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CCR ha sido auditada siete veces desde 1995
El ente que se encarga de fiscalizar al Estado, la Corte de Cuentas de la República (CCR), solo ha sido sometida a siete auditorias en 24 años. El primer período auditado fue 15 años después, en 2010, pero el examen se realizó hasta en 2012.
El último período de la CCR auditado fue en 2016, y desde esa fecha aún no se practica ningún examen a sus cuentas. La Asamblea Legislativa tenía previsto contratar una empresa para realizar dicha auditoría este año, pero se suspendió por falta de fondos, según indicaron fuentes del congreso.
En el último análisis de cuentas, correspondiente a los años 2015 y 2016, la CCR reflejó algunas anomalías, de acuerdo con los auditores contratados por la Asamblea Legislativa. Entre los señalamientos están compras de libre gestión por medio de “caja chica”, según detallan publicaciones periodísticas de mediados de noviembre pasado.
Los exámenes también arrojaron que en materia de control interno no se realizaron evaluaciones del desempeño del personal del ente contralor, así como la falta de promoción entre el personal para ocupar plazas vacantes.
La última de las auditorías realizadas a la Corte de Cuentas de la República tuvo un costo de $375,000.
El año pasado la presidenta de la CCR pidió a la Asamblea la aprobación de reformas a su Ley Orgánica, con miras a “hacer una Corte de Cuentas más transparente, eficiente y moderna, para lo cual se requiere de su aprobación”, aunque en dicho proyecto no se menciona el hecho de someterse a auditorías periódicas.
La presidenta del ente contralor y los demás magistrados están participando en el proceso de elección de esa institución, con el objetivo de optar a un cargo para los próximos tres años, desde el 28 de agosto de 2020 al 27 de agosto de 2024.
La Sala de lo Constitucional emitió recién una resolución en la que declara que la Asamblea Legislativa no detalló en el proceso de elección de la presidenta de la CCR ni de la primera magistrada, Carmen Martínez Barahona, su no afiliación partidaria ni sus competencias notorias para el cargo.
Sin embargo, no les inhibe de participar en el proceso de elección ni de continuar en sus cargos hasta el 27 de agosto, en que los diputados deben elegir a los nuevos funcionarios, con solo 43 votos de las bancadas legislativas.
A través del programa Mundo de Arte y Entretenimiento que desarrolla la Dirección de Integración a escala nacional, más de 500 salvadoreños al día tienen acceso a espacios culturales.
«Este no es un esfuerzo aislado, sino un proceso integrador que amplía miradas, fortalece relaciones y naturaliza el acceso a la cultura como parte de la vida, asegurando que cada persona pueda conocer, vivir y hacer propia la riqueza cultural del país», indicó la institución.
Esta iniciativa posibilita el acceso a miles de personas de todas las edades de las zonas urbanas y rurales para que asistan por primera vez a cines, teatros, conciertos y museos.
Asimismo, estudiantes acompañados de sus padres y docentes de diferentes centros educativos del país visitan diferentes espacios como el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán (MUNA), a través del programa Mundo de Arte y Entretenimiento.
«Con estas experiencias promovemos el intercambio entre comunidades y el mundo del arte y la cultura, fortaleciendo relaciones integradoras y naturalizando este acceso como parte de la vida», agregó.
Asimismo, 100 personas de diferentes comunidades de Usulután y Santa Ana visitaron el parque Saburo Hirao, en San Salvador, con el objetivo de fortalecer experiencias que les permitan redescubrir y naturalizar estas actividades como parte de la vida.
«100 salvadoreños de Jiquilisco, Usulután y Chalatenango vivieron una experiencia inolvidable al visitar Sunset Park, a través del programa Mundo de Arte y Entretenimiento», añadió.
De acuerdo con Integración, la participación de las personas en la naturalización con el arte no se limita a presenciar y a reflexionar sobre los espectáculos; también, aspira a que cada salvadoreño sea capaz de producir arte lo enriquezca de forma personal y a la cultura del país.
«Para alcanzar el desarrollo e ir saliendo de la pobreza, una aspiración del país debería ser que el arte llegue a las comunidades. Se producirá un cambio cultural porque nace una relación naturalizada del pueblo con la cultura», afirmó Integración.
La ministra de Educación, Karla Trigueros, llegó esta noche hasta el Centro Escolar El Congo, en el distrito del mismo nombre de Santa Ana Este, para verificar la matrícula de la modalidad flexible y supervisar la entrega de paquetes escolares que por primera vez reciben los estudiantes de este sector, que realizan sus estudios en horarios nocturnos.
Para este año, este centro educativo registra una matrícula de 83 estudiantes en los niveles desde primero a noveno grado, en su mayoría jóvenes y adultos, lo que representa un incremento en el número de estudiantes bajo esta modalidad comparado al año pasado.
La ministra destacó que con la entrega de los paquetes, el gobierno del presidente Nayib Bukele garantiza el beneficio para todos los estudiantes del sector público, ya que los estudiantes de esta modalidad recibirán el mismo paquete, con excepción de los uniformes, que recibe el resto de estudiantes en modalidad normal
La ministra Trigueros señaló además que los paquetes representan un incentivo importante para la continuidad de los estudiantes de esta modalidad, que ahora cuentan con herramientas esenciales para avanzar en sus estudios, como las tablets y laptops que se incluyen en el paquete, además de todo el material educativo, que usarán en sus estudios
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador envió a juicio al importador de lácteos William Giovany Cruz Molina, por defraudar al fisco con un monto de $1,702,451.46, según la acusación presentada por la Fiscalía General de la República.
El imputado quien tiene la calidad de ausente ante el juez de la causa, comenzó a ser investigado por el ministerio público, luego que el 3 de febrero de 2022, recibiera un informe del director y subdirector de Impuestos Internos informando que tras un procedimiento de fiscalización del impuesto sobre la renta correspondiente al 1 de enero y 31 de diciembre de 2018, habían detectado irregularidades en la declaración presentada por Cruz Molina.
En la fiscalización, los auditores determinaron que el contribuyente del impuesto sobre la renta defraudó al fisco al haber declarado información falsa y ocultar documentos necesarios para la determinación de las obligaciones de pago.
Según la fiscalización de la administración tributaria, el 25 de marzo de 2019, en un formulario declaró cero valores, pero en la misma fecha modificó esa declaración de impuesto sobre la renta para reportar un valor por $1.62, tomándose de esa manera como la última declaración.
En ese formulario el imputado incluyó información falsa ya que no declaró operaciones por rentas gravadas por un monto de $4,591,245.12, de los cuales comprende rentas gravadas por compras no registradas por un valor de $3,108,281.82 proveniente de la compra de queso morolique de origen nicaragüense según declaraciones de mercancías.
También detectaron rentas gravadas no declaradas originadas de incremento patrimonial no justificado por depósitos en cuentas bancarias por un valor de $1,482,963.30.
Ese dinero depositado en dos cuentas en un banco, no fue justificado, Cruz Molina, pese a que le requirieron que detallara el origen de los fondos, no presentó la documentación. Hacienda le pidió comprobante de crédito fiscal o facturas de consumidor final al cual corresponde cada uno de los depósitos, pero no accedió.
Por todos esos hechos, la Fiscalía ordenó la detención el 30 de noviembre de 2022, la Policía Nacional Civil (PNC), lo ubicó y fue puesto a la orden de un juzgado donde le decretaron medidas, pero a la audiencia preliminar ya no se presentó.
