Política
Comisión de Hacienda busca echar a andar el Instituto Crecer Juntos
Los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto emitieron tres dictámenes favorables, uno para brindarle fondos al Instituto Crecer Juntos (ICJ) y que inicie su funcionamiento; el segundo, para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda contar con un edificio propio; y el tercero, trata sobre el manejo de pasivos por parte del Ministerio de Hacienda (MH).
En primer lugar, los parlamentarios avalaron presentar al Pleno Legislativo una propuesta de reforma a la Ley de Presupuesto 2023 correspondiente al ramo de Educación, Ciencia y Tecnología, luego de recibir al director general del Presupuesto del MH, Carlos Salazar, quien explicó el fin de este proceso: Incorporar $10,436,980, que será destinados al ICJ para que este pueda iniciar sus labores.
De ser aprobado por el pleno, Hacienda podrá desembolsar los recursos para que el ICJ brinde servicios de asistencia técnica especializada en materia de atención integral a la Primera Infancia, siendo un referente a dicha temática.
Además, este fondo será destinado para apoyar las actividades relacionadas con la articulación y provisión de servicios de atención integral de niñas y niños en su primera infancia, así como la ejecución de programas de fortalecimiento familiar y la generación de alianzas estratégicas que promuevan un pleno desarrollo.
“Los principales beneficiarios de la puesta en funcionamiento de este instituto serán los niños y las niñas desde su gestación hasta cumplir los cuatros años de edad”, comentó Salazar. “Mediante la ejecución de programas de fortalecimiento familiar y la generación de alianzas estratégicas ayudarán a promover su desarrollo integral”, agregó.
De acuerdo al delegado, al otorgar el monto solicitado se le estaría brindando herramientas al instituto de cuidados y atención para la niñez y este dinero saldría de la recaudación tributaria.
El 22 de junio de 2022, los diputados aprobaron la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, que entró en vigencia el 1 de enero de este año.
En el artículo 175 de dicha normativa se establece la creación del ICJ, con personalidad jurídica, patrimonio propio, de derecho propio y autonomía en lo técnico financiero y administrativo referente en materia de primera infancia.
“Al otorgarse este dinero, la ICJ estaría funcionando desde junio a diciembre de este año y estaría adscrita al ramo de Educación”, puntualizó Salazar.
Un edificio para centralizar a la FGR
El segundo dictamen tiene que ver con la necesidad de la Fiscalía de contar con un edificio que concentre a todas sus unidades en un mismo sector. Por ello, los parlamentarios escucharon al jefe de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos del MH, Gerardo Ramos Díaz, quien argumentó el uso que el Ministerio Público le daría a los fondos.
Ramos Díaz solicitó la emisión de Disposiciones Especiales y Transitorias de carácter tributario para el proyecto denominado “Construcción, Equipamiento y Modernización de las Oficinas Centrales de la Fiscalía General de la República (FGR)”.
Esto tiene como objeto establecer el marco regulatorio tributario especial que permita gestionar las adquisiciones de bienes y servicios para la realización del citado proyecto, que rondarían los $70 millones, los cuales serían gestionados con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
“La Fiscalía gozará de una exención en materia de IVA y de Derechos Arancelarios de Importación (DAI) a los contratistas, subcontratistas, a proveedores, consultores que tengan relación con este proyecto del edificio, debido a que actualmente cuenta con divisiones y en edificios en alquiler”, indicó Ramos Díaz.
Respecto a este proyecto, el diputado presidente de la comisión, Christian Guevara, señaló que actualmente “hay muchos recursos del Estado que se gastan en arrendamientos y es mejor que una inversión quede en un edificio que será parte del patrimonio de la institución y de los salvadoreños”.
Además, el parlamentario dijo que esta edificación fue anunciada desde el 2015, cuando el partido del FMLN gobernaba, pero “ellos dejaron pasar el tiempo y hoy van a venir a criticarlo si es aprobado”.
“Al llevarse a cabo la construcción de dicha edificación se va a tener a futuro un ahorro al Estado y a largo plazo, las condiciones van a mejorar las labores de la FGR. Esperamos que este edificio sea enfocado en atender a los ciudadanos”, manifestó el diputado Giovanny Zaldaña.
Operaciones de manejo de pasivos
El tercer dictamen aprobado es referente a la aprobación de la “Ley Especial que faculta la realización de operaciones de manejo de pasivos, por conversión de deuda de corto plazo, a deuda de mediano y largo plazo”.
El director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera, comentó que la conversión de deuda a mediano o largo plazo requiere que el Ministerio de Hacienda gestione la obtención de recursos hasta por la suma de $1,000 millones, a través de la emisión de Títulos Valores de Crédito a ser colocados indistintamente en el mercado nacional regional o internacional.
La solicitud también incluye la facultad para gestionar un crédito puente que sirva como herramienta para desarrollar esta operación, el mismo será cancelado en su totalidad cuando la emisión sea concretizada.
Por su parte, Luis Sánchez Castro, director de Política Económica y Fiscal del Ministerio de Hacienda, expresó que el cierre del año 2022 la situación fiscal ha mejorado considerablemente, con balances primarios positivos por primera vez después de la pandemia, alrededor del 2 %, el déficit fiscal se redujo de -5.6% a -2.7 % y la deuda ha tenido una disminución alrededor del 60.8 %
Ambos directores llegaron al acuerdo de que el Gobierno ha avanzado en su estrategia de gestión de pasivos para seguir mejorando el estado de las finanzas públicas y contribuir al equilibrio fiscal del país.
Esta pericia he tenido resultados contundentes, como las compras anticipadas de eurobonos realizadas en 2022, mismas que generaron ahorros de casi $300 millones en amortizaciones e intereses.
Por lo tanto, siguiendo el desarrollo de esta política, se plantea la conversión de la deuda de corto plazo a mediano y largo plazo, esta consiste en tomar una deuda emitida con un intervalo de un año máximo para luego trasladarla.
Siete de cada 10 salvadoreños dicen que en las elecciones pasadas votaron de forma libre, consciente, sin miedo y sin ningún condicionamiento ni presión de parte de terceros, de acuerdo con los datos presentados esta mañana en la última encuesta de humor social y político de la Universidad Francisco Gavidia (UFG).
Las elecciones del 4 de febrero dejaron como ganador a Nayib Bukele, de Nuevas Ideas, que ganó con un amplio margen y un contundente apoyo de la población. Según los datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fueron 2.7 millones de salvadoreños los que dieron su respaldo para un segundo mandato a Nayib Bukele.
En los comicios hubo amplia participación de los partidos políticos. En total, comieron seis fórmulas presidenciales de las diversas corrientes políticas. El entonces candidato de ARENA y ahora expulsado del partido, Joel Sánchez, fue en primero en reconocer el triunfo electoral de Nayib Bukele en las elecciones libres y democráticas.
La permanencia en ARENA de Joel Humberto Sánchez, cuando era candidato a la presidencia de la república por el tricolor, tenía un precio: $30 millones, según reveló ayer él mismo en la entrevista Las Cosas Como Son, monto que le fue exigido por directores departamentales del instituto político, quienes tenían el apoyo del presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, para amenazar a su aspirante.
Dicha cantidad sería para financiar supuestos gastos de la campaña electoral del partido en el mercado de las pasadas elecciones generales.
«Así literal me lo dijeron, en diciembre (de 2023), ese fue el regalo de Navidad que me dieron todos los directores departamentales; y saltó uno, puedo decir el nombre: Efraín Cañas, tú me dijiste eso, y me amenazaste, me insultaste y el presidente del partido estaba a la par mía y ni tan siquiera se paró a callarlo. Me dijiste: “Si no trae $30 millones este día por favor retírese, que para qué se metió a esto”. Así de sencillo y trágico, teniendo al presidente del partido enfrente y al resto de gente del COENA en mi casa de campaña, en mi propia casa burlándose de mí», narró Sánchez.
Efraín Cañas fue candidato a alcalde por San Salvador Sur por el partido ARENA en las elecciones del pasado 3 de marzo, en las cuales perdió ante el candidato de Nuevas Ideas, Mario Vásquez.
Sánchez, salvadoreño radicado en Estados Unidos, aseguró que fue García Saade quien lo convocó y convenció en diciembre pasado para que sostuviera una reunión con los directores departamentales de ARENA, en la que recibió las amenazas de expulsión.
«Y si no daba [el dinero] “te expulsamos del partido”. Esto no es nuevo, era como la cuarta vez [que me amenazaban]. Ahora lo puedo decir porque ya no pertenezco al partido, ya no me van a hacer nada […] no lo podía decir por la amenaza del tribunal (interno), la amenaza de la expulsión, pero ahora estoy libre y puedo decir las cosas como son», explicó el excandidato arenero.
El pasado lunes Sánchez notificó su renuncia al partido, luego que el presidente del COENA solicitara, el 10 de abril, la apertura de un proceso de expulsión contra el excandidato por emitir declaraciones en supuesto perjuicio de la imagen del instituto de derecha.Sánchez manifestó ayer haberse sentido «amenazado y desgastado» durante el periodo preelectoral con su candidatura, pues además de haber recibido amenazas también hubo duras críticas por parte de altas autoridades del partido, quienes buscaban un «protagonismo político».
«Podía más el interés personal, el protagonismo político que el plan de nación. Querían protagonismo y ellos [partidos políticos de oposición y la sociedad civil] tenían esas discrepancias de «ese candidato es mío». En realidad, no había un consenso, era una lucha interna entre partidos por protagonismo. Era un desgaste, se los decía todo el tiempo», dijo.
Comentó que miembros de ARENA también se aprovechaban de su «estatus de empresario» para realizar reuniones en el extranjero en restaurantes de lujo, donde le tocó pagar en una ocasión más de $1,800 por una cena para aproximadamente 12 personas. «Eran unos abusivos», aseveró Sánchez.
«Yo pagué cada cinco de mi campaña y apoyé inclusive a muchos candidatos que les miraba potencial […] diputados, alcaldes, diputados al Parlacen, y ahora muchos de ellos son detractores y me acusan de que yo tuve la culpa de los resultados que tuvimos, porque no les di $30 millones. En realidad eran propuestas descabelladas, todas las que me hacían eran descabelladas, y siendo yo una persona cuerda no iba a acceder a tanta atrocidad», indicó.
También denunció que aparte de pedirle $30 millones movimientos sociales que en principio impulsaron su candidatura presidencial le exigían $15 millones por apoyarlo, e incluso afirmó que recibió amenazas por parte de dichos grupos de retirarle su acompañamiento.
«La sociedad civil también me amenazaba. Te vamos a quitar el apoyo, nos vamos a ir con el candidato de tal partido […] era totalmente un desastre», añadió.
De acuerdo al excandidato tricolor, las indicaciones que le dio el partido durante la campaña electoral eran «confusas» y las estrategias que implementaban hacían quedar mal su imagen ante los electores. «No utilizaba los colores del partido y la gente decía “es que Joel se avergüenza”, y no. Es que era el mismo COENA que me dijo que no lo usara […] eran las directrices del COENA. El mismo partido me dijo: No se vaya a poner chaleco. Me ponían en entredicho, me hacían quedar mal con las bases, fue una campaña muy dura y confusa», afirmó Sánchez.
Aseguró que en ARENA incluso fue menospreciado por su apariencia física. «Ellos querían ver al mesías, querían ver a alguien prominente, alto, yo pienso que blanco y pelo rubio; y cuando me miran, un salvadoreño como soy yo, real, cojutepecano, gordito y bajito, comenzaron a tirarme posturas elevadas, astrales», comentó.
El Gobierno Central solicitó a la Asamblea Legislativa aprobar la suscripción de un préstamo con la em-presa Yutong Bus (fabricante chino de autobuses), por la cantidad de $179,577,857 para financiar el 85 % del proyecto de renovación de buses del servicio colectivo en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
La solicitud fue presentada a través de una pieza de correspondencia, que fue admitida en la sesión ple-naria 153, que se realizó el lunes anterior, siendo admitida y enviada a la comisión de hacienda y especial del presupuesto para su respectivo estudio.
De acuerdo con el documento presentado por el Ministerio de Hacienda, es el Ministerio de Obras Públi-cas a través del Viceministerio de Transporte el encargado de realizar el proyecto, que tiene por finalidad mejorar las condiciones de conectividad de los usuarios en el AMSS, así como la reducción de la conta-minación ambiental.
