Internacionales
Trump plantea nuevas medidas contra los inmigrantes: El muro NO BASTA
El presidente, Donald Trump, mantiene cerrado el Gobierno federal por tercera semana en un pulso con el Congreso para obtener 5.700 millones de dólares para seguridad fronteriza. Con ese presupuesto, Trump podría construir 234 millas de barrera fronteriza (que ahora ya no es un muro de cemento sino una valla de acero), pero también financiaría celdas para 11.000 indocumentados, 750 agentes fronterizos, 75 jueces de inmigración y ayuda humanitaria urgente valorada en 800 millones de dólares, según informa la radio pública (NPR, en inglés).
Para elevar aún más la presión, el presidente tiene previsto viajar a la frontera el próximo jueves, según ha anunciado este lunes su portavoz, Sarah Sanders, sin ofrecer más detalles. Su último viaje de este tipo fue a California para examinar los prototipos de muro fronterizo que había ordenado construir.
Los demócratas sólo están dispuestos a concederle 1.200 millones para seguridad fronteriza (el mismo presupuesto que fue aprobado en diciembre por un Congreso en manos republicanas pero Trump se negó a aceptar), así que el Gobierno federal sigue sin presupuesto por tercera semana consecutiva: más de 800.000 trabajadores han sido enviados a casa, y el resto trabaja sin sueldo.
¿Para qué quiere Trump un presupuesto de 5.700 millones? Según reiteró en una carta enviada al Congreso este domingo, la partida fundamental iría a construir una barrera fronteriza que desde el viernes, en un intento de erosionar las reticencias demócratas, ya no es un muro de cemento sino una valla de acero (lo que, por cierto, convertiría en inservibles los prototipos construidos en California).
La frontera entre México y Estados Unidos se extiende unas 2.000 millas, pero ya existen 654 millas de muro construidas, las que se suman otras 51 con vallas dobles o triples (que serían reforzadas), y además “hay un montón de barreras naturales”, según Trump, montañas y “ríos violentos y crueles” que sirven de barrera natural. Así, según sus cálculos harían falta entre 700 y 900 millas de muro. Con 5.700 millones, la Casa Blanca espera poder construir 234 millas de barrera; el resto quedaría para el presupuesto de los próximos años.
Este dinero no se dedicaría íntegramente al muro: además, serviría para financiar nuevas celdas para 11.000 indocumentados, con los que la capacidad actual en los centros de detención aumentaría a 52.000. Pese a que Trump ha prometido acabar con la política de catch & release, las autoridades migratorias tienen que dejar en libertad a los indocumentados a los que atrapan cruzando ilegalmente la frontera (y que tienen derecho a solicitar asilo, por lo que no pueden ser deportados automáticamente) porque no tienen espacio suficiente para mantenerlos detenidos.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) tiene presupuesto para mantener a 40.000 inmigrantes bajo custodia, pero, derivando fondos de otras partidas, ha logrado encarcelar a 45.000. Pero miles más han tenido que ser liberados por falta de plazas.
Además, el nuevo presupuesto permitiría contratar a 75 jueces de inmigración, con los que aliviar un atasco de 810.000 casos en las cortes migratorias (a los que se suman otros 330.000 que el Departamento de Justicia ha ordenado reactivar). Paradójicamente, el cierre del Gobierno federal está empeorando este retraso, dejando a decenas de inmigrantes en el limbo.
El dinero serviría también para contratar a 750 agentes fronterizos, aunque en este caso el principal obstáculo al que se enfrenta el Gobierno es la falta de aspirantes. En octubre de 2017, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) tenía casi 45.000 empleados, pero estaba por debajo de los límites establecidos para su plantilla. Trump ordenó que se contratara a 5.000 patrulleros fronterizos más, para sumar en total 26.370, pero la falta de candidatos ha complicado este proceso.
El Gobierno de China elevó este martes el grado de alerta por inundaciones del nivel IV al nivel III en la provincia nororiental de Jilin, luego de que fuertes lluvias provocaran graves inundaciones en la región.
Bajo el impacto del tifón Bavi, las persistentes lluvias torrenciales han afectado Jilin y provocado que el río Songhua, a su paso por la provincia, registre su primera crecida en lo que va del año. Además, el río Meihe, afluente del río Huifa, sufrió su mayor inundación desde el inicio de los registros hidrológicos.
Las previsiones indicaban que las fuertes lluvias continuarían durante el martes y se prolongarían este miércoles, con precipitaciones intensas o torrenciales en algunas zonas de las regiones central y oriental de la provincia.
Asimismo, es probable que todo el curso del río Huifa supere los niveles de alerta. Las autoridades mantienen la vigilancia ante los elevados riesgos de crecidas fluviales, torrentes de montaña, desastres geológicos, emergencias en embalses pequeños y medianos, así como anegamientos urbanos.
La situación del control de inundaciones continúa siendo grave y compleja.
La Oficina Estatal de Control de Inundaciones y Alivio de Sequía decidió elevar el nivel de respuesta de emergencia para Jilin a las 4:00 p.m. del martes, hora local. Un equipo de trabajo enviado previamente por la institución permanece en el terreno para orientar las operaciones de control de inundaciones y brindar apoyo ante posibles desastres.
China cuenta con un sistema de respuesta de emergencia de cuatro niveles, siendo el nivel I el de mayor gravedad.
Por otra parte, China asignó 30 millones de yuanes, equivalentes a unos 4.4 millones de dólares, del presupuesto central para apoyar los esfuerzos de recuperación de emergencia en la provincia de Liaoning, en el noreste del país, recientemente afectada por fuertes tormentas e inundaciones, informó la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR).
De acuerdo con la CNDR, los fondos serán utilizados para la reconstrucción de infraestructura dañada y la reanudación de la producción local.
El Ejército de Colombia liberó a 39 personas que habían sido secuestradas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una zona remota del noroeste del país, informaron las autoridades. Dos soldados murieron durante el operativo.
Los rebeldes capturaron a las 39 personas, entre ellas dos menores de edad, en una carretera ubicada en una zona rural de la región de Chocó, donde el ELN mantiene una fuerte presencia y se financia mediante el narcotráfico y la minería ilegal.
Los civiles se desplazaban en dos autobuses cuando fueron abordados por los guerrilleros, quienes mantienen un bloqueo en la vía que conecta el departamento de Chocó, ubicado sobre el océano Pacífico y fronterizo con Panamá, con la ciudad de Medellín.
Las autoridades anunciaron la liberación de los civiles durante la tarde, tras un operativo militar que dejó dos soldados fallecidos. Otros cinco efectivos resultaron heridos luego de que los rebeldes activaran una carga explosiva, explicó el Ejército.
El grupo de personas liberadas fue trasladado en helicóptero hacia una base militar ubicada en la capital del departamento.
Imágenes difundidas por medios colombianos y señaladas como correspondientes al lugar del secuestro mostraron intensos tiroteos.
Chocó es uno de los enclaves históricos del ELN. En esa zona, el grupo ejerce un fuerte control sobre la población mediante extorsiones y frecuentes retenciones de civiles y miembros de la fuerza pública.
La gobernación local pidió a los ciudadanos abstenerse de transitar por la vía afectada, donde el ELN y el Ejército mantienen combates.
De origen guevarista y alzado en armas desde 1964, el ELN no participó en el histórico acuerdo de paz que hace diez años desarmó al grueso de la guerrilla de las FARC.
Internacionales
OPS advierte sobre riesgos sanitarios tras terremotos que dejaron 4,734 fallecidos en Venezuela
A casi tres semanas de los devastadores terremotos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio, la respuesta sanitaria entró en una fase crítica de recuperación temprana, centrada en restablecer los servicios esenciales de salud, fortalecer las redes de referencia y prevenir emergencias secundarias de salud pública, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
De acuerdo con un balance oficial divulgado por las autoridades venezolanas, los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, que afectaron principalmente la región norte-centro del país, han dejado 4,734 personas fallecidas y 16,740 heridas.
Además, 17,907 personas se quedaron sin vivienda y 20,903 damnificados se han instalado en 107 campamentos temporales. Asimismo, 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron.
En este contexto, la OPS señaló a través de un boletín que, si bien la atención médica de emergencia y las evaluaciones rápidas permitieron salvar vidas durante los primeros momentos posteriores al desastre, la prioridad se centra actualmente en restablecer los servicios de salud, rehabilitar los establecimientos afectados y garantizar la continuidad de la atención esencial conforme avance la recuperación.
«A medida que la respuesta entra en esta nueva etapa, la OPS continúa apoyando al Ministerio del Poder Popular para la Salud mediante cooperación técnica y la coordinación del Clúster de Salud, que reúne a 110 organizaciones involucradas en la respuesta sanitaria y es codirigido por la OPS y el Comité Internacional de Rescate (IRC)», indicó la entidad panamericana.
Según la OPS, el Análisis de la Situación de Salud Pública identifica los principales riesgos sanitarios previstos para los próximos tres meses y orienta las prioridades en materia de vigilancia epidemiológica, vacunación e intervenciones relacionadas con agua, saneamiento e higiene.
La organización advirtió que el desplazamiento de personas, el hacinamiento y las interrupciones de los servicios esenciales incrementan el riesgo de enfermedades diarreicas y respiratorias, enfermedades transmitidas por vectores y padecimientos prevenibles mediante vacunación.
Estas condiciones también podrían agravar la desnutrición, las complicaciones relacionadas con la salud materna y las necesidades de atención en salud mental.
«A medida que la respuesta deja atrás la fase de emergencia inmediata, mantener el acceso a los servicios esenciales de salud seguirá siendo fundamental para proteger la salud de las comunidades afectadas», consideró la OPS.
La entidad regional subrayó que trabajará junto con el Ministerio del Poder Popular para la Salud y sus socios para fortalecer las capacidades nacionales y apoyar una recuperación que no solo permita restablecer los servicios sanitarios, sino también fortalecer la resiliencia del sistema de salud de cara al futuro.
