Internacionales
Otorgarán presupuesto récord para renovar el ejército en Alemania en 2024
Los gastos para renovar las fuerzas armadas alemanas alcanzarán un nivel récord en 2024, un asunto prioritario tras la invasión rusa de Ucrania, y corresponderán desde el año próximo al 2% del PIB preconizado por la OTAN, según el proyecto de ley de finanzas revelado el lunes.
Alemania prevé reducir sensiblemente los gastos y los nuevos préstamos el año próximo, optando por una «normalización» de la política presupuestal tras la pandemia y la crisis energética, indica el proyecto.
El gobierno de Olaf Scholz terminó con dificultad el proyecto que debe ser adoptado en consejo de ministros el miércoles y que causó tensiones entre los tres partidos de la coalición gobernante por la reducción del gasto reclamada por el ministro de Finanzas liberal, Christian Lindner.
La primera economía de la zona euro, que entró en recesión este invierno, prevé para el año próximo 445.700 millones de euros de gastos, frente a 476.300 millones programados este año. Pero los gastos en 2024 superarán en 25% su nivel de 2019, indica el proyecto.
La baja de los nuevos préstamos es más drástico con 16.600 millones de euros previstos para 2024 frente a 45.600 millones en 2023.
De esta manera Alemania respetará su regla constitucional de «frenar la deuda» que prohíbe al Estado endeudarse en más de 0,35% de su PIB cada año.
Tras haber sido suspendida tres años esa regla, para que el gobierno pudiera inyectar dinero destinado a limitar el impacto de la pandemia de Covid-19, la restricción está de nuevo en vigor desde este año.
Para alcanzar el gasto militar equivalente al 2% del PIB Alemania destinará 51.800 millones de euros de su presupuesto (frente a 50.000 en 2023) al que se añadirán 19.200 millones de euros del «fondo especial para el Bundeswehr», dotado de 100.000 millones de euros en total anunciado por el canciller tras la invasión de Ucrania y del que solo una ínfima parte se ha gastado por ahora.
Al menos 10 personas murieron durante un incendio registrado la madrugada de este miércoles en una vivienda ubicada en el sector Pisagua, en el distrito de La Victoria, en la ciudad peruana de Lima, informaron autoridades locales.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, señaló a la agencia estatal de noticias Andina que el siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas local y dejó, hasta el momento, 10 personas fallecidas, entre ellas cinco menores de edad y cinco adultos.
«Expresar las condolencias a los familiares de la familia Vilchez, cuyos integrantes han fallecido. Son 10 personas, nueve de ellas de apellido Vilchez», detalló el funcionario.
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el incendio fue «extinguido» por efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes movilizaron nueve unidades operativas para atender la emergencia.
La zona permanece acordonada, mientras peritos especializados de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias correspondientes para identificar a las personas fallecidas.
La apertura del juicio en Nueva York contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro por tráfico de drogas fue fijada para el 1 de junio de 2027, durante una audiencia preparatoria celebrada este miércoles.
Maduro, de 63 años, fue capturado por Estados Unidos en Caracas y permanece encarcelado desde el 3 de enero en una prisión de Brooklyn. El exjefe de Estado enfrenta cuatro cargos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.
Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también es procesada en este caso y enfrenta tres cargos. Ambos han negado los hechos que se les atribuyen.
En una carta enviada el martes al juez encargado del caso, Alvin Hellerstein, el fiscal Jay Clayton informó que ambas partes habían solicitado que el juicio iniciara en junio de 2027.
El proceso judicial contra la pareja continúa luego de que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump autorizara que Venezuela pueda cubrir los honorarios de los abogados defensores, una medida que inicialmente había sido impedida debido a las sanciones impuestas contra el país.
Los Maduro habían solicitado que sus casos fueran desestimados, argumentando que bloquear el financiamiento vulneraba el derecho constitucional estadounidense a contar con un abogado de libre elección.
Durante su primera comparecencia en Nueva York, poco después de su detención, Maduro se presentó como «un prisionero de guerra».
El expresidente enfrenta cargos por conspiración de «narcoterrorismo», conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos.
Además del proceso penal contra quien gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, familiares de cinco jóvenes asesinados en ese país presentaron a comienzos de julio una acción civil contra Maduro, acusándolo de haber ordenado sus ejecuciones dentro de un esquema de violencia de Estado.
Tras la salida de Maduro, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina y gobierna bajo la presión de Washington, que afirma estar al mando del país petrolero.
Dos peligrosos integrantes del Barrio 18, identificados por las autoridades como operadores de la estructura criminal «Los Caradura», murieron durante un ataque armado registrado en el ingreso a San Miguel Dueñas, en el departamento de Sacatepéquez.
De acuerdo con las autoridades, un tercer ocupante del vehículo resultó gravemente herido y fue trasladado a un centro asistencial. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Según la información oficial, las víctimas se desplazaban en un pick-up Ford color rojo cuando fueron interceptadas por hombres armados, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.
Como parte de las investigaciones, las autoridades localizaron múltiples casquillos en la escena, mientras que el vehículo presentaba numerosos impactos de bala.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) procesaron la escena del crimen y mantienen las diligencias para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables.
