alberto Gaitán Castro, junto a otros procesados identificados como: Jeni Celina Torres Zepeda, Selvin Martín Torres Andrade, son señalados por la Fiscalía General de la República de pertenecer a una estructura que defraudaron a las empresas, Terra Towers Corp y Continental Towers El Salvador.
Según la investigación fiscal, los imputados cobraron viáticos y comisiones por supuestos gastos relacionados con su trabajo, por un monto $1.2 millones entre 2016 y 2020.
En septiembre de 2024, fue juramentado un experto en informática para extraer información del proceso penal en contra de las siete personas acusadas de administración fraudulenta en perjuicio de las dos sociedades.
Al experto le encomendaron analizar una base de correos electrónicos enviados entre los procesados para verificar la autenticidad y acceder al sistema contable de las sociedades víctimas.
