El presidente, Donald Trump, mantiene cerrado el Gobierno federal por tercera semana en un pulso con el Congreso para obtener 5.700 millones de dólares para seguridad fronteriza. Con ese presupuesto, Trump podría construir 234 millas de barrera fronteriza (que ahora ya no es un muro de cemento sino una valla de acero), pero también financiaría celdas para 11.000 indocumentados, 750 agentes fronterizos, 75 jueces de inmigración y ayuda humanitaria urgente valorada en 800 millones de dólares, según informa la radio pública (NPR, en inglés).

Para elevar aún más la presión, el presidente tiene previsto viajar a la frontera el próximo jueves, según ha anunciado este lunes su portavoz, Sarah Sanders, sin ofrecer más detalles. Su último viaje de este tipo fue a California para examinar los prototipos de muro fronterizo que había ordenado construir.

Los demócratas sólo están dispuestos a concederle 1.200 millones para seguridad fronteriza (el mismo presupuesto que fue aprobado en diciembre por un Congreso en manos republicanas pero Trump se negó a aceptar), así que el Gobierno federal sigue sin presupuesto por tercera semana consecutiva: más de 800.000 trabajadores han sido enviados a casa, y el resto trabaja sin sueldo.

¿Para qué quiere Trump un presupuesto de 5.700 millones? Según reiteró en una carta enviada al Congreso este domingo, la partida fundamental iría a construir una barrera fronteriza que desde el viernes, en un intento de erosionar las reticencias demócratas, ya no es un muro de cemento sino una valla de acero (lo que, por cierto, convertiría en inservibles los prototipos construidos en California).

La frontera entre México y Estados Unidos se extiende unas 2.000 millas, pero ya existen 654 millas de muro construidas, las que se suman otras 51 con vallas dobles o triples (que serían reforzadas), y además “hay un montón de barreras naturales”, según Trump, montañas y “ríos violentos y crueles” que sirven de barrera natural. Así, según sus cálculos harían falta entre 700 y 900 millas de muro. Con 5.700 millones, la Casa Blanca espera poder construir 234 millas de barrera; el resto quedaría para el presupuesto de los próximos años.

Este dinero no se dedicaría íntegramente al muro: además, serviría para financiar nuevas celdas para 11.000 indocumentados, con los que la capacidad actual en los centros de detención aumentaría a 52.000. Pese a que Trump ha prometido acabar con la política de catch & release, las autoridades migratorias tienen que dejar en libertad a los indocumentados a los que atrapan cruzando ilegalmente la frontera (y que tienen derecho a solicitar asilo, por lo que no pueden ser deportados automáticamente) porque no tienen espacio suficiente para mantenerlos detenidos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) tiene presupuesto para mantener a 40.000 inmigrantes bajo custodia, pero, derivando fondos de otras partidas, ha logrado encarcelar a 45.000. Pero miles más han tenido que ser liberados por falta de plazas.

Además, el nuevo presupuesto permitiría contratar a 75 jueces de inmigración, con los que aliviar un atasco de 810.000 casos en las cortes migratorias (a los que se suman otros 330.000 que el Departamento de Justicia ha ordenado reactivar). Paradójicamente, el cierre del Gobierno federal está empeorando este retraso, dejando a decenas de inmigrantes en el limbo.

El dinero serviría también para contratar a 750 agentes fronterizos, aunque en este caso el principal obstáculo al que se enfrenta el Gobierno es la falta de aspirantes. En octubre de 2017, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) tenía casi 45.000 empleados, pero estaba por debajo de los límites establecidos para su plantilla. Trump ordenó que se contratara a 5.000 patrulleros fronterizos más, para sumar en total 26.370, pero la falta de candidatos ha complicado este proceso.