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CCR ha sido auditada siete veces desde 1995
El ente que se encarga de fiscalizar al Estado, la Corte de Cuentas de la República (CCR), solo ha sido sometida a siete auditorias en 24 años. El primer período auditado fue 15 años después, en 2010, pero el examen se realizó hasta en 2012.
El último período de la CCR auditado fue en 2016, y desde esa fecha aún no se practica ningún examen a sus cuentas. La Asamblea Legislativa tenía previsto contratar una empresa para realizar dicha auditoría este año, pero se suspendió por falta de fondos, según indicaron fuentes del congreso.
En el último análisis de cuentas, correspondiente a los años 2015 y 2016, la CCR reflejó algunas anomalías, de acuerdo con los auditores contratados por la Asamblea Legislativa. Entre los señalamientos están compras de libre gestión por medio de “caja chica”, según detallan publicaciones periodísticas de mediados de noviembre pasado.
Los exámenes también arrojaron que en materia de control interno no se realizaron evaluaciones del desempeño del personal del ente contralor, así como la falta de promoción entre el personal para ocupar plazas vacantes.
La última de las auditorías realizadas a la Corte de Cuentas de la República tuvo un costo de $375,000.
El año pasado la presidenta de la CCR pidió a la Asamblea la aprobación de reformas a su Ley Orgánica, con miras a “hacer una Corte de Cuentas más transparente, eficiente y moderna, para lo cual se requiere de su aprobación”, aunque en dicho proyecto no se menciona el hecho de someterse a auditorías periódicas.
La presidenta del ente contralor y los demás magistrados están participando en el proceso de elección de esa institución, con el objetivo de optar a un cargo para los próximos tres años, desde el 28 de agosto de 2020 al 27 de agosto de 2024.
La Sala de lo Constitucional emitió recién una resolución en la que declara que la Asamblea Legislativa no detalló en el proceso de elección de la presidenta de la CCR ni de la primera magistrada, Carmen Martínez Barahona, su no afiliación partidaria ni sus competencias notorias para el cargo.
Sin embargo, no les inhibe de participar en el proceso de elección ni de continuar en sus cargos hasta el 27 de agosto, en que los diputados deben elegir a los nuevos funcionarios, con solo 43 votos de las bancadas legislativas.
El cierre de la agrupación salvadoreña Los Hermanos Flores en el festival Coachella estuvo marcado por un encuentro con el rapero estadounidense Snoop Dogg, según muestran videos y fotografías que circulan en redes sociales.
De acuerdo con el material difundido, el acercamiento ocurrió al finalizar la segunda presentación del grupo, cuando Snoop Dogg se reunió con Nory Flores. Durante el momento, ambos compartieron en el escenario mientras sonaba el tema “Salvadoreñas”, fusionando el rap con la cumbia ante la presencia de los asistentes.
Las imágenes evidencian el intercambio entre los artistas, quienes bailaron frente a cientos de fanáticos que presenciaban el evento.
Al menos tres personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito registrado en el periférico Claudia Lars, según informaron cuerpos de socorro.
En el percance se vieron involucrados un pickup particular y un vehículo tipo sedán, los cuales colisionaron en la vía. De manera preliminar, se presume que el hecho ocurrió debido al exceso de velocidad y la invasión de carril.
Elementos de Cruz Verde Salvadoreña acudieron al lugar para brindar atención a los afectados, quienes presentaban lesiones, aunque de momento no se reporta ninguno en estado grave.
Agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Jesús Antonio Guzmán Campos, alias “Skinny”, señalado como miembro de la MS13, en el cantón Cuapa, en San Marcos, San Salvador Sur.
De acuerdo con las autoridades, el detenido posee antecedentes por homicidio simple en grado de tentativa. Según el registro, en 2020 atacó a un hombre con un objeto contundente, provocándole la pérdida de la conciencia, y huyó del lugar creyendo haberle causado la muerte; sin embargo, la víctima sobrevivió.
El hecho ocurrió en el mismo municipio, y el imputado aceptó los cargos, argumentando que actuó tras una discusión. Por este caso, recibió una pena de tres años de prisión.
La PNC informó que, tras su reciente captura, Guzmán Campos será puesto a disposición de las autoridades correspondientes por el delito de agrupaciones ilícitas, el cual contempla una pena mínima de 20 años de prisión.
