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TikTok confirma que EE. UU. le pidió separarse de su matriz china para evitar veto
«Si el objetivo es proteger la seguridad nacional, hacer llamados a la prohibición o a la enajenación es innecesario, pues ninguna de las opciones resuelve los problemas de la industria del acceso y la transferencia de datos», dijo un portavoz de TikTok contactado por AFP.
«Seguimos confiados en que el mejor camino para abordar las preocupaciones sobre la seguridad nacional es la protección de los datos y sistemas de los usuarios con base en Estados Unidos, con un monitoreo robusto, investigación y verificación por parte de terceros», agregó el portavoz.
Según un artículo publicado por el diario Wall Street Journal (WSJ) y otros medios, la Casa Blanca lanzó un ultimátum: si TikTok sigue siendo propiedad de ByteDance, será prohibida en Estados Unidos.
El ministerio de Relaciones Exteriores chino instó este jueves a Estados Unidos a «frenar los ataques injustificados» contra la plataforma y denunció un entorno empresarial que discrimina los grupos extranjeros.
«Los asuntos de seguridad de datos no deberían usarse como una herramienta para que algunos países ensanchen el concepto de seguridad nacional, abusen del poder estatal y supriman injustificadamente las empresas de otros países», dijo su vocero Wang Wenbin.
«Estados Unidos no aportó hasta el momento ninguna evidencia de que TikTok amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos», agregó.
La plataforma es percibida como un peligro para la seguridad nacional por parte de varios congresistas que la acusan de dar acceso a Pekín a los datos de los usuarios de todo el mundo, algo que Tik Tok niega.
Los esfuerzos parlamentarios para vetar la aplicación resurgieron después del derribo en febrero por parte de Estados Unidos de un globo chino, señalado de ser un artefacto espía.
El pedido de la Casa Blanca viene del Comité para la Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS), una agencia del gobierno a cargo de evaluar los riesgos de toda inversión extranjera para la seguridad nacional.
El gobierno y el Tesoro rehusaron hacer comentarios.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
