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Comerciante de frutas y verduras defrauda al fisco $11.6 millones
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó esta mañana ante la División de Defensa de los Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República (FGR), tres avisos de prejudicialidad contra una persona natural, una empresa y una organización no gubernamental, por un monto superior de 11.7 millones de dólares.
El caso más grande es el de un comerciante que se dedica a la venta de frutas y verduras importadas, a quien se le atribuye la evasión de $11.6 millones. Esta persona llevaba a cabo todos sus trámites aduaneros, pero a la hora de presentar su declaración de impuestos sobre la renta, presentaba valores cero o no lo hacía.
«En conjunto con la Dirección General de Aduanas, todo el equipo de la Dirección General de Impuestos Internos hizo las revisiones necesarias y las compulsas, y hemos determinado una prejudicialidad o un aviso por $11.6 millones evadidos al fisco salvadoreño», explicó el ministro.
Respecto al aviso contra la ONG, el ministro afirmó que esa entidad está señalada de retenciones a sus empleados no enteradas al fisco por alrededor de 85 mil dólares.
«Son los casos que más nos avergüenza encontrar en las empresas o en las ONG; no es posible que una organización que se supone ha sido creada para ayudar y contribuir al desarrollo del país, como una ONG, sea usada para retenerle dinero a sus empleados y no enterarlo al Ministerio de Hacienda», cuestionó el ministro.
Zelaya aprovechó para hacer un llamado a las ONG para que cumplan con sus obligaciones tributarias porque si bien están exentas del pago de la renta, tiene otras obligaciones que cumplir y algunas o lo están haciendo.
El tercer aviso presentado está relacionado con una sociedad dedicada al servicio de las telecomunicaciones, por la presunta evasión de aproximadamente 75 mil dólares en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
«Hay que sentar un precedente. Hay que recordar que el IVA es un impuesto indirecto y no lo pagan los empresarios, sino que los consumidores. Entonces se configura también el delito de apropiación indebida», añadió el titular de Hacienda.
Zelaya dijo que con los avisos presentados este día se superan los $50 millones en prejudicialidades en manos de la FGR, producto del plan Anti-Evasión implementado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
«Esperamos una pronta acción, un acompañamiento de la Fiscalía General de la República para recuperar estos fondos que son de los salvadoreños», insistió el titular de Hacienda.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
