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Internacionales

Trump plantea nuevas medidas contra los inmigrantes: El muro NO BASTA

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El presidente, Donald Trump, mantiene cerrado el Gobierno federal por tercera semana en un pulso con el Congreso para obtener 5.700 millones de dólares para seguridad fronteriza. Con ese presupuesto, Trump podría construir 234 millas de barrera fronteriza (que ahora ya no es un muro de cemento sino una valla de acero), pero también financiaría celdas para 11.000 indocumentados, 750 agentes fronterizos, 75 jueces de inmigración y ayuda humanitaria urgente valorada en 800 millones de dólares, según informa la radio pública (NPR, en inglés).

Para elevar aún más la presión, el presidente tiene previsto viajar a la frontera el próximo jueves, según ha anunciado este lunes su portavoz, Sarah Sanders, sin ofrecer más detalles. Su último viaje de este tipo fue a California para examinar los prototipos de muro fronterizo que había ordenado construir.

Los demócratas sólo están dispuestos a concederle 1.200 millones para seguridad fronteriza (el mismo presupuesto que fue aprobado en diciembre por un Congreso en manos republicanas pero Trump se negó a aceptar), así que el Gobierno federal sigue sin presupuesto por tercera semana consecutiva: más de 800.000 trabajadores han sido enviados a casa, y el resto trabaja sin sueldo.

¿Para qué quiere Trump un presupuesto de 5.700 millones? Según reiteró en una carta enviada al Congreso este domingo, la partida fundamental iría a construir una barrera fronteriza que desde el viernes, en un intento de erosionar las reticencias demócratas, ya no es un muro de cemento sino una valla de acero (lo que, por cierto, convertiría en inservibles los prototipos construidos en California).

La frontera entre México y Estados Unidos se extiende unas 2.000 millas, pero ya existen 654 millas de muro construidas, las que se suman otras 51 con vallas dobles o triples (que serían reforzadas), y además “hay un montón de barreras naturales”, según Trump, montañas y “ríos violentos y crueles” que sirven de barrera natural. Así, según sus cálculos harían falta entre 700 y 900 millas de muro. Con 5.700 millones, la Casa Blanca espera poder construir 234 millas de barrera; el resto quedaría para el presupuesto de los próximos años.

Este dinero no se dedicaría íntegramente al muro: además, serviría para financiar nuevas celdas para 11.000 indocumentados, con los que la capacidad actual en los centros de detención aumentaría a 52.000. Pese a que Trump ha prometido acabar con la política de catch & release, las autoridades migratorias tienen que dejar en libertad a los indocumentados a los que atrapan cruzando ilegalmente la frontera (y que tienen derecho a solicitar asilo, por lo que no pueden ser deportados automáticamente) porque no tienen espacio suficiente para mantenerlos detenidos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) tiene presupuesto para mantener a 40.000 inmigrantes bajo custodia, pero, derivando fondos de otras partidas, ha logrado encarcelar a 45.000. Pero miles más han tenido que ser liberados por falta de plazas.

Además, el nuevo presupuesto permitiría contratar a 75 jueces de inmigración, con los que aliviar un atasco de 810.000 casos en las cortes migratorias (a los que se suman otros 330.000 que el Departamento de Justicia ha ordenado reactivar). Paradójicamente, el cierre del Gobierno federal está empeorando este retraso, dejando a decenas de inmigrantes en el limbo.

El dinero serviría también para contratar a 750 agentes fronterizos, aunque en este caso el principal obstáculo al que se enfrenta el Gobierno es la falta de aspirantes. En octubre de 2017, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) tenía casi 45.000 empleados, pero estaba por debajo de los límites establecidos para su plantilla. Trump ordenó que se contratara a 5.000 patrulleros fronterizos más, para sumar en total 26.370, pero la falta de candidatos ha complicado este proceso.

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Senado de Estados Unidos aprueba 70,000 millones de dólares para la ofensiva migratoria de Trump

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El Senado de Estados Unidos aprobó una asignación de 70.000 millones de dólares destinada a financiar la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, tras una extensa jornada de votaciones sobre diversas enmiendas que pusieron de manifiesto diferencias dentro del Partido Republicano.

La iniciativa contempla recursos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza durante el resto del mandato presidencial. Con esta aprobación, el proyecto avanza a la Cámara de Representantes, donde los líderes republicanos prevén discutirlo en los próximos días antes de enviarlo al mandatario para su eventual sanción.

La votación se produjo después del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) registrado a principios de año, cuando los demócratas rechazaron respaldar nuevos fondos para la aplicación de las leyes migratorias sin restricciones específicas. Entre los puntos cuestionados se encontraban las redadas y el uso de máscaras por parte de agentes migratorios.

Ante la falta de consenso con la oposición, los republicanos recurrieron al mecanismo de reconciliación presupuestaria, que permite aprobar determinadas medidas con mayoría simple siempre que mantengan el respaldo de sus propios legisladores.

Durante el debate también surgieron discrepancias internas sobre otras iniciativas vinculadas a las prioridades de Trump, entre ellas un fondo destinado a compensar a personas que afirman haber sido perseguidas políticamente por administraciones anteriores. Algunos senadores expresaron preocupación por el impacto político de estas propuestas y buscaron limitar o eliminar ciertos componentes del paquete.

Los demócratas, por su parte, intentaron redirigir parte de los recursos hacia programas de vivienda y otras áreas sociales, argumentando que la prioridad debería centrarse en asuntos relacionados con el costo de vida y la inflación.

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Francia cuestiona su sistema judicial tras el presunto asesinato de una niña

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El gobierno de Francia analiza cómo responder a las críticas surgidas tras la desaparición de una niña de 11 años, en un caso que ha generado cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema judicial y el tratamiento de denuncias previas por agresiones sexuales contra el principal sospechoso.

La menor, identificada como Lyhanna, desapareció el 29 de mayo en la localidad de Fleurance, en el suroeste del país. Según las investigaciones, la última vez que fue vista con vida fue cuando subía al vehículo de un hombre señalado posteriormente como principal sospechoso, quien es padre de una amiga de la niña.

Las autoridades informaron que, tras varios días de búsqueda, fue hallado un cadáver con características similares a las de la menor en un silo agrícola abandonado. Las diligencias continúan para confirmar formalmente la identidad del cuerpo y determinar las causas de la muerte.

El principal sospechoso, identificado como Jérôme B., había sido acusado previamente de secuestro y se encontraba encarcelado. De acuerdo con la fiscal local, el hombre acumulaba varias denuncias por presuntos delitos sexuales contra menores presentadas entre 2017 y 2025. Algunos de estos casos fueron archivados por falta de pruebas o por declaraciones de las denunciantes.

Ante la conmoción generada por el caso, el presidente francés, Emmanuel Macron, reconoció la existencia de posibles fallos y deficiencias que deberán ser esclarecidos. Asimismo, expresó su solidaridad con la familia de la menor.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, sostuvo una reunión con los ministros de Justicia e Interior para revisar los posibles errores judiciales y ordenó una investigación administrativa. Paralelamente, la gendarmería y las autoridades judiciales anunciaron revisiones de procedimientos relacionados con casos sensibles que involucran a menores.

El caso ha reavivado el debate en Francia sobre la atención que reciben las denuncias de violencia sexual contra menores. Según datos de la comisión independiente Civiise, una parte significativa de estas denuncias son archivadas sin llegar a una condena judicial.

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La OMS y agencia de salud africana lanzan plan de $518 millones para combatir brote de ébola

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), agencia de salud pública de la Unión Africana, lanzaron un plan conjunto valorado en 518 millones de dólares para responder al brote de ébola que afecta a África central.

Las instituciones informaron que la estrategia se ejecutará entre junio y noviembre. El brote fue declarado el 15 de mayo en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), aunque se considera que la cepa Bundibugyo del virus del Ébola pudo haber estado propagándose de manera inadvertida antes de su detección.

De acuerdo con las cifras más recientes de la OMS, en la RDC se han confirmado 381 casos y 64 fallecimientos. El brote afecta a tres provincias del país, con epicentro en Ituri, donde se concentra el 90 % de los casos confirmados y el 76 % de las muertes, según los CDC de África.

En Uganda, país vecino de la RDC, se han confirmado 16 casos, incluida una muerte.

Durante una rueda de prensa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que el plan contempla acciones de coordinación de emergencias, vigilancia epidemiológica, pruebas de laboratorio, prevención y control de infecciones, atención clínica y movilización comunitaria.

El funcionario indicó que la iniciativa tiene un plazo definido de junio a noviembre y cuenta con un presupuesto de 518 millones de dólares. Según los CDC de África, el actual brote de la cepa Bundibugyo supera en magnitud a los registrados en 2007 y 2012.

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