Internacionales
Violencia en Haití deja más de 600 muertos solo en abril
«Solo en el mes de abril, más de 600 personas murieron en una nueva ola de violencia extrema que golpeó a varios barrios de la capital», Puerto Príncipe, dijo el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en un comunicado.
Las cifras de abril se registran «después del asesinato de al menos 846 personas en los tres primeros meses de 2023, además de 393 heridos y 395 secuestrados durante el período», detalló.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció «un ciclo de violencia sin fin en Haití».
«La situación de emergencia en materia de derechos humanos exige una respuesta firme y urgente», manifestó.
Haití, la nación más pobre del hemisferio occidental, se ha visto devastada por las crisis coyunturales de seguridad, política y salud, y ahora por las bandas armadas que controlan buena parte de la capital.
En un informe trimestral (enero a marzo) publicado el martes, la ONU destaca que la violencia no solo se hace más extrema y frecuente, sino que se extiende inexorablemente a medida que las bandas tratan de ampliar su control.
Zonas de Puerto Príncipe que antes eran consideradas seguras, como Kenscoff y Pétion Ville, así como el departamento de Artibonite, se encuentran ahora impactadas por la violencia.
Los secuestros (al menos 395 en el primer trimestre de 2023) aumentaron un 12% en relación al trimestre anterior, y las pandillas siguen utilizando la violencia sexual par imponer el terror y hacer sufrir a la población.
Entre otras tácticas utilizadas por estos grupos, el informe menciona incidentes durante los cuales francotiradores han abierto fuego indiscriminado contra transeúntes o viviendas. También ha habido casos de personas quemadas vivas en los transportes.
El documento también señala el surgimiento de grupos de autodefensa, conocidos como «brigadas de vigilancia», tras los llamados hechos por políticos y periodistas para que los ciudadanos se organicen y luchen contra la violencia de las bandas.
Estos grupos han desencadenado linchamientos colectivos y han causado la muerte de al menos 75 personas, 66 de ellas miembros de pandillas, en el primer trimestre, según el informe.
En su primera visita oficial a Haití en febrero, Türk instó a la comunidad internacional a respaldar el refuerzo de la policía nacional de Haití y a desplegar urgentemente una fuerza de apoyo para un periodo limitado.
«Reitero mi llamado a la comunidad internacional para que despliegue una fuerza de apoyo especializada, que respete los derechos humanos, y limitada en el tiempo, con un plan de acción completo para ayudar a las instituciones haitianas», insistió el martes el responsable.
«El Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos. La población debería poder contar con la policía y las autoridades judiciales para combatir la violencia de las bandas», dijo Türk.
«Pero la realidad es que el Estado no tiene la capacidad de actuar. La población hace su propia justicia, pero eso solo alimenta la espiral de violencia», advirtió.
Un hombre de 37 años procedente de la República Democrática del Congo (RDC), país que declaró una nueva epidemia de la enfermedad, «presentó síntomas como fiebre, cumpliendo la definición de caso sospechoso» de ébola, dijo en una nota el sábado la gobernación de Sao Paulo.
El paciente está «en aislamiento» por precaución en un instituto de infectología especializado pero los solicitudes no han confirmado la enfermedad, señalaron las autoridades.
Por otro lado, la secretaría de salud del estado de Río de Janeiro informó que activó medidas de seguridad por el caso de un hombre procedente de Uganda «con síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea».
La alcaldía de Rio dijo en un correo electrónico enviado a la AFP que el paciente dio positivo de malaria y «el caso sigue en investigación».
La RDC, uno de los países más pobres del mundo, declaró el 15 de mayo un nuevo brote de ébola que afecta a su vasto territorio de más de 100 millones de habitantes.
La OMS activó de inmediato una alerta sanitaria internacional.
En la RDC se han registrado 246 muertes entre más de 1.000 casos sospechosos, según el balance del jueves del África CDC, la agencia sanitaria de la Unión Africana (UA).
El virus se ha detectado también en la vecina Uganda.
«La evaluación técnica indica que el riesgo de introducción de la enfermedad en Brasil y en América del Sur permanece muy bajo», apuntaron las autoridades de Sao Paulo.
Los colombianos comenzaron a votar este domingo en las elecciones presidenciales que definirán si el país mantiene el respaldo a la izquierda en el poder o apuesta por un giro hacia la derecha, en un contexto marcado por la violencia y la polarización política.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, abrió la jornada electoral acompañado de una de sus hijas e hizo un llamado a que el sufragio se ejerza de manera libre y sin presiones.
Sin posibilidad de reelección, Petro concluirá su mandato tras impulsar políticas enfocadas en la reducción de la pobreza monetaria, el hambre y el desempleo, además de la ampliación de programas sociales.
Según las encuestas citadas en el proceso electoral, el candidato oficialista Iván Cepeda encabeza la intención de voto. El senador propone dar continuidad a las políticas impulsadas por el actual gobierno en medio de una crisis fiscal y un recrudecimiento de la violencia.
Entre sus principales contendientes se encuentra Abelardo de la Espriella, quien mantiene un discurso crítico hacia la izquierda y ha centrado su propuesta en el combate al crimen organizado. También figura la senadora Paloma Valencia, respaldada por el expresidente Álvaro Uribe.
Los sondeos anticipan que ningún candidato alcanzará los votos necesarios para obtener la victoria en primera vuelta, por lo que se prevé una segunda ronda electoral el 21 de junio.
La autoridad electoral informó que la jornada se extenderá hasta las 21:00 GMT y espera divulgar los resultados preliminares pocas horas después del cierre de las urnas. Asimismo, las autoridades desplegaron 408,000 miembros de la fuerza pública para garantizar la seguridad durante el proceso.
La campaña electoral se desarrolló en un ambiente de polarización política, marcado por atentados atribuidos a grupos armados, el asesinato de un aspirante presidencial y la ausencia de debates entre algunos de los principales candidatos.
En distintas regiones del país, ciudadanos expresaron su expectativa de que el próximo gobierno contribuya a mejorar las condiciones de seguridad y reducir los niveles de conflicto que afectan a varias comunidades.
El Congreso mexicano, dominado por el oficialismo, concluyó el viernes la aprobación de una reforma constitucional que busca anular elecciones en las que se compruebe que en el resultado influyó una intervención extranjera.
La iniciativa, lanzada por el partido Morena (izquierda), fue aprobada ayer en el Senado tras ser votada el jueves por los diputados, pero aún requiere de leyes secundarias para ser aplicada.
Por otro lado, el parlamento bicameral movió los comicios judiciales para 2028, una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Otra iniciativa presidencial que fue aprobada con el voto del oficialismo es la creación de una comisión dentro de la autoridad electoral que vete posibles vínculos de candidatos con el crimen organizado.
Tras la votación en el Sanado, el artículo 41 de la Constitución plantea ahora la nulidad de una elección cuando «se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados».
Esta reforma sobre injerencia despertó, no obstante, preocupación entre opositores y expertos, que alertan sobre la discrecionalidad de su aplicación.
Pero la propuesta complementaria que reformaba leyes secundarias relativas a las causales de nulidad de una elección fue retirada la tarde del jueves por Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena y autor del proyecto.
Esto deja a la reforma constitucional sin una normativa para aplicarse.
Monreal dijo que las leyes secundarias requieren de «un mayor periodo de reflexión» y de construir «consensos parlamentarios».
José Antonio Crespo, experto en materia electoral, dijo a la AFP que la propuesta original es «tan vaga» que puede ser utilizada como un «elemento de abuso», sobre todo por parte del oficialismo.
«Si se quiere incorporar un elemento de nulidad que tenga que ver con la intervención extranjera tendría que ser muy preciso», añadió.
De ser aprobadas las leyes secundarias, esta reforma sobre la intervención extrajera se aplicaría en las elecciones generales de 2030.
El próximo año México celebra comicios intermedios en las que se renovarán los 500 escaños de la Cámara de Diputados y numerosos cargos locales.
