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AGRO-INNOVA está tranformando la agricultura con mayor resiliencia, diversificación y rentabilidad
Don Agustín Marroquín pasó de cultivar granos básicos a producir frutas y hortalizas como plátano, piña, limón, tomate, yuca, ocra, ayote, entre otras, gracias a la parcela demostrativa del Proyecto Sistemas Agroforestales Adaptados al Corredor Seco Centroamericano AGRO-INNOVA, Unidad de Área El Salvador.
Como don Agustín son más de 500 agricultores favorecidos con la iniciativa ejecutada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y su Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), con el financiamiento de la Unión Europea.
El agricultor del cantón El Coco, en Santa Ana, agradece la acciones de los técnicos del IICA y de los extensionistas del CENTA, ya que los resultados han sido grandes para él y su familia, porque la agricultura es una forma de vida productiva y puede ser sustentable si se aplican las medidas adecuadas.
Sus nietas también expresaron su gratitud y asombro por los buenos resultados de la parcela bajo los Sistemas Agroforestales Multiestratos (SAFM), pues además de la producción diversificada ahora saben que la agricultura puede ser rentable, gracias a las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y al reservorio de captación de agua lluvia, entre otras acciones de resiliencia.
Este y otros logros de AGRO-INNOVA fueron conocidos de primera mano por el Ministro de Agricultura y Ganadería, Óscar Guardado; el representante del IICA en El Salvador, Erick Quirós; el gerente del proyecto, Pedro Avendaño; la directora ejecutiva del CENTA, Odette Varela; técnicos y productores locales.
El titular del MAG destacó la labor de los productores y el trabajo articulado de las instituciones de Gobierno y de los cooperantes internacionales, ya que todos unen esfuerzos por impulsar la agricultura para garantizar la seguridad alimentaria de las familias y el desarrollo del país, porque los beneficios se replican en las comunidades y en la población.
El representante del IICA en El Salvador, Erick Quirós, resaltó el trabajo de los técnicos y la recepción de los pequeños productores para establecer formas de cultivos más diversificados, resilientes y sostenibles.
Por su parte, la directora del CENTA agregó: «Agradecemos a la Unión Europea, que son nuestros cooperantes, por darnos la confianza de ejecutar estos proyectos. Sepan que siempre estaremos acompañando a los productores con asistencia técnica y buenas prácticas para buscar la sostenibilidad alimentaria del país».
El Proyecto Sistemas Agroforestales Adaptados al Corredor Seco Centroamericano AGRO-INNOVA, Unidad de Área El Salvador, está mejorando la resiliencia climática y la seguridad alimentaria de los hogares altamente vulnerables de los pequeños productores en América Central. En el país se han capacido a más de 500 productores en tecnologías de mitigación y adaptación al cambio climático.
Además, se han establecido 15 parcelas bajo el modelo SAFM en Metapán, Texistepeque, Chalchuapa, Santa Ana, San Sebastián Salitrillo, Candelaria de la Frontera y Santiago de la Frontera.
«El proyecto busca mayor productividad que garantice la seguridad alimentaria, y esto lo podemos realizar a través de la aplicación de nuevos conocimientos y con nuevas formas de producir, porque son los pequeños cambios los que hacen una gran diferencia», puntualizó el gerente del proyecto AGRO-INNOVA.
“Les dejamos un reto a las instituciones, a los técnicos y a los productores para continuar con estos modelos agrícolas”, finalizó el representante del IICA en El Salvador.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
