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Internacionales

Ponen bajo arresto a Emma Coronel, esposa de “El Chapo”, por tráfico de drogas

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La exreina de belleza y aspirante a influencer de Instagram, Emma Coronel, esposa de Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, fue arrestada el lunes en Virginia, acusada de narcotráfico internacional.

Coronel es ciudadana estadounidense y mexicana, originaria de Culiacán, Sinaloa, México, pero residía en EE.UU. en un lugar no determinado.

La mujer de 31 años fue arrestada en el Aeropuerto Internacional Dulles, reportó el Departamento de Justicia (DOJ) en un comunicado, donde se adelantó que comparecerá vez este martes en el Tribunal de Distrito de Columbia a través de una videoconferencia.

“Según documentos judiciales, Aispuro está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a los Estados Unidos”, acusa el DOJ.

También se indica que coronel habría conspirado para ayudar a Guzmán Loera a escapar de la prisión del Altiplano el 11 de julio de 2015, ubicada en Almoloya de Juárez, México.

Dichos señalamientos fueron revelados por primera vez por el exsocio de Guzmán Loera, Dámaso López Núme Sánchez «El Lic» durante su testimonio en el juicio al primero en Nueva York.

“Después de que Guzmán fue arrestado nuevamente en México en enero de 2016… Coronel Aispuro se involucró en la planificación de otra fuga de prisión con otros antes de la extradición de Guzmán a los Estados Unidos en enero de 2017”, afirman autoridades estadounidenses.

“El Chapo” fue condenado a cadena perpetua por 10 cargos en su contra, luego de un juicio en el Distrito Este de Nueva York en 2019, a donde Coronel acudió casi a diario, convirtiéndose en uno de los “atractivos” del proceso.

Coronel está acusada de conspiración para distribuir un kilo o más de heroína, cinco kilogramos o más de cocaína, 1,000 kilogramos o más de marihuana y 500 gramos o más de metanfetaminas para su importación ilegal a los Estados Unidos.

El FBI en Washington está encargada del caso, mientras que el subjefe interino del tribunal, Anthony Nardozzi, y la abogada litigante Kate Wagner de la Sección de Estupefacientes y Drogas Peligrosas del Departamento de Justicia, lideran el proceso judicial.

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Seis muertos tras ataque armado en Guatemala

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Un fatídico hecho de sangre se registró este lunes en un restaurante ubicado sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle, de la Zona 6, de la capital guatemalteca. Clientes y empleados de la cevichería «Viña del Mar» fueron atacados a balazos por dos hombres que ingresaron con los rostros cubiertos. En el lugar fallecieron cinco personas, mientras que los lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, posteriormente uno murió en el nosocomio, informó el periódico Prensa Libre.

Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años que fue movilizado a una unidad de emergencias pediátricas.

Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales fueron los primeros en llegar a la escena del crimen, tras recibir llamadas de emergencias de los vecinos, quienes escucharon los disparos.

Actualmente la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) investigan el móvil de la masacre.

Según una publicación en la web del medio guatemalteco La Hora, citando versiones de testigos, los atacantes se movilizaban en motocicletas.

En las redes sociales comenzaron a circular las posibles identidades de las víctimas entre ellas Kimberly Pérez Ramos, su pareja Isaías Boch y el hijo en común que resultó herido; los tres residentes de Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa.

Noemí Sinay Hernández ha sido identificada entre las víctimas mortales. La mujer contaba con récord delictivo por asociaciones ilícitas, portación de arma hechiza y conspiración para asesinato, confirmó el vocero de la PNC, Jorge Aguilar. De todos los fallecidos era la única que contaba con antecedentes policiales, añadió.

Una de las hipótesis de la Policía es que el ataque iba dirigido hacia Hernández por presunta rivalidad entre bandas criminales

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Consuelo Porras no podrá reelegirse como fiscal general

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La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla corrupta y antidemocrática, fracasó este lunes en su aspiración de lograr un tercer mandato, lo que el presidente Bernardo Arévalo rechazaba de forma rotunda.

La salida de Porras del Ministerio Público (MP) es considerada clave por activistas y juristas locales e internacionales para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.

Porras quedó fuera de la lista de seis candidatos aprobada por la comisión de abogados que los seleccionó para que Arévalo designe al fiscal general que asumirá el cargo el 17 de mayo por los próximos cuatro años.

Arévalo descartó elegir a Porras por considerarla «peligrosa» para el país, pero la propia comisión evaluadora la excluyó, aunque encabezaba una tabla de puntajes que solo consideraba la experiencia y títulos académicos, no la integridad ética.

Sus críticos la consideran operadora del llamado «pacto de corruptos», la élite político-empresarial ultraconservadora que domina el país.

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Masacres en Colombia aumentan un 32% en 2026 y dejan más de 90 víctimas en tres meses

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La situación de seguridad en Colombia muestra una crisis durante el inicio de 2026, con un aumento significativo en las masacres registradas entre enero y marzo. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Colombia, en ese periodo se contabilizaron 30 hechos que dejaron 94 fallecidos a causa de la violencia, lo que representa un incremento del 32% en comparación con el mismo lapso del año anterior.

Según detalla un artículo de «El Colombiano», las cifras reflejan un problema persistente en distintas regiones del país, donde continúan ocurriendo asesinatos colectivos, definidos como la muerte intencional de tres o más personas en un mismo hecho. Este tipo de violencia evidencia la presencia activa de criminales en varios territorios.

Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reportó un panorama aún más crítico, con 35 masacres y 133 víctimas durante el primer trimestre de 2026, lo que convierte este periodo en el más violento de la última década en este tipo de crímenes.

Los casos se han concentrado en al menos 34 municipios de 17 departamentos, lo que evidencia una expansión territorial de la violencia, en muchos casos vinculada a disputas entre grupos armados ilegales. Enero y marzo fueron los meses con mayor incidencia, con 13 casos de violencia cada uno, mientras que en febrero se registraron nueve.

El año inició con un hecho que marcó la tendencia. El 3 de enero, en Santander de Quilichao, tres mujeres fueron asesinadas en un mismo hecho violento. El caso, que incluyó ataques en distintos momentos relacionados entre sí, evidenció la gravedad de la situación y el impacto en las comunidades.

La comparación con años anteriores confirma el aumento de la violencia, ya que en el primer trimestre de 2025 se registraron 16 masacres, en 2024 fueron 18 y en 2023 un total de 27 casos. Según Indepaz, entre 2016 y marzo de 2026 se han documentado 729 masacres y 2,657 víctimas en el país, reflejando la persistencia de este fenómeno a lo largo del tiempo.

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