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Comerciante de frutas y verduras defrauda al fisco $11.6 millones
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó esta mañana ante la División de Defensa de los Intereses del Estado de la Fiscalía General de la República (FGR), tres avisos de prejudicialidad contra una persona natural, una empresa y una organización no gubernamental, por un monto superior de 11.7 millones de dólares.
El caso más grande es el de un comerciante que se dedica a la venta de frutas y verduras importadas, a quien se le atribuye la evasión de $11.6 millones. Esta persona llevaba a cabo todos sus trámites aduaneros, pero a la hora de presentar su declaración de impuestos sobre la renta, presentaba valores cero o no lo hacía.
«En conjunto con la Dirección General de Aduanas, todo el equipo de la Dirección General de Impuestos Internos hizo las revisiones necesarias y las compulsas, y hemos determinado una prejudicialidad o un aviso por $11.6 millones evadidos al fisco salvadoreño», explicó el ministro.
Respecto al aviso contra la ONG, el ministro afirmó que esa entidad está señalada de retenciones a sus empleados no enteradas al fisco por alrededor de 85 mil dólares.
«Son los casos que más nos avergüenza encontrar en las empresas o en las ONG; no es posible que una organización que se supone ha sido creada para ayudar y contribuir al desarrollo del país, como una ONG, sea usada para retenerle dinero a sus empleados y no enterarlo al Ministerio de Hacienda», cuestionó el ministro.
Zelaya aprovechó para hacer un llamado a las ONG para que cumplan con sus obligaciones tributarias porque si bien están exentas del pago de la renta, tiene otras obligaciones que cumplir y algunas o lo están haciendo.
El tercer aviso presentado está relacionado con una sociedad dedicada al servicio de las telecomunicaciones, por la presunta evasión de aproximadamente 75 mil dólares en concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
«Hay que sentar un precedente. Hay que recordar que el IVA es un impuesto indirecto y no lo pagan los empresarios, sino que los consumidores. Entonces se configura también el delito de apropiación indebida», añadió el titular de Hacienda.
Zelaya dijo que con los avisos presentados este día se superan los $50 millones en prejudicialidades en manos de la FGR, producto del plan Anti-Evasión implementado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
«Esperamos una pronta acción, un acompañamiento de la Fiscalía General de la República para recuperar estos fondos que son de los salvadoreños», insistió el titular de Hacienda.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
