Costa Rica dio un paso importante en su estrategia contra el crimen organizado al inaugurar el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión de máxima seguridad inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador. La ceremonia se realizó el miércoles 14 de octubre y estuvo encabezada por la presidenta costarricense, Laura Fernández, quien presentó la infraestructura como una herramienta para fortalecer el sistema penitenciario y enfrentar a las estructuras criminales de mayor peligrosidad.

La nueva megacárcel tiene capacidad para albergar a 5,100 privados de libertad y representó una inversión aproximada de $35 millones. El complejo está ubicado en el centro penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, a unos 25 kilómetros de San José. Sus instalaciones están distribuidas en cinco módulos, con capacidad para 1,020 reclusos cada uno, y cuentan con sistemas de vigilancia y controles de seguridad destinados a reforzar la supervisión de los internos.

El CACCO fue construido tomando como referencia el modelo penitenciario impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuya administración proporcionó cooperación técnica y planos para el desarrollo del proyecto. La iniciativa busca reforzar el control estatal sobre los centros de reclusión y limitar la capacidad de operación de organizaciones criminales desde las cárceles, en medio de la preocupación de las autoridades costarricenses por los elevados índices de violencia asociados al narcotráfico.

Durante la inauguración, la presidenta Laura Fernández aseguró que Costa Rica comienza una nueva etapa en materia de seguridad penitenciaria. La mandataria expresó su aspiración de convertir al país en un referente mundial en este ámbito y destacó la importancia de contar con infraestructura especializada para enfrentar el crimen organizado. La apertura del CACCO también evidencia el fortalecimiento de la cooperación entre Costa Rica y El Salvador, aunque su efectividad dependerá de los resultados que alcance una vez que comience a recibir a los primeros internos.

Víctor Manuel Segundo Mazariegos Díaz, de 42 años, gerente de Medios de Pago del Crédito Hipotecario Nacional (CHN), falleció este miércoles 14 de octubre de 2026 tras recibir dos impactos de bala en la espalda mientras caminaba por la 7.ª avenida y vía 1 de la zona 4 de Ciudad de Guatemala, cerca del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat).

Según la información preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC), el hecho se originó en una discusión de tránsito entre el conductor de un automóvil tipo sedán blanco y un motorista que realizaba entregas a domicilio. Testigos indicaron que el automovilista sacó un arma de fuego y disparó contra el motorista; sin embargo, los proyectiles alcanzaron a Mazariegos Díaz, quien transitaba por el lugar y, de acuerdo con esa versión, no participaba en el altercado. Ambos involucrados huyeron del sitio y las primeras búsquedas policiales no lograron localizarlos.

Bomberos Municipales y Voluntarios acudieron tras reportes de detonaciones. Realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, utilizaron un monitor cardíaco y administraron medicamentos por vía intravenosa, pero el gerente falleció en la escena. La PNC consignó preliminarmente el caso como muerte por balas perdidas, aunque aclaró que la investigación —a cargo de agentes y del Ministerio Público, que revisa cámaras de seguridad— deberá esclarecer la secuencia exacta, el móvil y las responsabilidades. El CHN confirmó a medios locales el cargo que desempeñaba la víctima.

Mazariegos Díaz lideraba desde 2022 proyectos de modernización de tarjetas de crédito y débito, canales electrónicos y pagos digitales en el CHN, institución bancaria estatal con más de 95 años de trayectoria, especializada en financiamiento de vivienda popular y programas sociales como Mi Primera Casa, con respaldo estatal para sus operaciones.

El incidente provocó el cierre parcial de carriles y afectó la circulación en una avenida transitada de la capital. Las autoridades continúan las diligencias para identificar a los responsables mientras se procesa la escena.

El Gobierno de México dio este miércoles un plazo de un mes a las redes sociales para ajustar sus sistemas y comenzar a retirar contenidos que inciten a la violencia, según un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La medida, que cuenta con el acuerdo de las plataformas, se anunció después de varios incidentes de violencia registrados en centros educativos del país.

«En un mes, tienen que tener ajustados sus algoritmos, esquemas, para que bajen de sus plataformas cualquier contenido de violencia relacionado con las cuentas de niños, niñas y adolescentes», declaró Sheinbaum durante su conferencia diaria, tras firmar el decreto.

Las empresas Meta, TikTok, X, Apple y Microsoft deberán cumplir con las restricciones. La mandataria advirtió que, si no lo hacen, el Gobierno avanzará hacia una ley que contemple sanciones.

Días antes, el Gobierno anunció que preparaba el decreto luego de que dos exalumnos de 18 años mataran a una subdirectora e hirieran a otras tres personas durante un ataque con armas blancas en una escuela de la ciudad de Torreón, en el norte de México.

Sheinbaum aseguró que, en ese caso y en otro incidente, se identificaron «similitudes» relacionadas con «un comportamiento vinculado con la comunicación a través de redes sociales».

El nuevo decreto prohíbe que las plataformas digitales permitan a menores de edad acceder a «imágenes y videos que generen o promuevan violencia en el entorno escolar, abuso, suicidio, autolesiones, ciberbullying, discursos de odio».

Además, las redes sociales deberán alertar a las autoridades «cuando identifiquen contenido que atente contra la vida».

El pasado martes, un profesor fue asesinado a balazos dentro de una escuela en el estado de Oaxaca. Sin embargo, según medios de comunicación, los agresores fueron hombres armados que irrumpieron en el centro educativo.

México es un país golpeado por la violencia del crimen organizado, aunque los ataques en escuelas son poco habituales, a diferencia de lo que ocurre en su vecino Estados Unidos.