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Alcalde Muyshondt sigue amenazando la salud de comunidades enteras con tal de no pagar sus obligaciones
La alcaldía de San Salvador volvió a llevar decenas de toneladas de basura en sitio conocido como Planta Aragón, según imágenes captadas por testigos el miércoles 17 de febrero.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, mostró las fotos donde se observan los camiones de la comuna depositando los desechos en la Planta de Transferencia de Aragón. Pero este sitio no tiene los permisos de ley para procesar dicho material, de manera que se está generando una contaminación en el aire, el suelo y en los mantos acuíferos subterráneos que amenaza directamente a las comunidades que habitan en los alrededores (carretera a Comalapa).
Junto a las fotografías, el ministro de Trabajo manifestó: “Juzgado ambiental de San Salvador: esto es en planta Aragón en este momento. Es una denuncia que hacen llegar la comunidad. Los basureros a cielo abierto están clausurados por decreto. Corte Suprema de Justicia, Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil: (es un) delito. Contaminación ambiental agravada por Muyshondt”.
El jefe municipal y su concejo le adeudan $5 millones a la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) desde hace más de un año. Por este impago, la empresa se rehúsa a continuar recibiendo toda la basura que la municipalidad recolecta. En lugar de buscar cómo pagar sus compromisos, el alcalde Muyshondt eligió llevar la basura hasta la planta de Aragón, en perjuicio de los vecinos del lugar.
Asi, aunque los capitalinos siguen pagando las tasas municipales orientadas al tratamiento adecuado de la basura, el concejo de Muyshondt no le ha pagado a MIDES.
Ya el Juzgado Ambiental pidió que se solucione la situación, ya sea obteniendo los respectivos permisos para Aragón o dejando de usar ese tiradero. Pero ni la alcaldía de San Salvador, ni la Fiscalía General, han hecho nada por agilizar el cumplimiento de lo que ya estableció el referido tribunal.
Musydondt y el titular de la Fiscalía General, comparten historias del pasado, pues apoyaron al candidato de ARENA, Carlos Calleja, cuando compitió contra el Presidente Bukele para las elecciones de 2019.
Representantes de las comunidades aledañas a la Planta de Transferencia Aragón colocaron otro aviso ante la FGR la semana pasada, por estos actos del alcalde de San Salvador.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
