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Arqueólogo del Ministerio de Cultura es señalado de intentar extorsionar a una empresa constructora
Un arqueólogo empleado del Ministerio de Cultura es señalado de intentar extorsionar a una empresa constructora y que ante la negación de ésta se originaría una serie de ataques en su contra incluida la negación de permisos para la construcción de un complejo habitacional.
En redes sociales circula una información que deja en entredicho las intenciones del arqueólogo, Hugo Díaz, quien constantemente se han pronunciado en contra de la construcción del complejo habitacional “Las Victorias”, en el municipio de Nahuilingo, Sonsonate.
Esa posición la mostró cuando era sub alterno de la ex secretaria de la Cultura, Silvia Elena Regalado; el arqueólogo que actualmente sigue en el ahora Ministerio de Cultura.
En diferentes ocasiones, Díaz se pronunció aparentemente para proteger al sitio arqueológico Tacuscalco, que se encuentra en las cercanías de la construcción de Las Victorias; pero con la información que ha circulado en redes sociales Díaz y la ex diputada del FMLN, Lorena Peña, dan lugar a creer que podrían haber cometido un delito.
En el 2017, la ex diputada Peña, junto al arqueólogo presentaron ante la Asamblea Legislativa, una pieza de correspondencia en la que solicitaban el paro de obra en la zona, bajo dos argumentos, el primero por daños al medioambiente y porque destruiría el bien cultural.
Sin embargo la nueva información ha generado indignación en la población porque en las ocasiones que solicitaron el paro de obras habrían ocultado sus verdaderos intereses.
La empresa constructora Fenix S.A. de C.V. sostiene que la inversión del lugar fue hecha en el año 2006, mismo año en el que habrían obtenido los permisos legales para la construcción que luego le fueron negados. La construcción actualmente se encuentra paralizada.
En el marco del proyecto presidencial Dos Escuelas por Día, la Dirección de Obras Municipales (DOM) inició la remodelación del Centro Escolar Cantón La Morita, en el distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste
Este proyecto tiene el propósito de crear condiciones apropiadas para que niñas y niños abran su primera puerta hacia la educación y la superación, a través del desarrollo de sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales.
Las obras se ejecutan en un área de 1,267.24 metros cuadrados, donde se intervienen seis módulos, 9 aulas desde parvularia hasta noveno grado, servicios sanitarios, oficinas administrativas, escenario, salón de usos múltiples y laboratorio de informática.
«El aula de parvularia tendrá a su interior sanitario infantil, ducha y lavamanos, también bodega para materiales educativos y externamente, área de juegos lúdicos», dió a conocer la DOM.
También, el proyecto incluye la construcción de un módulo que será exclusivo para cocina y comedor. Además como obras complementarias se construirá una cisterna con su cuarto de bombeo, 3 pozos de absorción, una fosa séptica, área de caminamiento, cambio de piso, puertas y ventanas, techo termoacústico, reparación de paredes, pintura y nuevos acabados, iluminación LED e Internet gratis.
Este proyecto no solo mejorará la infraestructura escolar de más de 200 estudiantes, sino que también generará empleo local, contribuyendo a la reactivación de la economía familiar.
Esta se convierte en la octava escuela en ser intervenida por la Dirección de Obras Municipales en el departamento de San Miguel, en el marco del proyecto presidencial.
Sandra Yamileth Amaya Morales fue condenada a seis años de cárcel y a pagar $ 4,000 en concepto de responsabilidad civil por cometer el delito de apropiación indebida de vehículo automotor, en San Miguel.
En la investigación, la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que el el 20 de julio de 2022 la víctima le compró el vehículo a Amaya Morales por un monto de $8,000.
Luego de la compra, Amaya Morales se aprovechó de la amistad que tenía con la víctima y el 20 de octubre del mismo año le pidió prestado el vehículo para realizar unas diligencias personales.
«El vehículo se lo entregó (a la procesada) y cuando la víctima quiso registrar el vehículo a su nombre, le informaron que la imputada había vendido el vehículo a otra persona», dice el reporte fiscal.
Los hechos ocurrieron en el cantón Valle Alegre del distrito de San Miguel y la condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel.
Un empleado de la alcaldía de Morazán Sur falleció la tarde del pasado viernes en un supuesto accidente laboral ocurrido en la planta de desechos sólidos ubicada en San Francisco Gotera.
El hombre fue identificado como José David Membreño, quien se desempeñaba en el área de recolección de desechos de la oficina distrital de Osicala. La Policía Nacional Civil (PNC) acudió a la planta de Desechos Sólidos para realizar las respectivas indagaciones del caso.
Por su parte, la alcaldía lamentó la pérdida de Membreño, a quien reconocían por su esfuerzo y dedicación; sin embargo, la alcaldía no brindó información sobre los hechos de su fallecimiento.
«Recordaremos siempre su esfuerzo, humildad y dedicación en las labores de aseo y ordenanza pública, trabajo que realizaba con compromiso al servicio de nuestra gente», dice la nota de duelo de la comuna
