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CCR ha sido auditada siete veces desde 1995
El ente que se encarga de fiscalizar al Estado, la Corte de Cuentas de la República (CCR), solo ha sido sometida a siete auditorias en 24 años. El primer período auditado fue 15 años después, en 2010, pero el examen se realizó hasta en 2012.
El último período de la CCR auditado fue en 2016, y desde esa fecha aún no se practica ningún examen a sus cuentas. La Asamblea Legislativa tenía previsto contratar una empresa para realizar dicha auditoría este año, pero se suspendió por falta de fondos, según indicaron fuentes del congreso.
En el último análisis de cuentas, correspondiente a los años 2015 y 2016, la CCR reflejó algunas anomalías, de acuerdo con los auditores contratados por la Asamblea Legislativa. Entre los señalamientos están compras de libre gestión por medio de “caja chica”, según detallan publicaciones periodísticas de mediados de noviembre pasado.
Los exámenes también arrojaron que en materia de control interno no se realizaron evaluaciones del desempeño del personal del ente contralor, así como la falta de promoción entre el personal para ocupar plazas vacantes.
La última de las auditorías realizadas a la Corte de Cuentas de la República tuvo un costo de $375,000.
El año pasado la presidenta de la CCR pidió a la Asamblea la aprobación de reformas a su Ley Orgánica, con miras a “hacer una Corte de Cuentas más transparente, eficiente y moderna, para lo cual se requiere de su aprobación”, aunque en dicho proyecto no se menciona el hecho de someterse a auditorías periódicas.
La presidenta del ente contralor y los demás magistrados están participando en el proceso de elección de esa institución, con el objetivo de optar a un cargo para los próximos tres años, desde el 28 de agosto de 2020 al 27 de agosto de 2024.
La Sala de lo Constitucional emitió recién una resolución en la que declara que la Asamblea Legislativa no detalló en el proceso de elección de la presidenta de la CCR ni de la primera magistrada, Carmen Martínez Barahona, su no afiliación partidaria ni sus competencias notorias para el cargo.
Sin embargo, no les inhibe de participar en el proceso de elección ni de continuar en sus cargos hasta el 27 de agosto, en que los diputados deben elegir a los nuevos funcionarios, con solo 43 votos de las bancadas legislativas.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
El Fondo Solidario para la Salud (Fosalud) informó que ha recibido la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno, alineado con la norma internacional NTS ISO 37001:2016.
El ministro de salud, Francisco Alabi, junto a la viceministra de operaciones en Salud y directora ejecutiva ad honorem de Fosalud, Karla Díaz, recibieron la certificación por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), a través de su director general para Centroamérica, Arnulfo Pino.
De acuerdo con la institución, este logro forma del esfuerzo institucional en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno y al cumplimiento de los criterios internacionales orientados a la transparencia, integridad, la prevención del soborno y la confianza ciudadana, como pilares de una gestión pública moderna y responsable, alineada con las directrices presidenciales.
Fosalud explicó que el proceso de implementación y certificación del Sistema de Gestión Antisoborno duró un aproximado de 14 meses, concluyendo satisfactoriamente en octubre de 2025.
También detalló que esta certificación abarca todas las gerencias y unidades organizativas, los procesos relacionados con la prestación de los servicios de salud en los diferentes establecimientos con cobertura Fosalud y los procesos administrativos, considerados críticos desde la perspectiva de riesgos de soborno.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), invitó a los salvadoreños en el exterior que desean continuar sus estudios, que apliquen al programa de becas con Panamerican University.
Este ofrece una oportunidad para estudiar una licenciatura o maestría. Las becas son en modalidad online, con clases en vivo y en español.
La fecha última para postularse es el próximo 20 de febrero de este año. Algunas de las carreras disponibles son: administración de empresas, ciencias de la computación e inteligencia artificial.
Mientras que, las maestrías son: global executive MBA, gestión estratégica de recursos humanos y analítica de personas, ciencias en gestión financiera corporativa y FinTech.
