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CCR ha sido auditada siete veces desde 1995
El ente que se encarga de fiscalizar al Estado, la Corte de Cuentas de la República (CCR), solo ha sido sometida a siete auditorias en 24 años. El primer período auditado fue 15 años después, en 2010, pero el examen se realizó hasta en 2012.
El último período de la CCR auditado fue en 2016, y desde esa fecha aún no se practica ningún examen a sus cuentas. La Asamblea Legislativa tenía previsto contratar una empresa para realizar dicha auditoría este año, pero se suspendió por falta de fondos, según indicaron fuentes del congreso.
En el último análisis de cuentas, correspondiente a los años 2015 y 2016, la CCR reflejó algunas anomalías, de acuerdo con los auditores contratados por la Asamblea Legislativa. Entre los señalamientos están compras de libre gestión por medio de “caja chica”, según detallan publicaciones periodísticas de mediados de noviembre pasado.
Los exámenes también arrojaron que en materia de control interno no se realizaron evaluaciones del desempeño del personal del ente contralor, así como la falta de promoción entre el personal para ocupar plazas vacantes.
La última de las auditorías realizadas a la Corte de Cuentas de la República tuvo un costo de $375,000.
El año pasado la presidenta de la CCR pidió a la Asamblea la aprobación de reformas a su Ley Orgánica, con miras a “hacer una Corte de Cuentas más transparente, eficiente y moderna, para lo cual se requiere de su aprobación”, aunque en dicho proyecto no se menciona el hecho de someterse a auditorías periódicas.
La presidenta del ente contralor y los demás magistrados están participando en el proceso de elección de esa institución, con el objetivo de optar a un cargo para los próximos tres años, desde el 28 de agosto de 2020 al 27 de agosto de 2024.
La Sala de lo Constitucional emitió recién una resolución en la que declara que la Asamblea Legislativa no detalló en el proceso de elección de la presidenta de la CCR ni de la primera magistrada, Carmen Martínez Barahona, su no afiliación partidaria ni sus competencias notorias para el cargo.
Sin embargo, no les inhibe de participar en el proceso de elección ni de continuar en sus cargos hasta el 27 de agosto, en que los diputados deben elegir a los nuevos funcionarios, con solo 43 votos de las bancadas legislativas.
Un sujeto perteneciente a pandillas y que financiaba a estos grupos criminales fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en el municipio de Texistepeque, departamento de Santa Ana, junto a tres terroristas más.
El detenido fue identificado como Jesús Eduardo Alarcón Sierra, alías «Soberbio», uno de los principales financistas de grupos de pandillas en la zona occidental del país y quien también se encargaba de cobrar extorsión a los comerciantes de ese sector del territorio.
Según la institución policial, el detenido cuenta con antecedentes por delitos como extorsión, tráfico ilícito, portación ilegal de armas de fuego y agrupaciones ilícitas. Al momento de la captura, la Policía incautó un arma de fuego, varias porciones de droga y dinero en efectivo.
El viceministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Domínguez, informó que ante el inminente pronóstico del fenómeno del «superniño», el Gobierno y aliados, como el Programa Mundial de Alimentos (WFP El Salvador), está aumentando y acelerando la siembra de maíz bajo riego en distintas zonas del país.
La estrategia comprende la perforación de pozos, instalación de punteras y distribución de sistemas de riego móviles para lograr la meta de incorporar 60,000 manzanas adicionales de maíz a la producción nacional.
«Este fenómeno climatológico representa una amenaza global; sin embargo, con la ayuda de Dios y las acciones anticipatorias que estamos impulsando como Gobierno, bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, estamos trabajando para asegurar el abastecimiento de este grano básico. Estas acciones responden a un objetivo claro, que es proteger a nuestra población y fortalecer a nuestros productores salvadoreños», señaló el funcionario.
Domínguez añadió que ya se obtuvieron resultados concretos en la producción de hortalizas y frijol, de la mano con las gremiales, los distritos de riego y los productores a gran escala, con el objetivo de garantizar el abastecimiento en el mercado nacional y la competitividad en los precios en favor del productor y de las familias salvadoreñas.
«El objetivo es garantizar el abastecimiento en el mercado nacional y la competitividad en los precios, en favor del productor y de las familias salvadoreñas», añadió Domínguez.
Como otra de las líneas de acción, el funcionario destacó que el Gobierno cuenta con los insumos más baratos del país a través de Agrocenta, que avanza en la implementación de fábricas de biofertilizantes a escala nacional, con el objetivo de integrar prácticas agroecológicas en las distintas siembras del país.
«Actualmente, estos manejos ya se están implementando en nuestras principales zonas productoras, y muy pronto estos insumos estarán también disponibles para el público en general», añadió. Asimismo, destacó el trabajo articulado con aliados estratégicos, como el Programa Mundial de Alimentos y FAO El Salvador, que fortalece la respuesta como país al ampliar la cobertura del apoyo y potenciar los resultados en beneficio de los productores y de las familias salvadoreñas.
Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos destacó el trabajo articulado con el Gobierno para minimizar los daños causados por el fenómeno de El Niño.
«Seguimos trabajando junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para fortalecer la producción y acompañar a las comunidades rurales. Apostamos por acciones anticipatorias que ayudan a cuidar las cosechas y los medios de vida», publicó la dependencia de Naciones Unidas. Según datos del MAG, a escala nacional han sido beneficia – dos más de 40,000 productores con distintos programas agrícolas.
Además, estima que ya fueron sembradas más de 60,000 manzanas de maíz, a pesar de las condiciones climáticas.
La Asamblea Legislativa recibió una solicitud del órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, para que se apruebe la incorporación de $2.1 millones al presupuesto de la Presidencia de la República, en la unidad presupuestaria de la Secretaría de Innovación de la Presidencia.
Dicha pieza de correspondencia fue ingresada en la sesión plenaria anterior por el presidente del congreso, Ernesto Castro, quien indicó que la misma pasó a estudio de la comisión de hacienda y especial del presupuesto.
La misiva detalla que los fondos provienen de un donativo de la Unión Europea (UE), para que la Secretaría de Innovación pueda disponer de un crédito y continuar con la ejecución del «Programa de Conectividad Digital Social».
Este proyecto permitirá la instalación del servicio de banda ancha en 440 sitios públicos, entre julio y octubre de 2026; además, los recursos se utilizarán para la implementación de programas de formación digital en modalidad virtual.
En el proyecto de decreto se explica que actualmente se tiene una asignación presupuestaria de $42.2 millones, de los cuales $22 millones proceden de un contrato de préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); $15.3 millones de otro empréstito con la misma entidad multilateral; y $4.8 millones del Convenio de Financiamiento No Reembolsable para Inversión.
Así mismo, detalla que el 12 de septiembre de 2024 El Salvador y el BID, en su calidad de administrador de la contribución especial otorgada por la UE, suscribieron dicho convenio de financiamiento por $10.1 millones.
Por tanto, la Secretaría de Innovación solicita ahora que se le incorporen los fondos mencionados, a través de una reforma a la Ley del Presupuesto General del Estado, para el ejercicio fiscal 2026, y así agregar los recursos a la Presidencia.
La iniciativa del Ejecutivo sería estudiada el próximo lunes por la comisión correspondiente.
