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Capturan a miembros de la Mara Salvatrucha responsables de más de mil homicidios
La División Élite Contra Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil (PNC) con el apoyo de unidades especializadas de investigación, desarrolló operativo en el que logró la captura de 17 miembros de estructura criminal por los delitos de: organizaciones terroristas, Actividades relacionadas con armas, artefactos o sustancias explosivas, agentes químicos o biológicos, armas de destrucción masiva o artículos similares y Financiamiento de actos terroristas, Homicidio agravado/ feminicidio agravado , Proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, Privación de libertad, Oferta y demanda de prostitución Amenazas, Robo agravado, Proposición y conspiración al robo, Receptación, Encubrimiento, Tráfico de armas ,tráfico de armas , Tráfico ilícito, Facilitación de medios , Actos preparatorios, Proposición, Conspiración y Asociaciones delictivas Extorsión agravada, Proposición y conspiración al delito de extorsión agravada .
Con las detenciones según la investigación , se resuelve el cometimiento de 1,979 homicidios ocurridos de julio a diciembre del año 2017 entre los casos se encuentran los homicidios de 32 miembros de la corporación policial y 21 miembros de la Fuerza Armada los cuales fueron ordenados por José Antonio Colocho Martínez alias «Dasti» de Hollywood, Geovanny Navarro alias «Little greñas «Erick Mauricio García Miranda alias «careto o maniático » principales cabecillas de estructura criminal que operan en diferentes colonias, urbanizaciones, comunidades, cantones y caseríos de Ilopango y Soyapango y el Departamento de San Salvador y quienes guardan prisión en penal de máxima seguridad en Zacatecoluca.
Entre los detenidos se encuentran los encargados de ejecutar las órdenes por los sujetos ya mencionados y que cuentan con un largo historial policial se trata de:
Santiago Adiel Alvarado Alvarado alias » Wizard» de San Luises de 39 años quien funge como ranflero dentro de la estructura y a quien se le atribuyen el cometimiento de 40 delitos por lo que se detiene por 22 órdenes por el delito de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado 3 por homicidio agravado, 3 por Lilic, 6 por privación de libertad, 1 por tráfico de personas y 1 tráfico ilícito de droga entre otros.
Walter Isaías Hernández Merlos alias » renuente o sangriento» de 19 años quien funge como corredor de programa quien cuenta con orden de detención por 52 delitos entre ellos apología e incitación publica de actos de terrorismo además de 7 órdenes por homicidio agravado 2 por feminicidio 22 por conspiración y proposición en el delito de homicidio agravado 11 por limitación ilegal de la libre circulación ,4 órdenes por extorsión asi como 3 por proposición y conspiración del delito de robo ,1 por tráfico ilícito de drogas entre otros .
Oscar Antonio Escobar Arias alias «El Corrupto” quien funge corredor de clica quien posee orden de detención por 38 delitos entre ellos homicidio agravado, extorsión, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, limitación ilegal a la libre circulación, tráfico de armas de fuego entre otros.
Por otra parte se procedió a leer nuevas órdenes de captura a 45 sujetos recluidos en diferentes centros penales del país que habrían tenido algún nivel de participación en el cometimiento de los homicidios y de la lista de delitos ya mencionados.
Además en flagrancia se logró la detención de Veronica Yeni Hernandez Merlos por el delito de tenencia y posesión de droga quien es hermana de Walter Isaías Hernández Merlos alias » renuente o sangriento uno de los principales cabecillas capturados, a quien se le incauto 13 porciones de marihuana.
Durante el desarrollo del operativo se logró incautar 3 vehículos ,1 arma de fuego 11 celulares y $1,583.00 dólares en efectivo.
Por extorsión agravada, Douglas Alexander Gutiérrez, deberá pagar con 12 años de prisión, así lo resolvió el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla. Asimismo, le impuso el pago de $1,500 en concepto de responsabilidad civil y lo declaró en rebeldía, por lo que giró orden de captura inmediata en su contra.
Los hechos se remontan a noviembre de 2014, en el distrito de Aguilares, municipio de San Salvador Norte. Según el expediente judicial, dos imputados con apariencia de pandilleros interceptaron al administrador de una empresa mientras inspeccionaba un inmueble y lo amenazaron con atentar contra la vida de los empleados si la sociedad si no entregaba la suma de $10,000.
Tras la denuncia interpuesta el 8 de diciembre de 2014, las autoridades coordinaron dos entregas controladas de dinero con billetes previamente seriados. Este procedimiento permitió identificar a Gutiérrez y establecer su participación directa en el cobro del dinero exigido, elementos probatorios que resultaron determinantes para que el juzgador estableciera su responsabilidad penal. El otro implicado no forma parte de este proceso judicial.
En otro caso, José Ricardo Salvador Fuentes fue sentenciado a 10 años de prisión por extorsionar a un comerciante migueleño.
La víctima recibió una llamada telefónica, en noviembre de 2011, donde le decían que tenía que pagar quincenalmente la extorsión a la pandilla a cambio de no asesinar a su familia. Por miedo a las amenazas, el comerciante llegó a un acuerdo con los pandilleros y denunció el crimen a la Policía Nacional Civil (PNC) el 21 de noviembre del mismo año.
La PNC realizó seis entregas de dinero controladas, logrando individualizar al procesado el 23 de enero de 2012, cuando recogía la extorsión.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en La Entrevista de Noticiero El Salvador que en el 100 % de los casos que han atendido por vulneración a los derechos de la niñez, han buscado la permanencia de los menores de edad en el sistema educativo.
«Durante estos tres años, el 100 % de los casos se ha buscado la restitución de sus derechos, además tienen un seguimiento porque la idea es que deje de haber deserción escolar, no solo es el tema de reincorporar a la educación, sino asegurarnos de que se mantengan dentro del sistema educativo», expresó.
De acuerdo con Amaya, trabajan de manera articulada con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para dar un seguimiento a los casos de los niños que han sufrido vulneraciones para garantizar su permanencia en las escuelas.
«Es un trabajo que también el Ministerio de Educación lo ha retomado con mucha fuerza y trabajar de manera articulada nos ha permitido ir asegurando seguimientos en esta población», afirmó la titular del Conapina.
Por otra parte, Amaya afirmó que los equipos de la institución han recibido actualizaciones en su formación para fortalecer sus capacidades y dotarlos de herramientas modernas para abordar óptimamente cada caso en el que la niñez salvadoreña se encuentre en riesgo.
«Los equipos del Conapina se han actualizado, hemos contado con el apoyo de organismos que nos han dado herramientas modernas y actuales para poder hacer valoraciones de carácter forense donde ya no te pregunto a ti, pero puedo observar qué es lo que jugás y cómo te expresás para ir determinando si has sido vulnerado», explicó la directora del Conapina.
Amaya recordó que la institución cuenta con 16 juntas de protección a escala nacional y con la línea telefónica gratuita 119 para que los ciudadanos den avisos o denuncien casos de maltratos o abusos a la primera infancia, niñez y adolescencia.
Dos centros educativos del distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste, serán renovados con una inversión conjunta que supera los $1.3 millones, como parte del programa nacional de modernización de infraestructura escolar. Las obras corresponden a la Escuela #571, Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, y a la Escuela #572, Centro Escolar Caserío El Mogote.
La primera intervención corresponde al Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, que atiende a 63 estudiantes desde parvularia hasta básica. El proyecto contempla una inversión de $806,000 para renovar 620 metros cuadrados de infraestructura educativa, bajo la ejecución de la Dirección General de Centros Penales.
Además, se desarrolla la renovación del Centro Escolar Caserío El Mogote, que beneficia a 65 estudiantes y abarca un área de construcción de 412 metros cuadrados. En este caso, la inversión asciende a $535,000.
Las obras en ambos centros incluyen escarificación de paredes para retirar pintura deteriorada, repello y nuevos acabados; nivelación de pisos e instalación de porcelanato de alto tráfico; colocación de ventanas corredizas tipo francesa y sustitución de puertas por modelos metálicos. Asimismo, se renovará la red eléctrica con iluminación LED y ventiladores en cada aula, además de mejoras en los sistemas hidrosanitarios.
El proyecto también contempla obras exteriores como andenes, canchas deportivas, espacios lúdicos y jardines, además de la dotación de mobiliario para estudiantes y docentes, juegos didácticos y áreas de cocina, con el objetivo de garantizar instalaciones modernas, seguras y funcionales para la comunidad educativa.
