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Trump plantea nuevas medidas contra los inmigrantes: El muro NO BASTA

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El presidente, Donald Trump, mantiene cerrado el Gobierno federal por tercera semana en un pulso con el Congreso para obtener 5.700 millones de dólares para seguridad fronteriza. Con ese presupuesto, Trump podría construir 234 millas de barrera fronteriza (que ahora ya no es un muro de cemento sino una valla de acero), pero también financiaría celdas para 11.000 indocumentados, 750 agentes fronterizos, 75 jueces de inmigración y ayuda humanitaria urgente valorada en 800 millones de dólares, según informa la radio pública (NPR, en inglés).

Para elevar aún más la presión, el presidente tiene previsto viajar a la frontera el próximo jueves, según ha anunciado este lunes su portavoz, Sarah Sanders, sin ofrecer más detalles. Su último viaje de este tipo fue a California para examinar los prototipos de muro fronterizo que había ordenado construir.

Los demócratas sólo están dispuestos a concederle 1.200 millones para seguridad fronteriza (el mismo presupuesto que fue aprobado en diciembre por un Congreso en manos republicanas pero Trump se negó a aceptar), así que el Gobierno federal sigue sin presupuesto por tercera semana consecutiva: más de 800.000 trabajadores han sido enviados a casa, y el resto trabaja sin sueldo.

¿Para qué quiere Trump un presupuesto de 5.700 millones? Según reiteró en una carta enviada al Congreso este domingo, la partida fundamental iría a construir una barrera fronteriza que desde el viernes, en un intento de erosionar las reticencias demócratas, ya no es un muro de cemento sino una valla de acero (lo que, por cierto, convertiría en inservibles los prototipos construidos en California).

La frontera entre México y Estados Unidos se extiende unas 2.000 millas, pero ya existen 654 millas de muro construidas, las que se suman otras 51 con vallas dobles o triples (que serían reforzadas), y además “hay un montón de barreras naturales”, según Trump, montañas y “ríos violentos y crueles” que sirven de barrera natural. Así, según sus cálculos harían falta entre 700 y 900 millas de muro. Con 5.700 millones, la Casa Blanca espera poder construir 234 millas de barrera; el resto quedaría para el presupuesto de los próximos años.

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Este dinero no se dedicaría íntegramente al muro: además, serviría para financiar nuevas celdas para 11.000 indocumentados, con los que la capacidad actual en los centros de detención aumentaría a 52.000. Pese a que Trump ha prometido acabar con la política de catch & release, las autoridades migratorias tienen que dejar en libertad a los indocumentados a los que atrapan cruzando ilegalmente la frontera (y que tienen derecho a solicitar asilo, por lo que no pueden ser deportados automáticamente) porque no tienen espacio suficiente para mantenerlos detenidos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) tiene presupuesto para mantener a 40.000 inmigrantes bajo custodia, pero, derivando fondos de otras partidas, ha logrado encarcelar a 45.000. Pero miles más han tenido que ser liberados por falta de plazas.

Además, el nuevo presupuesto permitiría contratar a 75 jueces de inmigración, con los que aliviar un atasco de 810.000 casos en las cortes migratorias (a los que se suman otros 330.000 que el Departamento de Justicia ha ordenado reactivar). Paradójicamente, el cierre del Gobierno federal está empeorando este retraso, dejando a decenas de inmigrantes en el limbo.

El dinero serviría también para contratar a 750 agentes fronterizos, aunque en este caso el principal obstáculo al que se enfrenta el Gobierno es la falta de aspirantes. En octubre de 2017, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) tenía casi 45.000 empleados, pero estaba por debajo de los límites establecidos para su plantilla. Trump ordenó que se contratara a 5.000 patrulleros fronterizos más, para sumar en total 26.370, pero la falta de candidatos ha complicado este proceso.

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Internacionales

Colapso del puente de Baltimore podría generar el mayor pago de un seguro marítimo

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«Se percibe como una pérdida muy sustancial, potencialmente la mayor pérdida marítima jamás asegurada, aunque no por fuera de los parámetros que planeamos», dijo a la cadena CNBC el principal ejecutivo de la compañía, Bruce Carnegie-Brown.

«Estamos empezando a desplegar recursos anticipando que se trate de un reclamo muy sustancial para la industria», añadió.

Se cree que seis obreros murieron en el incidente en el puente Francis Scott Key, que ocurrió en las primeras horas del martes.

La interrupción del tráfico de buques en el puerto de Baltimore podría causar efectos económicos en cadena, más que nada a nivel local, según advierten expertos.

Baltimore es el mayor puerto de manipulación de vehículos del país. Allí se transportan automóviles y equipos agrícolas pesados, según el secretario de Transporte, Pete Buttigieg.

Por el puerto pasan diariamente mercancías con valor de entre 100 y 200 millones de dólares.

Carnegie-Brown dijo a CNBC que también habría reclamaciones por el barco, la carga y el puente, pero son los «impactos de segundo orden» los que se volverían sustanciales y «tardarán algún tiempo en resolverse».

Un grupo de trabajo del gobierno de Estados Unidos que evalúa las interrupciones de la cadena de suministro se reunió el miércoles para discutir los posibles impactos en las cadenas de suministro regionales y nacionales, tras el colapso del puente, según un comunicado de la Casa Blanca.

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Motín carcelario deja un muerto y cuatro heridos en Ecuador

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«Hasta este momento (…) la situación informada es precisamente ésta: cuatro heridos, un fallecido», dijo el viceministro de Seguridad, Lyonel Calderón, al canal Teleamazonas, sin precisar si entre las víctimas hay efectivos estatales.

«Tenemos que esperar que concluya la revisión completa de todo el centro penitenciario», agregó, lo cual incluye «un control de armas, municiones y explosivos» y un balance de los resultados del operativo.

Calderón insistió en que «la situación está completamente controlada» en la cárcel Regional de Guayaquil (suroeste), de la cual escapó Adolfo ‘Fito’ Macías, líder de la organización Los Choneros, una de las principales del país.

Su fuga detectada a inicios de enero desató una guerra entre narcotraficantes y el Estado que dejó una veintena de muertos y llevó al gobierno a decretar el estado de excepción, extendido hasta abril, además de militarizar las cárceles y las calles.

«Hemos retomado el control del Centro de Rehabilitación Social 4», había indicado el presidente Daniel Noboa en la red X la noche del miércoles, destacando que se evitó «una posible escalada».

«Intentos desestabilizadores»

Periodistas de la AFP constataron disparos y fuego al interior de la Regional, una de las cuatro prisiones que conforman un gran complejo penitenciario de Guayaquil que ha sido escenario de matanzas entre reos de grupos rivales.

Los cruentos enfrentamientos, que han llegado a durar varios días, dejan más de 460 muertos desde 2021 en masacres que ya son las peores de Latinoamérica.

Las cárceles ecuatorianas son centro de operaciones y campo de batalla de bandas narcotraficantes vinculadas a carteles de Colombia y México. Aunque las revueltas de presos son comunes, esta es la primera que enfrenta Noboa desde que asumió el poder, en noviembre.

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Por iniciativa del mandatario, los ecuatorianos acudirán a las urnas el 21 de abril para resolver en referendo y consulta popular medidas para afrontar la situación: si los militares deben apoyar a los policías para combatir la delincuencia sin un estado de excepción, autorizar la extradición de ecuatorianos relacionados con el crimen organizado y aumentar las penas para el terrorismo y narcotráfico.

Calderón sostuvo que los incidentes «son intentos desestabilizadores del estado de derecho, de la democracia porque estamos en vísperas de una consulta popular que quiere resolver los problemas de seguridad».

Tras la fuga de «Fito», quien desde 2011 cumplía una condena a 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato, las bandas criminales protagonizaron en enero una violenta arremetida con saldo de una veintena de muertos, ataques a la prensa, explosiones y más de 200 secuestros temporales en cárceles y calles.

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El papa lava los pies a 12 mujeres en una prisión de Roma

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El papa Francisco, sensible al universo carcelario, lavó el jueves los pies de 12 mujeres detenidas en una prisión de Roma, un rito que marca el jueves antes de la Pascua.

El jesuita argentino visitó a media tarde la cárcel de mujeres de Rebibbia, en la periferia noreste de la capital italiana.

Ya había realizado este rito en 2015, pero es la primera vez que lo consagra solo a mujeres.

Sentado en una silla de ruedas, Jorge Bergoglio lavó los pies de cada una de las 12 reclusas, algunas de ellas llorando, antes de limpiarlas con una toalla y besarlas.

El papa de 87 años apareció en buen estado a pesar de que su salud había sido motivo de preocupación en los últimos días, debido a las repetidas infecciones que le han impedido leer sus discursos en varias ocasiones.

«Todos conocemos grandes y pequeños fracasos», lanzó el papa Francisco en una homilía improvisada durante la misa celebrada en el patio de este centro de detención, donde están encarceladas unas 370 mujeres.

El papa Francisco, que ya visitaba a presos en Buenos Aires, destacó que el lavatorio de los pies «es un gesto que nos llama a servir a los demás».

En la tradición cristiana, el Jueves Santo conmemora el día en que Cristo lava los pies a los apóstoles en su Última Cena.

El ritual fue perpetuado en el cristianismo, excepto en algunas ramas del protestantismo.

Desde su elección en 2013, el jefe de la Iglesia católica ha visitado en varias ocasiones cárceles o centros de acogida para refugiados, lavando los pies a exmafiosos, enfermos o marginados.

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El viernes por la noche debería presidir el «Vía Crucis» en el Coliseo, al que no había podido asistir en 2023 por razones de salud.

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