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ADEVERTENCIA – VIDEO | Presidente Bukele condena brutal agresión a joven con discapacidad mental por parte de un agente de la PNC en Morazán
El miércoles salió a la luz ayer un video en red la social de Facebook donde se ve que un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), agrede brutalmente a patas a un menor con discapacidades físicas, frente a otros agentes y ante la mira de algunas personas, entre ellos, menores de edad.
El hecho, que ya ha causado indignación y repudio en las redes sociales, y hasta el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, ha reaccionado y criticado fuertemente el abuso de poder por parte del policía señalado.
«De acuerdo a la información recabada hasta el momento, el vídeo fue tomado en la entrada del Centro Escolar Caserío Los Cimientos, Cantón Joya El Matazano, en el área rural del municipio de Yamabal, departamento de Morazán, en el año 2017.» dijo el presidente a través de la red social Facebook.
Además, señaló que ya están investigando los hechos para que el agente policial pague por sus acciones contra el menor.
He visto el video del policía que golpea brutalmente a un niño con discapacidad. Esa acción causa asco y repudio total. Nadie, absolutamente nadie, puede tratar a nuestros niños así.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 5, 2020
El presidente, ha dejado en claro que este tipo de agentes nos serán tolerados al interior de la corporación.
“Malos elementos hay en todos lados, pero la PNC no puede permitirse tener a un delincuente, como el del video, en sus filas. Las autoridades deberán proceder INMEDIATAMENTE”.
Sin embargo, el delito no prescribe y al agente debe aplicársele TODO EL PESO DE LA LEY.
Malos elementos hay en todos lados, pero la PNC no puede permitirse tener a un delincuente, como el del video, en sus filas.
Las autoridades deberán proceder INMEDIATAMENTE.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 5, 2020
El hecho de brutalidad policial quedó registrado en un video que circuló anoche en redes sociales logrando la condena de los salvadoreños, quienes se pronunciaron por castigar a los hechores, tanto al policía que lo golpea como al resto de compañeros que permitieron la golpiza.
Esto no tiene perdón, la PNC no hace mucho violento los derechos de un amigo sin causa alguna, ahor All de este menor es una aberración.
Esto es inhumano. https://t.co/v9t5AG9AGS— Fabricio López?? (@fabrilopez_93) March 5, 2020
La fecha de la grabación del video habría sido en 2017, pero que fue dado a conocer hasta ayer miércoles ante temor a represalias; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada.
El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas y el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, se pronunciaron también al respecto y dijeron que no tolerarán este tipo de hechos, además dijeron abrirían una investigación.
Bajo ninguna circunstancia vamos a tolerar este tipo acciones por parte de algunos elementos de la policía, he girado instrucciones a @InspectoriaSV para que investigue este hecho y deducir responsabilidades. Mañana enviaremos un equipo al centro escolar para indagar este caso. https://t.co/ICJxgMaq3e
— Rogelio Rivas (@RogelioRivas) March 5, 2020
En tanto, Arriaza Chicas dijo sentirse indignado por ver las imágenes donde se comete el abuso de autoridad. «Aún se está por esclarecer la fecha, pero hemos ordenado levantar acta, poner a la orden de la FGR y solicitar una investigación por parte de la Inspectoria de Seguridad Pública», manifestó.
Con indignación he observado el video del caso de abuso de autoridad en El Yamabal, Morazán. Aún se esta por esclarecer la fecha, pero hemos ordenado levantar acta, poner a la orden de la FGR y solicitar una Investigación por parte de la inspectoria de seguridad pública.
— Mauricio Arriaza Chicas (@Director_PNC) March 5, 2020
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
