Ante la variación de los precios internacionales del petróleo, lo que genera una carga económica para la población, la Comisión de Economía aprobó un dictamen favorable para reformar la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo, con el objetivo de que el precio de venta del Gas Licuado de Petróleo (GLP) no se haga de forma arbitraria. 

La solicitud fue hecha por diputados de Nuevas Ideas, a fin de resguardar el bolsillo de los salvadoreños. También para beneficiar a las micros, pequeñas y medianas empresas.

En el proyecto de reforma se establece que se le otorgará al Ministerio de Economía, a través de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, el control y vigilancia sobre los precios del gas licuado, tanto para consumo doméstico como para negocios de subsistencia. 

El diputado William Soriano resaltó que el sentido de las reformas es de importancia para los salvadoreños, debido al alza de precios de este producto a nivel mundial. 

“A iniciativa del presidente, hemos aprobado en varias ocasiones que haya subsidios vigentes para este producto, pero nos hemos dado cuenta de que hay algunos actores en la cadena de suministro o distribución que están encareciendo estos productos a pesar de que están siendo subsidiados”, afirmó Soriano.

Para los legisladores es importante actualizar el marco regulatorio en referencia al sistema de precios de la cadena de comercialización del GLP.

Cambios a la Ley del Ente Nacional de Transmisión Eléctrica 

La Comisión de Economía aprobó un dictamen favorable para reformar la Ley del Ente Nacional de Transmisión Eléctrica, a fin de establecer que esta institución sea la propietaria del total de acciones en las que está divido el capital social de la Compañía Eléctrica Cucumacayán. Con ello, esta entidad se convertirá en aliada estratégica para la creación de proyectos sociales y técnicos. 

Los parlamentarios recibieron al representante del Ente Nacional de Transmisión Eléctrica, Juan Vega, y al presidente de la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL), Edwin Núñez. Este último explicó que las modificaciones en la normativa buscan beneficios para la población.

“Esa empresa es una empresa del sector eléctrico que tiene muchos años, ha estado trabajando mucho en el desarrollo de proyectos que benefician a las comunidades, a través de los ministerios y las diferentes autónomas”, explicó Núñez.  

Entre las enmiendas está plasmar en la ley la posibilidad de llegar a un acuerdo en los casos donde las servidumbres eléctricas no puedan constituirse por contratación voluntaria. 

El representante de la institución explicó que en tema de planes de expansión eléctrica el país no solo se está preparando para los próximos 5 o 10 años, sino para el futuro, haciendo referencia a que muchas empresas de electricidad quieren invertir en El Salvador. 

“Las empresas buscan colocar estos parques fotovoltaicos o energía eólica. Es importante que nosotros nos vayamos preparando para este tipo de inversiones”, apuntó el presidente de ETESAL. 

Otros cambios en la normativa abarcan la asistencia a programas sociales, dándole al ENTE la facultad de acordar erogaciones que sean necesarias para el desarrollo de proyectos que promuevan la enseñanza de deporte, recreaciones y bibliotecas.   

Actualización de tarifas por servicios en Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro

En otro tema, los parlamentarios dictaminaron a favor de crear la Ley Reguladora de Tarifas por Servicios que presta el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro y otras Disposiciones Administrativas. Esta iniciativa tiene pretende establecer los precios que cobrará dicho ente y los requisitos que se deberán cumplir para acceder a los servicios.

A la comisión asistieron representantes del Ministerio de Gobernación, quienes explicaron que esta normativa responde a una sentencia de la Sala de lo Constitucional, de 2016, donde declaró que los tarifarios vulneraban el principio de ley en materia tributaria. 

“Esa es la razón por la que se ha presentado este proyecto de decreto que, básicamente, lo que hace es actualizar en base a los costos reales, salarios y tiempo de servicio”, expresó Andrés Amador, delegado de Gobernación. 

Él agregó que la propuesta consiste en establecer los precios para todos los servicios que presta el Registro de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro. También explicó que para esto se tomó en cuenta a las personas involucradas y su salario, el tiempo que invierten por cada uno de los trámites y los gastos administrativos, como de papelería. 

El diputado William soriano manifestó que la iniciativa facilita que las asociaciones tengan un mejor servicio y agilidad al realizar procesos. 

“Como está la legislación actual, el estado debe ir modernizándose. En la medida que se moderniza se modernizan los procesos, se agregan unos o se elimina aquellos que dejan de responder a la realidad”, dijo el parlamentario.

Los representantes de Gobernación aclararon que en cuanto a las iglesias lo que establece la ley es que puedan pasar del sistema contable informal, que tienen en la actualidad, a uno que sea formal. De esta manera, en el plazo de dos años, podrán presentar los documentos en regla para ser inscritas en el registro.