Nacionales
CCR ha sido auditada siete veces desde 1995
El ente que se encarga de fiscalizar al Estado, la Corte de Cuentas de la República (CCR), solo ha sido sometida a siete auditorias en 24 años. El primer período auditado fue 15 años después, en 2010, pero el examen se realizó hasta en 2012.
El último período de la CCR auditado fue en 2016, y desde esa fecha aún no se practica ningún examen a sus cuentas. La Asamblea Legislativa tenía previsto contratar una empresa para realizar dicha auditoría este año, pero se suspendió por falta de fondos, según indicaron fuentes del congreso.
En el último análisis de cuentas, correspondiente a los años 2015 y 2016, la CCR reflejó algunas anomalías, de acuerdo con los auditores contratados por la Asamblea Legislativa. Entre los señalamientos están compras de libre gestión por medio de “caja chica”, según detallan publicaciones periodísticas de mediados de noviembre pasado.
Los exámenes también arrojaron que en materia de control interno no se realizaron evaluaciones del desempeño del personal del ente contralor, así como la falta de promoción entre el personal para ocupar plazas vacantes.
La última de las auditorías realizadas a la Corte de Cuentas de la República tuvo un costo de $375,000.
El año pasado la presidenta de la CCR pidió a la Asamblea la aprobación de reformas a su Ley Orgánica, con miras a “hacer una Corte de Cuentas más transparente, eficiente y moderna, para lo cual se requiere de su aprobación”, aunque en dicho proyecto no se menciona el hecho de someterse a auditorías periódicas.
La presidenta del ente contralor y los demás magistrados están participando en el proceso de elección de esa institución, con el objetivo de optar a un cargo para los próximos tres años, desde el 28 de agosto de 2020 al 27 de agosto de 2024.
La Sala de lo Constitucional emitió recién una resolución en la que declara que la Asamblea Legislativa no detalló en el proceso de elección de la presidenta de la CCR ni de la primera magistrada, Carmen Martínez Barahona, su no afiliación partidaria ni sus competencias notorias para el cargo.
Sin embargo, no les inhibe de participar en el proceso de elección ni de continuar en sus cargos hasta el 27 de agosto, en que los diputados deben elegir a los nuevos funcionarios, con solo 43 votos de las bancadas legislativas.
El Salvador y Estados Unidos de América firmaron un Memorando de Entendimiento para el acuerdo entre el Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear en El Salvador (OIPEN) y la Comisión Reguladora Nuclear (NRC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, para el intercambio de información técnica y cooperación en materia de seguridad nuclear.
El director general de Energía, Hidrocarburos y Minas de El Salvador, y director del OIPEN Daniel Álvarez, afirmó que este acuerdo permitirá al país aprender sobre el tema regulatorio en energía nuclear con fines pacíficos y calificó este paso como un hito histórico para el país y la región, debido a que es un proyecto a largo plazo.
Asimismo, afirmó que la firma del acuerdo permite al país contar con este aliado estratégico que suma experiencia regulatoria en energía nuclear con fines pacíficos.
«Que ellos hayan firmado este acuerdo con nosotros es de suma importancia pues tenemos que seguir todos los estándares que tienen. El Salvador tiene una gran voluntad de crecimiento y gran capacidad para hacer las cosas», sostuvo.
Según información oficial, el marco regulatorio del futuro organismo regulador salvadoreño fue firmado por Daniel Álvarez, y el director de la NCR, Ho K. Nie, entrará en vigencia en junio de 2026.
El evento se realizó en el marco de la 38 Conferencia Anual de Información Regulatoria de la NCR que se desarrolla en Rockville, Maryland, y que reúne a más de 3,000 participantes de más de 40 países, incluyendo agencias de gobiernos, de la industria y organizaciones internacionales.
Por su parte el Subsecretario de Estado de Estados Unidos, Thomas G. DiNanno, afirmó que el acuerdo compromete a ambas naciones a trabajar juntas desde antes de la firma y entrada en vigor. «Este hito fortalece la asociación bilateral y promueve la seguridad energética y apoya la cooperación económica», añadió.
Mientras que la Embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, quien participó como testigo de honor en la firma, destacó que este documento «es una muestra más de las sólidas relaciones que existen entre el presidente, Nayib Bukele, y el presidente Donald Trump, quienes tienen una agenda común en otros temas como la seguridad, el combate al narcotráfico y la economía».
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel al pandillero Elmer Alexander Martínez por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación, en el distrito de Cuscatancingo, en San Salvador.
Según consta en el expediente fiscal, Martínez, alias Snarf, junto a un grupo de pandilleros de la MS 13, llegaron, entre marzo y abril de 2021 a la vivienda de las víctimas y bajo amenazas de muerte, las obligaron a abandonar la casa. Martínez hacía tareas de vigilancia, con arma en mano en la calle, mientras el resto de pandilleros, amenazaban a la víctima.
En su valoración, el Tribunal determinó que se lesionó el derecho a la libertad de circulación y aplicó la pena máxima, que es de 12 años.
En su defensa, el imputado aseguró ser un enfermero de profesión y no haber pertenecido nunca a grupos delincuenciales.
Sin embargo, la jueza valoró el testimonio de las víctimas, que, tal como consta en el expediente, en medio de las amenazas, huyeron del lugar. También constan evidencias sicológicas sobre el trauma sufrido al verse amenazados
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó, este viernes, la captura de José David Machado Alvarado, de 27 años de edad, quien es el responsable de cometer un homicidio el jueves por la noche en Usulután, Usulután Este.
La víctima fue un hombre de 40 años quien recibió disparos con arma de fuego.
La PNC detalló que dicha arma fue localizada envuelta en una bolsa plástica y cubierta con piedras.
Machado Alvarado fue arrestado en el distrito de Ozatlán, Usulután Este. Además, será remitido por el delito de homicidio.
«En El Salvador ningún crimen queda impune», enfatizó la PNC.
