Política
Comisión de Hacienda busca echar a andar el Instituto Crecer Juntos
Los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto emitieron tres dictámenes favorables, uno para brindarle fondos al Instituto Crecer Juntos (ICJ) y que inicie su funcionamiento; el segundo, para que la Fiscalía General de la República (FGR) pueda contar con un edificio propio; y el tercero, trata sobre el manejo de pasivos por parte del Ministerio de Hacienda (MH).
En primer lugar, los parlamentarios avalaron presentar al Pleno Legislativo una propuesta de reforma a la Ley de Presupuesto 2023 correspondiente al ramo de Educación, Ciencia y Tecnología, luego de recibir al director general del Presupuesto del MH, Carlos Salazar, quien explicó el fin de este proceso: Incorporar $10,436,980, que será destinados al ICJ para que este pueda iniciar sus labores.
De ser aprobado por el pleno, Hacienda podrá desembolsar los recursos para que el ICJ brinde servicios de asistencia técnica especializada en materia de atención integral a la Primera Infancia, siendo un referente a dicha temática.
Además, este fondo será destinado para apoyar las actividades relacionadas con la articulación y provisión de servicios de atención integral de niñas y niños en su primera infancia, así como la ejecución de programas de fortalecimiento familiar y la generación de alianzas estratégicas que promuevan un pleno desarrollo.
“Los principales beneficiarios de la puesta en funcionamiento de este instituto serán los niños y las niñas desde su gestación hasta cumplir los cuatros años de edad”, comentó Salazar. “Mediante la ejecución de programas de fortalecimiento familiar y la generación de alianzas estratégicas ayudarán a promover su desarrollo integral”, agregó.
De acuerdo al delegado, al otorgar el monto solicitado se le estaría brindando herramientas al instituto de cuidados y atención para la niñez y este dinero saldría de la recaudación tributaria.
El 22 de junio de 2022, los diputados aprobaron la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, que entró en vigencia el 1 de enero de este año.
En el artículo 175 de dicha normativa se establece la creación del ICJ, con personalidad jurídica, patrimonio propio, de derecho propio y autonomía en lo técnico financiero y administrativo referente en materia de primera infancia.
“Al otorgarse este dinero, la ICJ estaría funcionando desde junio a diciembre de este año y estaría adscrita al ramo de Educación”, puntualizó Salazar.
Un edificio para centralizar a la FGR
El segundo dictamen tiene que ver con la necesidad de la Fiscalía de contar con un edificio que concentre a todas sus unidades en un mismo sector. Por ello, los parlamentarios escucharon al jefe de la Dirección Jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos del MH, Gerardo Ramos Díaz, quien argumentó el uso que el Ministerio Público le daría a los fondos.
Ramos Díaz solicitó la emisión de Disposiciones Especiales y Transitorias de carácter tributario para el proyecto denominado “Construcción, Equipamiento y Modernización de las Oficinas Centrales de la Fiscalía General de la República (FGR)”.
Esto tiene como objeto establecer el marco regulatorio tributario especial que permita gestionar las adquisiciones de bienes y servicios para la realización del citado proyecto, que rondarían los $70 millones, los cuales serían gestionados con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
“La Fiscalía gozará de una exención en materia de IVA y de Derechos Arancelarios de Importación (DAI) a los contratistas, subcontratistas, a proveedores, consultores que tengan relación con este proyecto del edificio, debido a que actualmente cuenta con divisiones y en edificios en alquiler”, indicó Ramos Díaz.
Respecto a este proyecto, el diputado presidente de la comisión, Christian Guevara, señaló que actualmente “hay muchos recursos del Estado que se gastan en arrendamientos y es mejor que una inversión quede en un edificio que será parte del patrimonio de la institución y de los salvadoreños”.
Además, el parlamentario dijo que esta edificación fue anunciada desde el 2015, cuando el partido del FMLN gobernaba, pero “ellos dejaron pasar el tiempo y hoy van a venir a criticarlo si es aprobado”.
“Al llevarse a cabo la construcción de dicha edificación se va a tener a futuro un ahorro al Estado y a largo plazo, las condiciones van a mejorar las labores de la FGR. Esperamos que este edificio sea enfocado en atender a los ciudadanos”, manifestó el diputado Giovanny Zaldaña.
Operaciones de manejo de pasivos
El tercer dictamen aprobado es referente a la aprobación de la “Ley Especial que faculta la realización de operaciones de manejo de pasivos, por conversión de deuda de corto plazo, a deuda de mediano y largo plazo”.
El director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera, comentó que la conversión de deuda a mediano o largo plazo requiere que el Ministerio de Hacienda gestione la obtención de recursos hasta por la suma de $1,000 millones, a través de la emisión de Títulos Valores de Crédito a ser colocados indistintamente en el mercado nacional regional o internacional.
La solicitud también incluye la facultad para gestionar un crédito puente que sirva como herramienta para desarrollar esta operación, el mismo será cancelado en su totalidad cuando la emisión sea concretizada.
Por su parte, Luis Sánchez Castro, director de Política Económica y Fiscal del Ministerio de Hacienda, expresó que el cierre del año 2022 la situación fiscal ha mejorado considerablemente, con balances primarios positivos por primera vez después de la pandemia, alrededor del 2 %, el déficit fiscal se redujo de -5.6% a -2.7 % y la deuda ha tenido una disminución alrededor del 60.8 %
Ambos directores llegaron al acuerdo de que el Gobierno ha avanzado en su estrategia de gestión de pasivos para seguir mejorando el estado de las finanzas públicas y contribuir al equilibrio fiscal del país.
Esta pericia he tenido resultados contundentes, como las compras anticipadas de eurobonos realizadas en 2022, mismas que generaron ahorros de casi $300 millones en amortizaciones e intereses.
Por lo tanto, siguiendo el desarrollo de esta política, se plantea la conversión de la deuda de corto plazo a mediano y largo plazo, esta consiste en tomar una deuda emitida con un intervalo de un año máximo para luego trasladarla.
Los partidos políticos deberán inscribir sus candidaturas para las elecciones generales de 2027 ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario electoral publicado por la institución.
Previamente, tras la convocatoria oficial a elecciones prevista para el 30 de septiembre, los institutos políticos deberán acudir ante el TSE y las Juntas Electorales Departamentales (JDE) para presentar las respectivas solicitudes de inscripción, tal como lo establece el Código Electoral.
Según el documento del TSE, durante ese período deberán presentarse oficialmente ante la secretaría del organismo las fórmulas presidenciales y las candidaturas a diputados de la Asamblea Legislativa.
El artículo 142 del Código Electoral establece que este procedimiento iniciará un día después de que el TSE realice la convocatoria oficial a las elecciones, programadas para el 28 de febrero de 2027.
En cuanto a las candidaturas para concejos municipales, el mismo artículo señala que el proceso comenzará un día después de que las Juntas Electorales Departamentales hayan tomado posesión de sus cargos, es decir, tras la correspondiente protesta de ley.
De acuerdo con el calendario electoral, la inscripción de candidaturas para concejos municipales se desarrollará del 9 al 19 de noviembre de 2026.
El Código Electoral también establece que las solicitudes de inscripción de candidatos a presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta de la República deberán presentarse personalmente. En el caso de las candidaturas a diputados y concejos municipales, las solicitudes podrán ser presentadas personalmente o por representantes acreditados por los respectivos partidos políticos o coaliciones inscritas.
Como antecedente, para las elecciones de 2024 el TSE recibió siete solicitudes de inscripción de fórmulas presidenciales, de las cuales seis fueron aprobadas y una fue declarada inadmisible, correspondiente al Partido Independiente Salvadoreño (PAIS).
En el caso de las candidaturas a diputados, el Tribunal recibió 121 solicitudes de inscripción. De estas, 110 fueron aprobadas y 11 denegadas, una de Cambio Democrático y diez del PAIS, de conformidad con la ley.
Asimismo, fueron inscritas 509 candidaturas a diputaciones y se registraron un total de 327 solicitudes de inscripción para concejos municipales, según la memoria del TSE.
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, afirmó que el candidato presidencial del partido para las elecciones de 2027, Rafael Aguirre, está “entregado a la causa” y a los salvadoreños.
Durante la entrevista Hablando Claro, Flores expresó que Aguirre mantiene un compromiso con la población. “El doctor (Rafael Aguirre) no es que esté sacrificándose como sacrificio, pero el doctor está entregando su alma a este pueblo”, manifestó.
Asimismo, señaló que la candidatura presidencial de Aguirre es resultado de la decisión del partido de impulsar un proceso de ciudadanización.
El dirigente también aseguró que la postulación de Aguirre representa una esperanza para el FMLN, al considerar que se trata de “un excelente médico” que ha representado la lucha de distintos gremios, especialmente del sector salud, junto con Madaí Santos, candidata a la vicepresidencia.
“El FMLN ve en el doctor Aguirre un aliado, una persona con capacidad de sacar adelante este país, a todos los sectores, a la juventud, las mujeres, los adultos mayores, los emprendedores, porque se trata de no dejar a nadie afuera, incluso a los opositores”, afirmó Flores.
Además, sostuvo que, de ganar Aguirre la elección presidencial, por primera vez la población tendría “representantes verdaderos” y aseguró que el FMLN respaldará esa gestión.
En relación con la candidata a la vicepresidencia, Madaí Santos, Flores indicó que es una luchadora con principios y sostuvo que, junto con Rafael Aguirre, conforman una “fórmula fuerte”.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que desarrolló la segunda prueba interna del proceso de escrutinio preliminar, un ejercicio técnico orientado a evaluar los tiempos de ejecución y continuar perfeccionando los procedimientos que serán aplicados durante la jornada de las elecciones de 2027.
Según el organismo electoral, la evaluación se llevó a cabo en un solo centro de trabajo con dos Juntas Receptoras de Votos (JRV), lo que permitió medir de forma controlada los tiempos del proceso de escrutinio preliminar y recopilar información para optimizar la transmisión centralizada de resultados.
A través de un comunicado, la presidenta del TSE, Roxana Soriano, explicó que uno de los principales objetivos es responder a los desafíos identificados en procesos anteriores y facilitar el trabajo de quienes integran las Juntas Receptoras de Votos.
“Uno de los principales objetivos es responder a los desafíos identificados en procesos anteriores. Sabemos que detrás de cada Junta Receptora de Votos hay personas que dedican largas horas de trabajo al servicio de la democracia, y nuestro compromiso es brindarles mejores herramientas para que esa responsabilidad pueda desarrollarse de manera más ágil y eficiente”, expresó Soriano.
El TSE indicó que esta actividad corresponde a la segunda prueba de seguimiento del primer ejercicio realizado semanas atrás, mediante el cual se validó el funcionamiento general de los sistemas, la logística, los protocolos de contingencia y los procedimientos operativos en distintos puntos del país.
Asimismo, Soriano señaló que cada ejercicio representa una oportunidad para fortalecer la preparación institucional antes de los simulacros abiertos contemplados en el calendario electoral.
“Este trabajo nos permitirá llegar a los simulacros abiertos previstos en el calendario electoral con una mejor preparación y seguir construyendo una jornada electoral ordenada, transparente y a la altura de la confianza que la ciudadanía deposita en el Tribunal Supremo Electoral”, afirmó.
