Internacionales
Pandillero MS-13 se declaró culpable de tiroteos y narcotráfico en Nueva York: 25 años de cárcel
Ronald Catalán, ex líder de la pandilla Mara Salvatrucha MS-13 en Long Island (NY), fue sentenciado a 25 años prisión ayer en un tribunal federal, tras llegar a un acuerdo de culpabilidad.
Catalán (30) fue sentenciado luego de declararse culpable de cargos de crimen organizado, incluidos actos relacionados con un tiroteo en Brentwood en junio de 2009 y otro en Bay Shore en octubre de 2015 que dejaron tres personas heridas, dijeron en un comunicado las autoridades.
También se declaró culpable de conspiración para distribuir cocaína y marihuana como actos predicados de extorsión y uso ilegal de armas de fuego con delitos de violencia, según la Oficina del Fiscal de EE.UU.
Catalán lideró la camarilla “Brentwood Locos Salvatruchas” (BLS) de La Mara Salvatrucha (MS-13) desde 2015 hasta su arresto federal en 2017, dijeron las autoridades.
En 2009, Catalán y otros dos miembros de la MS-13 atravesaron Brentwood armados en busca de rivales para atacar y matar en un intento por aumentar su estatus en la pandilla. Encontraron a un grupo de hombres que se creía eran miembros de la pandilla Bloods y les dispararon, alcanzando a uno de ellos mientras intentaba correr. El herido sobrevivió al ataque.
Catalán también admitió haber participado en el intento de asesinato de dos hombres en North Bay Shore en 2015, dijeron las autoridades. Y dijo que él y otros miembros conspiraron para distribuir cocaína y marihuana para ayudar a financiar las operaciones de la MS-13 entre enero de 2015 y febrero de 2016. Catalán fue parte de 17 pandilleros arrestados en julio de 2017 en relación con la ola de asesinatos y asaltos violentos en Long Island. En 2018 se declaró culpable.
Long Island, zona próxima a NYC, es una de las áreas con mayor presencia de MS-13 en EE.UU., donde se le atribuyen docenas de asesinatos y desapariciones. El grupo está asociado con reclutar jóvenes, mayormente de origen latino.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
