Nacionales
CCR ha sido auditada siete veces desde 1995
El ente que se encarga de fiscalizar al Estado, la Corte de Cuentas de la República (CCR), solo ha sido sometida a siete auditorias en 24 años. El primer período auditado fue 15 años después, en 2010, pero el examen se realizó hasta en 2012.
El último período de la CCR auditado fue en 2016, y desde esa fecha aún no se practica ningún examen a sus cuentas. La Asamblea Legislativa tenía previsto contratar una empresa para realizar dicha auditoría este año, pero se suspendió por falta de fondos, según indicaron fuentes del congreso.
En el último análisis de cuentas, correspondiente a los años 2015 y 2016, la CCR reflejó algunas anomalías, de acuerdo con los auditores contratados por la Asamblea Legislativa. Entre los señalamientos están compras de libre gestión por medio de “caja chica”, según detallan publicaciones periodísticas de mediados de noviembre pasado.
Los exámenes también arrojaron que en materia de control interno no se realizaron evaluaciones del desempeño del personal del ente contralor, así como la falta de promoción entre el personal para ocupar plazas vacantes.
La última de las auditorías realizadas a la Corte de Cuentas de la República tuvo un costo de $375,000.
El año pasado la presidenta de la CCR pidió a la Asamblea la aprobación de reformas a su Ley Orgánica, con miras a “hacer una Corte de Cuentas más transparente, eficiente y moderna, para lo cual se requiere de su aprobación”, aunque en dicho proyecto no se menciona el hecho de someterse a auditorías periódicas.
La presidenta del ente contralor y los demás magistrados están participando en el proceso de elección de esa institución, con el objetivo de optar a un cargo para los próximos tres años, desde el 28 de agosto de 2020 al 27 de agosto de 2024.
La Sala de lo Constitucional emitió recién una resolución en la que declara que la Asamblea Legislativa no detalló en el proceso de elección de la presidenta de la CCR ni de la primera magistrada, Carmen Martínez Barahona, su no afiliación partidaria ni sus competencias notorias para el cargo.
Sin embargo, no les inhibe de participar en el proceso de elección ni de continuar en sus cargos hasta el 27 de agosto, en que los diputados deben elegir a los nuevos funcionarios, con solo 43 votos de las bancadas legislativas.
Nacionales
Discusión tras partido de fútbol termina con dos lesionados y dos detenidos en Chalatenango
Luis Antonio Mancía Hernández, de 36 años de edad, y Jaime Ismael Guzmán Galdámez, de 21 años, fueron capturados luego de ser señalados como responsables de lesionar a otros dos hombres durante una pelea ocurrida al finalizar un partido de fútbol.
El hecho se registró en el distrito de Nueva Concepción, Chalatenango Centro, mientras los involucrados se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.
Las personas lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial, donde se informó que su condición de salud es estable.
Tras el incidente, junto con la Fuerza Armada se inició la búsqueda de los sospechosos, quienes fueron capturados en el mismo distrito.
Mancía Hernández y Guzmán Galdámez serán remitidos por el delito de lesiones.
Un hombre resultó lesionado tras verse involucrado en un fuerte siniestro vial registrado la tarde del lunes en el distrito de Ciudad Arce, del municipio de La Libertad Centro, departamento de La Libertad.
Voluntarios de Comandos de Salvamento (CS) de la seccional de Ciudad Arce fueron alertados sobre la emergencia y acudieron al lugar para brindar asistencia.
El percance ocurrió sobre la carretera Panamericana, a la altura de Termos del Río, en el sentido que conduce de San Salvador hacia Santa Ana, donde estuvieron involucrados un pick up y una motocicleta.
“Se vieron involucrados una motocicleta y un vehículo tipo pick up, resultando lesionado el motociclista. Nuestro personal le brindó asistencia en el lugar”, detalló Comandos de Salvamento.
El Viceministerio de Transporte (VMT) realizó un dispositivo de verificación para detectar dispositivos sonoros que no son de fábrica instalados en unidades del transporte colectivo.
Las autoridades informaron que los procedimientos se desarrollan de acuerdo con lo establecido en el artículo 240 del Reglamento General de Tránsito.
“Todo dispositivo que no es de fábrica está siendo desinstalado en el momento de la notificación de la falta”, detalló el VMT.
Además, durante los procedimientos, las autoridades han impuesto sanciones por exceso de ruido, a partir de verificaciones realizadas en campo y denuncias ciudadanas.
