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Cabinas del EICE realizaron jornada de tamizaje comunitario en San Juan Opico
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa con la ejecución de las estrategias articuladas para mantener el buen manejo de la pandemia, incluida la vacunación masiva de la población y la toma de pruebas para la detección del COVID-19 en distintos puntos del país.
Este martes el Gobierno desplegó al personal del Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica (EICE) para desarrollar una jornada de tamizaje comunitario que permita detectar casos positivos de COVID-19 en el municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad.
Dos cabinas móviles fueron instaladas en el parque central de San Juan Opico para el muestreo de 500 personas. Durante la jornada de tamizaje se garantizó la aplicación los protocolos de bioseguridad para reducir el riesgo de la propagación del virus: todos los asistentes utilizaron mascarilla y usaron alcohol gel.
“El comportamiento del virus ha estado de manera lineal, ha bajado un poco estos días, pero siempre tenemos que estar alerta. Ya son más de 500 casos a nivel del municipio”, informó el director de la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Intermedia, Alexander Castro.
La prueba es gratuita y de fácil acceso para la población. Los asistentes únicamente deben presentar su Documento Único de Identidad (DUI) y un número telefónico para recibir el resultado; luego, el Ministerio de Salud se encargará de monitorear la evolución de quienes resulten positivos.
Todas las estrategias del Gobierno, con apoyo de la población, han logrado una baja sostenida de los nuevos contagios de coronavirus en El Salvador, luego de que ocurrió un tercer gran incremento, como lo confirmó el Presidente de la República, Nayib Bukele.
A la fecha en el país se han detectado 116,258 casos confirmados, de los cuales 98,091 ya se recuperaron y 14,472 se mantienen activos. Es importante que la población continúe con la aplicación de los protocolos de bioseguridad para mantener estabilidad en la curva de contagios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
El Juzgado de Instrucción de Soyapango resolvió que Flor Marina Romero Orellana, acusada del delito de hurto en perjuicio de una empresa financiera, enfrente vista pública.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, la mujer, quien fungía en la empresa como jefa de la agencia del distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, se aprovechó de su cargo para sustraer una alta cantidad de dinero.
«Aprovechándose de su cargo, el 10 de octubre de 2025 la mujer sustrajo al menos $29,030 de la caja fuerte de la sociedad. Además, la imputada contrató un servicio de transporte, por medio de aplicación móvil, para mandarle una parte del dinero a otra persona, quién se presume es cómplice; el resto del monto total lo depositó en una cuenta de criptomonedas», mencionó el ministerio público.
La imputada fue detenida en flagrancia, luego de la denuncia de las autoridades de la empresa financiera. Posteriormente, este caso fue judicializado por el ministerio público en 2025.
Idalia Isabel Morales Mejía enfrenta un juicio en el Tribunal Quinto Contra Crimen Organizado, Juez 1, de San Salvador, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de dos víctimas.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, la mujer es señalada de haber participado en la privación de libertad y posterior asesinato de un hombre y de una mujer, hechos que ocurrieron entre julio y octubre de 2011, en el cantón Segunda Loma de Santiago, jurisdicción de San Juan Opico, La Libertad.
«El hombre era integrante de la misma estructura criminal y fue asesinado por rencillas internas; mientras que la mujer pertenecía a otra pandilla, razón por la cual la asesinaron», según las investigaciones del ministerio público.
La investigación fiscal también establece que Morales Mejía es integrante de la clica Joya de Cerén Locos Salvatruchos de la MS-13, «tenía el rango de colaboradora dentro de la estructura y mantenía una relación sentimental con el palabrero de la clica».
Morales Mejía había huido a Estados Unidos, sin embargo, en marzo de este año fue deportada. Agentes del ICE de Washington, D.C. anunciaron el arresto de la mujer el 22 de abril.
«Entró ilegalmente en Estados Unidos en una fecha desconocida, en un lugar desconocido, sin ser inspeccionada, admitida ni puesta en libertad condicional por un funcionario de inmigración estadounidense», detallaron fuentes estadounidenses.
De acuerdo a la información proporcionada por ICE, en febrero pasado, el Grupo de Trabajo de la Alianza de Seguridad para la Captura de Fugitivos en El Salvador proporcionó información actualizada sobre la posible presencia de Morales-Mejía en el norte de Virginia.
«Tras recibir esta información, agentes del ICE en Washington, D.C. trabajaron para localizarla y arrestarla. El 12 de marzo, el ICE la arrestó en Woodbridge y le entregó una citación para comparecer ante un juez de inmigración del Departamento de Justicia», indicó ICE.
«Los medios la consideran una ‘no delincuente’ porque no tiene antecedentes penales conocidos en Estados Unidos, a pesar de que enfrenta cargos por homicidio agravado en El Salvador. ICE Washington, D.C. seguirá priorizando la seguridad pública arrestando y deportando a los extranjeros delincuentes de nuestras comunidades en Washington, D.C. y Virginia», declaró Robert Guadian, director de la oficina de campo de ICE en Washington, D.C.
La Fiscalía espera una sentencia condenatoria para la pandillera y, además, cuenta con elementos de prueba de cargo para demostrar la participación de la imputada en los hechos atribuidos.
