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Internacionales

TikTok «confía» en detener su prohibición en el estado de Montana, en EE. UU.

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«Muy recientemente presentamos una demanda; el asunto está en los tribunales» y «confiamos en que ganaremos», declaró Shou Zi Chew durante el Foro Económico de Catar.

«Creemos que la ley aprobada recientemente en Montana es sencillamente inconstitucional», porque ataca el derecho a la libertad de expresión, insistió el directivo.

La prohibición, que debe entrar en vigor en 2024, es un test para el futuro de la aplicación en Estados Unidos.

Numerosos políticos norteamericanos creen que la aplicación de videos cortos, propiedad de la compañía china ByteDance, está bajo control del gobierno chino y que sería una herramienta de espionaje al servicio de Pekín, lo que la empresa desmiente enérgicamente.

El lunes, TikTok presentó su demanda ante un tribunan federal norteamericano para impedir que Montana implemente la prohibición de la red social.

La prohibición se convirtió en ley con la firma del gobernador de Montana, Greg Gianforte, el 17 de mayo.

Gianforte dijo en Twitter que respaldaba la prohibición para «proteger los datos personales y privados de los habitantes de Montana del Partido Comunista Chino».

El recurso de TikTok considera en cambio que el estado de Montana «ha promulgado estas medidas extraordinarias y sin precedentes basándose nada más que en especulación infundada».

La semana pasada, cinco usuarios de TikTok presentaron por su lado un recurso ante el tribunal federal de Montana para anular la prohibición general, argumentando que viola su derecho a la libertad de expresión.

Los dos recursos presentados contra la decisión del estado de Montana argumentan que éste vulnera el derecho a la libertad de expresión y trata de atribuirse poderes del gobierno federal, al que competen los temas de seguridad nacional.

Prohibiciones en cascada
Chew insitió en que TikTok ha tomado medidas para proteger los datos de los usuarios en Estados Unidos, al almacenarlos «en territorio estadounidense a cargo de una empresa norteamericana y bajo supervisión de personal norteamericano».

«Creemos que hemos tomado medidas que están por encima de lo que nuestro sector ha hecho para proteger la seguridad de cada usuario en Estados Unidos», enfatizó el directivo.

En marzo, Chew tuvo que enfrentar en una comisión del Congreso de Estados Unidos los ataques de legisladores tanto demócratas como republicanos, a propósito de los presuntos vínculos de la aplicación con el poder chino y su peligro para la salud mental y física de los adolescentes.

Con más de 1.000 millones de usuarios activos en todo el mundo, de los cuales unos 150 millones en Estados Unidos, TikTok obtuvo ingresos publicitarios por valor de 11.000 millones de dólares el año pasado.

Con su poderoso algoritmo a base de inteligencia artificial, TikTok se ha mantenido en la vanguardia del sector y atraído a creativos e «influencers». Pero también se le acusa a menudo de difundir desinformación.

Entre los reveses sufridos, el gobierno federal de Estados Unidos y la Comisión Europea prohibieron a su personal el uso de TikTok en sus dispositivos móviles. Reino Unido hizo otro tanto con sus legisladores.

El mes pasado, Australia se unió a la lista de países que prohíben el uso de la aplicación en dispositivos móviles del gobierno, y el regulador británico de datos impuso una multa de 12,7 millones de libras (15,9 millones de dólares) por permitir a 1,4 millones de niños de menos de 13 años el uso de la plataforma, lo que vulnera sus propias normas.

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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula

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Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.

Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.

El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.

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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala

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El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.

Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.

Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.

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Asesinan a testigo protegido por caso de trata de personas en Roatán

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Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.

El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.

La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.

Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.

Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía

Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.

Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».

Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.

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