Nacionales
Alcalde Muyshondt sigue amenazando la salud de comunidades enteras con tal de no pagar sus obligaciones
La alcaldía de San Salvador volvió a llevar decenas de toneladas de basura en sitio conocido como Planta Aragón, según imágenes captadas por testigos el miércoles 17 de febrero.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, mostró las fotos donde se observan los camiones de la comuna depositando los desechos en la Planta de Transferencia de Aragón. Pero este sitio no tiene los permisos de ley para procesar dicho material, de manera que se está generando una contaminación en el aire, el suelo y en los mantos acuíferos subterráneos que amenaza directamente a las comunidades que habitan en los alrededores (carretera a Comalapa).
Junto a las fotografías, el ministro de Trabajo manifestó: “Juzgado ambiental de San Salvador: esto es en planta Aragón en este momento. Es una denuncia que hacen llegar la comunidad. Los basureros a cielo abierto están clausurados por decreto. Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil: (es un) delito. Contaminación ambiental agravada por Muyshondt”.
El jefe municipal y su concejo le adeudan $5 millones a la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) desde hace más de un año. Por este impago, la empresa se rehúsa a continuar recibiendo toda la basura que la municipalidad recolecta. En lugar de buscar cómo pagar sus compromisos, el alcalde Muyshondt eligió llevar la basura hasta la planta de Aragón, en perjuicio de los vecinos del lugar.
Asi, aunque los capitalinos siguen pagando las tasas municipales orientadas al tratamiento adecuado de la basura, el concejo de Muyshondt no le ha pagado a MIDES.
Ya el Juzgado Ambiental pidió que se solucione la situación, ya sea obteniendo los respectivos permisos para Aragón o dejando de usar ese tiradero. Pero ni la alcaldía de San Salvador, ni la Fiscalía General, han hecho nada por agilizar el cumplimiento de lo que ya estableció el referido tribunal.
Musydondt y el titular de la Fiscalía General, comparten historias del pasado, pues apoyaron al candidato de ARENA, Carlos Calleja, cuando compitió contra el Presidente Bukele para las elecciones de 2019.
Representantes de las comunidades aledañas a la Planta de Transferencia Aragón colocaron otro aviso ante la FGR la semana pasada, por estos actos del alcalde de San Salvador.
Principal
Identifican a los 3 socorristas de Cruz Roja fallecidos tras brutal choque en la carretera Litoral
La familia de Cruz Roja Salvadoreña se encuentra de luto tras el fallecimiento de tres de sus miembros en un fatal percance de tránsito.
Los miembros de Cruz Roja perdieron la vida después que volcara el microbús en el que viajaban.
El terrible accidente sucedió en el kilómetro 74 de la carretera Litoral, Santa Cruz Porrillo, departamento de San Vicente.
Los fallecidos fueron identificados como Sandra Nohemy Benítez, presidenta de la seccional de Cruz Roja La Unión; Josué Álvarez Rodríguez, socorrista; y Wilfredo Bonilla, coordinador de socorrismo.
Los fallecidos regresaban de participar en la prueba “El Paso del Hombre” cuando el conductor del microbús perdió el control del vehículo y volcó dejando el fatal saldo.
Esta tarde, la Fiscalía General de la República dio a conocer que el exalcalde y exdiputado Roberto d’Aubuisson fue condenado por enriquecimiento ilícito y deberá restituir $450,729.39 al Estado.
Según el fallo, no logró justificar su incremento patrimonial durante sus gestiones como diputado (2012-2015) y alcalde de Santa Tecla (2015-2021), registrando 82 irregularidades en sus declaraciones.
Además, la resolución también declara culpable a su grupo familiar, quienes deberán devolver: su esposa Jackeline de d’Aubuisson $511,247.72, su hija Johanna d’Aubuisson $12,939.87 y su hijo Roberto d’Aubuisson $15,480.00.
Por último, el exfuncionario queda inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años, según la Cámara Ambiental de Santa Tecla
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Óscar David Deleon Portillo, de 26 años, acusado del delito de acoso a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, contemplado en la Ley Especial Contra Delitos Informáticos y Conexos, en perjuicio de una víctima.
Los hechos presentados en la audiencia inicial, el pasado 11 de marzo de 2026 un miembro de la Policía Nacional Civil destacado en la delegación Sur de San Salvador se encontraba en las duchas comunes de los dormitorios cuando notó la presencia de un teléfono celular que estaba grabando por encima de la división entre los baños.
Al percatarse de la situación, el agente reaccionó de inmediato y logró identificar a la persona que realizaba la grabación, reconociendo al ahora procesado, quien se desempeñaba como personal de mantenimiento en la delegación policial.
Según el informe presentado en sede judicial, la víctima solicitó el teléfono celular al sospechoso y al revisarlo constató la presencia de los videos en la galería del dispositivo.
La acusación también sostiene que en el teléfono habría otros videos presuntamente relacionados con policías, los cuales formarían parte de los elementos bajo análisis dentro del proceso.
Durante la audiencia inicial, la jueza consideró que existen indicios suficientes sobre la posible existencia del delito y la probable participación del imputado, por lo que ordenó que el caso continúe a la etapa de instrucción con la medida de detención provisional mientras avanzan las investigaciones.
