Internacionales
TikTok «confía» en detener su prohibición en el estado de Montana, en EE. UU.
«Muy recientemente presentamos una demanda; el asunto está en los tribunales» y «confiamos en que ganaremos», declaró Shou Zi Chew durante el Foro Económico de Catar.
«Creemos que la ley aprobada recientemente en Montana es sencillamente inconstitucional», porque ataca el derecho a la libertad de expresión, insistió el directivo.
La prohibición, que debe entrar en vigor en 2024, es un test para el futuro de la aplicación en Estados Unidos.
Numerosos políticos norteamericanos creen que la aplicación de videos cortos, propiedad de la compañía china ByteDance, está bajo control del gobierno chino y que sería una herramienta de espionaje al servicio de Pekín, lo que la empresa desmiente enérgicamente.
El lunes, TikTok presentó su demanda ante un tribunan federal norteamericano para impedir que Montana implemente la prohibición de la red social.
La prohibición se convirtió en ley con la firma del gobernador de Montana, Greg Gianforte, el 17 de mayo.
Gianforte dijo en Twitter que respaldaba la prohibición para «proteger los datos personales y privados de los habitantes de Montana del Partido Comunista Chino».
El recurso de TikTok considera en cambio que el estado de Montana «ha promulgado estas medidas extraordinarias y sin precedentes basándose nada más que en especulación infundada».
La semana pasada, cinco usuarios de TikTok presentaron por su lado un recurso ante el tribunal federal de Montana para anular la prohibición general, argumentando que viola su derecho a la libertad de expresión.
Los dos recursos presentados contra la decisión del estado de Montana argumentan que éste vulnera el derecho a la libertad de expresión y trata de atribuirse poderes del gobierno federal, al que competen los temas de seguridad nacional.
Prohibiciones en cascada
Chew insitió en que TikTok ha tomado medidas para proteger los datos de los usuarios en Estados Unidos, al almacenarlos «en territorio estadounidense a cargo de una empresa norteamericana y bajo supervisión de personal norteamericano».
«Creemos que hemos tomado medidas que están por encima de lo que nuestro sector ha hecho para proteger la seguridad de cada usuario en Estados Unidos», enfatizó el directivo.
En marzo, Chew tuvo que enfrentar en una comisión del Congreso de Estados Unidos los ataques de legisladores tanto demócratas como republicanos, a propósito de los presuntos vínculos de la aplicación con el poder chino y su peligro para la salud mental y física de los adolescentes.
Con más de 1.000 millones de usuarios activos en todo el mundo, de los cuales unos 150 millones en Estados Unidos, TikTok obtuvo ingresos publicitarios por valor de 11.000 millones de dólares el año pasado.
Con su poderoso algoritmo a base de inteligencia artificial, TikTok se ha mantenido en la vanguardia del sector y atraído a creativos e «influencers». Pero también se le acusa a menudo de difundir desinformación.
Entre los reveses sufridos, el gobierno federal de Estados Unidos y la Comisión Europea prohibieron a su personal el uso de TikTok en sus dispositivos móviles. Reino Unido hizo otro tanto con sus legisladores.
El mes pasado, Australia se unió a la lista de países que prohíben el uso de la aplicación en dispositivos móviles del gobierno, y el regulador británico de datos impuso una multa de 12,7 millones de libras (15,9 millones de dólares) por permitir a 1,4 millones de niños de menos de 13 años el uso de la plataforma, lo que vulnera sus propias normas.
La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que un sistema de videovigilancia instalado en la Zona 18 de la capital era controlado por pandilleros recluidos en centros penitenciarios.
Ante esto, el director de la PNC guatemalteca, David Boteo, confirmó y especificó que las cámaras ubicadas en la vía pública y en algunas viviendas de la Zona 18 de la Ciudad de Guatemala eran monitoreadas por integrantes de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 desde prisión.
Según detalló el jefe policial, hasta el momento han sido desinstaladas e incautadas 168 cámaras de circuito cerrado durante distintos operativos. De acuerdo con las autoridades, los pandilleros utilizaban estos dispositivos para detectar la presencia de personas desconocidas o agentes policiales en diferentes sectores de la Zona 18, lo que les permitía anticiparse a posibles capturas. Además, indicó que los delincuentes contaban con puertas de fabricación gruesa para dificultar los procedimientos policiales y facilitar el desecho de droga en desagües.
Boteo explicó que el monitoreo de las cámaras se realizaba mediante aplicaciones instaladas en teléfonos inteligentes. Señaló que durante requisas en centros penitenciarios se han encontrado celulares con aplicaciones destinadas a controlar los sistemas de videovigilancia. Asimismo, indicó que no se descarta que las cámaras hayan sido adquiridas en establecimientos especializados en tecnología.
De acuerdo con las investigaciones, estas acciones tenían como objetivo mantener el control sobre determinadas colonias y barrios de la Zona 18. El director de la PNC añadió que las autoridades evalúan desarrollar operativos similares en otras zonas donde se han reportado casos de extorsión y narcomenudeo vinculados a pandillas.
La Policía de Guatemala informa periódicamente sobre este tipo de procedimientos a través de sus redes sociales como parte del Plan Centinela.
Internacionales
Capturan en Guatemala a salvadoreño acusado de robo de joyas valoradas en más de $78,000
Agentes de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de Guatemala capturaron a un ciudadano salvadoreño identificado como Henry N., de 34 años, señalado de participar en el robo de joyas valoradas en Q600,000, equivalentes a $78,720.24.
De acuerdo con las investigaciones de las autoridades guatemaltecas, el hecho ocurrió el 29 de abril de 2026, cuando el sospechoso habría ingresado a una joyería ubicada en Chimaltenango para sustraer piezas de alto valor económico.
Según la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, este caso constituye el robo de mayor cuantía registrado recientemente en el país.
La captura fue realizada tras una serie de diligencias desarrolladas por investigadores de la DEIC y fiscales del Ministerio Público, quienes presentaron los elementos recopilados ante un juzgado de Chimaltenango, el cual emitió una orden de captura por el delito de robo agravado.
Las autoridades informaron que el pasado 1 de junio se efectuó un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona 1 de Chimaltenango, donde fueron encontrados indicios que fortalecieron la investigación y permitieron avanzar en la identificación y ubicación del sospechoso.
La detención se llevó a cabo en la colonia Vivibien, zona 5 de Chimaltenango, como parte de las acciones de seguimiento al caso.
El número de víctimas mortales del terremoto de magnitud 7.8 que sacudió el sur de Filipinas aumentó a 46, luego de que los equipos de rescate recuperaran este miércoles el cuerpo de una persona que permanecía atrapada entre los escombros de un supermercado derrumbado.
El sismo, registrado el lunes frente a la costa de la isla de Mindanao, provocó el colapso de estructuras, deslizamientos de tierra y la activación de alertas de tsunami en distintas zonas afectadas.
La víctima fue identificada como Joey Deluvio, de 39 años, uno de los dos empleados de un supermercado en la ciudad de General Santos donde se concentraron las labores de búsqueda y rescate. Según informó la rescatista Michelle Chua, los equipos detectaron inicialmente un pulso débil durante la operación; sin embargo, al llegar hasta el lugar donde se encontraba la persona ya no presentaba signos vitales.
De acuerdo con Chua, el cuerpo fue localizado atrapado entre dos vigas de la estructura colapsada.
La agencia nacional de desastres elevó este miércoles el balance oficial de fallecidos de 41 a 45 y aumentó el número de desaparecidos de cuatro a 17. No obstante, ese informe aún no incluía a Deluvio, según confirmó la oficina de defensa civil.
El funcionario de defensa civil Rafaelito Alejandro indicó que la mayoría de las nuevas víctimas mortales se registraron en la provincia de Davao Occidental, donde fallecieron a causa de deslizamientos de tierra y derrumbes de edificios.
