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CCR ha sido auditada siete veces desde 1995
El ente que se encarga de fiscalizar al Estado, la Corte de Cuentas de la República (CCR), solo ha sido sometida a siete auditorias en 24 años. El primer período auditado fue 15 años después, en 2010, pero el examen se realizó hasta en 2012.
El último período de la CCR auditado fue en 2016, y desde esa fecha aún no se practica ningún examen a sus cuentas. La Asamblea Legislativa tenía previsto contratar una empresa para realizar dicha auditoría este año, pero se suspendió por falta de fondos, según indicaron fuentes del congreso.
En el último análisis de cuentas, correspondiente a los años 2015 y 2016, la CCR reflejó algunas anomalías, de acuerdo con los auditores contratados por la Asamblea Legislativa. Entre los señalamientos están compras de libre gestión por medio de “caja chica”, según detallan publicaciones periodísticas de mediados de noviembre pasado.
Los exámenes también arrojaron que en materia de control interno no se realizaron evaluaciones del desempeño del personal del ente contralor, así como la falta de promoción entre el personal para ocupar plazas vacantes.
La última de las auditorías realizadas a la Corte de Cuentas de la República tuvo un costo de $375,000.
El año pasado la presidenta de la CCR pidió a la Asamblea la aprobación de reformas a su Ley Orgánica, con miras a “hacer una Corte de Cuentas más transparente, eficiente y moderna, para lo cual se requiere de su aprobación”, aunque en dicho proyecto no se menciona el hecho de someterse a auditorías periódicas.
La presidenta del ente contralor y los demás magistrados están participando en el proceso de elección de esa institución, con el objetivo de optar a un cargo para los próximos tres años, desde el 28 de agosto de 2020 al 27 de agosto de 2024.
La Sala de lo Constitucional emitió recién una resolución en la que declara que la Asamblea Legislativa no detalló en el proceso de elección de la presidenta de la CCR ni de la primera magistrada, Carmen Martínez Barahona, su no afiliación partidaria ni sus competencias notorias para el cargo.
Sin embargo, no les inhibe de participar en el proceso de elección ni de continuar en sus cargos hasta el 27 de agosto, en que los diputados deben elegir a los nuevos funcionarios, con solo 43 votos de las bancadas legislativas.
Con 56 votos, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul, con la que se establece una nueva institución responsable de planificar y ejecutar políticas públicas de pesca, acuicultura y actividades conexas, orientadas al aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y de agua dulce.
La normativa da paso a la creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul (ASEA), una institución autónoma, con patrimonio propio y adscrita al Ministerio de Economía, que ejercerá la rectoría del sector pesquero y acuícola del país.
El enfoque de economía azul se refiere a integrar la sostenibilidad y la gestión responsable de los océanos con el desarrollo económico, utilizando la tecnología y la innovación para maximizar los beneficios de los recursos marinos y costeros sin agotarlos.
El objetivo de la ley es diseñar e implementar políticas públicas de pesca, acuicultura y actividades conexas con enfoque de economía azul; garantizar la seguridad alimentaria y nutricional; fomentar el crecimiento del sector; asegurar el uso racional de los recursos hidrobiológicos y promover la sostenibilidad ambiental, la innovación y la cooperación entre los sectores público, privado y académico.
El diputado de Nuevas Ideas, Ricardo Rivas, expuso que con el marco legal se busca impulsar la inversión, proteger los recursos marinos y agrícolas, modernizar y hacer más sostenible la pesca, dinamizando la economía de quienes dependen de este rubro. “Hay más de 5,000 acuicultores en el país, además de 30,000 pescadores de mar abierto que serán beneficiados con la creación de esta Autoridad Salvadoreña de Economía Azul”, manifestó.
Añadió que dicha autoridad impulsará el desarrollo productivo del sector, a través del fortalecimiento de la cadena de valores, el acceso a los distintos mercados, la innovación y la transferencia de tecnología.
La ley establece la creación de la Autoridad Salvadoreña de Economía Azul como el ente rector de la política, planificación y regulación de la pesca, la acuicultura y las actividades conexas con enfoque de economía azul, responsable de aplicar la normativa nacional en la materia y de coordinar las relaciones del sector a nivel nacional e internacional.
La ASEA asumirá las funciones que, actualmente, desempeñan el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura (CENDEPESCA). Además, ejercerá la rectoría y gobernanza del sector pesquero y acuícola, velando por el cumplimiento de la normativa vigente y de la Ley General de Ordenación y Promoción de la Pesca y Acuicultura.
Asimismo, regulará el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, promoviendo su uso sostenible y la conservación de los ecosistemas. Para ello, autorizará, supervisará e inspeccionará las actividades del sector, con el propósito de garantizar la trazabilidad, la calidad y la inocuidad de los productos pesqueros, impulsando prácticas responsables y sostenibles.
De igual manera, la ASEA fomentará la investigación científica, la transferencia tecnológica y el fortalecimiento de capacidades, mediante la coordinación con instituciones públicas, el sector privado y organismos internacionales. La entidad se financiará con fondos del Presupuesto General del Estado, ingresos por servicios, cooperación internacional, donaciones y otros recursos. Su gestión estará sujeta a la fiscalización de la Corte de Cuentas, además de auditorías externas cuando se considere necesario.
Gobierno nombra a Patty Godinez como Viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, cargo desde el cual impulsará acciones orientadas a fortalecer la relación con los salvadoreños en el exterior.
El enfoque del trabajo institucional estará dirigido a estrechar los lazos con la diáspora salvadoreña, reconociendo su aporte y promoviendo su participación activa en iniciativas de desarrollo económico, social y cultural del país.
Con este nombramiento, se busca que cada salvadoreño que reside fuera del territorio nacional sea un actor clave en el desarrollo de El Salvador, reforzando los mecanismos de vinculación, atención y acompañamiento a la comunidad migrante.
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Capacitación práctica abre oportunidades en áreas creativas y de emprendimiento en San Salvador
La Alcaldía de San Salvador anunció la realización de cursos cortos de formación durante febrero a través del Centro de Formación Laboral de San Salvador Centro, como parte de su oferta de capacitación para la población. La comuna destacó que estas actividades buscan promover el aprendizaje de nuevas habilidades prácticas.
Entre los talleres disponibles destacan el Taller de decoración Amor y Amistad con globos, el Taller de elaboración de cremas para el cuidado de la piel y el Taller de galletas del amor y la amistad. De acuerdo con la información publicada, las actividades se desarrollarán el lunes 9 de febrero en la sede de la colonia Layco.
Los talleres se impartirán en horario de 8:00 a. m. a 12:00 m., con un costo de 15 dólares e incluyen todos los materiales necesarios. La inscripción permanecerá abierta hasta el mismo día del evento, según detalla la convocatoria.
La municipalidad informó que las personas interesadas pueden solicitar información adicional a través del teléfono 2205-4000, extensiones 2705 y 2713, o mediante WhatsApp al 7967-3810.
