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Arqueólogo del Ministerio de Cultura es señalado de intentar extorsionar a una empresa constructora
Un arqueólogo empleado del Ministerio de Cultura es señalado de intentar extorsionar a una empresa constructora y que ante la negación de ésta se originaría una serie de ataques en su contra incluida la negación de permisos para la construcción de un complejo habitacional.
En redes sociales circula una información que deja en entredicho las intenciones del arqueólogo, Hugo Díaz, quien constantemente se han pronunciado en contra de la construcción del complejo habitacional “Las Victorias”, en el municipio de Nahuilingo, Sonsonate.
Esa posición la mostró cuando era sub alterno de la ex secretaria de la Cultura, Silvia Elena Regalado; el arqueólogo que actualmente sigue en el ahora Ministerio de Cultura.
En diferentes ocasiones, Díaz se pronunció aparentemente para proteger al sitio arqueológico Tacuscalco, que se encuentra en las cercanías de la construcción de Las Victorias; pero con la información que ha circulado en redes sociales Díaz y la ex diputada del FMLN, Lorena Peña, dan lugar a creer que podrían haber cometido un delito.
En el 2017, la ex diputada Peña, junto al arqueólogo presentaron ante la Asamblea Legislativa, una pieza de correspondencia en la que solicitaban el paro de obra en la zona, bajo dos argumentos, el primero por daños al medioambiente y porque destruiría el bien cultural.
Sin embargo la nueva información ha generado indignación en la población porque en las ocasiones que solicitaron el paro de obras habrían ocultado sus verdaderos intereses.
La empresa constructora Fenix S.A. de C.V. sostiene que la inversión del lugar fue hecha en el año 2006, mismo año en el que habrían obtenido los permisos legales para la construcción que luego le fueron negados. La construcción actualmente se encuentra paralizada.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
