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2022, el año con menos homicidios en la historia salvadoreña
La seguridad y salvaguardar la vida de los salvadoreños han sido parte de los ejes principales del Gobierno del presidente Nayib Bukele, quien ha logrado, a través de la implementación de las estrategias de seguridad como el Plan Control Territorial (PCT) y el régimen de excepción, bajar el promedio diario de hasta 30 homicidios durante los gobiernos de ARENA y del FMLN a menos de dos homicidios por día en 2022.
El pasado 15 de diciembre, tras un nuevo día sin asesinatos, el presidente Bukele afirmó que El Salvador ya es el país más seguro de Latinoamérica.
«El Salvador es ya irrefutablemente el país más seguro de Latinoamérica. Es increíble pensar que hasta hace unos años éramos el país más peligroso del mundo. Un buen Gobierno da resultados, un mal Gobierno da excusas. ¡Dios con nosotros!», publicó el mandatario en Twitter.
La opinión del presidente fue compartida por el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, quien aseguró que 2022 cerraría con una tasa de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes, una cifra que posicionaría a El Salvador como el país más seguro del continente.
«En El Salvador, lo proyectado para este año serán 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. Nosotros queremos llegar a que eso sea lo más bajo; de hecho, en el continente ya estamos encaminándonos a ser el país más seguro», apuntó Merino Monroy.
Dicha cifra contrasta mucho con la de 2015, el año más violento de la historia salvadoreña. En ese año fueron asesinadas 6,650 personas, la tasa de homicidios alcanzó los 105 por cada 100,000 habitantes en todo el país (ver gráfico).
Desde el 1.º de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, las autoridades reportaron un total de 176 días con cero homicidios a escala nacional; de ellos, 169 fueron logrados en los nueve meses de régimen de excepción.
Durante el régimen de seguridad también se lograron los dos meses con más días sin asesinatos en 201 años de historia (julio y agosto, que cerraron con 21 días con cero homicidios cada uno).
Estos fueron seguidos por octubre y noviembre, que finalizaron cada uno con 20 días sin muertes a causa de la violencia a escala nacional.
Las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) reflejan que en todo noviembre solo hubo 13 homicidios, convirtiéndose en el noviembre más seguro de toda la historia de El Salvador en comparación con los noviembres de años anteriores.
En el undécimo mes de 2022, las autoridades reportaron que el máximo de homicidios por día fue de dos casos, mientras que en 2018 eran ocho crímenes diarios; en 2015, el año más violento de El Salvador, en todo noviembre hubo 449 asesinatos.
Entre mayo y diciembre de 2022, las autoridades alcanzaron ocho períodos con al menos siete días consecutivos sin asesinatos en todo el país.
La primera semana completa sin homicidios fue reportada entre el 14 y el 20 de mayo; en julio se registraron ocho días consecutivos (del 16 al 23); el período más largo de días consecutivos sin muertes a causa de la violencia (10 días) fue logrado entre el 10 y el 19 de agosto.
Otros siete días fueron reportados entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre; entre el 7 y el 13 de septiembre se alcanzaron siete días consecutivos más con cero homicidios; del 18 al 25 de octubre se registraron ocho días consecutivos; entre el 6 y el 12 de noviembre hubo otra semana completa sin muertes a causa de la violencia, mientras que el último período con siete días consecutivos sin asesinatos fue logrado entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre.
La drástica disminución de homicidios se debe, en gran medida, al trabajo conjunto de la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y el Ministerio de Seguridad, instituciones que, de acuerdo con la última encuesta hecha por «La Prensa Gráfica» (medio de la oposición), son las mejor evaluadas por la población salvadoreña.
De acuerdo con la encuesta, la Fuerza Armada tiene un 89.9 % de aprobación de la población, la Policía cuenta con un 85.3 % y el Ministerio de Seguridad tiene un 85.2 %. La confianza por parte de la población hacia las instituciones ha crecido gracias a los planes de seguridad impulsados por el Gobierno.
Durante todo el año, la PNC mantuvo la efectividad para resolver los delitos; entre ellos, homicidios y feminicidios, y ha comenzado 2023 con la misma dinámica, ya que ayer, en tiempo récord, detuvo en Cojutepeque, Cuscatlán, a Juan Carlos de la Cruz, luego de haber asesinado a su compañera de vida. La detención fue en el término de la flagrancia, antes de que huyera.
«El crimen se dio tras una discusión la madrugada de este domingo, 1.º de enero. Será remitido a la @FGR_SV para que responda ante la justicia», publicó la Policía luego de la detención.
El hecho, catalogado por el Código Penal como un feminicidio, tiene una sanción de hasta 50 años en prisión. Ocurrió en un mesón ubicado en la 3.ª calle oriente y avenida General Brioso, de Cojutepeque. La víctima fue identificada como Abigaíl Nolasco.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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