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Baja en asesinatos de operadores del sistema de justicia es efecto del Plan Control Territorial
La cifra de homicidios de los operadores del sistema de justicia ha disminuido en un 64% en 2020 con relación al mismo período de 2019, como resultado de la implementación del Plan Control Territorial impulsado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
Entre el 1 de enero y el 27 de septiembre, los asesinatos de personal que forma parte de instituciones vinculadas con el sistema de justicia se redujeron de 37 el año pasado a 13 ocurridos en 2020, según las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los datos policiales muestran que en lo que va de 2020, se contabilizan ocho agresiones armadas que les arrebataron la vida a igual número de agentes de la corporación, la cifra está por debajo de los 25 homicidios de miembros de la PNC registrados en el mismo período de 2019.
Mientras que en las estadísticas de la PNC, la cantidad de miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) asesinados en lo que va de 2010 suman 3, mientras que en el mismo período de 2019 fueron 12.
El año pasado se cometió el crimen de un empleado administrativo de la Policía, mientras que este año no se contabiliza ninguno.
El Plan Control Territorial comenzó a implementarse como la estrategia de seguridad del Gobierno del Presidente Bukele el 20 de junio de 2019, desde entonces se evidencia una reducción sostenida de los ataques armados a escala nacional.
El Plan se ha enfocado en los centros históricos de los municipios donde los grupos criminales captan los mayores flujos financieros, por lo que de esta manera se busca golpear sus finanzas.
El éxito del Plan Control Territorial también se evidencia en la disminución de otros delitos como asesinatos de mujeres, adolescentes y niños, extorsiones, hurto y robo de vehículos, así como la denuncia de casos de personas desaparecidas.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
El cuerpo sin vida de Oved Francisco Hernández fue localizado el pasado 28 de mayo de 2026 en el cantón El Carrizal, en Nahuizalco.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima había sido reportada como desaparecida días atrás. El cadáver fue encontrado en estado de descomposición.
Las autoridades correspondientes realizaron el procesamiento de la escena y continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias del fallecimiento.
Hasta el momento no se han brindado mayores detalles oficiales sobre las causas de muerte.
