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Centros Penales no reporta casos positivos ni sospechosos de Covid-19
El sistema penitenciario no registra actualmente casos de internos confirmados ni con sospecha de Covid-19, ya que las medidas sanitarias se realizaron con mucha disciplina en todos los recintos del país para garantizar la salud a la población reclusa.
La Dirección General de Centros Penales (DGCP) ejecuta diferentes acciones encaminadas a prevenir enfermedades y minimizar los posibles riesgos de la propagación de Covid-19, así como otras enfermedades.
Meses atrás, en el sistema penitenciario se registraron 1,800 casos sospechosos y 141 contagios en varias cárceles. Actualmente, todos están recuperados, y no se registra internos fallecidos por la enfermedad.
La estrategia de prevención para contener la proliferación de Covid-19 dentro de los recintos está funcionando. En cada centro penal se mantienen protocolos para evitar que el coronavirus ingrese a las prisiones. El personal de seguridad y de salud que ingresa a los centros penales pasa previamente un proceso de desinfección.
También se continúa con la búsqueda de la identificación temprana de casos sospechosos. Ya por varias semanas, según el personal del Ministerio de Salud al interior de los penales no se registran.
Como parte del protocolo sanitario cuando se encontraba un interno con sospecha de la enfermedad se hacía una búsqueda de los nexos para su aislamiento oportuno y de esa manera prevenir la contaminación masiva.
Otras de las enfermedades que el Gobierno articula esfuerzos para erradicar completamente en los recintos es la tuberculosis y la desnutrición. Aunque en los últimos meses se ha registrado una reducción de casos con tuberculosis, las autoridades penitenciarias continúan trabajando para erradicar la enfermedad por completo.
Un motociclista de 37 años sufrió lesiones de gravedad tras verse involucrado en un accidente de tránsito registrado sobre la carretera que conecta Sonsonate con Santa Ana, a la altura del desvío El Canelo, en Nahuizalco.
Según el reporte, otro vehículo habría invadido el carril por donde circulaba la víctima, provocando la colisión.
El motociclista presentó fracturas expuestas en el brazo y la pierna derechos, por lo que recibió atención prehospitalaria por parte de Comandos de Salvamento de Sonsonate.
José de la Paz Hernández Argueta, de 35 años, falleció luego de sufrir un accidente laboral mientras trabajaba como jardinero en East Hills, Long Island, Nueva York, Estados Unidos.
Según la información proporcionada, el salvadoreño cayó de un camión el pasado 10 de septiembre, resultando gravemente afectado por el accidente.
Los restos de Hernández Argueta serán repatriados en los próximos días a El Salvador. Posteriormente, serán trasladados hasta su natal caserío Nacascolo, en el departamento de La Unión, donde recibirá sepultura.
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron cuatro registros con prevención de allanamiento en los distritos de Apopa, Ciudad Delgado y San Martín, para desarticular una estructura criminal dedicada al hurto de identidad y hurto por medios informáticos.
Según la investigación, los integrantes de esta agrupación ilícita fingían ser empleados de instituciones financieras nacionales y para acercarse a habitantes de comunidades y vendedores de mercados a quienes les ofrecían entre $20 y $25 para que les respondieran una encuesta.
El formulario de la encuesta estaba diseñado para que la persona escribiera sus datos personales como el nombre, fecha de nacimiento, número del Documento Único de Identidad (DUI), la dirección de residencia y el correo electrónico. Además, a cada víctima le tomaban una fotografía.
Tras obtener los datos personales, los miembros de la estructura criminal procedían a abrir cuentas bancarias digitales a nombre de las víctimas en diversas instituciones financieras. Para crear las cuentas, la estructura también utilizaba números de teléfonos que ellos tenían bajo su dominio o control.
Las cuentas eran utilizadas para movilizar dinero que procedía de estafas que esta red previamente realizaba por WhatsApp, mediante la suplantación de identidad y de otras operaciones fraudulentas desarrolladas con medios informáticos.
No obstante, la víctima que había llenado el formulario nunca se enteraba que su información personal habían sido realmente utilizada para crear las cuentas y movilizar dinero de origen ilícito.
Con esta modalidad la estructura delincuencial operó de enero a marzo de 2026 y se estima que en ese período abrió al menos 22 cuentas bancarias digitales, según la investigación fiscal. De hecho, las autoridades aún trabajan por establecer el monto económico con que fueron afectadas las víctimas.
La línea de investigación que inició la FGR sobre esta estructura criminal logró realizar los allanamientos y la detención de Rodolfo Giovanni de León Rivas. Su captura se concretizó en una residencial del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
En la vivienda le decomisaron, entre otros objetos, dinero en efectivo, teléfonos celulares y una laptop.
De acuerdo con la versión fiscal, el sujeto está perfilado como el cabecilla principal de la estructura criminal y se determinó que para evitar ser caputado por las autoridades cambiaba periódicamente de lugar de residencia.
En la organización, el imputado daba las directrices al resto de los miembros sobre el manejo de las cuentas bancarias.
Asimismo, en el distrito de Ciudad Delgado, municipio de San Salvador Centro, se logró la captura de Leonardo Eduardo Castillo González. Según la investigación fiscal este sujeto administraba algunas de las cuentas bancarias digitales en que se movilizaba el dinero, así como los teléfonos asociados a ellas.
También se encargaba de hacer retiros en cajeros automáticos de dinero proveniente de estafas realizadas por medios informáticos. La FGR espera lograr la captura de más integrantes de esta estructura en las próximas horas.
Durante los registros se incautaron 6 celulares, 1 laptop, 1 computadora, 1 tablet, 4 tarjetas de débito, 1 contrato de cuenta corriente, 5 cascos de motocicleta y 9 gorras que aparecen en los videos de seguridad de los cajeros automáticos donde se retiraba el dinero, $651 dólares en efectivo, y otra evidencia que robustecerá la investigación.
