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Política

Comisión de Hacienda busca echar a andar el Instituto Crecer Juntos

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Los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto emitieron tres dictámenes favorables, uno para brindarle fondos al Instituto Crecer Juntos (ICJ) y que inicie su funcionamiento; el segundo, para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda contar con un edificio propio; y el tercero, trata sobre el manejo de pasivos por parte del Ministerio de Hacienda (MH).

En primer lugar, los parlamentarios avalaron presentar al Pleno Legislativo una propuesta de reforma a la Ley de Presupuesto 2023 correspondiente al ramo de Educación, Ciencia y Tecnología, luego de recibir al director general del Presupuesto del MH, Carlos Salazar, quien explicó el fin de este proceso: Incorporar $10,436,980, que será destinados al ICJ para que este pueda iniciar sus labores.

De ser aprobado por el pleno, Hacienda podrá desembolsar los recursos para que el ICJ brinde servicios de asistencia técnica especializada en materia de atención integral a la Primera Infancia, siendo un referente a dicha temática.

Además, este fondo será destinado para apoyar las actividades relacionadas con la articulación y provisión de servicios de atención integral de niñas y niños en su primera infancia, así como la ejecución de programas de fortalecimiento familiar y la generación de alianzas estratégicas que promuevan un pleno desarrollo.

“Los principales beneficiarios de la puesta en funcionamiento de este instituto serán los niños y las niñas desde su gestación hasta cumplir los cuatros años de edad”, comentó Salazar. “Mediante la ejecución de programas de fortalecimiento familiar y la generación de alianzas estratégicas ayudarán a promover su desarrollo integral”, agregó.

De acuerdo al delegado, al otorgar el monto solicitado se le estaría brindando herramientas al instituto de cuidados y atención para la niñez y este dinero saldría de la recaudación tributaria.

El 22 de junio de 2022, los diputados aprobaron la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, que entró en vigencia el 1 de enero de este año.

En el artículo 175 de dicha normativa se establece la creación del ICJ, con personalidad jurídica, patrimonio propio, de derecho propio y autonomía en lo técnico financiero y administrativo referente en materia de primera infancia.

“Al otorgarse este dinero, la ICJ estaría funcionando desde junio a diciembre de este año y estaría adscrita al ramo de Educación”, puntualizó Salazar.  

Un edificio para centralizar a la FGR

El segundo dictamen tiene que ver con la necesidad de la Fiscalía de contar con un edificio que concentre a todas sus unidades en un mismo sector. Por ello, los parlamentarios escucharon al jefe de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos del MH, Gerardo Ramos Díaz, quien argumentó el uso que el Ministerio Público le daría a los fondos.

Ramos Díaz solicitó la emisión de Disposiciones Especiales y Transitorias de carácter tributario para el proyecto denominado “Construcción, Equipamiento y Modernización de las Oficinas Centrales de la Fiscalía General de la República (FGR)”.

Esto tiene como objeto establecer el marco regulatorio tributario especial que permita gestionar las adquisiciones de bienes y servicios para la realización del citado proyecto, que rondarían los $70 millones, los cuales serían gestionados con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

“La Fiscalía gozará de una exención en materia de IVA y de Derechos Arancelarios de Importación (DAI) a los contratistas, subcontratistas, a proveedores, consultores que tengan relación con este proyecto del edificio, debido a que actualmente cuenta con divisiones y en edificios en alquiler”, indicó Ramos Díaz.

Respecto a este proyecto, el diputado presidente de la comisión, Christian Guevara, señaló que actualmente “hay muchos recursos del Estado que se gastan en arrendamientos y es mejor que una inversión quede en un edificio que será parte del patrimonio de la institución y de los salvadoreños”.

Además, el parlamentario dijo que esta edificación fue anunciada desde el 2015, cuando el partido del FMLN gobernaba, pero “ellos dejaron pasar el tiempo y hoy van a venir a criticarlo si es aprobado”.

“Al llevarse a cabo la construcción de dicha edificación se va a tener a futuro un ahorro al Estado y a largo plazo, las condiciones van a mejorar las labores de la FGR. Esperamos que este edificio sea enfocado en atender a los ciudadanos”, manifestó el diputado Giovanny Zaldaña.

Operaciones de manejo de pasivos

El tercer dictamen aprobado es referente a la aprobación de la “Ley Especial que faculta la realización de operaciones de manejo de pasivos, por conversión de deuda de corto plazo, a deuda de mediano y largo plazo”.

El director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera, comentó que la conversión de deuda a mediano o largo plazo requiere que el Ministerio de Hacienda gestione la obtención de recursos hasta por la suma de $1,000 millones, a través de la emisión de Títulos Valores de Crédito a ser colocados indistintamente en el mercado nacional regional o internacional.

La solicitud también incluye la facultad para gestionar un crédito puente que sirva como herramienta para desarrollar esta operación, el mismo será cancelado en su totalidad cuando la emisión sea concretizada.

Por su parte, Luis Sánchez Castro, director de Política Económica y Fiscal del Ministerio de Hacienda, expresó que el cierre del año 2022 la situación fiscal ha mejorado considerablemente, con balances primarios positivos por primera vez después de la pandemia, alrededor del 2 %, el déficit fiscal se redujo de -5.6% a -2.7 % y la deuda ha tenido una disminución alrededor del 60.8 %

Ambos directores llegaron al acuerdo de que el Gobierno ha avanzado en su estrategia de gestión de pasivos para seguir mejorando el estado de las finanzas públicas y contribuir al equilibrio fiscal del país.

Esta pericia he tenido resultados contundentes, como las compras anticipadas de eurobonos realizadas en 2022, mismas que generaron ahorros de casi $300 millones en amortizaciones e intereses.

Por lo tanto, siguiendo el desarrollo de esta política, se plantea la conversión de la deuda de corto plazo a mediano y largo plazo, esta consiste en tomar una deuda emitida con un intervalo de un año máximo para luego trasladarla.

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Política

Pandilleros reciben merecida condena por extorsionar a ciudadanos honrados

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La Fiscalía logró que cuatro pandilleros del Barrio 18 fuesen condenados a 16 años de prisión, cada uno, por el delito de extorsión agravada. Los hechos ocurrieron en julio del año 2021.

Estos sujetos llegaron al negocio de la víctima y le exigieron $4,000 dólares a cambio de dejarlo trabajar y de no atentar contra de su vida o la de sus empleados.

El comerciante hizo diferentes entregas de dinero en efectivo o por transferencias bancarias, hasta que interpuso la denuncia.

Las condenas fueron impuestas por un Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque. Estos pandilleros también son procesados por otros delitos.

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Política

Decretan asueto nacional remunerado este 18 de junio por emergencia nacional causada por las lluvias

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Debido a la emergencia nacional causada por las constantes lluvias que han afectado el territorio salvadoreño, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 59 votos, asueto nacional remunerado para este 18 de junio de este 2024 para el sector público y privado.

Esta iniciativa es con el fin de proteger a las familias salvadoreñas y se suma a la declaratoria de estado de emergencia nacional, por el plazo de 15 días, aprobada el pasado 16 de este mismo mes.

“El Salvador es un país vulnerable y desafortunadamente estas lluvias han provocado la muerte de algunos salvadoreños. Es por eso que queremos proteger y cuidar la vida de todos”, comunicó el diputado Walter Alemán.

Por las precipitación de lluvias focalizadas en todo el territorio nacional han causado derrumbes en las carreteras, inundaciones por desborde de ríos, quebradas y zonas costeras, colapso de puentes, deslizamientos, desprendimientos y deslaves, entre otros, y esto ha cobrado la vida de salvadoreños.

Es por eso que el presidente de la República, Nayib Bukele, envió una solicitud a la Asamblea Legislativa para que fuera aprobado el asueto nacional.

“He enviado a la Asamblea Legislativa una solicitud para que el día de mañana sea asueto nacional remunerado para el sector público y privado. De esta manera, con un solo día de asueto adicional, tendremos los 3 peores días del temporal con actividad laboral mínima (domingo + día del padre + asueto adicional)”, publicó el mandatario en la red social.

Ante esto, la parlamentaria Ana Figueroa dijo que “el llamado es que todos tomemos las medidas de prevención necesaria, porque estas condiciones climatológicas van a continuar. Tenemos un compromiso y es salvaguardar la vida de todos los salvadoreños”.

De acuerdo a las disposiciones especiales, se exceptúan de este decreto a los empleados del Ministerio de Salud (MINSAL), Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Fuerza Armada, Policía Nacional Civil (PNC), Dirección General de Migración y Extranjería, Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, Cuerpo de Bomberos, Dirección de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres e Instituto de Medicina Legal (IML), así como de las alcaldías municipales, incluyendo al personal de las unidades de recolección de desechos sólidos y al Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM).

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Política

Diputados ratifican estado de emergencia nacional por 15 días a causa de las lluvias

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Para salvaguardar la vida y la salud de la población, los diputados de la Asamblea Legislativa ratificaron, con 59 votos, la declaratoria de estado de emergencia nacional, por el plazo de 15 días, debido a las condiciones climatológicas que ha afectado a todo el país y a sus pobladores en general.

Ante esto, se faculta a las diferentes instituciones de gobierno para ejecutar las medidas necesarias para paliar esta situación climática, para administrar los fondos y realizar los traslados de los mismos, con la finalidad de precaver y mitigar los efectos de la emergencia, de conformidad con la ley.

Durante las últimas 48 horas, las lluvias registradas en el territorio salvadoreño han provocado la muerte de tres personas, según indicaron las autoridades de la Dirección General de Protección Civil y de las instituciones de socorro. Además, han dado a conocer que ha habido heridos, inundaciones, derrumbes, accidentes de tránsito y otros percances en diferentes zonas del país.

“Ante la grave situación que enfrenta nuestro país, debido a las intensas lluvias que han azotado a nuestras comunidades, es nuestro deber como representante del pueblo salvadoreño actuar con prontitud y con responsabilidad para proteger y asistir a la gente”, comentó el parlamentario Caleb Navarro. “Debemos demostrar solidaridad a quienes están sufriendo por estas torrenciales lluvias”, agregó.

Con dicho decreto, se faculta a la Protección Civil que evacúe obligatoriamente a la población en peligro y que haga uso de los mecanismos coercitivos necesarios, con el fin de proteger el derecho a la vida.

La población calificada como “en riesgo” deberá atender obligatoriamente la orden de evacuación de la autoridad competente.

“Nos encontramos ante una situación crítica, que demanda una acción pronta y efectiva. Esta medida está fundamentada en el artículo 24 inciso 1° de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, por eso es que vamos a actuar con acciones contundentes”, aseguró la diputada Helen Jovel, quien dio a conocer que ya se cuenta con albergues equipados para prestar apoyo a las familias afectadas.

Asimismo, Protección Civil está facultado para gestionar con entidades públicas y privadas el uso de infraestructura e inmuebles que sirvan como centros de acopio y albergues temporales.

Además, se autoriza al Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) gestionar tareas de remoción de escombros y rehabilitación de infraestructuras dañadas a consecuencia del fenómeno natural, con empresas privadas, según el caso.

Las medidas inmediatas para la atención de la emergencia

De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria extraordinaria número dos, se establecen como medidas inmediatas para la atención de la emergencia el resguardo y protección de la seguridad alimentaria y nutricional de la población en general y de los afectados por la tormenta en particular.

Además, como indica el artículo dos de la iniciativa aprobada, también se contempla la generación de condiciones adecuadas de albergue y resguardo para la población evacuada de manera preventiva y para los directamente afectados por pérdida o inhabilitación de su vivienda.

Otra de las medidas es la generación de condiciones que permitan la reestructuración de caminos, carreteras, puentes; así como de las viviendas y otras infraestructuras afectadas por este fenómeno natural.

Una cuarta disposición es la prevención de impactos negativos en la producción nacional, particularmente en el área de la agricultura, la agroindustria y la ganadería.

Finalmente, otras acciones que coadyuven a la mitigación de los impactos generados en la población, sus bienes, los servicios públicos y los ecosistemas, en la medida de las necesidades específicas.

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