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Arqueólogo del Ministerio de Cultura es señalado de intentar extorsionar a una empresa constructora
Un arqueólogo empleado del Ministerio de Cultura es señalado de intentar extorsionar a una empresa constructora y que ante la negación de ésta se originaría una serie de ataques en su contra incluida la negación de permisos para la construcción de un complejo habitacional.
En redes sociales circula una información que deja en entredicho las intenciones del arqueólogo, Hugo Díaz, quien constantemente se han pronunciado en contra de la construcción del complejo habitacional “Las Victorias”, en el municipio de Nahuilingo, Sonsonate.
Esa posición la mostró cuando era sub alterno de la ex secretaria de la Cultura, Silvia Elena Regalado; el arqueólogo que actualmente sigue en el ahora Ministerio de Cultura.
En diferentes ocasiones, Díaz se pronunció aparentemente para proteger al sitio arqueológico Tacuscalco, que se encuentra en las cercanías de la construcción de Las Victorias; pero con la información que ha circulado en redes sociales Díaz y la ex diputada del FMLN, Lorena Peña, dan lugar a creer que podrían haber cometido un delito.
En el 2017, la ex diputada Peña, junto al arqueólogo presentaron ante la Asamblea Legislativa, una pieza de correspondencia en la que solicitaban el paro de obra en la zona, bajo dos argumentos, el primero por daños al medioambiente y porque destruiría el bien cultural.
Sin embargo la nueva información ha generado indignación en la población porque en las ocasiones que solicitaron el paro de obras habrían ocultado sus verdaderos intereses.
La empresa constructora Fenix S.A. de C.V. sostiene que la inversión del lugar fue hecha en el año 2006, mismo año en el que habrían obtenido los permisos legales para la construcción que luego le fueron negados. La construcción actualmente se encuentra paralizada.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
