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“Yo no actué solo (…) vamos a contar la verdad»: Exministro Sinibaldi ante justicia de Guatemala
Después de cuatro años prófugo de la justicia, el exministro de comunicaciones del gobierno de Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi, se entregó a la justicia guatemalteca y fue extraditado desde Florencia, Italia.
Una coordinación de trabajo con la Interpol permitió su regreso a través de México y a Guatemala por tierra, ya que el Aeropuerto La Aurora continúa cerrado.
El jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, informó que Sinibaldi tiene cinco procesos pendientes: Cooptación del Estado, Construcción y corrupción, Odebrecht, Transurbano y Arca, por delitos de lavado de dinero, cohecho pasivo y asociación ilícita.
El exfuncionario dijo que se entregó para decir la verdad y que siempre tuvo la intención de presentarse ante la justicia, pero la decisión la tomó hace un año y medio.
“Yo no actué solo, yo no me mando solo, y vamos a contar la verdad de todas las acusaciones que se me han hecho”, declaró Sinibaldi a su llegada a los tribunales de justicia.
Christian Castillo, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC), considera que la posibilidad de que Sinibaldi se convierta en un colaborador eficaz sobre estos casos es un juego de poder en la política guatemalteca.
“Venir y entregarse en medio de la pandemia, hacer todo el periplo desde Italia y venir a entregarse a la justicia en este preciso momento, para mí, responde más a una estrategia de negociación por justicia premial, que puede ser incluso con los norteamericanos”, señaló Castillo.
Según el analista, Guatemala «no ha dejado de ser una de las amenazas globales a la seguridad norteamericana” e indicó que Sinibaldi puede convertirse en una pieza clave en las investigaciones, porque desempeñó un papel como recolector de recursos para el extinto Partido Patriota desde sus inicios.
También considera que el momento político actual es muy particular, porque en Guatemala está en pausa la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, situación que podría haber incidido en la decisión de Sinibaldi.
“Su decisión de entregarse responde más a ese choque de los grandes actores de poder en el país que siguen disputándose una cuota de poder en las cortes nacionales, no es por demanda de una sociedad guatemalteca”, añadió.
Por ahora Alejandro Sinibaldi permanece en prisión provisional y este jueves 27 de agosto será su audiencia de primera declaración, en el juzgado B de mayor riesgo a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez. Los procesos los enfrentará en el orden en que le fueron imputados.
Casos y delitos vinculados al exministro
Caso Cooptación del Estado, por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero y otros activos. La fiscalía lo acusa por la consecución de recursos que no se ha podido acreditar su origen lícito.
Caso Construcción y Corrupción, por los delitos de lavado de dinero, cohecho pasivo y asociación ilícita. El Ministerio Publico lo acusa de liderar una estructura que se organizó en el Ministerio de Comunicaciones y que tenía como propósito el cobro de comisiones ilícitas a constructoras, para acreditar proyectos de construcción o pagos de deuda de arrastre.
Caso Odebrecht, por el delito de lavado de dinero. Según la acusación cuando era ministro ideó el proceso para el cobro de aproximadamente 18 millones de dólares en sobornos a la constructora brasileña.
Caso Transurbano, por el delito de lavado de dinero u otros activos. Según el MP, lavó recursos del erario público para seguridad al transporte público por al menos 900.00 quétzales (unos 117.000 dólares), que tuvieron como destinatario al propio Sinibaldi.
Caso Arca, también por el delito de lavado de dinero. En este caso la fiscalía asegura que parte de los recursos que debieron ser devueltos al Banco de los Trabajadores por concepto de contratos de publicidad, fueron destinados a la campaña política del Partido Patriota en 2011 por medio de una de las sociedades de Sinibaldi.
Con información de la Voz de América
El presidente y el primer ministro de Líbano acusaron a Israel de haber cometido un crimen de guerra tras el bombardeo que acabó con la vida de una periodista libanesa en el sur del país.
Los equipos de rescate y el medio con el que colaboraba confirmaron el miércoles el fallecimiento de Amal Jalil, una reportera de 42 años que trabajaba para el diario libanés Al Akhbar.
La agencia de defensa civil informó de que Jalil murió en un ataque contra una vivienda en la aldea de Al Tiri.
«Israel ataca deliberadamente a los periodistas para ocultar la verdad sobre sus crímenes contra Líbano», afirmó el presidente libanés, Joseph Aoun, en un comunicado en el que denunciaba «crímenes de guerra».
Un portavoz del ejército israelí declaró a AFP que «el incidente aún está bajo revisión».
Desde el viernes está en vigor en Líbano un alto al fuego de diez días en la guerra entre Israel y el movimiento proiraní Hezbolá, que ha dejado más de 2,400 muertos en territorio libanés.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer que prevé reunirse con los líderes de Israel y Líbano en las próximas dos semanas, y expresó su esperanza de lograr un acuerdo de paz permanente este mismo año.
La UE aprobó finalmente un préstamo de 90,000 millones de euros ($105,000 millones) para Ucrania, que estuvo meses bloqueado por el veto de Hungría y que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha celebrado este jueves con los dirigentes del bloque en una cumbre europea en Chipre.
Los europeos también aprobaron un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, el vigésimo desde la invasión de la exrepública soviética en febrero de 2022, dirigidas al sector bancario ruso y que añaden nuevas restricciones a las exportaciones de petróleo, cuyos ingresos financian gran parte de su guerra contra Ucrania.
«Llegamos a Chipre con buenas noticias», declaró la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. «Mientras Rusia redobla su agresividad», Europa refuerza su apoyo a Ucrania y su «presión sobre la economía de guerra rusa».
El levantamiento del veto de Hungría, tras meses de bloqueo, permitirá que la Comisión Europea abone un primer tramo de este préstamo adoptado en diciembre.
El consenso también fue allanado después de que Eslovaquia retirara sus objeciones, luego de que Ucrania reanudara el flujo de petróleo ruso hacia Europa por el oleoducto Druzhba, que había sufrido daños.
«Se ha desbloqueado el punto muerto», dijo en X la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas. «La economía de guerra de Rusia está bajo una presión creciente, mientras que Ucrania cuenta con un apoyo fundamental», añadió.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que se reunirá en Chipre con los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, celebró la aprobación del préstamo europeo. Este «reforzará nuestro ejército, hará que Ucrania sea más resiliente y nos permitirá cumplir con nuestras obligaciones sociales para con los ucranianos», afirmó en un mensaje publicado en Facebook.
Retirar las minas en el estrecho de Ormuz podría llevar medio año, lo cual tendría un impacto en el precio de los hidrocarburos a nivel mundial, consideró el Pentágono durante una exposición clasificada en el Congreso estadounidense, según informó The Washington Post.
El estrecho de Ormuz ha estado prácticamente cerrado desde que estalló la guerra el 28 de febrero, desencadenada por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Por esa vía solía transitar un 20 % de los hidrocarburos que se consumen en todo el mundo.
The Washington Post cita a tres responsables anónimos según los cuales «los parlamentarios fueron informados de que Irán podría haber puesto 20 minas o más en el estrecho de Ormuz y en los alrededores».
Peajes. Irán también aseguró que ha recibido los primeros ingresos procedentes de los peajes que impuso en el estratégico estrecho de Ormuz. Foto: AFP
Según la presentación de un responsable de Defensa, «algunas fueron colocadas en el agua, a distancia, gracias a tecnología GPS» y esto complica su detección. Otras las habrían emplazado mediante «embarcaciones pequeñas».
«Un cierre de seis meses del estrecho de Ormuz es una imposibilidad y algo completamente inaceptable», dijo un portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado enviado a la AFP en el que desmentía la noticia.
Parnell señaló que la noticia se basa en una «sesión informativa clasificada, a puerta cerrada» y que mucha de la información es «falsa».
Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, advirtieron a mediados de abril acerca de una «zona peligrosa» de 1,400 km² donde podría haber minas.
La semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Teherán «con la ayuda de Estados Unidos, [había] retirado o [estaba] retirando todas las minas marinas». Pero la república islámica no lo confirmó.
Según Teherán, los buques deben ser autorizados para salir o entrar en el Golfo a través de esa vía, mientras que Estados Unidos mantiene un bloqueo de los puertos iraníes desde el 13 de abril.
Peligro. Equipos de Estados Unidos están ayudando a desminar el estrecho de Ormuz. Foto: AFP
Vecinos son más afectados
El bloqueo naval de Estados Unidos a Irán debería ralentizar la producción petrolera del país en las próximas semanas, pero es prematuro predecir un colapso económico, estiman diversos analistas.
La apuesta de Washington de bloquear a Irán podría no dar sus frutos, al menos a corto plazo.
«Si el bloqueo dura más de dos o tres meses, puede causar más daños» a Irán, subraya Saeed Laylaz, analista económico y profesor en la Universidad Shahid Beheshti de Teherán. Pero los «causados a los países del sur del golfo Pérsico serán sin duda más importantes».
El tiempo del que dispone Teherán antes de alcanzar su límite de almacenamiento se mide en «semanas más que en días», estima, sin embargo, Jamie Ingram, redactor jefe del Middle East Economic Survey (MEES), aunque es probable que Irán «reduzca ligeramente su producción antes de llegar a ese punto».
Arne Lohmann Rasmussen, analista jefe de Global Risk Management, considera por su parte que el país «alcanzará sus límites de almacenamiento en aproximadamente un mes, pero ya podría verse obligado a reducir parte de su producción petrolera en dos semanas».
