Nacionales
CCR ha sido auditada siete veces desde 1995
El ente que se encarga de fiscalizar al Estado, la Corte de Cuentas de la República (CCR), solo ha sido sometida a siete auditorias en 24 años. El primer período auditado fue 15 años después, en 2010, pero el examen se realizó hasta en 2012.
El último período de la CCR auditado fue en 2016, y desde esa fecha aún no se practica ningún examen a sus cuentas. La Asamblea Legislativa tenía previsto contratar una empresa para realizar dicha auditoría este año, pero se suspendió por falta de fondos, según indicaron fuentes del congreso.
En el último análisis de cuentas, correspondiente a los años 2015 y 2016, la CCR reflejó algunas anomalías, de acuerdo con los auditores contratados por la Asamblea Legislativa. Entre los señalamientos están compras de libre gestión por medio de “caja chica”, según detallan publicaciones periodísticas de mediados de noviembre pasado.
Los exámenes también arrojaron que en materia de control interno no se realizaron evaluaciones del desempeño del personal del ente contralor, así como la falta de promoción entre el personal para ocupar plazas vacantes.
La última de las auditorías realizadas a la Corte de Cuentas de la República tuvo un costo de $375,000.
El año pasado la presidenta de la CCR pidió a la Asamblea la aprobación de reformas a su Ley Orgánica, con miras a “hacer una Corte de Cuentas más transparente, eficiente y moderna, para lo cual se requiere de su aprobación”, aunque en dicho proyecto no se menciona el hecho de someterse a auditorías periódicas.
La presidenta del ente contralor y los demás magistrados están participando en el proceso de elección de esa institución, con el objetivo de optar a un cargo para los próximos tres años, desde el 28 de agosto de 2020 al 27 de agosto de 2024.
La Sala de lo Constitucional emitió recién una resolución en la que declara que la Asamblea Legislativa no detalló en el proceso de elección de la presidenta de la CCR ni de la primera magistrada, Carmen Martínez Barahona, su no afiliación partidaria ni sus competencias notorias para el cargo.
Sin embargo, no les inhibe de participar en el proceso de elección ni de continuar en sus cargos hasta el 27 de agosto, en que los diputados deben elegir a los nuevos funcionarios, con solo 43 votos de las bancadas legislativas.
Habitantes de las colonias Los Conacastes, Montes de San Bartolo, El Pepeto y La Guadalupe, en Soyapango, denunciaron la presencia de jóvenes que, según afirman, estarían intentando generar inseguridad en esos sectores. Entre los sujetos identificados por la comunidad se encontraba uno al que le llaman “Diego”.
Tras la difusión de un video en redes sociales en el que se observaba a un joven realizando señas alusivas a la pandilla 18 Sureños, la Policía Nacional Civil capturó a Diego Gerardo Morales Menjívar, de 20 años, en la urbanización Los Conacastes, distrito de Soyapango.
El detenido será remitido por el delito de pertenencia a organizaciones terroristas. La PNC reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de hechos a través de los canales oficiales.
Nacionales
Ministerio de Educación confirma que desfiles estudiantiles se realizarán como en años anteriores
El Ministerio de Educación confirmó que los Desfiles Cívicos Estudiantiles 2026 se realizarán de la manera tradicional, como en años anteriores.
Mediante el Memorándum N.° 10-2026, firmado por la ministra Karla Trigueros, se anularon todas las disposiciones emitidas previamente sobre música, vestimenta, puntos artísticos y otras limitaciones. La medida aplica a todos los centros educativos públicos y privados del país.
Los directores y docentes podrán organizar los actos cívicos de septiembre bajo el formato acostumbrado.
Agentes del CAM sancionaron con $900 a un hombre por cobrar de forma ilegal espacios de parqueo en los alrededores de SívarLand, en San Salvador.
El sujeto fue detectado a través de las cámaras de videovigilancia de Sivar Seguro y, pese a las advertencias, continuó realizando el cobro. La medida fue confirmada por el alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán.
El CAM reiteró que existe una prohibición estricta contra esta práctica y advirtió que, según las circunstancias, podría considerarse un delito de extorsión.
