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Nacionales

20 años después, en cumplimiento con resolución de ONU, reabren caso en favor de Enrique Rais por quiebra de ingenio “El Carmen”

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Después de haberse cumplido prácticamente 20 años (2001) que poderosos intereses políticos y económicos Areneros, utilizando al entonces jefe fiscal Douglas Arquímides Meléndez, despojaron al empresario suizo-salvadoreño Enrique Rais de toda la inversión y las instalaciones donde funcionaba el Ingenio azucarero denominado “EL CARMEN” por medio de la criminalización de una serie de contratos mercantiles para fabricarles un caso penal por el delito de Negociaciones Ilícitas, de acuerdo a su apoderado legal recientemente, el Estado Salvadoreño ha garantizado el derecho de su cliente al acceso a la justicia y a una reparación integral de los daños y perjuicios sufridos, entre los que se encuentra la pérdida total del negocio azucarero y sus propiedades.

Todo esto fue posible por medio del acatamiento del Órgano Judicial de la resolución dictada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA) de Naciones Unidas, que evaluando toda la situación de persecución legal que el empresario ha sufrido desde el año 2001, por grupos fácticos de poder, determinó que debía garantizársele el derecho al acceso a la justicia, así como realizar investigaciones exhaustivas e independientes contra los responsables de las violaciones a derechos humanos de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización por los daños en su patrimonio.         

REAPERTURA DE CAUSA PENAL CONTRA EXPRESIDENTES DEL BFA.

De acuerdo a las declaraciones del abogado Miranda Rubio, la Fiscalía General de la República (FGR) bajo titularidad de Douglas Meléndez, omitió investigar la denuncia interpuesta por las sociedades INCAÑA, GRANJA LOS PATOS y ADMINISTRADORA EL CARMEN, propiedad de Enrique Rais, de manera que se mantuvo inactiva durante todo el tiempo que Meléndez fue fiscal general y más grave y aberrante, fue el exfiscal Raúl Melara, quien presentó en septiembre de 2019,  “no la acusación presentada por Enrique Rais, sino al contrario pidió sobreseimiento definitivo contra todos los que perjudicaron y llevaron a la quiebra dolosamente el ingenio “El Carmen” y con ello la pérdida de más 1200 empleos”.

Desde entonces, manifiesta el profesional del derecho, comenzaron a librar una batalla que llevó el caso hasta la Honorable Sala de lo Penal, que anuló el sobreseimiento definitivo y obligó a que se instalara de nuevo la audiencia, donde, en calidad de querellantes, demostraron que los hechos existen, que tienen relevancia penal y que no han prescrito.

“Contando con las pruebas reales, objetivas y contundentes de cómo se fraguó un plan para llevar a la quiebra el Ingenio El Carmen, así como la resolución de Naciones Unidas que confirma las violaciones a derechos humanos del Sr. Rais, como querella hemos sustentado el caso y el juez de la causa resolvió en audiencia inicial, que pase a la siguiente etapa e impuso medidas sustitutivas a la detención a los imputados”, destacó Miranda Rubio.

De acuerdo a la resolución que este medio tuvo a la vista, los imputados son los expresidentes del Banco de Fomento Agropecuario (BFA), Guillermo Funes Araujo (ya fallecido por ende fue sobreseído), Nora Mercedes Miranda López y Gustavo Alfonso Escobar, así como el exinterventor del ingenio, Óscar Girón Ulloa, a quienes se les acusa de los delitos de Administración Fraudulenta, Daños Agravados, Apropiación o Retención Indebida y Actos Arbitrarios. A todos los imputados se les impuso como medidas a cumplir no cambiar de domicilio, presentarse a firmar en el juzgado cada treinta días y restricción de no salir del país, durante todo el periodo de instrucción.

Según el abogado, “es muy alentador ver como el actual Sistema de Justicia viene cumpliendo con su mandato de administrar pronta, cumplida y recta justicia, especialmente dando cumplimiento a resoluciones internacionales” como la que fue emitida a favor de su cliente. De hecho, expresa que, como abogados del Sr. Rais, se encuentran permanentemente enviando información actualizada a los observadores de cumplimiento de ONU, quienes también se muestran satisfecho de las señales positivas que el Estado Salvadoreño comienza a brindar en materia de respeto a los derechos humanos.

EFECTOS COLATERALES DE LA QUIEBRA DEL INGENIO “EL CARMEN”

Consultados unos de los habitantes cercanos a las instalaciones que alguna vez albergaron el Ingenio “El Carmen” manifiestan que, desde que el Banco (BFA) le quitó las instalaciones al Sr. Rais, se terminó toda la productividad del Ingenio, ya que las autoridades del BFA lo dejaron en total abandono, acciones de las que dan testimonio las infraestructuras deterioradas y toda la maquinaria que se ha convertido en chatarra con el paso de estos 20 años. Para quienes viven en la comunidad evocar el tiempo en que el Ingenio era productivo, significa ver a mejores tiempos, donde según los pobladores, durante la época de zafra se producían miles y miles de empleos entre directos e indirectos que traían pujanza económica en la localidad, ahora todo es desolación y ruinas. 

Sin embargo ahora, como manifiesta el abogado de Rais, se presenta una oportunidad importante para que su cliente alcance justicia ante la forma en que sistemáticamente las autoridades Areneras, como también el exfiscal Douglas Meléndez, entonces a cargo de la Unidad Anticorrupción, por medio de un proceso penal fabricado, como volvió a hacerlo durante su mandato de fiscal general de la República (2016-2019), despojaron al empresario de su proyecto, “con la única intención de quebrarlo en beneficio de otros intereses económicos”. “Esta oportunidad no tendría sentido para mi cliente, si no existiera la opción de volver a potenciar lo que un día fue un desarrollo industrial en la zona donde antes se encontraba el ingenio azucarero, de manera que, se lleve progreso a comunidades que actualmente se encuentran económicamente deprimidas, instalando ya no un ingenio azucarero, sino que en su lugar se instalará una planta de Biomasa para la generación de energía limpia y renovable”, explicó.

Y concluyó: “Se trata de un triunfo que el Sr. Rais espera compartir con las comunidades”

Economia

Comisión de Hacienda emite dictamen favorable a nueva amnistía fiscal vigente hasta el 11 de diciembre de 2026

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La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable a la Ley Especial y Transitoria que Otorga Facilidades para el Cumplimiento Voluntario de Obligaciones Tributarias, Aduaneras, de Tránsito y Otras Multas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Hacienda, busca facilitar a los contribuyentes el pago de impuestos y multas adeudadas, con vigencia hasta el 11 de diciembre de 2026.

El director general de Impuestos Internos, Marvin Sorto, explicó que la medida pretende dar oportunidades a quienes cumplen con sus pagos, pero que por alguna razón no han podido solventar sus compromisos con el fisco. “El Estado tiene claro que la economía no se incrementa por multas o intereses, sino que el impacto mayor corresponde a los impuestos propios”, afirmó. La amnistía permitirá regularizar deudas ante Impuestos Internos, Aduanas y el Tribunal de Apelaciones sin pagar intereses, recargos ni multas por mora, aunque los impuestos originales sí deberán cancelarse.

El beneficio también alcanzará a personas con procesos en la Fiscalía General de la República, cobros judiciales y recargos sobre multas de tránsito o de otras instituciones públicas (excepto municipalidades). Los contribuyentes podrán optar por un plan de pagos con una primera cuota del 10 % de la deuda y ocho cuotas mensuales sucesivas. En caso de incumplimiento, se perderán los beneficios y se reactivarán los recargos originales.

La última amnistía, aprobada el 15 de octubre de 2025, benefició a 56,195 contribuyentes. De la recaudación obtenida, el 71 % correspondió a pequeños contribuyentes, el 15 % a medianos y el 14 % a grandes. La iniciativa aún debe ser aprobada por el pleno legislativo para convertirse en ley.

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Judicial

Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos

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El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.

Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.

Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.

Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.

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Judicial

Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.

Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.

Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.

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