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CAMPO PAGADO – MIDES, S.E.M. DE C.V.
A LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, MINISTERIO DE SALUD, FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ALCALDÍA DEL PUERTO DE LA LIBERTAD, HACEMOS SABER:
Como empresa de Economía Mixta, respetuosa y que cumple al CIEN POR CIENTO lo que ordena la Ley, denunciamos públicamente con el debido decoro, la persecución bancaria, ilegal, mediática e infundada que sufre nuestra Compañía al igual que nuestro accionista mayoritario, Enrique Rais.
Esto es parte de un Plan Orquestado por el Señor SALUME y otros; con el fin de eliminarnos del mercado y ya no poder participar en la renovación de los contratos de desechos sólidos de las alcaldías, cuyo valor asciende a $ 480 millones de Dólares.
Hemos logrado en el curso de 20 años alcanzar estándares internacionales y certificaciones de Naciones Unidas; como la certificacion UNFCC del Protocolo de Kioto, único Relleno Sanitario en lograrlo a nivel Latinoamericano. También somos los únicos en El Salvador en destruir los gases metano, efecto invernadero y altamente dañino para la salud de los Salvadoreños y prohibidos en nuestro código penal arts. 255 y 256. Al no poder competir de forma técnica con nuestro Relleno Sanitario, solo les queda destruir nuestra reputación y nuestra empresa, iniciando con una campaña mediática de Diario1.com, Prensa Gráfica, Revista Factum y utilizando seudo periodistas como Héctor Silva, Lafitte Fernández y Gabriel Trillos de la Prensa Gráfica, quienes han publicado sobre la persona de Enrique Rais y MIDES al menos 237 artículos repetidos falsos y denuncias anónimas de narcotráfico y negociaciones ilícitas en Honduras, sobre todo en la licitación de Puerto Cortés en la que jamás participamos; muy a pesar de haberse ya comprobado por las mismas autoridades del Estado de la Florida, la falsa denuncia anónima, siguen desinformando y mintiendo sobre el mismo tema.
Y es que destruyendo e imposibilitando a MIDES y Enrique Rais, de participar en la renegociación, pensaron que tenían el camino fácil, al igual que lograron apartar del Mercado a la Empresa Gumarsal en el tema de las harinas que tanto afectó a todos los Salvadoreños por incrementar fraudulentamente los precios.
Acabamos de ver y confirmar como actúa el Señor Salume, logrando firmar contrato con la Alcaldía de Santa Tecla, muy a pesar que nuestro contrato aun se encuentra vigente, situación que nos ha obligado a iniciar un arbitraje legal. El Fin Justifica los Medios, eso está aplicando el Señor Salume, mentir a CEPA, mentir a la municipalidad de Santa Tecla, mentir a otras 24 Alcaldías, diciendo que cuenta con los permisos de Medio Ambiente, cuando quien tiene esa autorización es la Alcaldía del Puerto de La Libertad para un Relleno manual para procesar 12 toneladas diarias; y con eso y otras mañas, ha ganado licitaciones, como la de CEPA y Santa Tecla, y asi poder llegar a los CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE DÓLARES, por los próximos VEINTIÚN AÑOS, CON ESE FIN EL SR. SALUME JUSTIFICA LOS MEDIOS.
Esto lo hemos documentado ampliamente y presentaremos una demanda en los Estados Unidos de América, demostrando el LAWFARE, que desde el año 2011, vienen realizando contra Enrique Rais y nuestra empresa. Ampliaremos la denuncia ante la CIDH, por los ataques sistemáticos difamatorios en nuestra contra, auspiciados por el Sr. Salume y facilitados por medios de comunicación y periodístas inescrupulosos, muchos de ellos, que inclusive han pasado los últimos días en angustia para que no se descubra su podredumbre al haberse enriquecido ilícitamente, producto de las “mentas” que recibieron, como parte de la “Corrupción” que hoy conocemos a través de las confesiones realizadas por el Ex Presidente Saca, al igual que lo hizo publico otro ExPresidente sobre las “mentas” que recibieron Héctor Silva, su papá, su Hermana y su mamá, periodista de INSIGHT CRIME, de donde sale el nombre de Enrique Rais, en la famosa lista de los Congresistas.
No descansaremos hasta que se sepa toda la verdad y asi limpiar nuestro nombre y pediremos cuentas legales a todas estas personas que se han prestado para desprestigiar ilegalmente nuestra compañia, al igual que lo ha hecho el Banco Hipotecario y Banco Agricola, ahora que sale a la luz toda la participacion en el caso Saca y cual es su verdadera imagen “ Reputacional”.
Este Plan inicia en el año 2012 :
- El Sr. Salume inicia competencia en los desechos Bio-Infecciosos en San Miguel y simultaneamente reconvierten un botadero de La Libertad para desechos sólidos. Inician comunicados difamatorios creados por Lafitte Fernández, en ese mismo año ponemos la demanda por Extorsión contra los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti.
- Casualmente La Prensa Gráfica, no ha ocupado la misma intensidad, ni investigación, con la que ha publicado información sobre la supuesta corrupción en la que habría participado el Sr. Enrique Rais, que solamente surge en el ideario de los dueños nominativos de ese medio y del Sr. Salume; y por el contrario no informan debidamente a la sociedad civil, sobre la verdadera corrupción, que es la que se está destapando a partir de las confesiones realizadas por el Ex Presidente Saca.
- Ahora, el Sr. Salume, en conspiración con funcionarios y periodistas (que han recibido “mentas” de la corrupción) y los canadieneses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, han fabricado una trama, engañando a Congresistas de los Estados Unidos de América, con información falaz que ellos mismos fabricaron contra Enrique Rais.
- Y todo para intentar que se sancione al Sr. Rais, a través de aplicar la Magnitsky Act. Cuando resulta que Enrique Rais:
- NO ES, NI HA SIDO NUNCA FUNCIONARIO PÚBLICO
- JAMÁS HA ADMINISTRADO, NI RECIBIDO FONDOS PÚBLICOS.
- NUNCA HA SIDO UN CAUSANTE, PROVOCADOR O DIRECTAMENTE COMETIDO VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, SINO POR EL CONTRARIO, SON SUS DERECHOS HUMANOS LOS QUE HAN SIDO VIOLADOS CON LA FABRICACIÓN DE UN JUICIO PENAL Y UNA SERIE DE PERSECUCIONES PENALES ARBITRARIAS.
De manera que atrás de este engaño a los Congresistas, solamente existen intereses económicos empresariales desleales del Sr. Salume y como es un delito gravísimo mentir a una autoridad pública en los Estados Unidos, el Sr. Enrique Rais, está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para que se descubra quiénes fueron las personas que mintieron y engañaron a los Congresistas.
- Finalmente, consecuente a nuestra forma de actuar y hacer negocios de manera transparente y directa, informamos que el botadero del Puerto de La Libertad, propiedad del Sr. Salume no cuenta con permiso de funcionamiento para dar tratamiento a los desechos Municipales ni empresas privadas. Lo que significa que se está incurriendo en CONTAMINACIÓN AMBIENTAL AGRAVADA, vamos a pedir revisión de los procesos de licitación o contratación pública en que han participado y han sido adjudicados, ya que podrían haber cometido falsedad en la documentación aportada para comprobar su permiso de funcionamiento que no tienen. Por tanto hacemos un llamado a las autoridades públicas inicialmente enunciadas, para que en el mismo sentido, se ocupen de realizar conforme a la ley y sus competencias, las fiscalizaciones correspondientes a estas solicitudes. También informamos a la Alcaldía del Puerto de La Libertad, la gravedad de los hechos, tomando en cuenta que según el MARN, dicha alcaldia es la titular de los supuestos permisos.
Nosotros jamás haremos competencia deseal, pero si exigimos que se cumpla la ley, y que esta sea igual para todos como reza nuestra Constitucion.
Licda. Sofía Jeannette Vásquez Menjívar
Apoderada General Judicial
MIDES, S.E.M. DE C.V.
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El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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