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«Afuera d´Aubuisson, devuelvan lo robado», así protestan sindicalistas y otras organizaciones contra alcalde de Santa Tecla por despido de 150 empleados de la comuna
El Sindicato de Trabajadores Municipales de la Alcaldía de Santa Tecla (SITRAMSAT) y otras organizaciones realizan esta mañana de martes una protesta frente a las instalaciones de la comuna telceña, tras los despidos de más de 150 empleados por parte del edil Roberto d´Aubuisson.
La multitudinaria marcha es en sentido de apoyo y solidaridad hacia los empleados municipales, quienes fueron despedidos por la alcaldía en mención el 31 de julio de 2018.
Las trabajadores fueron despedidos luego que la comuna firmara un contrato con la empresa Interaseo S.A.S.E.S.P de origen colombiana, para formar el asocio público-privado Teclaseo.
“Estamos en contra de la privatización de la recolección de desechos sólidos”, son solo algunas las consigna contra la administración de Roberto d´Aubuisson.
«Esto es en solidaridad de nuestros compañeros de la alcaldía de Santa Tecla, en especial hacia nuestros compañeros SITRAMSAT. También exigimos los procesos judiciales que está en contra del acalde para que avancen, sea sometido a las leyes y que sea metido a la cárcel porque le ha robado a los trabajadores”, ha destacado Jaime Ávalos, secretario general Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (SIMETRISSS).
El mismo representante de SIMETRISSS añadió que debido a la no reinstalaciones de los trabajados por parte del alcalde de Santa Tecla, un compañero que fue despido falleció hace 15 días debido a las preocupaciones por no ser reinstalado en su trabajo junto a las demás personas.
“Hace dos semanas falleció un compañero por la misma frustración porque el alcalde ha cerrado todo espacio de diálogo y nos ha obligado a recurrir a las calles y le queremos decir que sino reinstala a los compañeros, va a tener lucha todo el otro año”, destacó Jaime Ávalos justo cuando la marcha se instalaba frente a las instalaciones de la alcaldía de tecleña.
El pasado 3 de diciembre Roberto d´Aubuisson habría recibido por parte del Juez Segundo de lo Contencioso un escrito que le exige informe el reinstalo inmediato de los 150 empleados, sin embargo, no ha respondido en lo absoluto.
«Él no ha respetado el estado de derecho donde ya hay una sentencia definitiva que le ordena el reinstalo inmediato y que se nos pague 3 meses y él no ha acatado la orden”, dijo Alexis Hernández miembro del SITRAMSAT.
Foto: Cortesía
Dos pandilleros perdieron la vida luego de atacar con armas de fuego a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en Sonsonate.
Ante esto, familiares de los terroristas eliminados llegaron a la escena y aceptaron que «andaban en malos pasos».
Cabe mencionar que los pandilleros, menores de edad, fueron identificados como David E. P. de 16 años y Uber A. H., de 17 años de edad.
El enfrentamiento tuvo lugar sobre el kilómetro 50 de la carretera de Sonsonate a San Salvador, en el municipio de Armenia, Sonsonate.
Foto: FAES
La Fuerza Armada de El Salvador y la Policía Nacional Civil (PNC) continúan sacando de las calles a sujetos que atentan contra la tranquilidad de la población.
En las últimas horas, las autoridades reportan la captura de un miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13) acusado de agrupaciones ilícitas.
La detención se llevó a cabo en colonia Leticia Álvarez, del municipio de Ozatlán, Usulután, en el marco de las tareas de seguridad del régimen de excepción.
Asimismo, la Policía mantiene las investigaciones para determinar si posee antecedentes criminales por otros hechos delictivos.
Desde el inicio del régimen de excepción, un total de 31, 024 pandilleros han sido capturados a escala nacional, con el objetivo de que estos criminales ya no causen daño a los salvadoreños.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó de la captura de Francisco Antonio Blanco Cortez, alias «Chino», en el departamento de Sonsonate.
De acuerdo a las autoridades, Blanco Cortez se dedicaba a atemorizar a la población del municipio de Nahuizalco.
La PNC añadió que se le atribuyen los delitos de homicidio; organizaciones terroristas y agrupaciones ilícitas.
«Con las nuevas reformas al Código Penal, podría recibir 30 años de cárcel por haber dañado a nuestra población», agregó la institución en su cuenta de Twitter.
