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Alcalde Muyshondt sigue amenazando la salud de comunidades enteras con tal de no pagar sus obligaciones
La alcaldía de San Salvador volvió a llevar decenas de toneladas de basura en sitio conocido como Planta Aragón, según imágenes captadas por testigos el miércoles 17 de febrero.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, mostró las fotos donde se observan los camiones de la comuna depositando los desechos en la Planta de Transferencia de Aragón. Pero este sitio no tiene los permisos de ley para procesar dicho material, de manera que se está generando una contaminación en el aire, el suelo y en los mantos acuíferos subterráneos que amenaza directamente a las comunidades que habitan en los alrededores (carretera a Comalapa).
Junto a las fotografías, el ministro de Trabajo manifestó: “Juzgado ambiental de San Salvador: esto es en planta Aragón en este momento. Es una denuncia que hacen llegar la comunidad. Los basureros a cielo abierto están clausurados por decreto. Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil: (es un) delito. Contaminación ambiental agravada por Muyshondt”.
El jefe municipal y su concejo le adeudan $5 millones a la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) desde hace más de un año. Por este impago, la empresa se rehúsa a continuar recibiendo toda la basura que la municipalidad recolecta. En lugar de buscar cómo pagar sus compromisos, el alcalde Muyshondt eligió llevar la basura hasta la planta de Aragón, en perjuicio de los vecinos del lugar.
Asi, aunque los capitalinos siguen pagando las tasas municipales orientadas al tratamiento adecuado de la basura, el concejo de Muyshondt no le ha pagado a MIDES.
Ya el Juzgado Ambiental pidió que se solucione la situación, ya sea obteniendo los respectivos permisos para Aragón o dejando de usar ese tiradero. Pero ni la alcaldía de San Salvador, ni la Fiscalía General, han hecho nada por agilizar el cumplimiento de lo que ya estableció el referido tribunal.
Musydondt y el titular de la Fiscalía General, comparten historias del pasado, pues apoyaron al candidato de ARENA, Carlos Calleja, cuando compitió contra el Presidente Bukele para las elecciones de 2019.
Representantes de las comunidades aledañas a la Planta de Transferencia Aragón colocaron otro aviso ante la FGR la semana pasada, por estos actos del alcalde de San Salvador.
Esta madrugada, la Fiscalía General de la República (FGR), con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), realizó un operativo para desarticular una estructura dedicada al tráfico de drogas en Sonsonate. Los estupefacientes los compraban en San Salvador y luego la vendían en Sonsonate, San Antonio del Monte y Sonsacate.
Tras los esfuerzos realizados en los 13 allanamientos en Sonsonate, Sonzacate, Izalco y La Libertad, se capturó a Nylbert Abrahan Rosales Mendoza, Héctor Antonio Guzmán Ticas, Kevin Ernesto Rodríguez Rodríguez , José Alfredo Acevedo Rivera y Jorge Alberto Rebollo Recinos.
Otras cinco personas ya están detenidas y se les notificará de los nuevos delitos qué se les imputan.
El fiscal del caso explicó que este procedimiento es producto de una investigación de un año cuando se capturó a una persona en flagrancia que distribuía droga en el departamento de Sonsonate.
Durante el operativo se incautaron varias porciones de droga metanfetaminas, balanzas, celulares y demás evidencia que servirá para fortalecer la investigación.
A los detenidos se les atribuyen los delitos de actos preparatorios proposición y conspiración de asociaciones delictivas, agrupaciones ilícitas, tráfico Ilícito y posesión y tenencia.
Durante el operativo se incautaron 13 teléfonos, 2 balanzas, $2,036 en efectivo y 18 porciones pequeñas de metanfetamina.
Milton Osmín Bonilla Romero fue condenado a 40 años de prisión por el delito de extorsión.
Según la acusación fiscal, entre abril y septiembre de 2011, la víctima fue amenazada de muerte por miembros de la MS-13. Por temor a las amenazas, la víctima denunció el hecho el 2 de agosto de ese mismo año ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Para ubicar al responsable, se realizaron dos entregas controladas de dinero el 11 y el 29 de septiembre de 2011, en el interior de un centro comercial de la ciudad de San Miguel, donde identificaron y capturaron a Bonilla Romero.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel lo condenó a 20 años de cárcel por cada entrega de dinero en la que participó el procesado.
El Organismo de Dirección de la Corte de Cuentas de la República (CCR) integrado por el Presidente Walter Salvador Sosa y los Magistrados Julio Bendek y Rodrigo Flores aprobaron la ejecución del Plan de Fiscalización de Vehículos Nacionales para las vacaciones agostinas 2026, el cual se realizará del 1 al 6 de agosto con el objetivo de verificar el uso adecuado de los automotores estatales y el cumplimiento de la normativa vigente por parte de las entidades de la administración pública.
Como parte del operativo, se desplegarán 16 equipos de auditoría, integrados por 60 auditores, quienes desarrollarán labores de verificación en diferentes puntos estratégicos del país durante el período vacacional.
La CCR mantendrá una presencia estratégica en todo el país para supervisar el correcto uso de los recursos públicos y fortalecer la transparencia en la gestión institucional.
En ese sentido, se reiteran dos recomendaciones fundamentales a todas las instituciones de la administración pública:
- Que los motoristas porten toda la documentación requerida y vigente, así como la misión oficial debidamente autorizada, con fechas y objetivos claramente establecidos.
- Que los vehículos institucionales cuenten con el logotipo visible de la institución, conforme a la normativa aplicable.
Al respecto, el presidente de la Corte de Cuentas, Walter Sosa destacó que, tras la ejecución de tres planes de fiscalización durante la gestión del actual Organismo de Dirección, se ha observado un avance significativo en el cumplimiento de las disposiciones por parte de las instituciones públicas.
«Cada vez más instituciones de la administración pública hacen un uso responsable y adecuado de los recursos del Estado, lo que refleja un mayor
compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas», afirmó Walter Sosa.
