Nacionales
CCR ha sido auditada siete veces desde 1995
El ente que se encarga de fiscalizar al Estado, la Corte de Cuentas de la República (CCR), solo ha sido sometida a siete auditorias en 24 años. El primer período auditado fue 15 años después, en 2010, pero el examen se realizó hasta en 2012.
El último período de la CCR auditado fue en 2016, y desde esa fecha aún no se practica ningún examen a sus cuentas. La Asamblea Legislativa tenía previsto contratar una empresa para realizar dicha auditoría este año, pero se suspendió por falta de fondos, según indicaron fuentes del congreso.
En el último análisis de cuentas, correspondiente a los años 2015 y 2016, la CCR reflejó algunas anomalías, de acuerdo con los auditores contratados por la Asamblea Legislativa. Entre los señalamientos están compras de libre gestión por medio de “caja chica”, según detallan publicaciones periodísticas de mediados de noviembre pasado.
Los exámenes también arrojaron que en materia de control interno no se realizaron evaluaciones del desempeño del personal del ente contralor, así como la falta de promoción entre el personal para ocupar plazas vacantes.
La última de las auditorías realizadas a la Corte de Cuentas de la República tuvo un costo de $375,000.
El año pasado la presidenta de la CCR pidió a la Asamblea la aprobación de reformas a su Ley Orgánica, con miras a “hacer una Corte de Cuentas más transparente, eficiente y moderna, para lo cual se requiere de su aprobación”, aunque en dicho proyecto no se menciona el hecho de someterse a auditorías periódicas.
La presidenta del ente contralor y los demás magistrados están participando en el proceso de elección de esa institución, con el objetivo de optar a un cargo para los próximos tres años, desde el 28 de agosto de 2020 al 27 de agosto de 2024.
La Sala de lo Constitucional emitió recién una resolución en la que declara que la Asamblea Legislativa no detalló en el proceso de elección de la presidenta de la CCR ni de la primera magistrada, Carmen Martínez Barahona, su no afiliación partidaria ni sus competencias notorias para el cargo.
Sin embargo, no les inhibe de participar en el proceso de elección ni de continuar en sus cargos hasta el 27 de agosto, en que los diputados deben elegir a los nuevos funcionarios, con solo 43 votos de las bancadas legislativas.
Un trabajador de la construcción quedó soterrado la mañana de este día tras un alud de tierra ocurrido en una obra privada que se ejecuta en el sector del by pass de Osicala, departamento de Morazán.
El incidente movilizó a personal de la Oficina Distrital, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y a otros trabajadores del proyecto, quienes realizaron labores inmediatas de rescate para liberar al afectado.
Luego de ser auxiliado, el trabajador fue identificado como Fidel y trasladado al Hospital Nacional de San Francisco Gotera, donde recibe atención médica. De acuerdo con testimonios de personas presentes en el lugar, el lesionado se encontraba estable al momento de su traslado.
Las autoridades mantienen las verificaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho y reiteraron el llamado a reforzar las medidas de seguridad laboral en obras de construcción.
Principal
Fiscalía procesa a siete personas por estafa y uso de documentos falsos en perjuicio de institución financiera
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un operativo durante la madrugada que permitió la captura de siete personas acusadas de cometer delitos financieros en perjuicio de una institución financiera ubicada en la zona oriental del país.
Según el requerimiento fiscal, los imputados habrían operado mediante una estructura delictiva organizada que actuaba en diferentes fases. En la primera etapa, recolectaban documentos de identidad y elaboraban documentación falsa que posteriormente era presentada ante la entidad financiera. En una segunda fase, reclutaban personas para que facilitaran sus datos personales y colaboraran en la obtención de los créditos.
Posteriormente, los procesados se presentaban ante la institución simulando ser solicitantes legítimos de productos financieros, logrando así la aprobación de los financiamientos. Con esta modalidad, la Fiscalía establece que los imputados obtuvieron 19 créditos por un monto individual de $5,000, generando un perjuicio económico aproximado de $95,000.
De acuerdo con la investigación, parte del dinero era entregado a las personas que colaboraban con el esquema fraudulento, ya sea mediante el pago de una porción del crédito o con compensaciones económicas de hasta $100 por el uso de sus documentos personales.
Imputados y delitos atribuidos
Los detenidos son:
José Amílcar Flores
María Lorena Fuentes
Kenia Leticia Sánchez Fuentes
Carlos Alexis Sánchez Arevalo
Jessica Elizabeth Chicas Gutiérrez
Marvin Alexis Fuentes Flores
José Luis Ramos Díaz
La Fiscalía les atribuye los delitos de:
Falsedad ideológica
Uso y tenencia de documentos falsos
Estafa
Las capturas se realizaron en distintos sectores de los departamentos de San Miguel y La Unión, donde además se incautaron teléfonos celulares, documentos y otros elementos probatorios que serán incorporados al proceso penal.
Los imputados serán presentados ante los tribunales correspondientes en las próximas horas, donde la Fiscalía solicitará las medidas que conforme a derecho correspondan, mientras continúan las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas en el caso.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó hoy que han logrado la incautación de 375 kilos de cocaína, valorados comercialmente en un aproximado de $9.4 millones.
«La embarcación fue intervenida en la bocana del Río Jiboa, límite entre San Vicente y La Paz, donde fueron capturados dos sujetos: Ubaldo Reyes Juarez, salvadoreño y Rony Eduardo Morales Fajardo, guatemalteco», informó el ministro.
En esta misión participó la Sección Táctica Operativa de Reacción Marítima (STORM), que eficazmente logró neutralizar el avance del cargamento y su ruta criminal.
Durante el procedimiento también fueron incautados dos celulares y un GPS. La lancha provenía de Nicaragua y su destino era Guatemala, dijo Villatoro.
