Política
Comisión de Hacienda busca echar a andar el Instituto Crecer Juntos
Los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto emitieron tres dictámenes favorables, uno para brindarle fondos al Instituto Crecer Juntos (ICJ) y que inicie su funcionamiento; el segundo, para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda contar con un edificio propio; y el tercero, trata sobre el manejo de pasivos por parte del Ministerio de Hacienda (MH).
En primer lugar, los parlamentarios avalaron presentar al Pleno Legislativo una propuesta de reforma a la Ley de Presupuesto 2023 correspondiente al ramo de Educación, Ciencia y Tecnología, luego de recibir al director general del Presupuesto del MH, Carlos Salazar, quien explicó el fin de este proceso: Incorporar $10,436,980, que será destinados al ICJ para que este pueda iniciar sus labores.
De ser aprobado por el pleno, Hacienda podrá desembolsar los recursos para que el ICJ brinde servicios de asistencia técnica especializada en materia de atención integral a la Primera Infancia, siendo un referente a dicha temática.
Además, este fondo será destinado para apoyar las actividades relacionadas con la articulación y provisión de servicios de atención integral de niñas y niños en su primera infancia, así como la ejecución de programas de fortalecimiento familiar y la generación de alianzas estratégicas que promuevan un pleno desarrollo.
“Los principales beneficiarios de la puesta en funcionamiento de este instituto serán los niños y las niñas desde su gestación hasta cumplir los cuatros años de edad”, comentó Salazar. “Mediante la ejecución de programas de fortalecimiento familiar y la generación de alianzas estratégicas ayudarán a promover su desarrollo integral”, agregó.
De acuerdo al delegado, al otorgar el monto solicitado se le estaría brindando herramientas al instituto de cuidados y atención para la niñez y este dinero saldría de la recaudación tributaria.
El 22 de junio de 2022, los diputados aprobaron la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, que entró en vigencia el 1 de enero de este año.
En el artículo 175 de dicha normativa se establece la creación del ICJ, con personalidad jurídica, patrimonio propio, de derecho propio y autonomía en lo técnico financiero y administrativo referente en materia de primera infancia.
“Al otorgarse este dinero, la ICJ estaría funcionando desde junio a diciembre de este año y estaría adscrita al ramo de Educación”, puntualizó Salazar.
Un edificio para centralizar a la FGR
El segundo dictamen tiene que ver con la necesidad de la Fiscalía de contar con un edificio que concentre a todas sus unidades en un mismo sector. Por ello, los parlamentarios escucharon al jefe de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos del MH, Gerardo Ramos Díaz, quien argumentó el uso que el Ministerio Público le daría a los fondos.
Ramos Díaz solicitó la emisión de Disposiciones Especiales y Transitorias de carácter tributario para el proyecto denominado “Construcción, Equipamiento y Modernización de las Oficinas Centrales de la Fiscalía General de la República (FGR)”.
Esto tiene como objeto establecer el marco regulatorio tributario especial que permita gestionar las adquisiciones de bienes y servicios para la realización del citado proyecto, que rondarían los $70 millones, los cuales serían gestionados con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
“La Fiscalía gozará de una exención en materia de IVA y de Derechos Arancelarios de Importación (DAI) a los contratistas, subcontratistas, a proveedores, consultores que tengan relación con este proyecto del edificio, debido a que actualmente cuenta con divisiones y en edificios en alquiler”, indicó Ramos Díaz.
Respecto a este proyecto, el diputado presidente de la comisión, Christian Guevara, señaló que actualmente “hay muchos recursos del Estado que se gastan en arrendamientos y es mejor que una inversión quede en un edificio que será parte del patrimonio de la institución y de los salvadoreños”.
Además, el parlamentario dijo que esta edificación fue anunciada desde el 2015, cuando el partido del FMLN gobernaba, pero “ellos dejaron pasar el tiempo y hoy van a venir a criticarlo si es aprobado”.
“Al llevarse a cabo la construcción de dicha edificación se va a tener a futuro un ahorro al Estado y a largo plazo, las condiciones van a mejorar las labores de la FGR. Esperamos que este edificio sea enfocado en atender a los ciudadanos”, manifestó el diputado Giovanny Zaldaña.
Operaciones de manejo de pasivos
El tercer dictamen aprobado es referente a la aprobación de la “Ley Especial que faculta la realización de operaciones de manejo de pasivos, por conversión de deuda de corto plazo, a deuda de mediano y largo plazo”.
El director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera, comentó que la conversión de deuda a mediano o largo plazo requiere que el Ministerio de Hacienda gestione la obtención de recursos hasta por la suma de $1,000 millones, a través de la emisión de Títulos Valores de Crédito a ser colocados indistintamente en el mercado nacional regional o internacional.
La solicitud también incluye la facultad para gestionar un crédito puente que sirva como herramienta para desarrollar esta operación, el mismo será cancelado en su totalidad cuando la emisión sea concretizada.
Por su parte, Luis Sánchez Castro, director de Política Económica y Fiscal del Ministerio de Hacienda, expresó que el cierre del año 2022 la situación fiscal ha mejorado considerablemente, con balances primarios positivos por primera vez después de la pandemia, alrededor del 2 %, el déficit fiscal se redujo de -5.6% a -2.7 % y la deuda ha tenido una disminución alrededor del 60.8 %
Ambos directores llegaron al acuerdo de que el Gobierno ha avanzado en su estrategia de gestión de pasivos para seguir mejorando el estado de las finanzas públicas y contribuir al equilibrio fiscal del país.
Esta pericia he tenido resultados contundentes, como las compras anticipadas de eurobonos realizadas en 2022, mismas que generaron ahorros de casi $300 millones en amortizaciones e intereses.
Por lo tanto, siguiendo el desarrollo de esta política, se plantea la conversión de la deuda de corto plazo a mediano y largo plazo, esta consiste en tomar una deuda emitida con un intervalo de un año máximo para luego trasladarla.
Los partidos políticos legalmente inscritos en El Salvador deberán comenzar a convocar elecciones internas a partir del 6 de marzo de 2026, como parte del calendario electoral previo a los comicios legislativos y municipales programados para el 28 de febrero de 2027.
De acuerdo con el cronograma publicado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), los institutos políticos tendrán hasta el 29 de julio de 2026 para desarrollar sus procesos internos y definir a los candidatos que competirán por diputaciones a la Asamblea Legislativa y por los concejos municipales.
Estas actividades se realizan en cumplimiento de lo estipulado en la Ley de Partidos Políticos. El artículo 37-B establece que la comisión electoral de cada partido debe convocar a elecciones internas con al menos seis meses de anticipación a la convocatoria oficial a elecciones nacionales. Asimismo, el artículo 37-K indica que dichos procesos deberán completarse a más tardar dos meses antes de esa convocatoria, prevista para el 30 de septiembre de 2026.
Una vez concluidos los procesos internos, cada partido deberá oficializar a sus candidatos mediante su inscripción ante el TSE. Según el calendario electoral, la inscripción para diputaciones a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano se realizará entre el 1.º de octubre y el 19 de noviembre de 2026, mientras que para concejos municipales el plazo será del 9 al 19 de noviembre de ese mismo año, conforme lo establece el artículo 142 del Código Electoral.
Actualmente, el TSE registra como partidos inscritos a ARENA, FMLN, Democracia Salvadoreña (DS), Fuerza Solidaria, GANA, Nuevas Ideas, PAIS, PCN, FPS, PDC y VAMOS. En 2023, al menos 12 partidos convocaron procesos internos en cumplimiento del calendario previo a las elecciones generales celebradas en 2024.
Con el propósito de evitar que factores externos eleven el precio que los salvadoreños pagan por el cilindro de gas propano, con 60 votos, la Asamblea Legislativa prorrogó, hasta el 31 de mayo de 2026, la Ley Especial y Transitoria para la Estabilización de los Precios del Gas Licuado de Petróleo.
La medida beneficiará a más del 80 % de la población, permitiéndoles seguir adquiriendo el producto, en sus diferentes presentaciones, a un precio accesible.
Este marco legal fue aprobado el 13 de junio de 2023 para contrarrestar la constante fluctuación del precio internacional de los hidrocarburos, el cual incide directa y negativamente en el precio que paga la población.
El diputado William Soriano explicó que de no aprobarse esta prórroga –que vence el próximo 31 de mayo– a partir de junio de 2025 las familias podrían adquirir el gas para cocinar a un precio de hasta $15.00 por cilindro.
“Esta medida temporal permite estabilizar los precios del gas licuado de petróleo para beneficiar a las amas de casa, las que hace las pupusas, a las que tienen comedor; ellas no van a tener que pagar los crecimientos o fluctuaciones del gas licuado de petróleo que ustedes usan para cocinar o en sus negocios”, expresó el legislador.
Durante el estudio del anteproyecto, el director general de subsidios del Ministerio de Hacienda, Juan Francisco Grande, explicó a los diputados que las condiciones que originaron la emisión de la ley siguen afectando la economía de las familias, por lo que es necesario ampliar su vigencia por 12 meses.
Además, detalló que este mecanismo consiste en transferencias de subsidios dirigidas a los consumidores y canalizadas, a través de las empresas envasadoras que comercializan gas licuado por medio de cilindros.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que, entre el 8 de octubre de 2025 y el 27 de febrero de 2026, los ciudadanos salvadoreños podrán modificar su dirección de residencia en el Documento Único de Identidad (DUI), lo que determinará el lugar donde emitirán su voto en las elecciones del 28 de febrero de 2027.
La medida forma parte del calendario electoral oficial que fue aprobado por unanimidad en sesión plenaria por los magistrados del organismo colegiado, incluyendo a su presidenta, Roxana Soriano. El TSE detalló que el calendario busca garantizar transparencia, participación informada y cumplimiento oportuno de todos los actores involucrados en el proceso electoral.
Entre las fechas clave se encuentran:
- Cierre del registro electoral: del 11 de mayo al 30 de octubre de 2026.
- Convocatoria oficial a elecciones: 30 de septiembre de 2026.
- Inscripción y propaganda de candidatos:
- Diputados: del 1° de octubre de 2026 al 24 de febrero de 2027.
- Concejos municipales: del 9 de noviembre de 2026 al 24 de febrero de 2027.
El TSE también estableció el periodo del 30 de marzo al 7 de abril de 2027 para la entrega de credenciales a los funcionarios electos.
Durante los comicios de 2027, los salvadoreños elegirán a 60 diputados de la Asamblea Legislativa y a los miembros de 44 concejos municipales. En los comicios anteriores, celebrados el 4 de febrero de 2024, el padrón electoral alcanzó los 6.1 millones de ciudadanos, y la participación fue de 3,232,834 votantes, de los cuales el 70.55 % apoyó al partido Nuevas Ideas.
El TSE informó que, con la aprobación del calendario, también se elaborará el Plan General de Elecciones (PLAGEL), el cual incluye 46 programas logísticos, técnicos y operativos, distribuidos entre el ámbito nacional (24) y el exterior (22), con el objetivo de asegurar un proceso “eficiente e incluyente”.
“Reafirmamos nuestro compromiso de promover elecciones modernas y participativas, fortaleciendo la confianza ciudadana en el sistema democrático del país”, concluyó el organismo en su comunicado oficial.
Para consultar el calendario completo y más detalles del proceso, los ciudadanos pueden visitar el sitio oficial del TSE: www.tse.gob.sv
