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Comerciante de frutas y verduras defrauda al fisco $11.6 millones
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó esta mañana ante la División de Defensa de los Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República (FGR), tres avisos de prejudicialidad contra una persona natural, una empresa y una organización no gubernamental, por un monto superior de 11.7 millones de dólares.
El caso más grande es el de un comerciante que se dedica a la venta de frutas y verduras importadas, a quien se le atribuye la evasión de $11.6 millones. Esta persona llevaba a cabo todos sus trámites aduaneros, pero a la hora de presentar su declaración de impuestos sobre la renta, presentaba valores cero o no lo hacía.
«En conjunto con la Dirección General de Aduanas, todo el equipo de la Dirección General de Impuestos Internos hizo las revisiones necesarias y las compulsas, y hemos determinado una prejudicialidad o un aviso por $11.6 millones evadidos al fisco salvadoreño», explicó el ministro.
Respecto al aviso contra la ONG, el ministro afirmó que esa entidad está señalada de retenciones a sus empleados no enteradas al fisco por alrededor de 85 mil dólares.
«Son los casos que más nos avergüenza encontrar en las empresas o en las ONG; no es posible que una organización que se supone ha sido creada para ayudar y contribuir al desarrollo del país, como una ONG, sea usada para retenerle dinero a sus empleados y no enterarlo al Ministerio de Hacienda», cuestionó el ministro.
Zelaya aprovechó para hacer un llamado a las ONG para que cumplan con sus obligaciones tributarias porque si bien están exentas del pago de la renta, tiene otras obligaciones que cumplir y algunas o lo están haciendo.
El tercer aviso presentado está relacionado con una sociedad dedicada al servicio de las telecomunicaciones, por la presunta evasión de aproximadamente 75 mil dólares en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
«Hay que sentar un precedente. Hay que recordar que el IVA es un impuesto indirecto y no lo pagan los empresarios, sino que los consumidores. Entonces se configura también el delito de apropiación indebida», añadió el titular de Hacienda.
Zelaya dijo que con los avisos presentados este día se superan los $50 millones en prejudicialidades en manos de la FGR, producto del plan Anti-Evasión implementado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
«Esperamos una pronta acción, un acompañamiento de la Fiscalía General de la República para recuperar estos fondos que son de los salvadoreños», insistió el titular de Hacienda.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
