Nacionales
Alcalde Muyshondt sigue amenazando la salud de comunidades enteras con tal de no pagar sus obligaciones
La alcaldía de San Salvador volvió a llevar decenas de toneladas de basura en sitio conocido como Planta Aragón, según imágenes captadas por testigos el miércoles 17 de febrero.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, mostró las fotos donde se observan los camiones de la comuna depositando los desechos en la Planta de Transferencia de Aragón. Pero este sitio no tiene los permisos de ley para procesar dicho material, de manera que se está generando una contaminación en el aire, el suelo y en los mantos acuíferos subterráneos que amenaza directamente a las comunidades que habitan en los alrededores (carretera a Comalapa).
Junto a las fotografías, el ministro de Trabajo manifestó: “Juzgado ambiental de San Salvador: esto es en planta Aragón en este momento. Es una denuncia que hacen llegar la comunidad. Los basureros a cielo abierto están clausurados por decreto. Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil: (es un) delito. Contaminación ambiental agravada por Muyshondt”.
El jefe municipal y su concejo le adeudan $5 millones a la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) desde hace más de un año. Por este impago, la empresa se rehúsa a continuar recibiendo toda la basura que la municipalidad recolecta. En lugar de buscar cómo pagar sus compromisos, el alcalde Muyshondt eligió llevar la basura hasta la planta de Aragón, en perjuicio de los vecinos del lugar.
Asi, aunque los capitalinos siguen pagando las tasas municipales orientadas al tratamiento adecuado de la basura, el concejo de Muyshondt no le ha pagado a MIDES.
Ya el Juzgado Ambiental pidió que se solucione la situación, ya sea obteniendo los respectivos permisos para Aragón o dejando de usar ese tiradero. Pero ni la alcaldía de San Salvador, ni la Fiscalía General, han hecho nada por agilizar el cumplimiento de lo que ya estableció el referido tribunal.
Musydondt y el titular de la Fiscalía General, comparten historias del pasado, pues apoyaron al candidato de ARENA, Carlos Calleja, cuando compitió contra el Presidente Bukele para las elecciones de 2019.
Representantes de las comunidades aledañas a la Planta de Transferencia Aragón colocaron otro aviso ante la FGR la semana pasada, por estos actos del alcalde de San Salvador.
Judicial
Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad
La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.
Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.
Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.
Nacionales
Cierre total en Los Chorros este domingo 25 de octubre: voladura de talud afectará la Panamericana por 24 horas
El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) confirmó el cierre preventivo total del tramo Los Chorros, en la carretera Panamericana (CA-01), durante todo el domingo 25 de octubre. La restricción vehicular estará vigente desde las 00:00 hasta las 23:59 horas, debido a una detonación controlada de un talud ubicado cerca del Parque Recreativo Los Chorros. El ministro Romeo Rodríguez explicó que parte del material rocoso caerá sobre la vía, por lo que el cierre es necesario por seguridad.
Estos trabajos forman parte del proyecto de ampliación de la carretera Panamericana y la construcción del viaducto Francisco Morazán, una de las obras de infraestructura vial más importantes del país. El proyecto abarca aproximadamente 14.7 kilómetros, desde el sector de Las Delicias en Santa Tecla hasta el desvío de San Juan Opico, e incluye la estabilización de taludes, ampliación a seis y ocho carriles, y la construcción del viaducto principal.
Las autoridades recomendaron a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación y utilizar rutas alternas, especialmente quienes se dirijan hacia Santa Ana, Sonsonate u otras zonas de occidente. Una de las alternativas más utilizadas es la ruta por Quezaltepeque – Sitio del Niño. El ministro Rodríguez aseguró que harán “todo lo humanamente posible” por habilitar el tramo lo antes posible una vez finalicen los trabajos de voladura.
Se recomienda seguir las indicaciones de la Policía Nacional Civil, el VMT y el MOPT durante la jornada, y verificar actualizaciones oficiales antes de iniciar el viaje.
La Fiscalía General de la República logró una condena de 20 años de prisión contra Reynaldo Antonio Pérez Rosales, identificado como homeboy, por el delito de agrupaciones ilícitas. El sentenciado operaba desde 2017 en el municipio de El Congo, departamento de Santa Ana.
Según la investigación, sus funciones dentro de la estructura criminal consistían en vigilar la zona y alertar a los demás pandilleros sobre la presencia de patrullajes policiales y militares. Además, se le atribuye el cobro de extorsiones a diferentes comercios turísticos del sector, lo que formaba parte de las actividades con las que la organización mantenía control e intimidación en la zona.
La sentencia fue dictada en el marco de los procesos judiciales que avanzan contra integrantes de estructuras pandilleriles en el occidente del país. La Fiscalía detalló que Pérez Rosales también enfrenta procesos por otros delitos, por los cuales recibirá condenas adicionales que se acumularán a la ya impuesta.
Casos como este forman parte de las acciones de investigación y judicialización orientadas a desarticular las redes de vigilancia, cobro de extorsión y control territorial que ejercían las pandillas. Las autoridades continúan presentando pruebas sobre las funciones específicas de cada integrante dentro de las estructuras criminales.
