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Comerciante de frutas y verduras defrauda al fisco $11.6 millones
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó esta mañana ante la División de Defensa de los Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República (FGR), tres avisos de prejudicialidad contra una persona natural, una empresa y una organización no gubernamental, por un monto superior de 11.7 millones de dólares.
El caso más grande es el de un comerciante que se dedica a la venta de frutas y verduras importadas, a quien se le atribuye la evasión de $11.6 millones. Esta persona llevaba a cabo todos sus trámites aduaneros, pero a la hora de presentar su declaración de impuestos sobre la renta, presentaba valores cero o no lo hacía.
«En conjunto con la Dirección General de Aduanas, todo el equipo de la Dirección General de Impuestos Internos hizo las revisiones necesarias y las compulsas, y hemos determinado una prejudicialidad o un aviso por $11.6 millones evadidos al fisco salvadoreño», explicó el ministro.
Respecto al aviso contra la ONG, el ministro afirmó que esa entidad está señalada de retenciones a sus empleados no enteradas al fisco por alrededor de 85 mil dólares.
«Son los casos que más nos avergüenza encontrar en las empresas o en las ONG; no es posible que una organización que se supone ha sido creada para ayudar y contribuir al desarrollo del país, como una ONG, sea usada para retenerle dinero a sus empleados y no enterarlo al Ministerio de Hacienda», cuestionó el ministro.
Zelaya aprovechó para hacer un llamado a las ONG para que cumplan con sus obligaciones tributarias porque si bien están exentas del pago de la renta, tiene otras obligaciones que cumplir y algunas o lo están haciendo.
El tercer aviso presentado está relacionado con una sociedad dedicada al servicio de las telecomunicaciones, por la presunta evasión de aproximadamente 75 mil dólares en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
«Hay que sentar un precedente. Hay que recordar que el IVA es un impuesto indirecto y no lo pagan los empresarios, sino que los consumidores. Entonces se configura también el delito de apropiación indebida», añadió el titular de Hacienda.
Zelaya dijo que con los avisos presentados este día se superan los $50 millones en prejudicialidades en manos de la FGR, producto del plan Anti-Evasión implementado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
«Esperamos una pronta acción, un acompañamiento de la Fiscalía General de la República para recuperar estos fondos que son de los salvadoreños», insistió el titular de Hacienda.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a cinco años de prisión a Ernesto Bladimir Franco Rodríguez y Luis Alberto Franco Rodríguez por el delito de lesiones muy graves en perjuicio de un hombre.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2025 en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima fue citada por una mujer para departir en una zona apartada.
Al llegar al lugar, el hombre fue interceptado por los condenados, quienes lo atacaron con armas blancas, causándole diversas lesiones de gravedad. La víctima logró escapar y posteriormente interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Las investigaciones desarrolladas por las autoridades permitieron identificar, capturar y procesar judicialmente a los imputados.
En otro caso, el pandillero de la MS, Rafael Enrique Álvarez fue condenado a ocho años de prisión por lesionar con un arma blanca a un hombre en San Alejo, La Unión.
El hecho ocurrió, aproximadamente, a las 5 de la tarde del 12 de diciembre de 2021, cuando la víctima estaba viendo un encuentro deportivo en la cancha de fútbol del cantón Santa Cruz, del distrito de San Alejo, en La Unión.
Según la acusación fiscal, el procesado llegó hasta donde estaba la víctima y lo hirió con un machete en el codo izquierdo. Tras la agresión, la víctima corrió y fue alcanzada por el procesado y dos pandilleros más.
La alcaldía de San Salvador Centro informó que más de 250 estructuras fueron desmontadas como parte de la fase 6, Etapa 2 del reordenamiento y recuperación de espacios públicos.
Los puntos intervenidos fueron la primera calle poniente, 11a y 7a avenida Norte, avenida Peralta, la décima avenida San Jacinto, así como la calle San Juan y estación Fenadesal.
De acuerdo con el alcalde capitalino, Mario Durán, más de 800 empleados municipales participaron en jornadas de limpieza y desmontaje estructuras improvisadas utilizadas para el comercio informal.
«Ha sido un trabajo titánico. Estamos en una etapa bastante avanzada. El uso de las calles y aceras es para las personas y las familias y no para el comercio, debemos mantener el orden», dijo el funcionario en conferencia de prensa.
La alcaldía señala que este es un esfuerzo articulado entre comerciantes por cuenta propia y equipos municipales que durante días trabajaron para seguir avanzando en la revitalización del Centro Histórico de San Salvador.
«Agradezco a los equipos operativos quienes trabajaron arduamente por este importante proyecto; a los comerciantes por cuenta propia y a todos los salvadoreños que se suman por recuperar el corazón de El Salvador», añadió.
La comisión de infraestructura y desarrollo territorial emitió dictamen a favor de legalizar los terrenos donde residen 174 familias de la comunidad 2 de Noviembre, en el distrito de Tonacatepeque, en San Salvador Este.
El grupo de legisladores recomienda al pleno reformar la Ley especial para la legalización de las calles, tramos declarados en desuso y afectados como de uso público para ser transferidas en propiedad, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), a las familias de escasos recursos económicos que las habitan.
El propósito es que la comunidad en mención se agregue a los 14 asentamientos beneficiados con dicha normativa, que fue creada en junio de 2019.
La iniciativa de apoyar a las familias de Tonacatepeque proviene del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, la cual fue ingresada en la sesión plenaria ordinaria 109.
Para estudiar la propuesta, la comisión de infraestructura recibió a representantes de la comunidad, quienes explicaron su situación y lo que significaría reformar la ley.
«La comunidad estuvo desamparada. Entre el 2000 al 2001 llegamos a esas tierras, y todos somos de escasos recursos económicos.
Hoy estamos viendo que las cosas van a mejorar», expresó la presidenta de la directiva de la comunidad 2 de Noviembre, Marielos Cruz.
