Internacionales
“Vivimos en un ambiente de miedo y gran inseguridad” dicen los ciudadanos de Nicaragua
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha aprendido de sus cercanos amigos venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro que ganar tiempo pidiendo diálogo sin ofrecer garantías de respetar los acuerdos, es la mejor táctica para “enfriar” a la oposición popular y salir de los titulares de los periódicos internacionales.
A diez meses de que en abril de 2018 explotara la crisis social más profunda desde que Ortega está en el poder, una crisis que ha dejado cerca de 400 muertos, cientos de detenidos, desaparecidos y exiliados, el presidente vuelve a abrirle la puerta al diálogo con los empresarios y con la Iglesia católica como “invitada”.
Mediante un comunicado emitido el pasado fin de semana, el Ejecutivo nicaragüense refirió que “se reunió con un grupo de empresarios representativos del sector privado nicaragüense, para abordar temas importantes para el bien común del país”, y que a la mesa estuvieron presentes como “invitados” tanto el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el cardenal y arzobispo de Managua Leopoldo José Brenes, y el nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag.
Antes, Ortega y su gabinete se habrían reunido con una delegación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero tampoco hubo otra cosa que alguna llamada a reformar el sistema electoral.
Toda vía de diálogo se había cerrado desde julio de 2018, por la oposición del gobierno de Ortega a negociar ni elecciones nuevas ni su salida de la presidencia. Ahora, con el agua al cuello y con una crisis económica, política y social de dimensiones extremas, el sandinista vuelve a abrir las puertas de la negociación
Pero muchos sectores en Nicaragua y observadores internacionales se preguntan sobre cuál es el fondo real de esta apertura, sobre todo cuando el propio Ortega ha calificado a los obispos de Nicaragua como “cómplices de los golpistas”” y sus huestes, en las calles, han amedrentado, golpeado y perseguido a los sacerdotes católicos.
A lo sumo, se estarían discutiendo algunas reformas al sistema electoral nicaragüense, pero de ninguna forma el gobierno de Ortega prevé adelantar las elecciones que se efectuarían en noviembre de 2021.
“La situación es muy tensa. El gobierno ve a la Iglesia como un enemigo y mira con suspicacia cada palabra y cada movimiento de sus miembros por lo que sucede desde abril de 2018 cuando estallaron fuertes protestas contra el gobierno. Hay varios casos de intimidación por parte de la policía contra presbíteros y religiosos”.
Eso lo explica a la agencia vaticana Fides un sacerdote nicaragüense que solicitó –por obvias razones de seguridad– permanecer en el anonimato. Aunque “las actividades pastorales se están llevando a cabo con relativa normalidad”, el sacerdote cuenta a Fides que la vigilancia sobre la Iglesia es constante.
Y añade: “Aquí en la parroquia, la policía viene todos los días para ver quién asiste a la misa y escucha lo que digo en la homilía. Se infiltran para escucharla y grabarla”.
Otros sacerdotes están sujetos al mismo trato. Incluso “tres obispos están en el punto de mira de la policía”. Al menos tres sacerdotes, además del cardenal Brenes, el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, y el Nuncio Sommertag, fueron atacados en el pasado.
“Vivimos en un ambiente de miedo y gran inseguridad. Incluso la policía de tránsito circula con Kalashnikov”, terminó describiendo el sacerdote nicaragüense.
Internacionales
Gobierno de El Salvador despliega atención integral y entrega ayuda humanitaria a familias afectadas en Cali
Esta tarde, la misión humanitaria enviada por el presidente Nayib Bukele avanzó en la preparación y armado de paquetes de primera necesidad en el centro logístico del albergue Unidad Deportiva Panamericana, en Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, para asistir a la población afectada por el terremoto de magnitud 7.4.
Como parte de la agenda operativa en el terreno, la delegación salvadoreña se movilizó hacia el Refugio Coliseo de Hockey —ubicado dentro del mismo complejo— para ejecutar una jornada de asistencia integral a decenas de damnificados, entre ellos adultos y menores de edad. La intervención combinó apoyo sanitario, entrega de insumos esenciales y acompañamiento psicosocial.
Durante la actividad, el personal salvadoreño acondicionó un espacio recreativo adaptado para la niñez, donde se desarrollaron dinámicas grupales, juegos de integración, piñatas y la distribución de refrigerios, ofreciendo un entorno seguro de convivencia y contención emocional para los niños.
Posteriormente, el contingente realizó la entrega directa de los suministros, distribuyendo paquetes de alimentos no perecederos, medicamentos esenciales y enseres domésticos, incluidos mosquiteros y extensiones eléctricas para mejorar las condiciones del refugio.
Para el desarrollo de esta jornada, un contingente multidisciplinario de cerca de una treintena de especialistas salvadoreños operó con el respaldo de unidades de transporte pesado y de pasajeros, garantizando el traslado de los insumos y el despliegue efectivo del personal en el área de emergencia.
El plazo de 72 horas considerado decisivo para encontrar sobrevivientes tras el mortífero terremoto que sacudió Colombia llega a su fin este jueves, mientras cerca de 500 personas continúan desaparecidas y podrían encontrarse bajo edificios derrumbados.
El sismo, de magnitud 7,4, ocurrió el lunes y es considerado el más potente registrado en este siglo en Colombia. Hasta el momento, deja 265 muertos y unos 3.500 heridos.
En Cali, Pereira y otras ciudades del oeste del país, los equipos de rescate trabajan sin cesar. A las 07:34 locales (12:34 GMT) se cumplen las primeras 72 horas desde el terremoto, momento a partir del cual disminuyen considerablemente las probabilidades de encontrar sobrevivientes.
Valeria Cardona, una estudiante de 26 años, busca a dos de sus primos en Cali. «Tenemos sospechas de su localización, pero no hay pruebas de vida», explicó. «La esperanza es lo último que se pierde, pero estamos angustiados de una noticia que no queremos», añadió.
A Cali llegó un grupo de los Topos, los reconocidos rescatistas mexicanos que se encontraban en la vecina Venezuela, donde un doble sismo causó más de 6.000 fallecidos el 24 de junio.
«Todos venimos de Venezuela, de La Guaira. Ahora estos 41 días que estuvimos trabajando ahí nos hicieron más fuertes, porque superamos el hambre, el dolor, la desvelada», dijo Héctor Méndez, de 80 años y presidente de Topos Aztecas.
«No se sientan víctimas. Esto no es un horario de oficina ni de taller. Esta es la vida real, donde sale la mejor parte del espíritu. Son cosas de la naturaleza que pasan», agregó.
Atención a damnificados
El terremoto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el Chocó, una de las regiones más pobres de Colombia.
Quibdó, la capital del departamento, fue la zona más afectada, con un saldo de 14 fallecidos. Sin embargo, la fase de búsqueda y rescate ya concluyó allí, informó la gobernadora Nubia Córdoba, quien anunció que ahora se concentrarán «en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados».
«Ya no buscamos a nadie bajo los escombros por la misericordia de Dios. Esta familia a la que buscábamos se encuentra con nosotros y ya está recibiendo la atención requerida», declaró la gobernadora.
El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió tres días antes del sismo, decretó la «emergencia económica», una medida que le permite crear impuestos y modificar el presupuesto sin pasar por el Congreso, pese a su consigna de no crear más tributos.
También anunció la creación de un fondo con ayudas internacionales para atender a las víctimas del sismo.
«Esta crisis (…) nos agarra en un momento difícil, en medio de una crisis fiscal», declaró De la Espriella.
Según cifras oficiales, más de 11.000 viviendas han quedado destruidas y miles de familias se encuentran sin hogar.
Tres estados de Estados Unidos tienen previsto ejecutar a presos este jueves, en un contexto de incremento del uso de la pena capital durante la presidencia de Donald Trump.
La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados del país, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias vigentes.
Según la organización Death Penalty Information Center, la última vez que se programaron tres ejecuciones para el mismo día fue en 2010.
Trump ha buscado ampliar el uso de la pena de muerte «para los crímenes más viles», mientras que el Departamento de Justicia propuso en abril ampliar los métodos de ejecución para incluir pelotones de fusilamiento, gas y electrocución.
En Tennessee está prevista la ejecución de Anthony Darrell Dugard Hines, de 66 años, sentenciado por asesinar a una mujer en 1985, según medios locales.
En Oklahoma será ejecutado Carlos Cuesta-Rodríguez, de 70 años, condenado por un asesinato cometido en 2003.
Por su parte, Alabama tiene previsto ejecutar a Jeremy Williams, de 42 años, sentenciado por violar y matar a una niña de cinco años.
Durante 2025 se realizaron 47 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2009, cuando fueron ejecutadas 52 personas.
Florida registró el mayor número de ejecuciones en 2025, con 19, seguida por Alabama, Carolina del Sur y Texas, con cinco cada uno.
De las ejecuciones realizadas el año pasado, 39 fueron mediante inyección letal. Otras tres se llevaron a cabo por pelotón de fusilamiento y cinco mediante hipoxia de nitrógeno, un método que consiste en bombear gas nitrógeno a una máscara facial y provoca la asfixia del preso.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció el uso del gas nitrógeno como un método cruel e inhumano de castigo capital.
