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Abogado ambientalista, Sergio Portillo Toruño, solicita al presidente Nayib Bukele que sustituya al ministro Fernando López
A juicio del abogado ambientalista, Sergio Portillo Toruño, en un año de gestión al frente del Ministerio de Medio Ambiente, el ministro Fernando López ha demostrado falta de capacidad para desempeñar el cargo para el que fue nombrado por el presidente de la República, Nayib Bukele.
Desde el punto de vista del abogado ambientalista, el ministro López no ha estado a la altura de la responsabilidad que le confió el presidente Bukele, pues sostiene que en primer lugar no ha hecho cumplir la ley en el caso del botadero ubicado en el cantón Melara, en el Puerto de La Libertad.
“Son dos procesos sancionatorios que se le han solicitado al ministro de Medio Ambiente, uno por una parte en el sentido de la suspensión, la revocatoria del funcionamiento” del botadero del cantón Melara ya que según se expone en los escritos presentados ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), dicho basurero funciona con autorizaciones obtenidas en la administración anterior de forma irregular.
Dicha petición de revocatoria del permiso de funcionamiento del botadero del cantón Melara se presentó en el año 2019, debido a graves fallas en las operaciones y que en las circunstancias que acaba de pasar el país y en particular la zona de la costa, ponen en serio peligro al medio ambiente y la salud de los habitantes del sector, argumenta el abogado Portillo Toruño.
El abogado Sergio Portillo Toruño indicó que luego de insistir todo el año pasado para que se resolviera su petición, la resolución fue favorable para el botadero, de modo que se interpusieron un “recurso de revisión, tal cual la ley lo mantiene, e igualmente se presentó un recurso de reconsideración” precisó el profesional del derecho.
“Este escrito se presentó con fecha 4 de marzo, la última solicitud de reiteración de la revisión”, y a 7 de junio no hay respuesta del ministro de la cartera de Medio Ambiente, reprochó el abogado ambientalista, que hizo énfasis en el riesgo que se corre que ocurra un desastre ambiental con las lluvias en el botadero del cantón Melara.
El caso del botadero del cantón Melara no es el único en el que el ministro Fernando López ha actuado de forma pasiva, sin aplicar la ley como es su deber remarcó el abogado Sergio Portillo Toruño, quien recuerda que también solicitó que se sancione a la alcaldía de Santa Tecla y a la sociedad Teclaseo como dicta la legislación vigente.
El mes de enero del presente año, el mencionado abogado interpuso una denuncia en el MARN pidiendo se que sancionara a la comuna y a Teclaseo, por contaminar con lixiviados los mantos acuíferos cercanos a la planta de transferencia ubicada a un costado de la carretera a Los Chorros.
Pese a que también se pidió la reiteración de la resolución del MARN, la fecha sigue sin haber respuesta, tres meses después de presentarse el referido recurso subrayó el abogado Sergio Portillo Toruño, quien señala lo que considera es la poca capacidad evidenciada por el titular de la cartera medioambiental.
Frente a lo que considera una falta de capacidad para desempeñar el importante cargo que se le confió, el abogado Sergio Portillo Toruño reitera el llamado al presidente de la República para que sustituya a Fernando López, por un funcionario que demuestre estar a la altura de las exigencias del cargo.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) contabilizó 61 sismos en Mercedes Umaña, Usulután Norte, entre las 11:11 de la mañana y las 5:00 de la tarde del martes 20 de octubre de 2026. El reporte corresponde a una secuencia registrada en un período de cinco horas y 49 minutos.
De acuerdo con la información institucional citada por El Blog, cinco de los movimientos fueron sentidos por la población. El balance distingue entre los eventos detectados por los instrumentos de monitoreo y aquellos que los habitantes lograron percibir.
El MARN atribuyó esta actividad a la activación de fallas geológicas en la zona. Estas estructuras son fracturas de la corteza terrestre donde el desplazamiento de bloques de roca libera energía y genera movimientos sísmicos.
La cifra de 61 eventos corresponde al corte de las 5:00 de la tarde y debe interpretarse con ese horario de referencia. La actualización publicada no detalla las magnitudes ni las profundidades de los movimientos, por lo que esos datos requieren consultar los boletines específicos de cada sismo.
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó en San Salvador a Héctor Alejandro Rosales Bonilla, de 64 años, señalado de colgar a su perro de una pata desde el balcón de su apartamento. La intervención ocurrió después de que el caso fuera denunciado en redes sociales durante la tarde del 20 de octubre.
🔴 URGENTE | Denuncian maltrato a un perrito en Condominio Torre del Sol, San Salvador
🐶 Una denuncia ciudadana alerta que un hombre lleva cerca de 30 minutos agrediendo a un perrito en el quinto piso del Condominio Torre del Sol, sobre la calle El Mirador.
Los fuertes llantos del animal se escuchan desde el interior del inmueble.
🚔 Se pide la intervención inmediata de la @PNCSV y de las instituciones de bienestar animal para proteger al perrito.
Cc: @alcaldia_ss @marioduran @Vi11atoro
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 20, 2026
Según la información policial, las imágenes difundidas mostraban al hombre sosteniendo al animal por sus extremidades desde el balcón. La denuncia permitió que las autoridades conocieran el hecho y procedieran con la detención del presunto responsable.
La PNC informó que Rosales Bonilla será remitido a las autoridades correspondientes por el cargo de maltrato animal. Tras confirmar el arresto, la institución expresó: “No vamos a tolerar este tipo de acciones”.
La información publicada no precisa el estado de salud del perro, si recibió atención veterinaria o bajo qué resguardo quedó después del incidente. Tampoco detalla una resolución judicial contra el detenido, cuya responsabilidad deberá determinarse durante el proceso.
El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó detención provisional contra Patricia Lissette L. de I., de 53 años, acusada de estafa agravada en perjuicio de ocho personas. Según el requerimiento fiscal, el supuesto fraude asciende a $57,283.50, entregados como inversión en un negocio de distribución de comida preparada.
Los hechos investigados ocurrieron entre 2022 y 2026. De acuerdo con la acusación, la mujer ofrecía ganancias a quienes aportaran dinero al supuesto emprendimiento, una propuesta con la que habría convencido a las víctimas de entregar distintas cantidades.
La investigación señala que la imputada no pagaba los rendimientos prometidos y posteriormente interrumpía la comunicación con los afectados. La promesa de obtener ganancias y la posterior falta de contacto forman parte del mecanismo de engaño descrito en el expediente fiscal.
Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían indicios suficientes sobre el delito y la probable participación de la acusada, por lo que ordenó que el proceso continuara a la etapa de instrucción. La mujer permanecerá detenida provisionalmente mientras avanza el caso; esta resolución no constituye una condena.
