Un soldado estadounidense fue acusado de fraude y otros cargos bajo sospecha de que ganó más de $400,000 al apostar en línea por la caída del depuesto líder venezolano Nicolás Maduro con información clasificada, anunció el Departamento de Justicia el jueves.

Gannon Ken Van Dyke, militar de 38 años, es acusado de usar información confidencial sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela en el sitio de predicciones Polymarket, señaló el Departamento en un comunicado.

El ejército estadounidense lanzó ataques sobre Caracas el 3 de enero, arrestó a Maduro y a su esposa Cilia Flores y los llevó a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico.

Ubicado en la base militar Fort Bragg, en el estado de Carolina de Norte, Van Dyke «participó en la planeación y ejecución» de la operación para capturar a Maduro, según la cartera de justicia.

Según la acusación, el militar enfrenta un cargo de fraude electrónico, otro por transacción monetaria ilícita y tres más por violar la Ley de Intercambio de Productos Básicos.

Si es condenado, enfrenta una sentencia de máximo 50 años en prisión.

«Tenía acceso a información delicada, confidencial y clasificada sobre la operación», indicó la administración de Donald Trump.

Desde inicios de diciembre, el soldado supuestamente colocó unos $33,000 en 13 apuestas relacionadas con la intervención estadounidense en Caracas.

«En total se cree que tuvo ganancias de aproximadamente $409,881», señaló el Departamento.

Nuestros «uniformados reciben información clasificada para poder cumplir su misión (…) y tienen prohibido utilizar esta información altamente sensible para obtener beneficios económicos personales», declaró el fiscal general interino Todd Blanche.

A principios de año, seis cuentas en Polymarket ganaron $1,2 millones tras apostar que Estados Unidos atacaría a Irán el 28 de febrero, día en que comenzó la guerra en Oriente Medio.

No hay arrestos relacionados con esas apuestas y, hasta ahora, no hay pruebas que vinculen al presidente Trump, o a funcionarios de la Casa Blanca con dichas transacciones.

«Desafortunadamente, el mundo entero se ha convertido en una especie de casino (…) en Europa y en todas partes están haciendo estas cosas de apuestas», dijo Trump a periodistas el jueves, y añadió: «Nunca estuve muy a favor de eso».

Desde el comienzo de su segundo mandato, congresistas demócratas han acusado a Trump y a su familia de tener conflictos de intereses.

«La familia Trump ha ganado $4,000 millones gracias a la presidencia», escribió el jueves el senador Bernie Sanders en una publicación en X.

Dos estadounidenses que murieron el fin de semana en un choque vehicular cuando regresaban de destruir un laboratorio clandestino de drogas en una región escarpada de México trabajaban para la CIA, según un funcionario de Estados Unidos y otras dos personas al tanto del asunto.

Dos investigadores mexicanos también murieron en el percance, que, según las autoridades mexicanas, ocurrió mientras regresaban de una operación para destruir laboratorios de drogas de grupos criminales. Ha habido discrepancias en los relatos públicos de lo ocurrido por parte de funcionarios de Estados Unidos y México, lo que, según expertos, subraya una mayor participación estadounidense en operaciones de seguridad en México y en toda la región.

Un funcionario de Estados Unidos y dos personas con conocimiento del accidente confirmaron el martes la participación de la CIA; todos ellos hablaron bajo condición de anonimato debido a que se trata de asuntos sensibles de inteligencia. La identidad de los dos estadounidenses como agentes de la CIA fue reportada primero por The Washington Post.

La confirmación de la participación de la CIA llega tras varios días de contradicciones por parte de autoridades mexicanas y de Estados Unidos sobre el papel que desempeñaron funcionarios estadounidenses en una operación para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua, en el norte de México.

La falta de claridad por parte de las autoridades reavivó el debate sobre el alcance de la participación de Estados Unidos en operaciones de seguridad mexicanas, en un momento en que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha quedado bajo una presión extrema por parte del gobierno del presidente Donald Trump para tomar medidas enérgicas contra los cárteles. Trump ha adoptado una postura más agresiva hacia América Latina que cualquier líder en la historia reciente de Estados Unidos, capturando al presidente de Venezuela, bloqueando envíos de petróleo a Cuba y lanzando operaciones militares conjuntas en Ecuador, un país también marcado por la violencia criminal.

Trump ha ofrecido repetidamente tomar medidas contra los cárteles mexicanos, una intervención que Sheinbaum ha dicho que era “innecesaria”.

Los agentes de la CIA fueron identificados inicialmente como personal de la embajada por el embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, también exempleado de la agencia de inteligencia.

La embajada de Estados Unidos se negó a revelar la identidad de los agentes estadounidenses o para qué agencia del gobierno estadounidense trabajaban, pero dijo que ambos “apoyaban los esfuerzos de las autoridades estatales de Chihuahua para combatir las operaciones de los cárteles”. La embajada, el Departamento de Estado y la CIA se negaron a comentar sobre las identidades de los reportes de la participación de la CIA en la operación.

Autoridades mexicanas afirmaron originalmente que trabajaban junto con agentes estadounidenses, pero se retractaron después de que el esfuerzo quedó bajo escrutinio de Sheinbaum.

La presidenta dijo que no sabía nada de una operación conjunta entre el gobierno de Chihuahua y Estados Unidos, pese a reportes de que el ejército mexicano también participó en el operativo contra el laboratorio.

El martes, la presidenta sostuvo en su conferencia matutina que no sabía si los funcionarios formaban parte de la CIA, pero admitió que funcionarios estatales y Estados Unidos “estaban trabajando conjuntamente”.

Es un tema delicado para la mandataria mexicana, ya que debe mantener un equilibrio con el gobierno de Trump, trabajando para mantener una relación sólida para contrarrestar las amenazas de intervención contra los cárteles y de imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, y al mismo tiempo, subrayar la soberanía de México.

La CIA ha ampliado recientemente su colaboración con autoridades mexicanas, como parte del esfuerzo del gobierno de Trump para detener el flujo de drogas ilícitas.

La presencia de funcionarios de inteligencia de Estados Unidos en territorio mexicano ha sido objeto de un debate continuo, que sólo se ha intensificado después de las acciones militares de Trump en Venezuela e Irán.

El año pasado, Sheinbaum dijo que los vuelos de vigilancia con drones de Estados Unidos sobre su país se realizaban a petición suya después de una serie de declaraciones públicas contradictorias.

La controversia más reciente surgió en enero por la detención en México del exatleta canadiense Ryan Wedding, uno de los fugitivos más buscados de Estados Unidos. Mientras funcionarios mexicanos afirmaron que se entregó en la embajada de Estados Unidos, autoridades estadounidenses han descrito su captura como el resultado de una operación binacional.

“Hay un aumento de operaciones ocultas por parte de Estados Unidos en México bajo Trump”, dijo David Saucedo, un analista de seguridad mexicano. “Están ocultas porque el gobierno mexicano tiene un discurso de que no pueden permitir la presencia de agentes estadounidenses armados — es una especie de violación de la soberanía. El gobierno mexicano siempre ha tratado de ocultar esta colaboración”.

Sin precisar el número de desvinculaciones, el ministerio de Salud anunció hace una semana que decidió «optimizar recursos» luego de identificar una duplicidad de funciones y «otras situaciones que no contribuyen de manera efectiva al cumplimiento de los objetivos institucionales».

La Federación Médica Ecuatoriana (FME) reportó hasta 1.200 despidos entre médicos, enfermeras y personal administrativo.

«No tenemos lo necesario para trabajar. No pasa por el despido, pasa porque los pacientes que compran las cosas para poderse operar, porque hay pacientes de emergencia en lista de espera» para acceder a una cirugía, dijo a la prensa Juan Barriga, jefe de Traumatología del hospital Pablo Arturo Suárez.

Varias decenas de médicos con mandiles y enfermeras con sus uniformes blancos, así como pacientes y familiares, protestaron en el acceso a ese centro con carteles con leyendas como «No hay insumos, no hay medicamentos, la salud colapsa».

«Hay puros políticos y no hay políticas de salud para poder mejorar la salud», manifestó Barriga.

Apuntó que más de mil pacientes esperaban por una cirugía en el Pablo Arturo Suárez, uno de los sanatorios públicos más importantes de la capital.

El presidente Daniel Noboa, en el poder desde 2023, anunció el lunes la designación del sexto ministro de Salud en su gobierno. Nombró a Jaime Bernabé luego de que la vicepresidenta María José Pinto estuviera encargada de esa cartera desde noviembre pasado.

En medio de constantes denuncias de la población sobre la falta de medicamentos y atención, el mandatario dijo que Bernabé asumirá de forma inmediata para «acelerar lo que funciona y corregir lo que no».

«Ya hemos topado piso, se cierran los quirófanos, no hay personal para trabajar, no hay material», dijo Barriga mientras los manifestantes clamaban su rechazo a los despidos.

«Estamos ya hartos de ver tanta muerte y tanto dolor de la pobre gente», señaló a la prensa el presidente de la FME, Santiago Carrasco, quien anunció que habrá protestas similares a nivel nacional.