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Baja en asesinatos de operadores del sistema de justicia es efecto del Plan Control Territorial
La cifra de homicidios de los operadores del sistema de justicia ha disminuido en un 64% en 2020 con relación al mismo período de 2019, como resultado de la implementación del Plan Control Territorial impulsado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
Entre el 1 de enero y el 27 de septiembre, los asesinatos de personal que forma parte de instituciones vinculadas con el sistema de justicia se redujeron de 37 el año pasado a 13 ocurridos en 2020, según las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los datos policiales muestran que en lo que va de 2020, se contabilizan ocho agresiones armadas que les arrebataron la vida a igual número de agentes de la corporación, la cifra está por debajo de los 25 homicidios de miembros de la PNC registrados en el mismo período de 2019.
Mientras que en las estadísticas de la PNC, la cantidad de miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) asesinados en lo que va de 2010 suman 3, mientras que en el mismo período de 2019 fueron 12.
El año pasado se cometió el crimen de un empleado administrativo de la Policía, mientras que este año no se contabiliza ninguno.
El Plan Control Territorial comenzó a implementarse como la estrategia de seguridad del Gobierno del Presidente Bukele el 20 de junio de 2019, desde entonces se evidencia una reducción sostenida de los ataques armados a escala nacional.
El Plan se ha enfocado en los centros históricos de los municipios donde los grupos criminales captan los mayores flujos financieros, por lo que de esta manera se busca golpear sus finanzas.
El éxito del Plan Control Territorial también se evidencia en la disminución de otros delitos como asesinatos de mujeres, adolescentes y niños, extorsiones, hurto y robo de vehículos, así como la denuncia de casos de personas desaparecidas.
En el marco del proyecto presidencial Dos Escuelas por Día, la Dirección de Obras Municipales (DOM) inició la remodelación del Centro Escolar Cantón La Morita, en el distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste
Este proyecto tiene el propósito de crear condiciones apropiadas para que niñas y niños abran su primera puerta hacia la educación y la superación, a través del desarrollo de sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales.
Las obras se ejecutan en un área de 1,267.24 metros cuadrados, donde se intervienen seis módulos, 9 aulas desde parvularia hasta noveno grado, servicios sanitarios, oficinas administrativas, escenario, salón de usos múltiples y laboratorio de informática.
«El aula de parvularia tendrá a su interior sanitario infantil, ducha y lavamanos, también bodega para materiales educativos y externamente, área de juegos lúdicos», dió a conocer la DOM.
También, el proyecto incluye la construcción de un módulo que será exclusivo para cocina y comedor. Además como obras complementarias se construirá una cisterna con su cuarto de bombeo, 3 pozos de absorción, una fosa séptica, área de caminamiento, cambio de piso, puertas y ventanas, techo termoacústico, reparación de paredes, pintura y nuevos acabados, iluminación LED e Internet gratis.
Este proyecto no solo mejorará la infraestructura escolar de más de 200 estudiantes, sino que también generará empleo local, contribuyendo a la reactivación de la economía familiar.
Esta se convierte en la octava escuela en ser intervenida por la Dirección de Obras Municipales en el departamento de San Miguel, en el marco del proyecto presidencial.
Sandra Yamileth Amaya Morales fue condenada a seis años de cárcel y a pagar $ 4,000 en concepto de responsabilidad civil por cometer el delito de apropiación indebida de vehículo automotor, en San Miguel.
En la investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el el 20 de julio de 2022 la víctima le compró el vehículo a Amaya Morales por un monto de $8,000.
Luego de la compra, Amaya Morales se aprovechó de la amistad que tenía con la víctima y el 20 de octubre del mismo año le pidió prestado el vehículo para realizar unas diligencias personales.
«El vehículo se lo entregó (a la procesada) y cuando la víctima quiso registrar el vehículo a su nombre, le informaron que la imputada había vendido el vehículo a otra persona», dice el reporte fiscal.
Los hechos ocurrieron en el cantón Valle Alegre del distrito de San Miguel y la condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel.
Un empleado de la alcaldía de Morazán Sur falleció la tarde del pasado viernes en un supuesto accidente laboral ocurrido en la planta de desechos sólidos ubicada en San Francisco Gotera.
El hombre fue identificado como José David Membreño, quien se desempeñaba en el área de recolección de desechos de la oficina distrital de Osicala. La Policía Nacional Civil (PNC) acudió a la planta de Desechos Sólidos para realizar las respectivas indagaciones del caso.
Por su parte, la alcaldía lamentó la pérdida de Membreño, a quien reconocían por su esfuerzo y dedicación; sin embargo, la alcaldía no brindó información sobre los hechos de su fallecimiento.
«Recordaremos siempre su esfuerzo, humildad y dedicación en las labores de aseo y ordenanza pública, trabajo que realizaba con compromiso al servicio de nuestra gente», dice la nota de duelo de la comuna
