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CCR ha sido auditada siete veces desde 1995
El ente que se encarga de fiscalizar al Estado, la Corte de Cuentas de la República (CCR), solo ha sido sometida a siete auditorias en 24 años. El primer período auditado fue 15 años después, en 2010, pero el examen se realizó hasta en 2012.
El último período de la CCR auditado fue en 2016, y desde esa fecha aún no se practica ningún examen a sus cuentas. La Asamblea Legislativa tenía previsto contratar una empresa para realizar dicha auditoría este año, pero se suspendió por falta de fondos, según indicaron fuentes del congreso.
En el último análisis de cuentas, correspondiente a los años 2015 y 2016, la CCR reflejó algunas anomalías, de acuerdo con los auditores contratados por la Asamblea Legislativa. Entre los señalamientos están compras de libre gestión por medio de “caja chica”, según detallan publicaciones periodísticas de mediados de noviembre pasado.
Los exámenes también arrojaron que en materia de control interno no se realizaron evaluaciones del desempeño del personal del ente contralor, así como la falta de promoción entre el personal para ocupar plazas vacantes.
La última de las auditorías realizadas a la Corte de Cuentas de la República tuvo un costo de $375,000.
El año pasado la presidenta de la CCR pidió a la Asamblea la aprobación de reformas a su Ley Orgánica, con miras a “hacer una Corte de Cuentas más transparente, eficiente y moderna, para lo cual se requiere de su aprobación”, aunque en dicho proyecto no se menciona el hecho de someterse a auditorías periódicas.
La presidenta del ente contralor y los demás magistrados están participando en el proceso de elección de esa institución, con el objetivo de optar a un cargo para los próximos tres años, desde el 28 de agosto de 2020 al 27 de agosto de 2024.
La Sala de lo Constitucional emitió recién una resolución en la que declara que la Asamblea Legislativa no detalló en el proceso de elección de la presidenta de la CCR ni de la primera magistrada, Carmen Martínez Barahona, su no afiliación partidaria ni sus competencias notorias para el cargo.
Sin embargo, no les inhibe de participar en el proceso de elección ni de continuar en sus cargos hasta el 27 de agosto, en que los diputados deben elegir a los nuevos funcionarios, con solo 43 votos de las bancadas legislativas.
La Embajada de la República Popular China en El Salvador dio detalles sobre el proyecto del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), una de las principales obras impulsadas bajo la cooperación bilateral entre ambos países.
A través de publicaciones en la red social X, la representación diplomática aseguró que el área donde será construido el recinto ya fue definida y aclaró que no habrá más remoción de árboles en la zona intervenida.
“La cooperación entre China y El Salvador sigue convirtiéndose en desarrollo, inversión y obras para el bienestar de los salvadoreños”, publicó la embajada. Posteriormente, añadió que “el área para la construcción del nuevo CIFCO ya ha sido definida y es importante aclarar que no se moverá ningún árbol más en la zona”.
La sede diplomática también explicó que el complejo utilizará solo una parte del terreno total y que la mayoría del espacio será preservado como área ecológica.
“Según la parte salvadoreña, el proyecto ocupará únicamente el 30 % del terreno; el 70 % restante será destinado a una amplia área verde, ecológica y de convivencia para las familias salvadoreñas, marcando un hito en el desarrollo sostenible de El Salvador”, detalló.
Las declaraciones surgen en medio de la polémica y las críticas generadas por trabajos de tala y remoción de árboles en la finca El Espino, donde será desarrollada la construcción.
Desde 2025, organizaciones ambientalistas y movimientos ciudadanos han expresado preocupación por el impacto ecológico de la obra.
En julio del año pasado, la Asamblea Legislativa autorizó el traslado de 55,711 metros cuadrados de la finca El Espino a CIFCO para la construcción del nuevo recinto.
En agosto del mismo año, elsalvador.com publicó que dicha extensión equivale aproximadamente a 7.6 canchas del estadio Cuscatlán y representa cerca del 0.98 % del área total del Ecoparque El Espino.
En ese momento, integrantes del movimiento ciudadano “Todos Somos El Espino” manifestaron, en una entrevista de la Radio YSUCA, que no se oponían al desarrollo de infraestructura, pero sí pedían alternativas que evitaran impactos ambientales en una de las principales zonas de recarga hídrica y biodiversidad del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
MOPT niega que proyecto esté dentro de área protegida
Horas antes de los mensajes publicados por la embajada china, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) negó oficialmente que el proyecto vaya a construirse dentro del área protegida de El Espino o del Parque Bicentenario.
La institución aseguró que el terreno destinado para el nuevo CIFCO está ubicado frente a Cancillería, en una zona urbanizada donde ya funcionan entidades como el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), ILEA, FEPADE y la Universidad Dr. José Matías Delgado.
Además, el MOPT anunció una jornada de reforestación con la siembra de 20,000 árboles en El Espino, como parte de las medidas ambientales impulsadas tras los cuestionamientos ciudadanos.
El nuevo CIFCO forma parte de los proyectos financiados con cooperación no reembolsable de China, junto a otras obras emblemáticas como el nuevo Estadio Nacional que se construye en terrenos donde anteriormente funcionó la Escuela Militar.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) recibió oficialmente este miércoles la certificación bajo la norma internacional ISO 37001:2016 del Sistema de Gestión Antisoborno, otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).
El reconocimiento fue entregado al titular de la institución, Romeo Rodríguez, por el director general de AENOR para Centroamérica, Arnulfo Pino.
«Esto marca el inicio de una mejora continua que tenemos que realizar en el ministerio. Siempre asegurando principios como la tolerancia cero al soborno y a la corrupción, la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas, la ética institucional y la protección a los denunciantes», dijo el ministro del MOP.
Durante el acto, el ministro destacó que esta certificación representa un avance en el cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, específicamente el artículo 16, que establece la obligación de las instituciones estatales de implementar sistemas antisoborno.
Rodríguez señaló que el MOP cuenta con diferentes mecanismos para recibir denuncias relacionadas con posibles actos de corrupción o soborno, y entre ellos mencionó el WhatsApp: 7620-5505 y la línea telefónica: 2528-3345. Además, el correo denuncias.soborno@mop.gob.sv.
«El Salvador está siendo pionero al establecer por ley que las instituciones de Gobierno implementen, mantengan y certifiquen un Sistema de Gestión Antisoborno. Ningún país lo había hecho y El Salvador ha dado un paso al frente», agregó Arnulfo Pino.
Ciento quince nuevos voluntarios en la Cruz Roja Salvadoreña se suman a la noble misión de prevenir y aliviar el sufrimiento humano.
Tras completar satisfactoriamente los cursos de primeros auxilios, acceso más seguro, doctrina básica, estatutos y reglamentos de Cruz Roja Salvadoreña, 115 estudiante de la Licenciatura en Anestesiología de la Universidad de El Salvador (UES) oficializaron su incorporación como nuevos voluntarios.
En un acto protocolario, los participantes recibieron su respectivo diploma en compañía de autoridades de ambas instituciones quienes destacaron el compromiso, la solidaridad y el espíritu de servicio de esa nueva generación de voluntarios.
Con entusiasmo y vocación estos jóvenes se preparan para aportar su conocimiento al servicio humanitario y ayudar a las personas en emergencias.
