Nacionales
CAMPO PAGADO – MIDES, S.E.M. DE C.V.
A LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, MINISTERIO DE SALUD, FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y ALCALDÍA DEL PUERTO DE LA LIBERTAD, HACEMOS SABER:
Como empresa de Economía Mixta, respetuosa y que cumple al CIEN POR CIENTO lo que ordena la Ley, denunciamos públicamente con el debido decoro, la persecución bancaria, ilegal, mediática e infundada que sufre nuestra Compañía al igual que nuestro accionista mayoritario, Enrique Rais.
Esto es parte de un Plan Orquestado por el Señor SALUME y otros; con el fin de eliminarnos del mercado y ya no poder participar en la renovación de los contratos de desechos sólidos de las alcaldías, cuyo valor asciende a $ 480 millones de Dólares.
Hemos logrado en el curso de 20 años alcanzar estándares internacionales y certificaciones de Naciones Unidas; como la certificacion UNFCC del Protocolo de Kioto, único Relleno Sanitario en lograrlo a nivel Latinoamericano. También somos los únicos en El Salvador en destruir los gases metano, efecto invernadero y altamente dañino para la salud de los Salvadoreños y prohibidos en nuestro código penal arts. 255 y 256. Al no poder competir de forma técnica con nuestro Relleno Sanitario, solo les queda destruir nuestra reputación y nuestra empresa, iniciando con una campaña mediática de Diario1.com, Prensa Gráfica, Revista Factum y utilizando seudo periodistas como Héctor Silva, Lafitte Fernández y Gabriel Trillos de la Prensa Gráfica, quienes han publicado sobre la persona de Enrique Rais y MIDES al menos 237 artículos repetidos falsos y denuncias anónimas de narcotráfico y negociaciones ilícitas en Honduras, sobre todo en la licitación de Puerto Cortés en la que jamás participamos; muy a pesar de haberse ya comprobado por las mismas autoridades del Estado de la Florida, la falsa denuncia anónima, siguen desinformando y mintiendo sobre el mismo tema.
Y es que destruyendo e imposibilitando a MIDES y Enrique Rais, de participar en la renegociación, pensaron que tenían el camino fácil, al igual que lograron apartar del Mercado a la Empresa Gumarsal en el tema de las harinas que tanto afectó a todos los Salvadoreños por incrementar fraudulentamente los precios.
Acabamos de ver y confirmar como actúa el Señor Salume, logrando firmar contrato con la Alcaldía de Santa Tecla, muy a pesar que nuestro contrato aun se encuentra vigente, situación que nos ha obligado a iniciar un arbitraje legal. El Fin Justifica los Medios, eso está aplicando el Señor Salume, mentir a CEPA, mentir a la municipalidad de Santa Tecla, mentir a otras 24 Alcaldías, diciendo que cuenta con los permisos de Medio Ambiente, cuando quien tiene esa autorización es la Alcaldía del Puerto de La Libertad para un Relleno manual para procesar 12 toneladas diarias; y con eso y otras mañas, ha ganado licitaciones, como la de CEPA y Santa Tecla, y asi poder llegar a los CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE DÓLARES, por los próximos VEINTIÚN AÑOS, CON ESE FIN EL SR. SALUME JUSTIFICA LOS MEDIOS.
Esto lo hemos documentado ampliamente y presentaremos una demanda en los Estados Unidos de América, demostrando el LAWFARE, que desde el año 2011, vienen realizando contra Enrique Rais y nuestra empresa. Ampliaremos la denuncia ante la CIDH, por los ataques sistemáticos difamatorios en nuestra contra, auspiciados por el Sr. Salume y facilitados por medios de comunicación y periodístas inescrupulosos, muchos de ellos, que inclusive han pasado los últimos días en angustia para que no se descubra su podredumbre al haberse enriquecido ilícitamente, producto de las “mentas” que recibieron, como parte de la “Corrupción” que hoy conocemos a través de las confesiones realizadas por el Ex Presidente Saca, al igual que lo hizo publico otro ExPresidente sobre las “mentas” que recibieron Héctor Silva, su papá, su Hermana y su mamá, periodista de INSIGHT CRIME, de donde sale el nombre de Enrique Rais, en la famosa lista de los Congresistas.
No descansaremos hasta que se sepa toda la verdad y asi limpiar nuestro nombre y pediremos cuentas legales a todas estas personas que se han prestado para desprestigiar ilegalmente nuestra compañia, al igual que lo ha hecho el Banco Hipotecario y Banco Agricola, ahora que sale a la luz toda la participacion en el caso Saca y cual es su verdadera imagen “ Reputacional”.
Este Plan inicia en el año 2012 :
- El Sr. Salume inicia competencia en los desechos Bio-Infecciosos en San Miguel y simultaneamente reconvierten un botadero de La Libertad para desechos sólidos. Inician comunicados difamatorios creados por Lafitte Fernández, en ese mismo año ponemos la demanda por Extorsión contra los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti.
- Casualmente La Prensa Gráfica, no ha ocupado la misma intensidad, ni investigación, con la que ha publicado información sobre la supuesta corrupción en la que habría participado el Sr. Enrique Rais, que solamente surge en el ideario de los dueños nominativos de ese medio y del Sr. Salume; y por el contrario no informan debidamente a la sociedad civil, sobre la verdadera corrupción, que es la que se está destapando a partir de las confesiones realizadas por el Ex Presidente Saca.
- Ahora, el Sr. Salume, en conspiración con funcionarios y periodistas (que han recibido “mentas” de la corrupción) y los canadieneses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, han fabricado una trama, engañando a Congresistas de los Estados Unidos de América, con información falaz que ellos mismos fabricaron contra Enrique Rais.
- Y todo para intentar que se sancione al Sr. Rais, a través de aplicar la Magnitsky Act. Cuando resulta que Enrique Rais:
- NO ES, NI HA SIDO NUNCA FUNCIONARIO PÚBLICO
- JAMÁS HA ADMINISTRADO, NI RECIBIDO FONDOS PÚBLICOS.
- NUNCA HA SIDO UN CAUSANTE, PROVOCADOR O DIRECTAMENTE COMETIDO VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, SINO POR EL CONTRARIO, SON SUS DERECHOS HUMANOS LOS QUE HAN SIDO VIOLADOS CON LA FABRICACIÓN DE UN JUICIO PENAL Y UNA SERIE DE PERSECUCIONES PENALES ARBITRARIAS.
De manera que atrás de este engaño a los Congresistas, solamente existen intereses económicos empresariales desleales del Sr. Salume y como es un delito gravísimo mentir a una autoridad pública en los Estados Unidos, el Sr. Enrique Rais, está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para que se descubra quiénes fueron las personas que mintieron y engañaron a los Congresistas.
- Finalmente, consecuente a nuestra forma de actuar y hacer negocios de manera transparente y directa, informamos que el botadero del Puerto de La Libertad, propiedad del Sr. Salume no cuenta con permiso de funcionamiento para dar tratamiento a los desechos Municipales ni empresas privadas. Lo que significa que se está incurriendo en CONTAMINACIÓN AMBIENTAL AGRAVADA, vamos a pedir revisión de los procesos de licitación o contratación pública en que han participado y han sido adjudicados, ya que podrían haber cometido falsedad en la documentación aportada para comprobar su permiso de funcionamiento que no tienen. Por tanto hacemos un llamado a las autoridades públicas inicialmente enunciadas, para que en el mismo sentido, se ocupen de realizar conforme a la ley y sus competencias, las fiscalizaciones correspondientes a estas solicitudes. También informamos a la Alcaldía del Puerto de La Libertad, la gravedad de los hechos, tomando en cuenta que según el MARN, dicha alcaldia es la titular de los supuestos permisos.
Nosotros jamás haremos competencia deseal, pero si exigimos que se cumpla la ley, y que esta sea igual para todos como reza nuestra Constitucion.
Licda. Sofía Jeannette Vásquez Menjívar
Apoderada General Judicial
MIDES, S.E.M. DE C.V.
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Nacionales
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Soyapango: vendedores dejan las calles antes del 20 de septiembre; arranca la fase 1 del reordenamiento
La Alcaldía de San Salvador Este informó que comerciantes informales siguen retirando sus puestos de las calles de Soyapango. Lo presenta como desalojo voluntario, primer paso de la revitalización de calles, aceras y espacios públicos. La fase 1 empieza el 20 de septiembre y cubre Calle Roosevelt, 2.ª Calle Oriente, avenida Cuba y los sectores frente a Walmart, Plaza Mundo y la Central de Abastos. En anuncios previos la comuna también incluyó avenida Rosario Sur y el bulevar del Ejército.
El plazo no nació ayer. Los vendedores recibieron notificaciones a inicios de septiembre: fecha límite, el 20. Varios dijeron a La Prensa Gráfica que no se oponen al orden, pero pidieron quedarse hasta diciembre para aprovechar las ventas de fin de año y pagar deudas. El concejal Cayetano Cruz (FMLN) habló de unas 450 familias afectadas y de alternativas poco claras. La alcaldía ha mencionado reubicación en el ex IRA de San Martín y en locales de Soyapango; los comerciantes insisten en que, al notificarlos, no les entregaron un puesto concreto.
Esto ya se ensayó. En junio la comuna retiró 33 puestos de la 8.ª avenida Norte y habló de espacios vacíos en el mercado central; parte de los afectados denunció que el nuevo sitio había que acondicionarlo con su propio dinero. El mismo tipo de reordenamiento se aplicó en los alrededores del Mercado Central de San Salvador Centro. Recuperar aceras es la tesis oficial: peatones y carros sin obstáculo. El otro lado es el ingreso diario de quien lleva años —a veces décadas— vendiendo en la vía pública.
Desde las 10:00 p. m. de este sábado 19 hasta las 6:00 a. m. del domingo 20 hay circulación controlada en 4.ª Avenida Sur (Cuba), 2.ª Calle Oriente, Franklin Roosevelt Oriente y 6.ª Avenida Norte. Quien circule por Soyapango debe buscar ruta alterna. El debate no se acaba el domingo: calles despejadas contra sustento informal. El dato que falta, y que van a exigir los vendedores, es dónde van a trabajar el lunes.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
