Política
Comisión de Hacienda busca echar a andar el Instituto Crecer Juntos
Los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto emitieron tres dictámenes favorables, uno para brindarle fondos al Instituto Crecer Juntos (ICJ) y que inicie su funcionamiento; el segundo, para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda contar con un edificio propio; y el tercero, trata sobre el manejo de pasivos por parte del Ministerio de Hacienda (MH).
En primer lugar, los parlamentarios avalaron presentar al Pleno Legislativo una propuesta de reforma a la Ley de Presupuesto 2023 correspondiente al ramo de Educación, Ciencia y Tecnología, luego de recibir al director general del Presupuesto del MH, Carlos Salazar, quien explicó el fin de este proceso: Incorporar $10,436,980, que será destinados al ICJ para que este pueda iniciar sus labores.
De ser aprobado por el pleno, Hacienda podrá desembolsar los recursos para que el ICJ brinde servicios de asistencia técnica especializada en materia de atención integral a la Primera Infancia, siendo un referente a dicha temática.
Además, este fondo será destinado para apoyar las actividades relacionadas con la articulación y provisión de servicios de atención integral de niñas y niños en su primera infancia, así como la ejecución de programas de fortalecimiento familiar y la generación de alianzas estratégicas que promuevan un pleno desarrollo.
“Los principales beneficiarios de la puesta en funcionamiento de este instituto serán los niños y las niñas desde su gestación hasta cumplir los cuatros años de edad”, comentó Salazar. “Mediante la ejecución de programas de fortalecimiento familiar y la generación de alianzas estratégicas ayudarán a promover su desarrollo integral”, agregó.
De acuerdo al delegado, al otorgar el monto solicitado se le estaría brindando herramientas al instituto de cuidados y atención para la niñez y este dinero saldría de la recaudación tributaria.
El 22 de junio de 2022, los diputados aprobaron la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, que entró en vigencia el 1 de enero de este año.
En el artículo 175 de dicha normativa se establece la creación del ICJ, con personalidad jurídica, patrimonio propio, de derecho propio y autonomía en lo técnico financiero y administrativo referente en materia de primera infancia.
“Al otorgarse este dinero, la ICJ estaría funcionando desde junio a diciembre de este año y estaría adscrita al ramo de Educación”, puntualizó Salazar.
Un edificio para centralizar a la FGR
El segundo dictamen tiene que ver con la necesidad de la Fiscalía de contar con un edificio que concentre a todas sus unidades en un mismo sector. Por ello, los parlamentarios escucharon al jefe de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos del MH, Gerardo Ramos Díaz, quien argumentó el uso que el Ministerio Público le daría a los fondos.
Ramos Díaz solicitó la emisión de Disposiciones Especiales y Transitorias de carácter tributario para el proyecto denominado “Construcción, Equipamiento y Modernización de las Oficinas Centrales de la Fiscalía General de la República (FGR)”.
Esto tiene como objeto establecer el marco regulatorio tributario especial que permita gestionar las adquisiciones de bienes y servicios para la realización del citado proyecto, que rondarían los $70 millones, los cuales serían gestionados con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
“La Fiscalía gozará de una exención en materia de IVA y de Derechos Arancelarios de Importación (DAI) a los contratistas, subcontratistas, a proveedores, consultores que tengan relación con este proyecto del edificio, debido a que actualmente cuenta con divisiones y en edificios en alquiler”, indicó Ramos Díaz.
Respecto a este proyecto, el diputado presidente de la comisión, Christian Guevara, señaló que actualmente “hay muchos recursos del Estado que se gastan en arrendamientos y es mejor que una inversión quede en un edificio que será parte del patrimonio de la institución y de los salvadoreños”.
Además, el parlamentario dijo que esta edificación fue anunciada desde el 2015, cuando el partido del FMLN gobernaba, pero “ellos dejaron pasar el tiempo y hoy van a venir a criticarlo si es aprobado”.
“Al llevarse a cabo la construcción de dicha edificación se va a tener a futuro un ahorro al Estado y a largo plazo, las condiciones van a mejorar las labores de la FGR. Esperamos que este edificio sea enfocado en atender a los ciudadanos”, manifestó el diputado Giovanny Zaldaña.
Operaciones de manejo de pasivos
El tercer dictamen aprobado es referente a la aprobación de la “Ley Especial que faculta la realización de operaciones de manejo de pasivos, por conversión de deuda de corto plazo, a deuda de mediano y largo plazo”.
El director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera, comentó que la conversión de deuda a mediano o largo plazo requiere que el Ministerio de Hacienda gestione la obtención de recursos hasta por la suma de $1,000 millones, a través de la emisión de Títulos Valores de Crédito a ser colocados indistintamente en el mercado nacional regional o internacional.
La solicitud también incluye la facultad para gestionar un crédito puente que sirva como herramienta para desarrollar esta operación, el mismo será cancelado en su totalidad cuando la emisión sea concretizada.
Por su parte, Luis Sánchez Castro, director de Política Económica y Fiscal del Ministerio de Hacienda, expresó que el cierre del año 2022 la situación fiscal ha mejorado considerablemente, con balances primarios positivos por primera vez después de la pandemia, alrededor del 2 %, el déficit fiscal se redujo de -5.6% a -2.7 % y la deuda ha tenido una disminución alrededor del 60.8 %
Ambos directores llegaron al acuerdo de que el Gobierno ha avanzado en su estrategia de gestión de pasivos para seguir mejorando el estado de las finanzas públicas y contribuir al equilibrio fiscal del país.
Esta pericia he tenido resultados contundentes, como las compras anticipadas de eurobonos realizadas en 2022, mismas que generaron ahorros de casi $300 millones en amortizaciones e intereses.
Por lo tanto, siguiendo el desarrollo de esta política, se plantea la conversión de la deuda de corto plazo a mediano y largo plazo, esta consiste en tomar una deuda emitida con un intervalo de un año máximo para luego trasladarla.
La Asamblea Legislativa autorizó este martes al Órgano Ejecutivo la suscripción de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), como financiamiento adicional para el Proyecto de Transporte e Infraestructura Resiliente de El Salvador. Esta iniciativa busca mejorar la conectividad en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, a través de la construcción de una moderna infraestructura vial que incluye un nuevo “by pass” en Apopa, una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, iluminación, señalización, controles de velocidad, paradas de autobús e infraestructura peatonal.
Según estimaciones oficiales, la obra beneficiará de forma directa a más de 550,000 habitantes de los municipios que conforman San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte.
Uno de los elementos clave del proyecto es un puente atirantado de 300 metros de longitud y cuatro carriles (dos por sentido), que permitirá desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte, facilitando la conexión con la zona norte del país y la frontera con Honduras.
El Gobierno del presidente Nayib Bukele busca posicionar esta región como un nodo logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala, mediante una combinación de inversión pública en infraestructura y atracción de capital privado.
La Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) ha destacado que el potencial de la zona radica en su ubicación estratégica, así como en las obras de conectividad ya ejecutadas y las que están en proceso. Además, se ha informado que el 36 % del suelo destinado para uso logístico y de servicios en San Salvador Oeste ya cuenta con permisos aprobados.
Con este financiamiento adicional, el Ejecutivo busca acelerar el desarrollo vial del AMSS y consolidar al país como un centro regional clave para la movilidad y el comercio.
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para autorizar al Ejecutivo la firma de un contrato de préstamo por $120 millones con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar un ambicioso proyecto de transporte e infraestructura vial en el norte del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
El megaproyecto beneficiará directamente a los distritos de Tonacatepeque, Apopa, Aguilares, Nejapa, Ciudad Delgado y Guazapa, y se prevé que la aprobación definitiva del préstamo se realice en la próxima sesión plenaria.
La inversión contempla la construcción de una carretera de circunvalación de aproximadamente 13 kilómetros, pasos elevados y subterráneos, paradas de autobús, infraestructura peatonal, señalización, iluminación y sistemas de control de velocidad. Uno de los componentes clave será la construcción de un «bypass» en Apopa, que incluirá un puente atirantado de 300 metros con cuatro carriles de circulación, diseñado para desviar el tráfico pesado hacia la carretera de Oro y la Troncal del Norte.
Según el Gobierno, la obra beneficiará a más de 550,000 habitantes de los municipios agrupados en San Salvador Centro, Este, Oeste y Norte, mejorando significativamente la conectividad vial y posicionando esta zona como un corredor logístico estratégico para El Salvador, Honduras y Guatemala.
El proyecto se enmarca en el plan de infraestructura resiliente y busca impulsar la inversión pública y privada en la región, facilitando el comercio y el desarrollo económico.
Política
El Salvador será pionero regional con Ley de Tecnologías Robóticas: impulsará innovación, educación y empleos especializados
El Salvador se encamina a convertirse en líder regional en innovación tecnológica con la aprobación de la Ley de Tecnologías Robóticas, una iniciativa del Órgano Ejecutivo que recibió dictamen favorable por parte de la Comisión de Economía, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa y se prevé sea aprobada este jueves en sesión plenaria.
La nueva normativa busca fomentar la investigación, desarrollo y fabricación de tecnologías robóticas, así como establecer lineamientos para su aplicación en sectores clave como la industria, el comercio y la educación. Además, contempla incentivos fiscales, la creación de laboratorios especializados y la integración de la enseñanza de la robótica en el sistema educativo nacional, en coordinación con el Ministerio de Educación.
La ministra de Economía, María Luisa Hayem, destacó que esta ley posicionará al país como un referente en materia de innovación. “Permitirá establecer una plataforma para que inversionistas, académicos y emprendedores colaboren en el desarrollo de soluciones robóticas”, afirmó.
Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), Mario Flamenco Rivas, señaló que la ley representa una apuesta estratégica para el futuro económico del país. “Esta normativa será un respiro en cuanto a regulaciones globales sobre robótica y atraerá inversión, generando empleos altamente especializados”, expresó.
El proyecto de ley también compromete al Gobierno a facilitar pruebas piloto de soluciones robóticas, con el fin de dinamizar la innovación y abrir oportunidades para la creación de una cadena de suministros robusta en esta industria emergente.
Desde la academia, el vicerrector de Ciencia y Tecnología de la Universidad Don Bosco, Manuel Cardona Gutiérrez, subrayó el valor de la ley en la competitividad nacional. “Con esta legislación, El Salvador da un paso importante para ser más competitivo, generar riqueza y oportunidades de empleabilidad en un sector de alto impacto”, indicó.
Además, se contempla el desarrollo de centros de investigación e innovación físico-digitales, que facilitarán la transferencia de conocimientos tecnológicos y potenciarán el ecosistema emprendedor nacional.
Con esta legislación, El Salvador no solo abre la puerta al desarrollo de una nueva industria tecnológica, sino que se perfila como referente en Centroamérica en la adopción de políticas públicas orientadas a la economía del futuro.
