Internacionales
Migrante deportado a su hijo de 9 años: “Si no nos volvemos a ver, recuerda que soy tu papá”
La historia de la familia Xol es también la de muchos centroamericanos que emprenden un camino al norte para escapar de la violencia que sufren en su lugar de origen.
David Xol (de 27 años) y su hijo Byron (de 9) llegaron a Estados Unidos hace 15 meses. A David lo deportaron poco después pero Byron no se fue con él. Este viernes un juez decidirá si el niño vuelve al peligro del pueblo en el que nació o si se puede reencontrar con su padre en Estados Unidos.
David es un pastor evangelista en el pueblo guatemalteco San Miguel el Limón, de unas 100 pequeñas casas. Allí, según contó el hombre a la agencia Associated Press una pandilla lo amenazó con matarlo a él y a Byron si no pasaba a ser uno de ellos. Xol renunció a la violencia y pagó 6,000 dólares a un coyote para que lo llevara junto a su hijo a Estados Unidos.
Llegaron a la tierra de las oportunidades dentro de una caja de madera y, en la misma frontera, la Patrulla Fronteriza los separó. Los agentes federales engañaron a David: lo hicieron firmar un documento en el que aceptaba ser deportado y separado de su hijo, que se quedaría en el país. Y así pasó. Al despedirse de su Byron, David le dijo (probablemente en q’eqchi, su lengua natal): “Si no nos volvemos a ver, recuerda que soy tu papá“.
El hombre regresó solo a San Miguel el Limón, ante la sorpresa y desesperación de su mujer Florencia. Al niño lo enviaron a una antigua escuela convertida en albergue para unos 160 menores. Ubicada a las afueras de Houston, la instalación ofrece a los menores comida, cama, clases y teléfono para llamar a la familia una vez a la semana.
Cuando el menor llevaba alrededor de un mes en dicho albergue, el juez Dana Sabraw ordenó al gobierno acabar con las separaciones de familia. Los menores de cinco años se deberían reencontrar con sus progenitores en 14 días y los mayores, en menos de 30. Los más de 400 padres a los que -como a David- ya habían deportado tuvieron que elegir entre dejar a sus hijos solos en EEUU o reencontrarse con ellos en sus lugares de origen.
La opción de que el niño regresera a Guatemala -con la amenaza que recae sobre él y la creciente deuda de su padre para pagar el préstamo de los coyotes- no parecía acertada. Pero los Xol no tienen familia en Estados Unidos para que cuidaran de Byron.
La esperanza para la familia llegó cuando el abogado Ricardo De Anda, de la Unión estadounidense de Libetades Civiles (ACLU), se puso en contacto con ellos. De Anda y Xol acordaron que lo mejor para todos era que Byron permaneciera en Estados Unidos. Mientras el niño estuviera en el país, David podría solicitar asilo argumentando persecución religiosa.
Desde entonces, el niño vivió en otros dos albergues hasta que el propio De Anda consiguió que la familia Sewell lo acogieran en su casa cercana a Austin, Texas. Después de conversaciones telefónicas con Holly y Matthew Sewell, Florencia y David aceptaron que Byron viviera con la familia estadounidense mientras se resolvía el caso.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se opuso al acuerdo de las dos familias alegando que el niño y sus “patrocinadores” ni siquiera se conocían. Sin embargo, tras una denuncia de De Anda, un juez federal decidió en abril que el departamento debía aceptar lo que los Sewell y los Xol habían convenido.
Al poco tiempo, contó la familia de Texas a Associated Press, recibieron al pequeño guatemalteco en casa con un cartel en el que se leía en español: “Bienvenido Byron”. El niño llegó a la casa de los Sewell con una rotura en el muslo que el albergue le había diagnosticado erróneamente. La familia tuvo que asumir todos los costes médicos ya que el gobierno dijo que los patrocinadores tienen que hacerse cargo de las personas a las que reciben.
Tras recuperarse; Byron empezó a sacar su personalidad, a sonreír y a aprender inglés. Junto a los dos hijos de la familia de Austin, el menor celebró su cumpleaños hace poco y ahora espera a que el juez Sabraw -el mismo que puso fin a las separaciones el año pasado- decida mañana si David, Florinda y sus otros dos hijos se pueden reunir con Byron en los Estados Unidos.
Internacionales
Ecuador construirá las megacárceles «que sean necesarias» en su lucha anticrimen, dice ministro
Ecuador construirá las megacárceles que «sean necesarias» en su lucha contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizado que desangran al país, dijo el martes el ministro de Interior, John Reimberg, en entrevista con la AFP.
El presidente derechista Daniel Noboa implementa políticas de línea dura desde que llegó al poder en 2023 como la construcción de cárceles de alta seguridad y bajo fuertes restricciones, que han sido comparadas con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador ideado por el mandatario Nayib Bukele.
El gobierno ecuatoriano puso en marcha en noviembre la primera cárcel para 800 personas, donde líderes de la mafia y también políticos condenados por corrupción son aislados, rapados y sometidos como medida para intentar doblegar a las numerosas bandas que sumen al país en su mayor espiral de violencia.
Noboa planea edificar a partir de mayo una segunda penitenciaría para unas 15,000 personas, que estaría lista en máximo 18 meses, señaló el funcionario.
Ministro del Interio de Ecuador, John Reimberg. Foto AFP / Diario El Salvador
«¿Una tercera cárcel? Sí, probablemente. Y las que sean necesarias para estos delincuentes», declaró Reimberg desde el conflictivo puerto de Guayaquil.
Ecuador registró el año pasado 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas de la región.
El Encuentro, la primera cárcel de extrema seguridad habilitada por el gobierno, funciona en la provincia costera de Santa Elena (suroeste) y actualmente alberga a 600 reclusos con uniformes de color naranja.
«No vamos a negociar»
Según Reimberg estas megacárceles despiertan la furia de las bandas que tienen nexos con cárteles internacionales del narcotráfico.
«Llevamos cerca de 600 drones que han intentado llegar a la cárcel de El Encuentro desde el día que empezó su construcción (para impedir su avance). Son 600 drones de grupos de delincuencia organizada (…) pero que hemos podido impedir que lleguen», indicó.
En los últimos años se han registrado ataques con drones cargados con explosivos contra otras cárceles, convertidas en centros de operaciones de las organizaciones del narco principalmente.
Las autoridades mantienen bajo reserva la ubicación de la segunda penitenciaría por seguridad.
Al nuevo centro serán trasladados «delincuentes de alta peligrosidad» que «tienen que estar en un lugar incomunicado», sostuvo.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan la política penitenciaria de Noboa por abusos a los derechos de los internos. Cientos han muerto por tuberculosis o choques entre presos y algunos familiares denuncian desnutrición.
«¿Que nos quieren decir autoritarios? Yo tengo que responder al país con seguridad», aseguró Reimberg.
Por Ecuador transita el 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los principales productores mundiales de esa droga.
«No vamos a negociar, no vamos a pactar, los vamos a atacar, los vamos a debilitar», dijo el ministro, quien anotó que 74,000 personas fueron detenidas el año pasado.
Aviones estadounidenses
Noboa es uno de los mayores aliados en Latinoamérica de Donald Trump, a quien le ha pedido apoyo para enfrentar al crimen. Recientemente Washington instaló en el país sudamericano de manera permanente una dependencia del FBI y otra de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).
La colaboración se basa en «información» e «inteligencia» para «trazar objetivos que tenemos que atacar, lugares donde se están almacenando drogas, por ejemplo, ataques a la delincuencia», añadió el ministro del Interior.
El presidente intentó sin éxito instalar bases militares extranjeras en el país a través de un referendo.
Según el ministro hay agentes estadounidenses trabajando con la fuerza pública ecuatoriana y aeronaves: «tenemos aviones que están aquí de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos», precisó.
Colombia
Después de poco más de un mes de que asumiera, Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar en las calles a los militares, lo que ha generado denuncias sobre excesos de la fuerza pública.
Interrogado sobre por qué las cifras de violencia no ceden pese a las medidas del gobierno, Reimberg señaló a tres culpables: la justicia en ocasiones permeada por la corrupción, los gobiernos pasados de izquierda y a Colombia, gobernado por el izquierdista Gustavo Petro.
«Tenemos un país vecino que no está trabajando en la frontera, que no está atacando a los grupos de delincuencia (…) nosotros estamos cumpliendo nuestra parte», indicó en medio de una disputa entre ambos países que escaló hasta la imposición mutua de millonarios aranceles y el retiro de embajadores.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, prometió este martes redoblar la respuesta estatal frente a la violencia criminal en el país, luego de que un bebé de un año muriera en un ataque a balazos en Montevideo que, según la principal hipótesis policial, estaría vinculado a un enfrentamiento entre narcotraficantes.
«De poco vale saber cuál fue el motivo (…) Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar, no hay que aflojar, al revés, lejos de amedrentarse lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador», subrayó el mandatario en declaraciones a la prensa.
Orsi calificó el suceso como «terrible» y sostuvo que el problema central es, más que un hecho puntual, «una violencia que crece» y que refleja un deterioro social más amplio.
El episodio ocurrió la noche del lunes en el barrio Colón, en el noroeste de la capital, donde se desató una balacera en la que también resultó herido el padre del menor, un uruguayo de 24 años que permanece estable tras recibir tres disparos.
La policía trabaja sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos vinculados al narcotráfico.
Ante esto, Orsi advirtió que el país enfrenta niveles de violencia «demasiados altos», por lo que se debe abordar de manera estructural que combine seguridad, políticas sociales y prevención y no solo mediante el despliegue de «5.000 o 10.000 policías más».
En la última década, Uruguay ha registrado un aumento sostenido de homicidios asociados al narcotráfico, mientras que la seguridad pública figura desde hace años como la principal preocupación de los uruguayos, según distintas encuestas de opinión pública.
Internacionales
Alemania aprueba recortes históricos en gasto social y sanitario para financiar el aumento militar
El Gobierno alemán dio luz verde a un ambicioso plan de recortes del estado de bienestar con el objetivo de contener el déficit público y sostener un fuerte incremento del gasto militar. La coalición formada por democristianos y socialdemócratas alcanzó un acuerdo tras intensas negociaciones, adelantándose incluso al anuncio oficial previsto tras el consejo de ministros.
El paquete de medidas contempla una reducción significativa del gasto sanitario, con un ahorro proyectado de más de 38,000 millones de euros para 2030. Entre los cambios más destacados figura el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges que no cotizan, quienes deberán aportar al menos el 2,5 % de los ingresos del asegurado.
Además, se prevén incrementos en los copagos por medicamentos y hospitalización, así como ajustes en la financiación de las aseguradoras públicas, que ya enfrentan déficits millonarios. El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan «mantener estables las contribuciones» y evitar el colapso del sistema ante el envejecimiento de la población.
El plan también incluye recortes en otras áreas sociales, como las ayudas a desempleados de larga duración y una reforma de las pensiones que, según el canciller Friedrich Merz, pasarán a ser una «cobertura básica» sin garantizar el nivel de vida.
A esto se suma la intención de limitar el acceso a prestaciones para hijos de familias monoparentales, lo que podría afectar a cientos de miles de menores.
Por su parte, analistas advierten de que estas reformas podrían tener un alto impacto político, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa y el debate sobre las prioridades presupuestarias del país.
