Nacionales
CCR ha sido auditada siete veces desde 1995
El ente que se encarga de fiscalizar al Estado, la Corte de Cuentas de la República (CCR), solo ha sido sometida a siete auditorias en 24 años. El primer período auditado fue 15 años después, en 2010, pero el examen se realizó hasta en 2012.
El último período de la CCR auditado fue en 2016, y desde esa fecha aún no se practica ningún examen a sus cuentas. La Asamblea Legislativa tenía previsto contratar una empresa para realizar dicha auditoría este año, pero se suspendió por falta de fondos, según indicaron fuentes del congreso.
En el último análisis de cuentas, correspondiente a los años 2015 y 2016, la CCR reflejó algunas anomalías, de acuerdo con los auditores contratados por la Asamblea Legislativa. Entre los señalamientos están compras de libre gestión por medio de “caja chica”, según detallan publicaciones periodísticas de mediados de noviembre pasado.
Los exámenes también arrojaron que en materia de control interno no se realizaron evaluaciones del desempeño del personal del ente contralor, así como la falta de promoción entre el personal para ocupar plazas vacantes.
La última de las auditorías realizadas a la Corte de Cuentas de la República tuvo un costo de $375,000.
El año pasado la presidenta de la CCR pidió a la Asamblea la aprobación de reformas a su Ley Orgánica, con miras a “hacer una Corte de Cuentas más transparente, eficiente y moderna, para lo cual se requiere de su aprobación”, aunque en dicho proyecto no se menciona el hecho de someterse a auditorías periódicas.
La presidenta del ente contralor y los demás magistrados están participando en el proceso de elección de esa institución, con el objetivo de optar a un cargo para los próximos tres años, desde el 28 de agosto de 2020 al 27 de agosto de 2024.
La Sala de lo Constitucional emitió recién una resolución en la que declara que la Asamblea Legislativa no detalló en el proceso de elección de la presidenta de la CCR ni de la primera magistrada, Carmen Martínez Barahona, su no afiliación partidaria ni sus competencias notorias para el cargo.
Sin embargo, no les inhibe de participar en el proceso de elección ni de continuar en sus cargos hasta el 27 de agosto, en que los diputados deben elegir a los nuevos funcionarios, con solo 43 votos de las bancadas legislativas.
Nacionales
DOM acumula cerca de medio millón de viviendas fumigadas en 45 días de combate al zancudo
Cerca de medio millón de viviendas han sido intervenidas como parte de la estrategia nacional del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, a través de la DOM para el combate del zancudo transmisor del dengue, zika y chikungunya.
Desde el pasado 15 de marzo más de mil auxiliares de control de vectores de la DOM, apoyados por privados de libertad, están cumpliendo por segundo año consecutivo el combate al zancudo.
Ya se han realizado acciones en más de 49 distritos del país: en Oriente la campaña antidengue ha sido ejecutada en 16 distritos de los departamentos de La Unión, Morazán, San Miguel y Usulután. En la zona Paracentral: 12 distritos de los departamentos de Cuscatlán, La Paz, San Vicente. Mientras en la zona Central: 18 distritos de los departamentos de Chalatenango, San Salvador, La Libertad y en zona occidental 3 distritos de Sonsonate.
Asimismo, ejecutamos acciones antivectoriales en 37 distritos: en la zona Oriental: 6 distritos de los departamentos de Usulután, Morazán y La Unión; en la zona Paracentral: 5 distritos de los departamentos de Cabañas, Cuscatlán y San Vicente; en la zona Central: 22 distritos de San Salvador, La Libertad y Chalatenango, y en la zona Occidental: 4 distritos en Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán.
La misión, que se extenderá durante 8 meses, tiene como objetivo concientizar a los salvadoreños sobre la eliminación de criaderos de zancudos, realizar jornadas de limpieza, destrucción de criaderos de mosquitos y fumigación.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Un hombre de nacionalidad hondureña fue arrestado por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) tras cometer un robo contra una mujer en un sector del departamento de San Salvador.
El detenido fue identificado como Fernando Josué Gálvez Manzano, quien fue interceptado por los agentes luego de ser captado por las cámaras de videovigilancia en la ciudad capital.
Las imágenes confirmaron que Gálvez Manzano despojó de sus pertenencias a una mujer en la colonia Miramonte, por lo que fue localizado y posteriormente detenido.
La captura fue confirmada por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien indicó que el sujeto será puesto a disposición de las autoridades correspondientes para ser procesado por el delito cometido.
No tendremos clemencia contra ningún delincuente que pretenda arrebatarle la tranquilidad a los salvadoreños de bien. Este sujeto ahora deberá responder ante la ley.
Gracias a la efectiva labor de nuestra @PNCSV, hemos capturado a Fernando Josué Gálvez Manzano, de nacionalidad… pic.twitter.com/8iMr4Ki1gu
— Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) April 28, 2025
