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20 años después, en cumplimiento con resolución de ONU, reabren caso en favor de Enrique Rais por quiebra de ingenio “El Carmen”

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Después de haberse cumplido prácticamente 20 años (2001) que poderosos intereses políticos y económicos Areneros, utilizando al entonces jefe fiscal Douglas Arquímides Meléndez, despojaron al empresario suizo-salvadoreño Enrique Rais de toda la inversión y las instalaciones donde funcionaba el Ingenio azucarero denominado “EL CARMEN” por medio de la criminalización de una serie de contratos mercantiles para fabricarles un caso penal por el delito de Negociaciones Ilícitas, de acuerdo a su apoderado legal recientemente, el Estado Salvadoreño ha garantizado el derecho de su cliente al acceso a la justicia y a una reparación integral de los daños y perjuicios sufridos, entre los que se encuentra la pérdida total del negocio azucarero y sus propiedades.

Todo esto fue posible por medio del acatamiento del Órgano Judicial de la resolución dictada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA) de Naciones Unidas, que evaluando toda la situación de persecución legal que el empresario ha sufrido desde el año 2001, por grupos fácticos de poder, determinó que debía garantizársele el derecho al acceso a la justicia, así como realizar investigaciones exhaustivas e independientes contra los responsables de las violaciones a derechos humanos de Enrique Rais y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización por los daños en su patrimonio.         

REAPERTURA DE CAUSA PENAL CONTRA EXPRESIDENTES DEL BFA.

De acuerdo a las declaraciones del abogado Miranda Rubio, la Fiscalía General de la República (FGR) bajo titularidad de Douglas Meléndez, omitió investigar la denuncia interpuesta por las sociedades INCAÑA, GRANJA LOS PATOS y ADMINISTRADORA EL CARMEN, propiedad de Enrique Rais, de manera que se mantuvo inactiva durante todo el tiempo que Meléndez fue fiscal general y más grave y aberrante, fue el exfiscal Raúl Melara, quien presentó en septiembre de 2019,  “no la acusación presentada por Enrique Rais, sino al contrario pidió sobreseimiento definitivo contra todos los que perjudicaron y llevaron a la quiebra dolosamente el ingenio “El Carmen” y con ello la pérdida de más 1200 empleos”.

Desde entonces, manifiesta el profesional del derecho, comenzaron a librar una batalla que llevó el caso hasta la Honorable Sala de lo Penal, que anuló el sobreseimiento definitivo y obligó a que se instalara de nuevo la audiencia, donde, en calidad de querellantes, demostraron que los hechos existen, que tienen relevancia penal y que no han prescrito.

“Contando con las pruebas reales, objetivas y contundentes de cómo se fraguó un plan para llevar a la quiebra el Ingenio El Carmen, así como la resolución de Naciones Unidas que confirma las violaciones a derechos humanos del Sr. Rais, como querella hemos sustentado el caso y el juez de la causa resolvió en audiencia inicial, que pase a la siguiente etapa e impuso medidas sustitutivas a la detención a los imputados”, destacó Miranda Rubio.

De acuerdo a la resolución que este medio tuvo a la vista, los imputados son los expresidentes del Banco de Fomento Agropecuario (BFA), Guillermo Funes Araujo (ya fallecido por ende fue sobreseído), Nora Mercedes Miranda López y Gustavo Alfonso Escobar, así como el exinterventor del ingenio, Óscar Girón Ulloa, a quienes se les acusa de los delitos de Administración Fraudulenta, Daños Agravados, Apropiación o Retención Indebida y Actos Arbitrarios. A todos los imputados se les impuso como medidas a cumplir no cambiar de domicilio, presentarse a firmar en el juzgado cada treinta días y restricción de no salir del país, durante todo el periodo de instrucción.

Según el abogado, “es muy alentador ver como el actual Sistema de Justicia viene cumpliendo con su mandato de administrar pronta, cumplida y recta justicia, especialmente dando cumplimiento a resoluciones internacionales” como la que fue emitida a favor de su cliente. De hecho, expresa que, como abogados del Sr. Rais, se encuentran permanentemente enviando información actualizada a los observadores de cumplimiento de ONU, quienes también se muestran satisfecho de las señales positivas que el Estado Salvadoreño comienza a brindar en materia de respeto a los derechos humanos.

EFECTOS COLATERALES DE LA QUIEBRA DEL INGENIO “EL CARMEN”

Consultados unos de los habitantes cercanos a las instalaciones que alguna vez albergaron el Ingenio “El Carmen” manifiestan que, desde que el Banco (BFA) le quitó las instalaciones al Sr. Rais, se terminó toda la productividad del Ingenio, ya que las autoridades del BFA lo dejaron en total abandono, acciones de las que dan testimonio las infraestructuras deterioradas y toda la maquinaria que se ha convertido en chatarra con el paso de estos 20 años. Para quienes viven en la comunidad evocar el tiempo en que el Ingenio era productivo, significa ver a mejores tiempos, donde según los pobladores, durante la época de zafra se producían miles y miles de empleos entre directos e indirectos que traían pujanza económica en la localidad, ahora todo es desolación y ruinas. 

Sin embargo ahora, como manifiesta el abogado de Rais, se presenta una oportunidad importante para que su cliente alcance justicia ante la forma en que sistemáticamente las autoridades Areneras, como también el exfiscal Douglas Meléndez, entonces a cargo de la Unidad Anticorrupción, por medio de un proceso penal fabricado, como volvió a hacerlo durante su mandato de fiscal general de la República (2016-2019), despojaron al empresario de su proyecto, “con la única intención de quebrarlo en beneficio de otros intereses económicos”. “Esta oportunidad no tendría sentido para mi cliente, si no existiera la opción de volver a potenciar lo que un día fue un desarrollo industrial en la zona donde antes se encontraba el ingenio azucarero, de manera que, se lleve progreso a comunidades que actualmente se encuentran económicamente deprimidas, instalando ya no un ingenio azucarero, sino que en su lugar se instalará una planta de Biomasa para la generación de energía limpia y renovable”, explicó.

Y concluyó: “Se trata de un triunfo que el Sr. Rais espera compartir con las comunidades”

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Vehículo decomisado en San Salvador con droga y armas pasa al Estado

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Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.

El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.

Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.

 

 

 

En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.

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Pandillero es condenado a 15 años por extorsión

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El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.

En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.

Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.

El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual

En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.

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Penas de 25 a 45 años son impuestas a 60 terroristas

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Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.

En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.

La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.

A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.

Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.

Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.

Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.

 

 

Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.

Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.

Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha

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