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Nacionales

CCR ha sido auditada siete veces desde 1995

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El ente que se encarga de fiscalizar al Estado, la Corte de Cuentas de la República (CCR), solo ha sido sometida a siete auditorias en 24 años. El primer período auditado fue 15 años después, en 2010, pero el examen se realizó hasta en 2012.

El último período de la CCR auditado fue en 2016, y desde esa fecha aún no se practica ningún examen a sus cuentas. La Asamblea Legislativa tenía previsto contratar una empresa para realizar dicha auditoría este año, pero se suspendió por falta de fondos, según indicaron fuentes del congreso.

En el último análisis de cuentas, correspondiente a los años 2015 y 2016, la CCR reflejó algunas anomalías, de acuerdo con los auditores contratados por la Asamblea Legislativa. Entre los señalamientos están compras de libre gestión por medio de “caja chica”, según detallan publicaciones periodísticas de mediados de noviembre pasado.

Los exámenes también arrojaron que en materia de control interno no se realizaron evaluaciones del desempeño del personal del ente contralor, así como la falta de promoción entre el personal para ocupar plazas vacantes.

La última de las auditorías realizadas a la Corte de Cuentas de la República tuvo un costo de $375,000.

El año pasado la presidenta de la CCR pidió a la Asamblea la aprobación de reformas a su Ley Orgánica, con miras a “hacer una Corte de Cuentas más transparente, eficiente y moderna, para lo cual se requiere de su aprobación”, aunque en dicho proyecto no se menciona el hecho de someterse a auditorías periódicas.

La presidenta del ente contralor y los demás magistrados están participando en el proceso de elección de esa institución, con el objetivo de optar a un cargo para los próximos tres años, desde el 28 de agosto de 2020 al 27 de agosto de 2024.

La Sala de lo Constitucional emitió recién una resolución en la que declara que la Asamblea Legislativa no detalló en el proceso de elección de la presidenta de la CCR ni de la primera magistrada, Carmen Martínez Barahona, su no afiliación partidaria ni sus competencias notorias para el cargo.

Sin embargo, no les inhibe de participar en el proceso de elección ni de continuar en sus cargos hasta el 27 de agosto, en que los diputados deben elegir a los nuevos funcionarios, con solo 43 votos de las bancadas legislativas.

Nacionales

Cámaras de Sivar Seguro captan el choque de dos vehículos en el bulevar Los Próceres

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Las cámaras del sistema Sivar Seguro, de la alcaldía de San Salvador Centro, grabaron este sábado un accidente en el bulevar Los Próceres. Según las imágenes, un conductor perdió el control después de chocar contra un camión y terminó involucrado en un segundo impacto.

El percance complicó el tráfico en la zona y requirió la presencia de la Policía. De forma preliminar se informó que no hay personas lesionadas de gravedad.

El bulevar Los Próceres es una de las vías de mayor flujo del Distrito Capital. Las autoridades reiteran circular con precaución y respetar distancias, sobre todo en tramos de incorporación y cambio de carril.

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Sucesos

Capturan en San Marcos a un joven acusado de agredir a un hombre para quitarle el celular

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La Policía Nacional Civil detuvo a Jefferson Alexander Ramos Rivas, de 18 años, acusado de golpear en el rostro a otro hombre para despojarlo de un teléfono celular. El hecho, según las autoridades, ocurrió cerca de la Terminal del Sur.

El joven fue aprehendido en la colonia Las Mercedes, distrito de San Marcos, San Salvador Sur. Será remitido por los delitos de lesiones graves y robo.

La PNC no precisó si el celular fue recuperado ni el estado de salud de la víctima. El caso queda en manos de las instancias judiciales correspondientes.

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Judicial

PNC reporta la detención de un deportado de EE. UU. señalado como gatillero de la MS-13

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La Policía Nacional Civil informó la captura de Roberto Benjamín Rodríguez Padilla, alias El Náufrago o Chino, señalado como gatillero de la clica San Cocos Locos Salvatruchos, de la MS-13. Según el parte, fue detenido en Estados Unidos, deportado a El Salvador y puesto a disposición de las autoridades locales.

La PNC indica que tiene orden de captura vigente por homicidio agravado, privación de libertad y agrupaciones ilícitas, además de antecedentes por posesión y tenencia de drogas. Las autoridades afirmaron que será remitido al juzgado que lo reclama.

El caso se inscribe en la coordinación entre deportaciones desde Estados Unidos y operativos contra presuntos remanentes de pandillas en el país. Hasta ahora no se ha difundido la fecha exacta de la expulsión ni un comunicado independiente de fiscalía que detalle el expediente.

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