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Simpatizantes y familiares rinden homenaje en Ecuador a candidato presidencial asesinado
Cientos de simpatizantes del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado a tiros el miércoles, se reunieron en Quito este viernes para rendirle un homenaje antes de su sepelio.
El cuerpo de Villavicencio fue trasladado en la tarde hasta el auditorio de un centro de exposiciones del norte de la ciudad, en medio de reclamos de sus hermanos que denunciaban que no les permitían ingresar al velorio íntimo por diferencias familiares.
En el lugar de los honores, sus seguidores ondearon pequeñas banderas de Ecuador, que afronta un embate de la violencia vinculada al narcotráfico.
En las paredes colgaban enormes pancartas con el rostro del político, que fue asesinado presuntamente por pistoleros colombianos cuando el miércoles salía de un mitin en Quito.
«Mi poder en la Constitución», decía una simbólica banda presidencial colocada sobre el féretro cubierto por la bandera nacional.
Una pantalla gigante mostraba videos del candidato en sus recorridos de campaña para las elecciones generales anticipadas del 20 de agosto en las que estaba perfilado como el segundo con mayor intención de voto.
Por este caso hay seis detenidos; todos colombianos. Otro sospechoso, también colombiano, falleció tras un enfrentamiento con la seguridad de Villavicencio.
«Anteayer acribillaron la democracia, anteayer mutilaron parte de la lucha contra la corrupción», dijo durante el homenaje Antonio López, su jefe de campaña.
Eexperiodista de investigación y exdiputado, Villavicencio era conocido por sus constantes denuncias sobre millonarios casos de corrupción, especialmente en el sector petrolero.
«Lucharé hasta identificar (a los culpables) y no dejar esto en la impunidad», expresó su amigo y periodista Christian Zurita, con el que realizó una indagación que llevó al banquillo al exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), quien terminó condenado en ausencia a ocho años de cárcel por corrupción.
«Vivir sin miedo»
Villavicencio, exmiembro de la Asamblea Nacional disuelta por Lasso en mayo para poner fin a una «grave crisis política», lo que dio paso a los comicios anticipados, era el segundo favorito con 13,2% de la intención de voto, detrás de la abogada Luisa González (26,6%), afín a Correa.
Tamia, uno de los tres hijos del candidato, recordó la última conversación que tuvo con su padre, quien la impulsó a estudiar música.
«Con lágrimas en sus ojos nos dijo: yo he sido más de lo que pensaba», contó a la prensa la joven de 27 años, que en las afueras del velorio entonó una canción en memoria de Villavicencio.
A los pedidos de su familia de que usara protección como chaleco antibalas, recordó: «Nos enseñó a vivir sin miedo, que vivir sin miedo sea nuestra más grande protección en la vida».
Tras el crimen, Ecuador decretó el jueves el estado de excepción por 60 días, que permite la movilización de militares a las calles, y anunció que recibirá ayuda del FBI para investigar el inédito hecho.
El presidente Guillermo Lasso también declaró tres días de luto nacional y acusó al «crimen organizado» de haber ejecutado al candidato.
Villavicencio, quien la semana pasada denunció haber sido amenazado por el líder de una banda del narco que está detenido, es la víctima más reciente de ataques fatales contra políticos.
Durante la actual campaña, el alcalde de la costera ciudad de Manta (suroeste), Agustín Intriago, fue asesinado a bala cuando recorría una obra municipal, así como un aspirante a diputado.
Otros dos candidatos a alcaldías también fallecieron al ser atacados antes de los comicios locales de febrero.
Ecuador, antes un oasis de paz en medio de Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo, cerró 2022 con una tasa de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes, un récord en la nación con 18,3 millones de habitantes.
El hallazgo de 780 kilos de metanfetamina sólida y 300 litros de metanfetamina líquida ocurrió en el estado de Nayarit (oeste) durante «recorridos de disuasión» encabezados por la Secretaría de Marina, informó Seguridad en un comunicado.
La droga estaba almacenada en contenedores de plástico y hieleras en un terreno baldío, se observa en la fotografías distribuidas por el despacho.
Además, tres laboratorios clandestinos de fabricación de drogas sintéticas fueron inhabilitados en el estado de Sinaloa (noroeste) y uno más en el estado de Jalisco (oeste).
La metanfetamina incautada está relacionada con Audias «Jardinero» Flores, un líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenido hace tres semanas en México.
Flores fue considerado como uno de los posibles sucesores de Nemesio «El Mencho» Oseguera, fundador del CJNG que murió en un violento operativo del ejército mexicano el 22 de febrero.
El capo enfrenta acusaciones de tráfico de cocaína y heroína en Estados Unidos desde 2020.
El jueves la justicia de ese país amplió los cargos en su contra para incluir contrabando de metanfetamina, lavado de dinero y uso de armas.
Washington ha pedido a México la extradición de Flores, proceso que ha sido suspendido provisionalmente por un tribunal federal mexicano.
La embarcación, interceptada el viernes, fue trasladada a la Base Naval en el Puerto de San José para el conteo de la droga y la entrega de los detenidos a la Fiscalía, explicó en un comunicado la Policía Nacional Civil.
Precisó que la embarcación se ubicaba a más de 600 millas náuticas en aguas del Océano Pacífico guatemalteco, con seis tripulantes a bordo y transportaban 50 sacos que «contenían aproximadamente 1.500 kilos de cocaína».
Las autoridades indicaron que la embarcación zarpo de Ecuador y valoraron la droga en más de 150 millones millones de quetzales (unos 20 millones de dólares), según el valor del mercado local.
Durante el operativo fueron capturados tres ecuatorianos, un mexicano y dos guatemaltecos.
Washington estima que el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa en avionetas, tierra, lanchas y minisubmarinos a través de México y Centroamérica.
«Hoy no inicia una administración más, hoy inicia una oportunidad para devolver la dignidad a la justicia penal guatemalteca», afirmó el fiscal designado por el presidente del país, el socialdemócrata Bernardo Arévalo.
El mandato de Porras, que comenzó en 2018m estuvo marcado por acciones para impedir la posesión de Arévalo en 2024 y procesos contra decenas de exfiscales, jueces antimafia, periodistas e indígenas, muchos de ellos ahora exiliados.
Debido a ello la funcionaria de 72 años fue sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países como Canadá y Reino Unido.
García Luna aseguró que, «durante años, muchos guatemaltecos perdieron la confianza en la institución, no porque dejaron de creer en la justicia, sino porque la justicia dejó de creerles a ellos. Hoy empieza el deber de recuperarla».
García Luna reconoció que recibió una institución «con heridas profundas».
Estados Unidos acusa a Porras de obstruir investigaciones anticorrupción para proteger a aliados y obtener favores políticos.
Sus críticos aseguran que esas maniobras sirvieron al llamado «pacto de corruptos», un presunto entramado de intereses políticos, económicos y criminales que controlaría la justicia guatemalteca.
El fiscal, que fracasó en su intento por lograr un tercer período, sostiene que sus actuaciones siempre estuvieron apegadas a la ley.
«La ley es pareja o no es ley» y en un régimen democrático la Fiscalía no puese ser utilizada «como un arma al servicio de ningún grupo, por lo que debe de cesar cualquier persecución selectiva».
«Tampoco puede utilizarse con multas políticas ni obedecer órdenes de ninguna clase», sentenció.
Además, comentó que enfrentará las extorsiones, los crímenes contra la vida, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas y las violentas maras o pandillas.
La Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas por Guatemala y Estados Unidos como terroristas, son responsables junto a narcotráfico del 40% de las muertes violentas en el país, según datos oficiales.
