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CCR ha sido auditada siete veces desde 1995
El ente que se encarga de fiscalizar al Estado, la Corte de Cuentas de la República (CCR), solo ha sido sometida a siete auditorias en 24 años. El primer período auditado fue 15 años después, en 2010, pero el examen se realizó hasta en 2012.
El último período de la CCR auditado fue en 2016, y desde esa fecha aún no se practica ningún examen a sus cuentas. La Asamblea Legislativa tenía previsto contratar una empresa para realizar dicha auditoría este año, pero se suspendió por falta de fondos, según indicaron fuentes del congreso.
En el último análisis de cuentas, correspondiente a los años 2015 y 2016, la CCR reflejó algunas anomalías, de acuerdo con los auditores contratados por la Asamblea Legislativa. Entre los señalamientos están compras de libre gestión por medio de “caja chica”, según detallan publicaciones periodísticas de mediados de noviembre pasado.
Los exámenes también arrojaron que en materia de control interno no se realizaron evaluaciones del desempeño del personal del ente contralor, así como la falta de promoción entre el personal para ocupar plazas vacantes.
La última de las auditorías realizadas a la Corte de Cuentas de la República tuvo un costo de $375,000.
El año pasado la presidenta de la CCR pidió a la Asamblea la aprobación de reformas a su Ley Orgánica, con miras a “hacer una Corte de Cuentas más transparente, eficiente y moderna, para lo cual se requiere de su aprobación”, aunque en dicho proyecto no se menciona el hecho de someterse a auditorías periódicas.
La presidenta del ente contralor y los demás magistrados están participando en el proceso de elección de esa institución, con el objetivo de optar a un cargo para los próximos tres años, desde el 28 de agosto de 2020 al 27 de agosto de 2024.
La Sala de lo Constitucional emitió recién una resolución en la que declara que la Asamblea Legislativa no detalló en el proceso de elección de la presidenta de la CCR ni de la primera magistrada, Carmen Martínez Barahona, su no afiliación partidaria ni sus competencias notorias para el cargo.
Sin embargo, no les inhibe de participar en el proceso de elección ni de continuar en sus cargos hasta el 27 de agosto, en que los diputados deben elegir a los nuevos funcionarios, con solo 43 votos de las bancadas legislativas.
Estados Unidos calificó a El Salvador como un socio estratégico en el hemisferio occidental y destacó el clima de inversión impulsado por la política de seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele, en momentos en que decenas de empresas estadounidenses evalúan invertir en el país.
La Embajada de Estados Unidos en El Salvador señaló que el llamado «milagro de seguridad pública» ha generado condiciones favorables para el desarrollo económico y la atracción de capital extranjero. Según la representación diplomática, el objetivo de la política exterior estadounidense es que sus empresas participen activamente en lo que califican como el «renacimiento» salvadoreño.
En ese contexto, el Departamento de Estado informó que el subsecretario para Asuntos Económicos sostuvo recientemente un encuentro con más de 75 compañías estadounidenses interesadas en explorar oportunidades de inversión en El Salvador. «Estas inversiones traerán prosperidad a ambos países», indicó la oficina de Asuntos Económicos del organismo.
El creciente interés de empresas estadounidenses refleja que El Salvador se perfila como un destino «competitivo y atractivo» para la inversión. Este posicionamiento está vinculado al entorno de seguridad que ha favorecido condiciones para el desarrollo económico. Asimismo, la relación bilateral con Estados Unidos muestra un fortalecimiento en áreas como seguridad, transferencia de tecnología y generación de empleo.
Datos oficiales señalan que El Salvador cerró 2025 con 474.8 millones de dólares en inversión extranjera directa, mientras que la rentabilidad de empresas internacionales creció 13.2 %. Estados Unidos se mantiene como uno de los principales socios económicos y fuente clave de inversión y turismo hacia el país centroamericano.
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Mercados de San Salvador centro cuentan con todo lo necesario para celebración del Día de la Cruz
Este domingo 3 de mayo se celebra en El Salvador el Día de la Cruz, una tradición con un origen que mezcla elementos religiosos y costumbres indígenas y, en los mercados de San Salvador Centro, los vendedores tienen a disposición de los compradores todo lo que se necesita para la fecha.
La vendedora Yanira, del edificio 9 del Mercado Central, detalla que se cuenta con adornos para la decoración de las cruces, entre ellos, los churros, nidos o matates y cortinas plásticas. «Les esperamos con amabilidad para poderles servir y que lleven sus productos», dijo.
Entretanto, la alcaldía de San Salvador ha compartido un video en el que se pone a la venta los distintos tipos de frutas de temporada que se ofrecen para llevar a cabo esta costumbre: mangos, peras, fresas, granadillas, melocotones, uvas, papaya, piña y sandías.
Y es que durante esta celebración, se coloca una cruz de madera, adornada con papel de colores, flores y frutas. Generalmente, la cruz suele ponerse en patios, jardines o espacios comunitarios.
Es común que los niños y adultos visiten las casas para pedir frutas o dulces, algo similar a otras tradiciones festivas. En algunas comunidades hay música, rezos o pequeños actos religiosos.
La alcaldía también anuncia que mañana, sábado 2 de mayo, se conmemorará el Día de la Cruz en la Placita de Ciudad Delgado, desde las 9:00 a. m. y se hace la invitación a la población a participar.
La celebración está vinculada al cristianismo, especialmente a la conmemoración de la invención (hallazgo) de la cruz de Cristo, atribuida a Santa Elena en el siglo IV. Según la tradición, ella habría encontrado la cruz donde fue crucificado Jesucristo en Jerusalén.
Los parlamentarios que conforman la comisión política iniciaron ayer el estudio de los acuerdos constitucionales número siete y ocho aprobados el miércoles anterior en la sesión plenaria ordinaria 107.
El primer acuerdo contiene la reforma al inciso primero del artículo 79 de la Constitución de la República, en el sentido de que se inscriba una nueva circunscripción en el extranjero.
Dicha modificación permitiría que los salvadoreños que residen fuera del país tengan representación directa en el congreso, con diputados que velen por sus necesidades.
El presidente de la comisión política y del congreso, Ernesto Castro, explicó que con esta enmienda «la diáspora -que tiene DUI con domicilio en el exterior- van a poder votar directamente por sus representantes; ellos van a elegir específicamente quiénes quieren que los representen».
Se trata de una iniciativa propuesta por el presidente Nayib Bukele, la cual recibió el respaldo de los 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC.
La enmienda propone que la nueva circunscripción se base en el registro electoral y no en la cantidad de personas que residen en el exterior, y aclara que se respetará la actual configuración del congreso, que es de 60 diputados.
«El voto de ellos antes era consignado para el departamento de San Salvador, pero ahora nuestros hermanos en el exterior van a votar directamente por sus representantes», detalló Castro.
Destacó que la diáspora es considerada prioridad para la actual legislatura, y por ello es incluída en su agenda al recibirla durante las sesiones plenarias.
Respecto al segundo acuerdo (número 8), la Asamblea aprobó con 57 votos despartidizar la conformación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), manteniendo la representación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con dos magistrados. Los tres restantes, que eran propuestos por partidos políticos, serán elegidos como funcionarios de segundo grado.
La comisión política acordó continuar el estudio de los dos expedientes el próximo lunes.
